La alimentación, de problema a solución

Daniel López García – Biólogo y doctor en Agroecología, coordinador técnico de la Red de Ciudades por la Agroecología
08/06/2020 – 23:06h

Una imagen de la huerta valenciana PER L’HORTA

El sistema alimentario se ha situado en el centro del debate sobre la respuesta social a la pandemia COVID-19. La posibilidad de una zoonosis como origen, la mayor mortalidad en personas con dietas inadecuadas, el incremento en la demanda en ayuda alimentaria, la dificultad de proveer de dietas adecuadas a familias vulnerables. El papel que confieren las instituciones internacionales a la alimentación sostenible y saludable abre un nuevo horizonte.

En la gestión de la pandemia COVID-19, la provisión de alimentos y su calidad ha saltado al centro del debate local e internacional. Algunos sectores se han apresurado a decir que nuestros sistemas alimentarios han resultado exitosos, otros matizan esta afirmación. Se ha multiplicado el número de personas demandantes de ayuda alimentaria, el descenso del gasto alimentario familiar indica un peligroso empeoramiento de la dieta que nos hace más vulnerables en una situación de rebrote y este sistema alimentario ha promovido a lo largo del estado de alarma que, mientras los precios que percibían las personas agricultoras se reducían, los que pagan las y los consumidores se elevaban.

Es impresionante la bolsa de nuevas personas demandantes de ayuda alimentaria, en países como el Reino Unido las familias en situación de privación alimentaria se han multiplicado por cuatro durante las semanas de emergencia; entidades como Cáritas señalan que la demanda de asistencia en España se ha triplicado en las grandes ciudades; y las redes ciudadanas autoorganizadas para abastecer de alimentos se han multiplicado, cubriendo los huecos que deja un sistema de asistencia pública completamente desbordado. El sistema alimentario global no ofrece seguridad alimentaria para los grupos sociales empobrecidos.

Hay otros lados del problema. Numerosas voces hablan de un descenso en el gasto alimentario familiar en estas semanas que va de la mano de un empeoramiento de la dieta, falta de acceso a alimentos frescos y mayor consumo de procesados, algo totalmente en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las malas dietas causan enfermedades relacionadas con la mala alimentación, que le cuesta al sistema sanitario español casi 2.000 millones de euros al año. Esta mala alimentación nos ha hecho más vulnerables al coronavirus y nos deja en peores condiciones de afrontar posibles rebrotes. El sistema alimentario global no ha asegurado alimentación de calidad, saludable, y sostenible; y mucho menos para los grupos sociales vulnerables.

Además, un sistema alimentario en buen estado no puede suponer una reducción constante de los ingresos de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias (la inmensa mayoría). El sistema alimentario globalizado, mediante el desigual reparto de valor en la cadena alimentaria, fuerza al sector agrario a manejos agresivos. La inequidad en el reparto de riqueza está en el origen de desertificación y pérdidas de suelo fértil por erosión; o en la contaminación de acuíferos por nitratos o pesticidas. También, y por el mismo reparto desigual de la riqueza en la cadena alimentaria, las mujeres y los jóvenes huyen de la actividad agraria y abandonan nuestro medio rural; se fuerza a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo jornalera, mayormente extranjera y a veces en condiciones infrahumanas; y se expone a las mujeres trabajadoras en el sector agrario a situaciones intolerables de abuso. El sistema alimentario actual no permite avanzar hacia la justicia y equidad sociales, más bien al contrario.

La alimentación sostenible y saludable: un objetivo global

La OMS lleva alertando desde 2009 de la incidencia sanitaria de las dietas basadas en alimentos procesados, comida basura o lo que denominan «calorías vacías», que sitúan entre las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles, con especial incidencia en grupos sociales empobrecidos. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de Naciones Unidas lleva desde 2014 impulsando la agroecología como la mejor forma de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sistema agroalimentario, y de realizar el Derecho a la Alimentación de toda la población mundial. El Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (2015), con 25 ciudades españolas firmantes, ha situado a las ciudades en la primera línea en el impulso de sistemas alimentarios sostenibles, saludables y justos

En mayo la Comisión Europea (CE) presentó sus esperadas estrategias «Farm to Fork Strategy -Para un sistema alimentario justo, saludable y amistoso con el medio ambiente”»y la «EU Biodiversity Strategy 2030». Estos documentos se sitúan en el centro de las propuestas del llamado Pacto Verde Europeo (The European Green Deal) y definen también cómo habría de ser la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) de la UE post-2020 (que hasta el momento se lleva un 40% del presupuesto europeo). Ambos documentos abren importantes oportunidades, dentro, para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, saludables y justos, resaltando el papel de la agroecología, la agricultura ecológica y los sistemas alimentarios locales. La CE se ha comprometido a aumentar la superficie de cultivo ecológico a un 25% del total de la superficie agraria útil en Europea (lo que supondría triplicar la cifra actual) y ha anunciado un plan de acción para el fomento de la producción y el consumo ecológicos que se transponga a las normativas de los estados miembro: habilitando la reducción de impuestos a la venta de alimentos vegetales ecológicos frescos; con un nuevo marco para el etiquetado de los alimentos que considere criterios nutricionales, ambientales o sociales; estableciendo restricciones en la promoción de alimentos ricos en azúcar, grasas y sal; concretando en una reducción del 50% en el uso de pesticidas, fertilizantes y antibióticos; marcando objetivos para la sostenibilidad en la pesca y creando una nueva normativa que facilite la compra pública alimentaria «verde» con criterios de sostenibilidad en municipios y regiones. Algo que trabajaremos insistentemente desde la Red de Ciudades por la Agroegología.

Los sistemas alimentarios locales han de ser sistemas estratégicos de abastecimiento

No podemos perder la oportunidad de reconstruir nuestras economías. Los millones de euros que hoy se presupuestan deben tener una clara visión de equidad social y de la capacidad para poder afrontar con éxito eventos imprevistos en nuestras sociedades. Deben prevenir y adaptarse al cambio climático y a nuevas zoonosis, a través de ecosistemas vivos y biodiversos. Deben generar empleo en base a producciones socialmente útiles y que no supongan ‘falsas soluciones’ que generan crecimiento en el PIB destruyendo nuestro medio ambiente. En este sentido, la producción, distribución y consumo de alimentos sostenibles, a través de dietas equilibradas, de temporada y locales serán un elemento clave.

