Edificaciones ilegales en Andalucía

Dos estudios alertan de la realidad desbocada de edificaciones ilegales en Andalucía

Más de 270.000 viviendas fuera de control y 650.000 personas con acceso a ellas conforman ya un imparable fenómeno de desorden urbanístico que las administraciones locales y autonómica se han mostrado incapaces de controlar.

SEVILLA 25/05/2020 07:24

A.MORENO  @aristotelesMV

Hasta 650.000 andaluces podrían tener ya acceso a un enorme mar de viviendas irregulares como primera o segunda residencia, según indican dos estudios que avisan de un incremento exponencial del 75% de las edificaciones fuera de planificación en los últimos 15 años.

Según la estimación con la que trabaja el arquitecto Antonio Piñero, profesor titular de la Universidad de Sevilla, en la comunidad autónoma podría haber unas 272.000 viviendas en enclaves irregulares, una cifra sensiblemente superior a la que baraja su colega Pedro Górgolas, experto también en ordenación del territorio.

Ambos informes, difundidos recientemente, manejan datos extraídos de un trabajo de campo culminado en 2015, bajo el título de El urbanismo de la no ciudad, que examinó la incidencia de las parcelaciones irregulares en 176 de los municipios más afectados de Andalucía. Los dos estudios retratan una realidad territorial caótica, que ha desbordado las previsiones urbanísticas de buena parte de los ayuntamientos y cuyo ordenamiento después de tantos años se revela prácticamente inmanejable. «Ha habido un consentimiento y una inconsciencia de los efectos perniciosos que se iban a ocasionar», reflexiona Pedro Górgolas, autor de La integración urbanística de asentamientos irregulares: una cuenta pendiente del urbanismo andaluz, incluido en un volumen colectivo bajo el título genérico de Dos décadas de urbanismo en Andalucía.

Las conclusiones de Antonio Piñero en su trabajo, titulado Enclaves irregulares en el suelo no urbanizable y sostenibilidad: el caso andaluz, fijan en un 8% la población andaluza que dispone de viviendas fuera de ordenación. Según sus proyecciones, hasta 89.234 hectáreas de superficie estarían afectadas de alguna u otra manera por ocupaciones irregulares, lo que representa algo más del 1% del suelo andaluz. Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba absorben casi el 80% del fenómeno urbanístico anómalo.

La Junta de Andalucía, en cambio, maneja una estimación de hasta 327.000 viviendas fuera de ordenación, incluyendo las diseminadas, según datos difundidos en septiembre de 2019. El informe sobre el que fundamentan Piñero y Górgolas sus análisis tuvo en cuenta los asentamientos de más de dos hectáreas, lo que dejaba fuera, por tanto, a las edificaciones aisladas. De ahí las divergencias de las cifras con la cuantificación oficial de la comunidad autónoma.

La realidad actual contrasta radicalmente con la registrada en 1988, cuando la Dirección General de Urbanismo efectuó el primer inventario de parcelaciones ilegales de Andalucía donde identificó 24.058 hectáreas afectadas y 23.311 viviendas, la mayoría en suelo no urbanizable. Hoy la ocupación descontrolada del territorio se ha desbocado con «virulencia», describe el estudio de Piñero, pese a las medidas puestas en marcha por la administración autonómica desde los años 90. Casi el 90% de los asentamientos tiene uso residencial.

Entre el año 2003 y 2015, las parcelaciones irregulares experimentaron un rápido crecimiento a razón de 1.000 hectáreas por año, es decir, una superficie equivalente a 2.000 campos de fútbol nuevos cada doce meses. La incidencia del problema ha sido claramente desigual a lo largo de todo el territorio andaluz. En doce municipios, la superficie ocupada por enclaves irregulares es mayor que su propio suelo urbano y en otros siete superior al 50%.

