ALIENTE PIDE UNA MORATORIA

COMUNICADO DE PRENSA 28-07-2021

ALIENTE PIDE UNA MORATORIA TEMPORAL EN LA AUTORIZACIÓN DE RENOVABLES A GRAN ESCALA EN ANDALUCÍA, HASTA QUE SE HAGA UNA PLANIFICACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON AMPLIO APOYO DE EMPRESAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y COLECTIVOS SOCIALES.

Las más de 130 adhesiones, entre colectivos, empresas, sindicatos, partidos políticos y movimientos ecosociales, de Andalucía y estatales abajo firmantes, suscriben la demanda de esta moratoria temporal. Entre las adhesiones con que cuenta esta iniciativa, se encuentran más de una decena de fuerzas políticas. Se han recibido igualmente apoyos de personalidades del ámbito científico y académico, y de entidades como la Plataforma Social del Campo de Gibraltar y la Mesa por el Clima-Granada, que representan entre ambas cerca de 50 organizaciones sociales y medioambientales.

Dicha moratoria supondría la suspensión temporal de las autorizaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de más de 5MW, así como de sus infraestructuras de evacuación, que se estuvieran tramitando y que no estén vinculadas al autoconsumo o a proyectos de energía comunitaria.

Nuestro objetivo es que en un plazo de entre 6 y 12 meses se pueda hacer una correcta planificación, con participación de la ciudadanía, como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente.

Esta iniciativa -ya desarrollada en otras comunidades autónomas- está promovida por la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), que agrupa a casi 150 entidades y asociaciones de todo el estado. ALIENTE presenta un posicionamiento de 13 medidas para defender un modelo energético distribuido y justo, que garantice la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Dicho manifiesto cuenta con el apoyo de más de 270 docentes y profesionales de la investigación.

La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas solares y eólicas. Muchas de estas plantas de energías renovables afectan a áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de especies de flora y fauna exclusivas de estos espacios andaluces, donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea.

Dichas instalaciones supondrían, además, la pérdida de tierra cultivable y de actividad agro-ganadera, la expulsión de población local y el agravamiento de la despoblación, dada la nula creación de empleo y contribución a la economía local, lo que llevaría a aumentar el desequilibrio estructural de nuestro territorio. Por otra parte, este modelo de instalaciones a gran escala conllevaría graves problemas de generación de residuos y extractivismo, ocasionando a la larga un mayor deterioro ambiental, totalmente contradictorio con los objetivos de la transición ecológica.

En Andalucía hay proyectos presentados por un total de 22 GW, cuando los objetivos nacionales de potencia fotovoltaica a 2030 según el PNIEC son de 39 GW. Sólo en el Campo de Tabernas en Almería, la potencia fotovoltaica proyectada es equivalente al 5,4% de la planeada en toda España.

La propia Fundación Renovables percibe la necesidad de reflexionar sobre la manera de conseguir los objetivos establecidos por el PNIEC sin contar con el necesario apoyo social, porque se permite un modelo en el que predominan los grandes inversores sin ningún vínculo con el territorio y por su consideración extractiva. Propone que todos los proyectos renovables a gran escala, incluidos los que están en tramitación en la actualidad, se reevalúen bajo los parámetros definidos de ordenación y con la nueva zonificación socioeconómica a escala local.

Cada día es mayor la oposición a esta carrera desordenada que tanto afecta al medio rural y a nuestra riqueza ambiental, lo que exige un compromiso más fuerte, con políticas energéticas que prioricen las pequeñas instalaciones e inversiones locales, en el modelo distribuido y justo propuesto por ALIENTE y en el cual se incluyen aspectos como la gestión de la demanda, el ahorro de energía, un apoyo decidido al autoconsumo y la mejora del rendimiento energético de los edificios, con el fin de reducir la proliferación de megaplantas y sus impactos ambientales directos sobre la biodiversidad, el territorio y el patrimonio natural y cultural.

La presente iniciativa ciudadana incluye el llamamiento a los ayuntamientos afectados, para que aprueben moratorias de licencias municipales a la instalación de este tipo de plantas, y a todas las entidades sociales, ambientales y rurales de nuestra comunidad, para que se sumen a la demanda de Moratoria.

Así mismo y acogiéndonos al derecho de cualquier persona andaluza inscrita en el censo electoral a formular peticiones razonadas por escrito que se desprende del derecho constitucional a la participación efectiva en los asuntos públicos, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía andaluza, para que ejerciendo el derecho de peticiones, solicite a la Junta de Andalucía la Moratoria Temporal de la aprobación de renovables a gran escala, y la planificación y ordenación urgente de la implantación de estas instalaciones industriales en Andalucía. Para ellos, ALIENTE ha puesto a su disposición un documento específico.

renovablesSÍperoNOasi #moratoriaandaluzaYA @AlienteOrg

POR UNA MORATORIA INMEDIATA

POR UNA MORATORIA INMEDIATA A LA INSTALACIÓN DE NUEVAS PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES DE GRANDES DIMENSIONES. MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PAISAJE RURAL, LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA.