La pandemia ha mostrado que los sistemas alimentarios locales han de ser considerados sistemas estratégicos de abastecimiento urbano, como los de agua o energía. Las redes de producción y distribución locales y sostenibles, orientadas a la producción agroecológica, basadas en el trabajo digno fortalecen las economías locales, fijan población en nuestros territorios, y aseguran la provisión de alimentos frescos, que según la OMS deben constituir la base de la dieta. Los objetivos de asegurar el acceso a alimentos suficientes han de vincularse a dietas de alta calidad accesibles para todos los grupos sociales, especialmente los más vulnerables.

La alimentación es una cuestión demasiado seria y demasiado importante. Los procesos y órganos de gobernanza participativa, en distintas escalas, deben permitir y facilitar la participación de toda la sociedad -especialmente la mayoritaria agricultura familiar y consumo- en lo que se produce, distribuye y se come. La aplicación de las Estrategias al territorio español habría de hacerse desde la colaboración entre distintos actores sociales y el debate entre las distintas escalas territoriales. En este sentido, las administraciones locales han demostrado ser pioneras en la promoción de sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Algunos municipios rurales y urbanos han demostrado su compromiso con las comunidades locales Tanto éstas como la ciudadanía -y aldeanía- en general deben estar atentos en los siguientes meses en cómo se aplican estas Estrategias en la futura Política Agraria Común, que es quien pondrá el presupuesto. No podemos desaprovechar la oportunidad, especialmente en un momento en el que las situaciones de privación alimentaria se disparan y en el que los grupos sociales más vulnerables necesitan más que nunca una alimentación de calidad, sostenible y saludable.

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/alimentacion-problema-solucion_6_1035956425.html

La ONU avisa del inminente ‘colapso’

En el Día Mundial del Medio Ambiente la ONU avisa del inminente ‘colapso’ de la naturaleza

El lema oficial de la ONU en la jornada de este año es ‘Por la Naturaleza’, que llama a los ciudadanos de todo el mundo a ser «parte de la solución».

jueves 04 junio 2020 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha advertido de que la naturaleza está «al borde del colapso» y de que es «probable» que «muy pronto» desaparezcan un millón de especies de animales y plantas, ante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2020 que se celebrará este viernes 5 de junio.

La ONU defiende que la variedad de alimentos que se come, el aire que se respira, el agua para beber o el clima que hace posible la vida en el planeta y que recuerda que no existirían sin los servicios de la naturaleza.

Así, destaca que las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de la atmósfera, y un árbol es capaz de absorber 22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio.

«A pesar de todos los beneficios que brinda nuestra naturaleza, todavía la maltratamos, por eso necesitamos trabajar en ella. Por eso necesitamos este Día Internacional», insiste la ONU.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue designado por Naciones Unidas en 1974 para fomentar la acción ambiental. Desde entonces, cada 5 de junio gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos reclaman la mejora del medio ambiente.

Este año, 2020 el tema es la biodiversidad y la ONU recuerda eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de COVID-19, que «demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida».

En la actualidad, para satisfacer la demanda de todos los humanos del planeta, cada año se necesitarían 1,6 planetas Tierra donde la deforestación, la invasión de hábitats de vida silvestre, la agricultura intensiva y la aceleración del cambio climático.

«Si continuamos en este camino, la pérdida de biodiversidad tendrá graves consecuencias para la humanidad, incluido el colapso de los sistemas alimentarios y de salud», advierte la ONU. Precisamente, reflexiona que la aparición del COVID-19 pone en evidencia que cuando se destruye la biodiversidad se destruye el sistema que sustenta la vida humana.

La ONU denuncia también que a nivel mundial, mil millones de personas son contagiadas cada año y millones de ellas mueren debido a las enfermedades causadas por los coronavirus, y recuerda que el 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son zoonóticas, lo que significa que se transmiten de animales a personas.

La jornada será una plataforma para «inspirar un cambio positivo» en la comunidad global y pretende impulsar a las personas a pensar en la forma en que consumen: a las empresas, a desarrollar modelos más ecológicos; los agricultores y fabricantes, a producir de forma más sostenible; a los gobiernos, a salvaguardar los espacios silvestres; a los educadores, a inspirar a los estudiantes a vivir en armonía con la Tierra; y a los jóvenes, a que se conviertan en audaces guardianes de un futuro verde. «Requiere de todos nosotros», concluye la ONU.

https://www.ecoticias.com/naturaleza/202578/Dia-Mundial-Medio-Ambiente-ONU-avisa-inminente-colapso-naturaleza

Edificaciones ilegales en Andalucía

Dos estudios alertan de la realidad desbocada de edificaciones ilegales en Andalucía

Más de 270.000 viviendas fuera de control y 650.000 personas con acceso a ellas conforman ya un imparable fenómeno de desorden urbanístico que las administraciones locales y autonómica se han mostrado incapaces de controlar.

SEVILLA 25/05/2020 07:24

A.MORENO  @aristotelesMV

Hasta 650.000 andaluces podrían tener ya acceso a un enorme mar de viviendas irregulares como primera o segunda residencia, según indican dos estudios que avisan de un incremento exponencial del 75% de las edificaciones fuera de planificación en los últimos 15 años.

Según la estimación con la que trabaja el arquitecto Antonio Piñero, profesor titular de la Universidad de Sevilla, en la comunidad autónoma podría haber unas 272.000 viviendas en enclaves irregulares, una cifra sensiblemente superior a la que baraja su colega Pedro Górgolas, experto también en ordenación del territorio.