Conil (Cádiz) es el municipio con más territorio fuera de ordenación (2.365 hectáreas) en el conjunto de los casos analizados por Piñero, que fue investigador principal del proyecto El urbanismo de la no ciudad. Le sigue Córdoba, con 1.915 hectáreas. Seis municipios andaluces superan las 1.000 hectáreas de asentamientos irregulares y otros diez están por encima de las 500. La suma de estos 16 municipios ya supone el 61% de la superficie total examinada, lo que da una idea de la concentración del fenómeno en algunas zonas críticas de la geografía andaluza.

El estudio de Pedro Górgolas se centra, por su parte, en cómo los planes generales están intentando incorporar la realidad urbanística de origen irregular en los últimos años. Su interpretación, por tanto, difiere en algunos aspectos del análisis de Antonio Piñero. En su «podio» de municipios urbanísticamente descontrolados destaca Chiclana, también en la provincia de Cádiz, con 2.600 hectáreas de asentamientos irregulares. Se trata de un caso paradigmático, que retrata de manera gráfica el desorden territorial que han experimentado algunos núcleos de Andalucía en las últimas décadas.

Más territorio del reconocido

Baste resaltar que la superficie ilegal de Chiclana multiplica por seis o siete veces la ciudad oficialmente reconocida. En esos 26 millones de metros cuadrados, se levantan unas 15.000 viviendas irregulares, donde ya vive cerca del 35% de la población censada. Aunque inicialmente los asentamientos se construyeron con finalidad turística o de segunda residencia, hoy día el tránsito a primera vivienda va ganando terreno con rapidez. Para entender la envergadura del desarrollo caótico de Chiclana, el profesor Górgolas sugiere compararlo con la localidad vecina de San Fernando, edificada sobre ocho millones de metros cuadrados. «Es decir, la superficie irregular de Chiclana triplica a una ciudad de 100.000 habitantes».

Gran parte de esta «pandemia» urbanística ha sido ocultada por los propios ayuntamientos, que han preferido mirar para otro lado y no han incluido la existencia de asentamientos en sus planes generales para evitar afrontar una realidad de enorme complejidad. Casi la mitad de los municipios radiografiados por los dos urbanistas declararon no tener asentamientos en sus territorios, cuando la realidad que se constató en el estudio decía todo lo contrario. «Los ayuntamientos han intentado obviar el reconocimiento urbanístico porque comporta un desarrollo complicado y obliga a los dueños a asumir los costes derivados de su regularización», señala Pedro Górgolas.

Ahí radica uno de los elementos medulares del problema. La regularización de los enclaves obligaría a sus propietarios a correr con los gastos propios del suministro, saneamiento, equipamientos, accesos y, en general, la urbanización de parcelas que se han levantado sin ningún tipo de planificación. «Y los propietarios no quieren pagar. Quieren que lo pague el Ayuntamiento. Es decir, que se lo paguemos todos los que tenemos una casa legal», aduce Górgolas.

Y aquí viene otra cuestión espinosa. A veces la administración más cercana no es la más adecuada para resolver el problema. ¿Por qué? «Porque los enclavados votan», subraya Antonio Piñero. Y eso representa una presión a menudo insuperable sobre los alcaldes que deben tomar decisiones difíciles sobre el futuro de estas parcelaciones. No es un reto menor, si tenemos en cuenta que al menos 650.000 personas, muchas de ellas inscritas en el censo electoral, tienen una vinculación directa y familiar con viviendas irregulares en Andalucía.

Piñero entiende que estamos ante un desafío con muchas aristas y diverso que debe buscar soluciones adaptadas a cada territorio. No por ello hay que dejar de señalar a quiénes tienen la responsabilidad de este cáncer urbanístico que ha alcanzado cotas desorbitadas. «El primer responsable es el enclavado», afirma Piñero, «y tendrá que contribuir a que la patología urbanística que ha originado no empeore la situación». Sobre las administraciones local y autonómica también recae, en opinión del urbanista, una parte considerable de responsabilidad por no haber afrontado la cuestión con la agilidad y determinación que merecía.