Ambos informes, difundidos recientemente, manejan datos extraídos de un trabajo de campo culminado en 2015, bajo el título de El urbanismo de la no ciudad, que examinó la incidencia de las parcelaciones irregulares en 176 de los municipios más afectados de Andalucía. Los dos estudios retratan una realidad territorial caótica, que ha desbordado las previsiones urbanísticas de buena parte de los ayuntamientos y cuyo ordenamiento después de tantos años se revela prácticamente inmanejable. «Ha habido un consentimiento y una inconsciencia de los efectos perniciosos que se iban a ocasionar», reflexiona Pedro Górgolas, autor de La integración urbanística de asentamientos irregulares: una cuenta pendiente del urbanismo andaluz, incluido en un volumen colectivo bajo el título genérico de Dos décadas de urbanismo en Andalucía.

Las conclusiones de Antonio Piñero en su trabajo, titulado Enclaves irregulares en el suelo no urbanizable y sostenibilidad: el caso andaluz, fijan en un 8% la población andaluza que dispone de viviendas fuera de ordenación. Según sus proyecciones, hasta 89.234 hectáreas de superficie estarían afectadas de alguna u otra manera por ocupaciones irregulares, lo que representa algo más del 1% del suelo andaluz. Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba absorben casi el 80% del fenómeno urbanístico anómalo.

La Junta de Andalucía, en cambio, maneja una estimación de hasta 327.000 viviendas fuera de ordenación, incluyendo las diseminadas, según datos difundidos en septiembre de 2019. El informe sobre el que fundamentan Piñero y Górgolas sus análisis tuvo en cuenta los asentamientos de más de dos hectáreas, lo que dejaba fuera, por tanto, a las edificaciones aisladas. De ahí las divergencias de las cifras con la cuantificación oficial de la comunidad autónoma.

La realidad actual contrasta radicalmente con la registrada en 1988, cuando la Dirección General de Urbanismo efectuó el primer inventario de parcelaciones ilegales de Andalucía donde identificó 24.058 hectáreas afectadas y 23.311 viviendas, la mayoría en suelo no urbanizable. Hoy la ocupación descontrolada del territorio se ha desbocado con «virulencia», describe el estudio de Piñero, pese a las medidas puestas en marcha por la administración autonómica desde los años 90. Casi el 90% de los asentamientos tiene uso residencial.

Entre el año 2003 y 2015, las parcelaciones irregulares experimentaron un rápido crecimiento a razón de 1.000 hectáreas por año, es decir, una superficie equivalente a 2.000 campos de fútbol nuevos cada doce meses. La incidencia del problema ha sido claramente desigual a lo largo de todo el territorio andaluz. En doce municipios, la superficie ocupada por enclaves irregulares es mayor que su propio suelo urbano y en otros siete superior al 50%.

Conil (Cádiz) es el municipio con más territorio fuera de ordenación (2.365 hectáreas) en el conjunto de los casos analizados por Piñero, que fue investigador principal del proyecto El urbanismo de la no ciudad. Le sigue Córdoba, con 1.915 hectáreas. Seis municipios andaluces superan las 1.000 hectáreas de asentamientos irregulares y otros diez están por encima de las 500. La suma de estos 16 municipios ya supone el 61% de la superficie total examinada, lo que da una idea de la concentración del fenómeno en algunas zonas críticas de la geografía andaluza.

El estudio de Pedro Górgolas se centra, por su parte, en cómo los planes generales están intentando incorporar la realidad urbanística de origen irregular en los últimos años. Su interpretación, por tanto, difiere en algunos aspectos del análisis de Antonio Piñero. En su «podio» de municipios urbanísticamente descontrolados destaca Chiclana, también en la provincia de Cádiz, con 2.600 hectáreas de asentamientos irregulares. Se trata de un caso paradigmático, que retrata de manera gráfica el desorden territorial que han experimentado algunos núcleos de Andalucía en las últimas décadas.

Más territorio del reconocido

Baste resaltar que la superficie ilegal de Chiclana multiplica por seis o siete veces la ciudad oficialmente reconocida. En esos 26 millones de metros cuadrados, se levantan unas 15.000 viviendas irregulares, donde ya vive cerca del 35% de la población censada. Aunque inicialmente los asentamientos se construyeron con finalidad turística o de segunda residencia, hoy día el tránsito a primera vivienda va ganando terreno con rapidez. Para entender la envergadura del desarrollo caótico de Chiclana, el profesor Górgolas sugiere compararlo con la localidad vecina de San Fernando, edificada sobre ocho millones de metros cuadrados. «Es decir, la superficie irregular de Chiclana triplica a una ciudad de 100.000 habitantes».

Gran parte de esta «pandemia» urbanística ha sido ocultada por los propios ayuntamientos, que han preferido mirar para otro lado y no han incluido la existencia de asentamientos en sus planes generales para evitar afrontar una realidad de enorme complejidad. Casi la mitad de los municipios radiografiados por los dos urbanistas declararon no tener asentamientos en sus territorios, cuando la realidad que se constató en el estudio decía todo lo contrario. «Los ayuntamientos han intentado obviar el reconocimiento urbanístico porque comporta un desarrollo complicado y obliga a los dueños a asumir los costes derivados de su regularización», señala Pedro Górgolas.

Ahí radica uno de los elementos medulares del problema. La regularización de los enclaves obligaría a sus propietarios a correr con los gastos propios del suministro, saneamiento, equipamientos, accesos y, en general, la urbanización de parcelas que se han levantado sin ningún tipo de planificación. «Y los propietarios no quieren pagar. Quieren que lo pague el Ayuntamiento. Es decir, que se lo paguemos todos los que tenemos una casa legal», aduce Górgolas.

Y aquí viene otra cuestión espinosa. A veces la administración más cercana no es la más adecuada para resolver el problema. ¿Por qué? «Porque los enclavados votan», subraya Antonio Piñero. Y eso representa una presión a menudo insuperable sobre los alcaldes que deben tomar decisiones difíciles sobre el futuro de estas parcelaciones. No es un reto menor, si tenemos en cuenta que al menos 650.000 personas, muchas de ellas inscritas en el censo electoral, tienen una vinculación directa y familiar con viviendas irregulares en Andalucía.

Piñero entiende que estamos ante un desafío con muchas aristas y diverso que debe buscar soluciones adaptadas a cada territorio. No por ello hay que dejar de señalar a quiénes tienen la responsabilidad de este cáncer urbanístico que ha alcanzado cotas desorbitadas. «El primer responsable es el enclavado», afirma Piñero, «y tendrá que contribuir a que la patología urbanística que ha originado no empeore la situación». Sobre las administraciones local y autonómica también recae, en opinión del urbanista, una parte considerable de responsabilidad por no haber afrontado la cuestión con la agilidad y determinación que merecía.

La combinación de factores ha sido letal para la ordenación territorial de Andalucía. Cuatro quintas partes de los asentamientos irregulares han provocado graves afecciones de distinto signo, según indica el estudio de Piñero. Más de la mitad de ellas tienen que ver con el sistema de comunicaciones, mientras que un 35% han dañado el dominio público hidráulico, un 20% los acuíferos y un 19% los espacios naturales.

La cuestión experimentó un salto cualitativo el pasado septiembre, cuando la Junta de Andalucía optó por regularizar la práctica totalidad de los asentamientos a través de la controvertida figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), que dota a los enclaves de cierto reconocimiento legal, y, por tanto, de condiciones mínimas de habitabilidad, sin necesidad de incorporarlos al planeamiento urbanístico general. Tanto Piñero como Górgolas expresan sus reticencias a la fórmula arbitrada por el Gobierno andaluz, que, a la postre, representa una amnistía para las cientos de miles de edificaciones levantadas al margen de la ley en Andalucía.

La situación podría agravarse aún más si el anteproyecto de la Ley de Sostenibilidad del Territorio que acaba de presentar el Gobierno andaluz, y que persigue suprimir filtros administrativos para la concesión de licencias urbanísticas, acaba por ver la luz.

https://www.publico.es/sociedad/estudios-alertan-realidad-desbocada-edificaciones-ilegales-andalucia.html

Un estudio sobre biodiversidad

Un estudio sobre biodiversidad advierte de que es imprescindible el decrecimiento económico

Veintidós científicos liderados por el español Iago Otero descartan que el crecimiento del PIB pueda ser compatible con la preservación de los ecosistemas.

Cristian Segura. Barcelona – 08 may 2020 – El País

Hasta hoy ha prevalecido entre Gobiernos y organismos internacionales el paradigma de que es posible salvar el medio ambiente y la biodiversidad manteniendo el crecimiento de la economía. Pero esta idea es solo una declaración de intenciones que no se sustenta con los datos recopilados desde el siglo XX. Es la conclusión a la que llega un grupo de veintidós académicos de instituciones como la Universidad de Oxford, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de Barcelona (CREAF), la Universidad de Leipzig o la Humboldt de Berlín, entre otros. El grupo, dirigido por el español Iago Otero, de la Universidad de Lausana (Suiza), cree necesario un cambio urgente de paradigma, y para ello propone una batería de medidas de choque para limitar los efectos de la economía en los ecosistemas.

El equipo liderado por Otero ha elaborado su tesis en un artículo publicado en abril por la revista Conservation Letters, coincidiendo con la pandemia de la covid-19. Otero explica a EL PAÍS que la crisis actual confirma las conclusiones del texto sobre la prioridad que debe ser salvaguardar la biodiversidad: “Una naturaleza bien conservada nos protegería de enfermedades como esta. Detrás de la pandemia está la deforestación, la expansión de la agricultura o el comercio de especies, que ponen a más gente en contacto con los animales portadores de los virus”.

Las medidas que proponen los veintidós científicos se resumen en siete puntos: limitar la explotación de recursos naturales y prohibir su extracción en áreas de alto valor ecológico; restringir la construcción de grandes infraestructuras que rompan la integridad de los espacios verdes; potenciar la agricultura de proximidad y limitar la expansión de las ciudades, favoreciendo al mismo tiempo un urbanismo de mayor concentración demográfica; compensar la destrucción de puestos de trabajo con la creación de nuevos empleos reduciendo las jornadas laborales; dificultar la promoción de aquellos productos procedentes de la sobreexplotación agrícola y de la naturaleza.

Superar el PIB

Los autores del estudio asumen que sus propuestas se enfrentarían a multitud de “barreras culturales y sociales” porque van contra “el imaginario que prevalece de un crecimiento ilimitado”. “Son propuestas para ser debatidas”, apunta Christoph Plutzer, profesor de la Universidad de Viena y uno de los firmantes del documento. La única medida que requiere “una acción inmediata”, según Plutzer, es consolidar nuevos índices que sustituyan al PIB y que evalúen el bienestar social y los niveles de protección del medio ambiente.

Estos académicos subrayan que hasta el momento no se ha podido sustentar un incremento del PIB con la reducción del consumo de recursos naturales. En los países desarrollados que sí se ha conseguido, añaden, ha sido a costa de un aumento de la explotación natural en sociedades en vías de desarrollo. El informe aporta datos que demostrarían una coincidencia en los niveles de evolución del PIB mundial desde 1960 con el de las explotaciones agrarias, el uso de pesticidas y fertilizantes, y con la demanda de consumo de carne. “La cantidad total de producción humana de materiales creció en el último siglo al unísono con el PIB global, sustituyendo ecosistemas a una escala masiva”.

Otro efecto del comercio global es la proliferación de especies invasoras, que son la segunda causa de extinción de flora y fauna. Los efectos del cambio climático en la biodiversidad también son evidentes, y el documento subraya las previsiones para el continente europeo: se estima que el 58% de las especiales vegetales y de vertebrados perderán su hábitat en los próximos sesenta años. El artículo concede que es factible alcanzar un crecimiento del PIB disminuyendo el uso de recursos naturales y las emisiones de gases contaminantes, pero hasta hoy no se ha conseguido –excepto en momentos de crisis económica puntuales–, ni siquiera al ritmo necesario para cumplir los objetivos de dejar el aumento del calentamiento del planeta en torno a los 1,5 grados.