La combinación de factores ha sido letal para la ordenación territorial de Andalucía. Cuatro quintas partes de los asentamientos irregulares han provocado graves afecciones de distinto signo, según indica el estudio de Piñero. Más de la mitad de ellas tienen que ver con el sistema de comunicaciones, mientras que un 35% han dañado el dominio público hidráulico, un 20% los acuíferos y un 19% los espacios naturales.

La cuestión experimentó un salto cualitativo el pasado septiembre, cuando la Junta de Andalucía optó por regularizar la práctica totalidad de los asentamientos a través de la controvertida figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), que dota a los enclaves de cierto reconocimiento legal, y, por tanto, de condiciones mínimas de habitabilidad, sin necesidad de incorporarlos al planeamiento urbanístico general. Tanto Piñero como Górgolas expresan sus reticencias a la fórmula arbitrada por el Gobierno andaluz, que, a la postre, representa una amnistía para las cientos de miles de edificaciones levantadas al margen de la ley en Andalucía.

La situación podría agravarse aún más si el anteproyecto de la Ley de Sostenibilidad del Territorio que acaba de presentar el Gobierno andaluz, y que persigue suprimir filtros administrativos para la concesión de licencias urbanísticas, acaba por ver la luz.

https://www.publico.es/sociedad/estudios-alertan-realidad-desbocada-edificaciones-ilegales-andalucia.html

ANA recuerda su compromiso con las abejas

Nota de Prensa

Día Mundial de las Abejas | 20 de mayo

ANA recuerda hoy su compromiso firme con las abejas.

En el día en el que se celebra el “Día Mundial de las Abejas”, ANA lleva a cabo varias actividades de sensibilización, concienciación y compromiso con las abejas y recuerda a toda la población en general que las abejas son imprescindibles para la vida humana y la vida del planeta.

La celebración anual del Día Mundial de las Abejas permite sensibilizar acerca del papel esencial que las abejas y otros polinizadores desempeñan en el mantenimiento de la salud de las personas y del planeta, así como sobre los muchos desafíos que afrontan hoy en día.

“La vida sin abejas sería un desastre global, al hombre sólo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres”. … La vida sin las abejas sería un desastre global.

Las abejas, que están entre las criaturas más laboriosas del planeta, llevan siglos beneficiando a las personas, las plantas y el medio ambiente. Al transportar el polen de una flor a otra, las abejas y otros polinizadores no solo posibilitan la producción de una abundancia de frutas, frutos secos y semillas, sino también más variedad y mejor calidad, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y la nutrición.

Algunos polinizadores como las abejas, las aves y los murciélagos inciden en el 35 % de la producción agrícola mundial, elevando la producción de 87 de los principales cultivos alimentarios del mundo, y de muchos medicamentos derivados de las plantas. El 75 % de los cultivos de todo el mundo que producen frutas o semillas para uso humano como alimento dependen, al menos en parte, de los polinizadores.

ANA que forma parte de la Red para la Prohibición de los Plaguicidas Neurotóxicos y de la Plataforma SOSbiodiversidad SOSabejas (https://www.facebook.com/PlataformaSOSbiodiversidadSOSabejas/), pensamos que el Día de hoy supone una oportunidad para que todos ―gobiernos, organizaciones, sociedad civil y ciudadanía interesada― promovamos acciones que protejan y ayuden a los polinizadores y sus hábitats, incrementen su abundancia, mantengan su diversidad y apoyen a los apicultores y el desarrollo sostenible del sector apícola.

Por ello desde ANA se insiste y se vuelve a pedir a todos que firmen y compartan la Iniciativa Ciudadana Europea #SaveBeesAndFarmers (https://www.savebeesandfarmers.eu/spa/).

ANA, sus socios y muchos de sus simpatizantes ya han firmado y seguimos pidiendo que lo hagan quién aún no lo haya hecho y que la iniciativa se difunda entre familiares y amigos para así poner nuestro granito de arena en la consecución del fin perseguido.

Es necesario -prohibir sin demora las sustancias activas que pertenecen a la categoría de neonicotinoides y sustancias que tienen los mismos efectos-, así como  adopción de los procedimientos de evaluación de plaguicidas previstos en el documento de orientación de abejas de 2013 para que los nuevos asesinos de abejas ya no puedan comercializarse en el futuro.