El llamado Pacto Verde Europeo, el plan de la Comisión Europea y de los principales Estados miembros de la UE para erradicar las emisiones contaminantes de la economía, comparte objetivos con el artículo publicado en Conservation Letters. La principal diferencia es que sus autores defienden la necesidad de decrecer en términos de PIB para construir una sociedad “postcrecimiento”. “Nuestro trabajo propone ir más allá del crecimiento económico”, apunta Otero, “esto requiere dejar de utilizar el PIB como indicador guía”.

La primera solución planteada en el estudio es imponer a nivel internacional limitaciones en la cantidad de recursos naturales utilizados para la producción de los bienes comercializados. “Diferentes cupos podrían aplicarse a cada país dependiendo de su consumo histórico y los excesos en las emisiones de dióxido de carbono», dice su texto, y añade que “los topes pueden complementarse con moratorias específicas para la explotación de recursos en zonas de biodiversidad altamente delicada”. Otra propuesta es fragmentar los puestos de trabajo en jornadas laborales reducidas. “Bajo determinadas circunstancias, la jornada de trabajo más corta está relacionada con menores emisiones de carbono y otras afectaciones perjudiciales para la biodiversidad”.

Relocalizar la economía para disminuir la distancia entre los centros de producción y consumidores es otra medida clave, según el informe. Este requiere frenar la expansión geográfica de las ciudades en favor de explotaciones agrarias próximas a las urbes, evitando así la destrucción de zonas naturales en otras regiones. También piden poner coto al desarrollo de grandes infraestructuras y de redes de transporte que rompen la integridad de los espacios de valor ecológico.

Ante el COVID-19… ¿volver al pueblo?

El shock traumático provocado en la sociedad por la irrupción de coronavirus y la posterior entrada en recesión de las economías obligará a una profunda catarsis y metanoia de la sociedad en su conjunto que hará revisar los fundamentos que la sustentan.

martes 05 mayo 2020

Así, el retorno a escenarios de recesión económica provocará el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales, con lo que el retorno al medio rural se perfilará como una alternativa seria.

Un texto de Germán Gorraiz López ( Navarra-España, 1957), analista financiero y geopolítico, nos corrobora que la salida de la agricultura ecológica, en circuitos locales, es óptima para una apuesta estatal por la eco-nomía verde.

Gustavo Duch, coordinador de la revista “Soberanía Alimentaria”, traza el retrato de los nuevos agricultores y ganaderos: “Estas personas que vuelven al campo creen en explotaciones pequeñas y sostenibles cuya base son los cultivos ecológicos y no quieren utilizar las subvenciones agrícolas europeas o depender de las grandes superficies para vender sus productos pues buscan el contacto directo y la distribución por Internet que ha revolucionado este ámbito y supone una gran oportunidad de acercar los productos al consumidor”.

Así, según el ex-secretario general de la UAGN, David Lezaun, “la venta directa permite ofrecer productos locales, de calidad y a precios asequibles pero al mismo tiempo más dignos para los productores, además de reducirse el impacto ambiental al ser menor la necesidad de transporte”.

La venta directa al consumidor o en «circuitos cortos» supone pues una oportunidad de desarrollo para el sector agrario que está estudiando utilizar el 57,5% de las empresas navarras de este ámbito, citando un análisis que forma parte de un proyecto conjunto de la Fundación Fundagro, la UAGN, la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa (Sirasa) e Itsasmendikoi (CAV), para el impulso de esta forma de comercialización, que pretende evitar los aumentos de precio a causa de los intermediarios.

Como ejemplos, citaríamos a “Carne ecológica Menaut”, iniciativa pilotada por Juan Ignacio Ibáñez Eseberri, que pretende acercar directamente a la mesa del consumidor una carne de potro y cordero ecológico de alta calidad desde su borda de Izalzu (Navarra), a través de Twitter y Facebook.

Asimismo es obligado citar a Gonzalo Palacios Samper, uno de los pioneros de la producción de ternera de Salazar quien desde 2018 se dedica a la venta de carne de ternera online desde su explotación en Izal (Valle del Salazar).

Implementación de la teoría del decrecimiento

Según CCS (Centro de Colaboraciones Solidarias), “no es posible seguir creciendo de forma indefinida pues seguir por esa senda tan solo producirá más miseria social y más destrucción ecológica y para ello hay que gestionar de forma sostenible nuestra riqueza natural”.

Agricultura, ganadería y explotación forestal son sectores que llevan décadas en decadencia, ahogados por la competencia desleal que impone la economía global; sin embargo, tienen un enorme potencial para crear eco-empleo pero para ello sería necesaria la implementación por la UE de medidas proteccionistas (fomento del consumo de productos nacionales), en forma de ayudas para evitar la deslocalización de empresas y subvenciones a la industria agroalimentaria para la instauración de la etiqueta “bio” a todos sus productos manufacturados.

Así, se podrían crear en el Estado español cerca de 200.000 puestos de trabajo apoyando la producción ecológica de alimentos, incentivando el consumo local de productos agrícolas y ganaderos autóctonos y promoviendo la conversión de la actual industria forestal hacia explotaciones que cultiven especies de mayor valor añadido o que produzcan de forma sostenible la biomasa que necesita el país para reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

Germán Gorraiz López. Analista. Colabora habitualmente en varios medio digitales e impresos  españoles  y latinoamericanos.

Fuente: Vida Sana

Europa cae en la ‘desidia’

Europa cae en la ‘desidia’ al evaluar el riesgo real de los pesticidas

Los fallos en los sistemas de evaluación podrían comprometer los planes para una «recuperación verde» del sector agrario tras el Covid-19.

martes 21 abril 2020

Un informe publicado en una revista científica de la Universidad de Cambrigde y realizado por toxicólogos, abogados y expertos en políticas, ha denunciado graves fallos en los sistemas por los que se evalúa el riesgo de los pesticidas que se autorizan en la Unión Europea

Son unos fallos que pueden socavar de forma muy severa el objetivo de desarrollar una agricultura sostenible en el continente, como se pretende dentro de los planes de «recuperación verde» de la economía tras la pandemia del Covid 19.

Diferentes entidades que trabajan en favor de una agricultura sin pesticidas advierten del riesgo de que no se adopten las decisiones adecuadas y que se permita que se sigan favoreciendo intereses económicos concretos por encima del bien general.

Carlos de Prada, director de la campaña Hogar sin tóxicos, asegura que “la aplicación de métodos que encubren los riesgos  reales, no solo pone en peligro la salud pública y el medio ambiente, sino que crea la apariencia falsa de que no existe necesidad de cambio. La actual crisis del coronavirus nos está mostrando lo importante que es la correcta evaluación de los riesgos, sean estos cuales sean, y la toma adecuada de medidas, y a tiempo”.

La voluntad de la UE de caminar hacia un modelo más respetuoso con la salud y el medio ambiente queda patente en la Estrategia Farm to Fork comunitaria incluida dentro del Pacto  Verde Europeo.

Un total de 13 Ministros europeos de clima y medio ambiente, 180 responsables políticos, líderes empresariales, investigadores y organizaciones no gubernamentales han hecho llamamientos a favor de ésa «recuperación verde», que podría verse comprometida si las cosas siguen como hasta ahora.

Según el informe, publicado en la European Journal of Risk Regulation, Europa no está implementando y haciendo cumplir sus propias regulaciones sobre pesticidas. Si bien el Reglamento de plaguicidas de la UE 1107/2009 es, sobre el papel, uno de los más estrictos del mundo, en la práctica se está muy lejos de lograr su objetivo de conseguir «una evaluación independiente, objetiva y transparente de los plaguicidas y lograr un alto nivel de protección para la salud y medio ambiente».

El informe toma como ejemplo uno de los casos más conocidos, el herbicida glifosato, y revela una lista de graves irregularidades que, en realidad, afectan de forma bastante generalizada a los métodos por los que se evalúa el riesgo de los centenares de pesticidas que están autorizados en la Unión Europea.

Entre ellas se destaca que se favorecen los estudios realizados por las propias industrias que quieren comercializar los pesticidas, y que obviamente tienden a minimizar los riesgos de estas sustancias,  frente a los de la ciencia académica que detectan efectos negativos.

Se denuncia incluso que algunas agencias reguladoras, en lugar de realizar una revisión objetiva de los estudios presentados por la industria, realizando su propia evaluación, hayan llegado al extremo de plagiar informes de la industria, sin criticarlos, y presentarlos como si fuesen su propio dictamen «independiente» a favor del uso de un pesticida.

La organización PAN Europe, tres de cuyos toxicólogos han participado en el informe publicado en European Journal of Risk Regulation, denuncia que se está produciendo un «uso indebido generalizado de la investigación científica, así como una errónea interpretación de sus datos». También lamentan  un «uso indebido de herramientas estadísticas y analíticas».

Evaluar la formulación completa

Además, el documento denuncia que, cuando se aprueban los pesticidas, se evalúa el riesgo de exponerse solo a una de estas sustancias de manera aislada, a pesar de que en la vida cotidiana las personas se exponen a mezclas de ellos.

Un porcentaje considerable de las frutas y verduras que se consumen en Europa tienen residuos de varios pesticidas a la vez; y se sabe que el efecto de las mezclas puede ser muy superior al de cada uno de ellos de manera aislada.

También critica que no se evalúan adecuadamente los efectos de las formulaciones completas de cada producto que se pone a la venta, sino que se centran en el principio activo de una sola sustancia, a pesar de que «los aditivos pueden cambiar el perfil de toxicidad del ingrediente activo».

Por otro lado, se denuncia que no se están abordando debidamente «los conflictos de intereses dentro de las agencias reguladoras, lo que socava la independencia y la objetividad de las evaluaciones de pesticidas«.

Como resultado de todos estos fallos, apunta PAN Europe  «muchos pesticidas están pasando por el proceso regulatorio y están siendo autorizados a pesar de su potencial para dañar la salud humana y animal, así como el medio ambiente».

El problema, comentan, no es tanto por las leyes en sí mismas, aunque algunas de ellas debieran ser mejoradas, como por «el fallo de los organismos reguladores a la hora de implementar o hacer cumplir las leyes duras o «blandas» que rigen cómo se regulan los pesticidas«. 

Por ello, los autores del informe proponen cambios «en la forma en que los reguladores llevan a cabo el proceso de evaluación de riesgos, así como en la forma en que se aplican los conocimientos científicos actuales y las herramientas analíticas científicas».

Se pide que se usen en mayor medida métodos de «revisión sistemática» para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación de los resultados de los estudios que se tienen en cuenta en la evaluación de los riesgos; un uso adecuado del enfoque de “peso de la evidencia” de modo que se tengan en cuenta debidamente todos los tipos de evidencia diferentes que muestran que, por ejemplo, un pesticida puede ser cancerígeno (de forma que no se evalúen y descarten por separado, sino que se considere el peso conjunto de toda esa evidencia); evaluar la toxicidad de toda la formulación de los pesticidas y no solo la de una de sus sustancias aisladas ya que se sabe que su efecto puede ser mucho mayor; o que, entre otros aspectos,  los reguladores no se limiten a copiar lo que la industria dice acerca de la seguridad de los pesticidas que quieren vender sino que realicen evaluaciones objetivas e independientes.

Momento crucial

El  informe se basa en el trabajo de un grupo interdisciplinario de científicos, abogados y formuladores de políticas, que en 2018 formaron la coalición Ciudadanos para la Ciencia en la Regulación de Pesticidas. Más de 140 ONGs se inscribieron en el manifiesto de la Coalición para exigir una reforma en la evaluación de riesgos con el fin de garantizar que el uso de pesticidas no cause daños a los humanos, los animales y el medio ambiente.

Ahora se está en un momento crucial, ya que la Comisión de la UE está preparando su estrategia Farm to Fork (F2F) como parte del Pacto Verde Europeo, con la meta de «asegurar un sistema alimentario justo, saludable y ecológico» que incluirá «medidas para reducir significativamente el uso y el riesgo de los pesticidas químicos».