Las abejas y la apicultura desempeñan un papel importante en el medio ambiente y la producción agrícola, en el apoyo a los medios de vida rurales, la creación de empleos rurales dignos y la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición.

Día Mundial de las Abejas

Día Mundial de las Abejas | 20 de mayo

Las abejas, que están entre las criaturas más laboriosas del planeta, llevan siglos beneficiando a las personas, las plantas y el medio ambiente. Al transportar el polen de una flor a otra, las abejas y otros polinizadores no solo posibilitan la producción de una abundancia de frutas, frutos secos y semillas, sino también más variedad y mejor calidad, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y la nutrición.

Algunos polinizadores como las abejas, las aves y los murciélagos inciden en el 35 % de la producción agrícola mundial, elevando la producción de 87 de los principales cultivos alimentarios del mundo, y de muchos medicamentos derivados de las plantas. El 75 % de los cultivos de todo el mundo que producen frutas o semillas para uso humano como alimento dependen, al menos en parte, de los polinizadores.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de las Abejas?

La celebración anual del Día Mundial de las Abejas permite sensibilizar acerca del papel esencial que las abejas y otros polinizadores desempeñan en el mantenimiento de la salud de las personas y del planeta, así como sobre los muchos desafíos que afrontan hoy en día. Esta celebración tiene lugar desde 2018, gracias a los esfuerzos del Gobierno de Eslovenia con el apoyo de Apimondia, que dieron lugar a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se declaró el 20 de mayo Día Mundial de las Abejas. https://undocs.org/a/res/72/211

La fecha elegida para celebrar el Día Mundial de las Abejas es la del natalicio de Anton Janša, pionero de la apicultura moderna perteneciente a una familia de apicultores de Eslovenia, donde la apicultura es una importante actividad agrícola con una larga tradición.

En la actualidad, el número de abejas, polinizadores y muchos otros insectos está disminuyendo. El Día supone una oportunidad para que todos ―gobiernos, organizaciones, sociedad civil y ciudadanía interesada― promovamos acciones que protejan y ayuden a los polinizadores y sus hábitats, incrementen su abundancia, mantengan su diversidad y apoyen a los apicultores y el desarrollo sostenible del sector apícola. Las abejas y la apicultura desempeñan un papel importante en el medio ambiente y la producción agrícola, en el apoyo a los medios de vida rurales, la creación de empleos rurales dignos y la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición.

Un estudio sobre biodiversidad

Un estudio sobre biodiversidad advierte de que es imprescindible el decrecimiento económico

Veintidós científicos liderados por el español Iago Otero descartan que el crecimiento del PIB pueda ser compatible con la preservación de los ecosistemas.

Cristian Segura. Barcelona – 08 may 2020 – El País

Hasta hoy ha prevalecido entre Gobiernos y organismos internacionales el paradigma de que es posible salvar el medio ambiente y la biodiversidad manteniendo el crecimiento de la economía. Pero esta idea es solo una declaración de intenciones que no se sustenta con los datos recopilados desde el siglo XX. Es la conclusión a la que llega un grupo de veintidós académicos de instituciones como la Universidad de Oxford, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de Barcelona (CREAF), la Universidad de Leipzig o la Humboldt de Berlín, entre otros. El grupo, dirigido por el español Iago Otero, de la Universidad de Lausana (Suiza), cree necesario un cambio urgente de paradigma, y para ello propone una batería de medidas de choque para limitar los efectos de la economía en los ecosistemas.

El equipo liderado por Otero ha elaborado su tesis en un artículo publicado en abril por la revista Conservation Letters, coincidiendo con la pandemia de la covid-19. Otero explica a EL PAÍS que la crisis actual confirma las conclusiones del texto sobre la prioridad que debe ser salvaguardar la biodiversidad: “Una naturaleza bien conservada nos protegería de enfermedades como esta. Detrás de la pandemia está la deforestación, la expansión de la agricultura o el comercio de especies, que ponen a más gente en contacto con los animales portadores de los virus”.