Como afirma Angeliki Lyssimachou, una de los autores del nuevo informe y oficial de políticas científicas de PAN Europe: «no se puede reducir el riesgo si la evaluación no se realiza correctamente.

Algunos pesticidas que han pasado por el proceso de autorización no deberían estar autorizados en absoluto, ya que son tóxicos. Los reguladores deben asegurarse de que los últimos conocimientos científicos y métodos de evaluación objetiva se implementen durante todo el procedimiento de evaluación».

Retraso en las evaluaciones

Además de la Estrategia Farm to Fork, la Comisión debe publicar una evaluación sobre la legislación de pesticidas de la UE. Tal evaluación, que lleva mucho retraso, denominada REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme) debería servir para  determinar «si las regulaciones satisfacen las necesidades de los ciudadanos, las empresas y las instituciones públicas de manera eficiente».

Pero se teme que podría enfocarse para favorecer los intereses industriales debilitando la normativa. La crisis del Covid 19 ha pospuesto la publicación de los dos documentos,  y una serie de sectores presionan para que se retrase aún más y se supediten a intereses económicos concretos.

Otra de las autoras del informe, Claire Robinson, asegura que el «COVID-19 nos ha demostrado que la salud humana debe ser la prioridad y que la producción sostenible de alimentos es crucial. No podemos permitirnos más retrasos en la implementación de un programa saludable y sostenible, y un sistema alimentario resistente». 

Por su parte, el investigador Christopher Portier, que también participó en el informe, apunta que «el rigor científico y la transparencia total son fundamentales tanto para la evaluación de los datos utilizados en la toma de decisiones regulatorias como para la confianza que el público tenga en esas evaluaciones».

En la misma dirección se expresa Koldo Hernández, de Ecologistas en Acción, quien subraya que “es importante mejorar los sistemas por los que organismos como la EFSA evalúan la seguridad de los pesticidas, así como la transparencia del proceso y los conflictos de interés existentes, a fin de evitar que se sigan usando aquellas sustancias de mayor riesgo».

El informe:

ROBINSON, C. et al. (2020). Achieving a High Level of Protection from Pesticides in Europe: Problems with the Current Risk Assessment Procedure and Solutions. European Journal of Risk Regulation, 1-31. doi:10.1017/err.2020.18

https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/achieving-a-high-level-of-protection-from-pesticides-in-europe-problems-with-the-current-risk-assessment-procedure-and-solutions/1162DF6B1E3DF00FB801F484FD3ADB91

24 DE ABRIL

24 DE ABRIL: ACCIÓN GLOBAL POR EL CLIMA

2020 Rebelión por el Clima, Alianza por el Clima, y Fridays for Future convocan una nueva movilización por el clima el día 24 de abril.

Sin olvidar la gravedad de la crisis sanitaria que estamos viviendo, no queremos dar la espalda a la crisis climática y de biodiversidad que amenaza la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Debemos comenzar de nuevo y construir un futuro común desde la justicia climática y social. Porque la salud, los cuidados, y la vida de las personas están por encima de todo. A pesar de que nos quedemos en casa, nuestras voces pueden seguir siendo escuchadas. ¡Manifiéstate por el clima desde las redes sociales y desde tu balcón mediante la proyección de sombras y sonidos!

El coronavirus nos obliga a reconsiderar

El coronavirus nos obliga a reconsiderar la biodiversidad y su papel protector

Fernando Valladares

Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de investigación en el CSIC y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.

Mientras la OMS nos pide prepararnos para escenarios catastróficos que se avecinan con el coronavirus y nuevos virus que están por llegar, los científicos recordamos que lo mejor es rodearnos de ecosistemas saludables, funcionales y ricos en especies.

Las pérdidas de biodiversidad están en niveles sin precedentes, según la ONU.

Aturdidos por las medidas que trae consigo el estado de alarma y buscando un hueco para poder hacer ejercicio (más imprescindible que nunca para mantener un cierto equilibrio existencial) mientras apoyamos la escolarización en casa, teletrabajamos y tratamos de mantenernos informados, no podemos dejar de alucinar con un escenario nuevo e increíble. En general, en estas semanas las decisiones políticas de nuestro Gobierno se están basando en información científica. Nos frotamos los ojos. ¿Qué pasa? Certificar que algo así está ocurriendo nos asusta: ¡cómo será el monstruo al que nos enfrentamos, si han tenido que llamar a la ciencia!

Si seguimos el refrán según el cual nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, en plena crisis del coronavirus deberíamos acordarnos más que nunca de la biodiversidad. Diez años atrás la ciencia revisó y comprobó el papel protector de la biodiversidad ante virus parecidos e incluso mucho más peligrosos que el coronavirus. Una única especie, Homo sapiens, está haciendo desaparecer la biodiversidad global: estamos amenazando ya a más de un millón de especies. Esto es tan preocupante como paradójico, ya que a los múltiples beneficios de la biodiversidad se suma uno clave, especialmente en estos momentos: nos protege de enfermedades infecciosas. La existencia de una gran diversidad de especies que actúan como huésped limita la transmisión de enfermedades como el coronavirus o el Ébola, sea por un efecto de dilución o de amortiguamiento. Más del 70% de las infecciones emergentes de los últimos cuarenta años han sido zoonosis, es decir, enfermedades infecciosas animales que se transmiten al ser humano. Con frecuencia, en estas zoonosis hay varias especies implicadas, con lo que cambios en la diversidad de animales y plantas afectan a las posibilidades de que el patógeno entre en contacto con el ser humano y lo infecte. El efecto protector de la biodiversidad por dilución fue planteado por Keesing y colaboradores en 2006 y demostrado unos años más tarde por Johnson y Thieltges. El efecto de amortiguamiento de la biodiversidad en el contagio de patógenos al ser humanos se demostró para el caso del virus del Nilo y la diversidad de aves hace más de quince años.