Las medidas que proponen los veintidós científicos se resumen en siete puntos: limitar la explotación de recursos naturales y prohibir su extracción en áreas de alto valor ecológico; restringir la construcción de grandes infraestructuras que rompan la integridad de los espacios verdes; potenciar la agricultura de proximidad y limitar la expansión de las ciudades, favoreciendo al mismo tiempo un urbanismo de mayor concentración demográfica; compensar la destrucción de puestos de trabajo con la creación de nuevos empleos reduciendo las jornadas laborales; dificultar la promoción de aquellos productos procedentes de la sobreexplotación agrícola y de la naturaleza.

Superar el PIB

Los autores del estudio asumen que sus propuestas se enfrentarían a multitud de “barreras culturales y sociales” porque van contra “el imaginario que prevalece de un crecimiento ilimitado”. “Son propuestas para ser debatidas”, apunta Christoph Plutzer, profesor de la Universidad de Viena y uno de los firmantes del documento. La única medida que requiere “una acción inmediata”, según Plutzer, es consolidar nuevos índices que sustituyan al PIB y que evalúen el bienestar social y los niveles de protección del medio ambiente.

Estos académicos subrayan que hasta el momento no se ha podido sustentar un incremento del PIB con la reducción del consumo de recursos naturales. En los países desarrollados que sí se ha conseguido, añaden, ha sido a costa de un aumento de la explotación natural en sociedades en vías de desarrollo. El informe aporta datos que demostrarían una coincidencia en los niveles de evolución del PIB mundial desde 1960 con el de las explotaciones agrarias, el uso de pesticidas y fertilizantes, y con la demanda de consumo de carne. “La cantidad total de producción humana de materiales creció en el último siglo al unísono con el PIB global, sustituyendo ecosistemas a una escala masiva”.

Otro efecto del comercio global es la proliferación de especies invasoras, que son la segunda causa de extinción de flora y fauna. Los efectos del cambio climático en la biodiversidad también son evidentes, y el documento subraya las previsiones para el continente europeo: se estima que el 58% de las especiales vegetales y de vertebrados perderán su hábitat en los próximos sesenta años. El artículo concede que es factible alcanzar un crecimiento del PIB disminuyendo el uso de recursos naturales y las emisiones de gases contaminantes, pero hasta hoy no se ha conseguido –excepto en momentos de crisis económica puntuales–, ni siquiera al ritmo necesario para cumplir los objetivos de dejar el aumento del calentamiento del planeta en torno a los 1,5 grados.

El llamado Pacto Verde Europeo, el plan de la Comisión Europea y de los principales Estados miembros de la UE para erradicar las emisiones contaminantes de la economía, comparte objetivos con el artículo publicado en Conservation Letters. La principal diferencia es que sus autores defienden la necesidad de decrecer en términos de PIB para construir una sociedad “postcrecimiento”. “Nuestro trabajo propone ir más allá del crecimiento económico”, apunta Otero, “esto requiere dejar de utilizar el PIB como indicador guía”.

La primera solución planteada en el estudio es imponer a nivel internacional limitaciones en la cantidad de recursos naturales utilizados para la producción de los bienes comercializados. “Diferentes cupos podrían aplicarse a cada país dependiendo de su consumo histórico y los excesos en las emisiones de dióxido de carbono», dice su texto, y añade que “los topes pueden complementarse con moratorias específicas para la explotación de recursos en zonas de biodiversidad altamente delicada”. Otra propuesta es fragmentar los puestos de trabajo en jornadas laborales reducidas. “Bajo determinadas circunstancias, la jornada de trabajo más corta está relacionada con menores emisiones de carbono y otras afectaciones perjudiciales para la biodiversidad”.

Relocalizar la economía para disminuir la distancia entre los centros de producción y consumidores es otra medida clave, según el informe. Este requiere frenar la expansión geográfica de las ciudades en favor de explotaciones agrarias próximas a las urbes, evitando así la destrucción de zonas naturales en otras regiones. También piden poner coto al desarrollo de grandes infraestructuras y de redes de transporte que rompen la integridad de los espacios de valor ecológico.

Ante el COVID-19… ¿volver al pueblo?

El shock traumático provocado en la sociedad por la irrupción de coronavirus y la posterior entrada en recesión de las economías obligará a una profunda catarsis y metanoia de la sociedad en su conjunto que hará revisar los fundamentos que la sustentan.

martes 05 mayo 2020

Así, el retorno a escenarios de recesión económica provocará el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales, con lo que el retorno al medio rural se perfilará como una alternativa seria.

Un texto de Germán Gorraiz López ( Navarra-España, 1957), analista financiero y geopolítico, nos corrobora que la salida de la agricultura ecológica, en circuitos locales, es óptima para una apuesta estatal por la eco-nomía verde.

Gustavo Duch, coordinador de la revista “Soberanía Alimentaria”, traza el retrato de los nuevos agricultores y ganaderos: “Estas personas que vuelven al campo creen en explotaciones pequeñas y sostenibles cuya base son los cultivos ecológicos y no quieren utilizar las subvenciones agrícolas europeas o depender de las grandes superficies para vender sus productos pues buscan el contacto directo y la distribución por Internet que ha revolucionado este ámbito y supone una gran oportunidad de acercar los productos al consumidor”.

Así, según el ex-secretario general de la UAGN, David Lezaun, “la venta directa permite ofrecer productos locales, de calidad y a precios asequibles pero al mismo tiempo más dignos para los productores, además de reducirse el impacto ambiental al ser menor la necesidad de transporte”.

La venta directa al consumidor o en «circuitos cortos» supone pues una oportunidad de desarrollo para el sector agrario que está estudiando utilizar el 57,5% de las empresas navarras de este ámbito, citando un análisis que forma parte de un proyecto conjunto de la Fundación Fundagro, la UAGN, la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa (Sirasa) e Itsasmendikoi (CAV), para el impulso de esta forma de comercialización, que pretende evitar los aumentos de precio a causa de los intermediarios.

Como ejemplos, citaríamos a “Carne ecológica Menaut”, iniciativa pilotada por Juan Ignacio Ibáñez Eseberri, que pretende acercar directamente a la mesa del consumidor una carne de potro y cordero ecológico de alta calidad desde su borda de Izalzu (Navarra), a través de Twitter y Facebook.

Asimismo es obligado citar a Gonzalo Palacios Samper, uno de los pioneros de la producción de ternera de Salazar quien desde 2018 se dedica a la venta de carne de ternera online desde su explotación en Izal (Valle del Salazar).

Implementación de la teoría del decrecimiento

Según CCS (Centro de Colaboraciones Solidarias), “no es posible seguir creciendo de forma indefinida pues seguir por esa senda tan solo producirá más miseria social y más destrucción ecológica y para ello hay que gestionar de forma sostenible nuestra riqueza natural”.

Agricultura, ganadería y explotación forestal son sectores que llevan décadas en decadencia, ahogados por la competencia desleal que impone la economía global; sin embargo, tienen un enorme potencial para crear eco-empleo pero para ello sería necesaria la implementación por la UE de medidas proteccionistas (fomento del consumo de productos nacionales), en forma de ayudas para evitar la deslocalización de empresas y subvenciones a la industria agroalimentaria para la instauración de la etiqueta “bio” a todos sus productos manufacturados.

Así, se podrían crear en el Estado español cerca de 200.000 puestos de trabajo apoyando la producción ecológica de alimentos, incentivando el consumo local de productos agrícolas y ganaderos autóctonos y promoviendo la conversión de la actual industria forestal hacia explotaciones que cultiven especies de mayor valor añadido o que produzcan de forma sostenible la biomasa que necesita el país para reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

Germán Gorraiz López. Analista. Colabora habitualmente en varios medio digitales e impresos  españoles  y latinoamericanos.

Fuente: Vida Sana