Con la simplificación a la que sometemos los ecosistemas, eliminando especies y reduciendo procesos ecológicos a su mínima expresión, estamos aumentando los riesgos para la salud humana a gran escala. Virus del Nilo, gripe aviar, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, virus del Ébola, enfermedad por virus de Marburgo, fiebre de Lassa, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), síndrome respiratorio agudo grave (SRAG), virus de Nipah, enfermedades asociadas al henipavirus, fiebre del Valle del Rift, virus de Zika y muchas enfermedades más son zoonosis que figuran en la lista de enfermedades prioritarias, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018. Esta lista de la OMS incluye una inquietante enfermedad X, una epidemia internacional muy importante debida a un patógeno todavía desconocido pero que sin duda aparecerá. Todo esto forma parte y es consecuencia del cambio global, es decir, de la injerencia voluntaria e involuntaria, directa e indirecta, del ser humano en los sistemas naturales del planeta.

Hasta ahora, prácticamente la única conexión que se ha hecho entre el coronavirus y la ecología o el medio ambiente ha sido la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Se ha visto que en sólo tres semanas China ha reducido las emisiones en 150 millones de toneladas de CO2 lo que supone el 25% de sus emisiones, el 6% de las emisiones globales del planeta, y equivale a lo que emite toda la ciudad de Nueva York en un año. Es una buena (aunque efímera y anecdótica) noticia en relación al cumplimiento del Acuerdo de Paris en materia de cambio climático. Tan efímera y anecdótica que se está viendo que en realidad a medio y largo plazo la crisis del coronavirus va a poner más difícil descarbonizar la economía tras las reacciones de las compañías aéreas. Sin embargo, la conexión más relevante es precisamente la contraria. No es tanto cómo el coronavirus afecta a los ecosistemas y al medio ambiente sino como estos afectan al coronavirus. Se nos olvida la importante labor protectora ante infecciones, epidemias y pandemias que juega una naturaleza bien conservada. Tiene que ocurrir una catástrofe para que algunos traigamos la hemeroteca y escarbemos entre la literatura científica otra vez y encontremos razones más allá de la ética para conservar la biodiversidad.

Muchos ven en la ganadería, agricultura y avicultura intensivas, así como el creciente mercado y consumo de animales exóticos, la causa del actual brote epidémico y de otros previos como el SARS-CoV en 2002, la gripe aviar (H5N1) en 2003, la gripe porcina (H1N1) en 2009, el MERS-CoV en 2012, el ébola en 2013 o el Zyka (ZIKV) en 2015). La extensión de monocultivos genéticos de animales domésticos, por ejemplo, elimina cualquier cortafuego inmune que pueda estar disponible para ralentizar la transmisión. Los tamaños y densidades de población elevados aumentan las tasas de transmisión. Además, las condiciones de hacinamiento deprimen la respuesta inmune. El alto rendimiento, parte de cualquier producción industrial, proporciona un suministro de susceptibles que es renovado continuamente y que es el combustible para la evolución de la virulencia. En otras palabras, el agronegocio está tan centrado en las ganancias que la selección de un virus que podría matar a millones de personas se considera un riesgo aceptable. Para reducir la aparición de nuevos brotes de virus, la producción de alimentos tiene que cambiar radicalmente. La autonomía de los agricultores y un sector público fuerte pueden frenar los problemas ambientales y las infecciones descontroladas. Es muy conveniente introducir diversidad en las variedades de ganado y cultivos en una reestructuración estratégica, tanto a nivel de granja como regional.

Comer animales salvajes es para muchas regiones del planeta la única opción alimenticia. Pero ello conlleva riesgos muy graves para la salud de la humanidad como estamos viviendo con la crisis del coronavirus y como vivimos, por ejemplo, con el Ébola y los murciélagos o el SARS y las civetas. Además, la biodiversidad nos protege de infecciones, lo supimos hace años con el virus del Hanta por ejemplo. Hay que encontrar un nuevo equilibrio global entre comer y proteger animales salvajes porque en ambas cuestiones nos va la vida.  

Por desgracia, las primeras especies en desaparecer de los ecosistemas son las que más reducen la transmisión de patógenos. Se vio con el virus del Nilo y la pérdida de biodiversidad de aves, con el síndrome pulmonar por hantavirus y la desaparición de pequeños mamíferos, y con la enfermedad de Lyme. En este último caso, la desaparición de zarigüeyas (marsupiales americanos vulnerables) y la supervivencia de especies como el ratón de pies blancos favoreció la transmisión del patógeno a humanos.

No sólo la biodiversidad nos protege de los virus. Los ecosistemas estables y funcionales lo hacen en general y de múltiples formas. Pero la función protectora de los ecosistemas se está debilitando con el cambio climático. Es particularmente preocupante en este sentido la pérdida de hielo y de suelos congelados. Con el calentamiento global los hielos, simplemente, se funden y al hacerlo liberan todo tipo de gases, muchos de ellos con un potente efecto invernadero. Además de gases, liberan virus. La fusión de un glaciar chino ha liberado 33 especies de virus, 28 de ellas completamente desconocidas para la ciencia y con potencial de infección a humanos. La fusión de los suelos permanentemente congelados (permafrost) de las zonas boreales está liberando virus y bacterias muy peligrosos para el ser humano tal como se vio por ejemplo hace unos años con los brotes de Ántrax en Rusia. Se teme que no sean casos aislados: se han descubierto fragmentos de ARN del virus de la gripe española de 1918 en cadáveres enterrados en fosas comunes en la tundra de Alaska y se piensa que cepas virulentas de viruela y peste bubónica están también enterradas en Siberia.

El calentamiento global y otras formas de alteración de los ecosistemas como la minería, están exponiendo y reactivando bacterias resistentes a antibióticos y virus antiguos potencialmente peligrosos para nuestra salud.

Nota: Seguimos advirtiendo que el término “zoonosis” (contagio de enfermedades de los animales a los humanos) está superado hoy día, en la actualidad se está utilizando el concepto de “enfermedades compartidas” por ser más real y preciso, pues también los humanos pueden trasmitir enfermedades a los animales.