INTRODUCCIÓN.-

La necesaria e imparable expansión de la energía fotovoltaica y eólica como consecuencia de la transición energética impulsada no solo a nivel estatal, sino comunitario e internacional, desde las energías fósiles hacia las energías de fuentes renovables, responde a diferentes finalidades: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y así la lucha contra el cambio climático y el aumento de fenómenos extremos, transitar el descenso de los recursos fósiles, o el incremento de la independencia energética y la garantía de suministro.

Fruto del marco normativo favorable para este tipo de fuentes de producción energética, como lo es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, existen en la actualidad gran cantidad de proyectos de energía renovable en tramitación o a punto de ser solicitados, proyectos que también tienen sus propias limitaciones y generan impactos medioambientales.

La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas solares y eólicas. Muchas de estas plantas de energía renovables afectan a áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de una singular comunidad de flora y fauna en buena medida exclusiva de estos espacios andaluces. Proyectos, que en su mayoría afectan a zonas y espacios donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea.

Es necesario recordar que la conservación de la biodiversidad es una política prioritaria de la UE, es decir, el impulso y la obligatoriedad del cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats (LIC) y la Directiva 2009/147/CE sobre Aves (ZEPA) deben considerarse al mismo nivel que las Directivas que rigen la lucha contra el cambio climático y el impulso de las energías renovables.

JUSTIFICACIÓN.-

En Andalucía, más de 600 proyectos fotovoltaicos están en proceso de tramitación. Se están promoviendo unos 21.000 MW de renovables y en un futuro próximo se podrían promover otros 11.000 MW. Antes de la aprobación y desarrollo de estos proyectos, consideramos necesario establecer áreas de exclusión para la instalación de proyectos de renovables a gran escala teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola, y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios.

Urge un proceso planificado y racional, sin malas prácticas habituales como el fraccionamiento de proyectos, y basado en el mejor conocimiento técnico y científico disponible, generado y contrastado, con independencia de empresas y promotores. La planificación del desarrollo e implantación de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas en la Comunidad Autónoma es una medida necesaria, y aún más, diríamos que imprescindible, con miras a evitar o minimizar los impactos sociales y ambientales en el entorno, evitar los movimientos especulativos en el sector, garantizar la adecuada protección de los ecosistemas y amparar el derecho de la ciudadanía al acceso a las redes para poner en marcha instalaciones ligadas al consumo.

Es prioritario que la implantación y desarrollo en el ámbito territorial autonómico de las instalaciones de energía renovables se someta a su previa planificación energética estratégica a escala regional, a fin tanto de garantizar la integración de políticas sectoriales, como muy especialmente incluir la consideración de un medio ambiente bien conservado de forma transversal y la protección de los recursos naturales. Con la imperativa necesidad de que las energías renovables sean un éxito, es preciso que, entre otras circunstancias, se evite a toda costa la fragmentación

de los megaproyectos. Esto puede lograrse al implementar medidas que garanticen la utilización del territorio mediante la planificación, la ordenación y la necesaria participación ciudadana.

Una planificación, regulación y control adecuados son los que deben establecer las zonas donde instalar estos nuevos proyectos, para así además evaluar con exactitud los impactos y repercusiones ambientales, sinérgicos y combinados, originados por este cúmulo de instalaciones, más allá de la evaluación en concreto del impacto ambiental de cada instalación fotovoltaica o eólicas aisladamente.

Por otra parte, la zonificación de los proyectos es uno de los principales aspectos a tener en cuenta en la evaluación ambiental, delimitándolos no solamente a espacios degradados, sino realizando un seguimiento efectivo a los impactos en la biodiversidad del territorio, contemplando además de la instalación, todas las actividades necesarias para su desmantelamiento. El requerimiento de la zonificación permite que además de verificar que el proyecto se encuentre delimitado dentro de las zonas compatibles para su desarrollo, al margen de las zonas de exclusión, se pueda evidenciar la distancia de otras fases o etapas del mismo proyecto que hayan sido indebidamente fragmentadas por sus promotores, sea a efectos evaluatorios o aún para evitar que la competencia para la tramitación, evaluación ambiental y ulterior aprobación recaiga en la Secretaría de Estado de Energía.

Con el objetivo de alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, y que se tengan en cuenta cuestiones medioambientales a la hora de elaborar, adoptar y ejecutar planes y programas, fue aprobada la Directiva 2001/42/CE de Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (EAE) por la que se supedita a una comprobación y evaluación previa la elaboración y aprobación de determinados planes y programas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente, aunque éstos determinen el uso de pequeñas zonas a escala local, si es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente. El margen de discreción de los países de la UE está limitado por los criterios de significación del Anexo II de la Directiva, agrupados en dos categorías relativas a los propios planes o las repercusiones o influencia en la zona.

La necesidad de planificación del desarrollo de energías renovables tanto a escala estatal, autonómica y local se está abordando recientemente de forma desigual e incompleta por las administraciones responsables, y en todo caso con retraso frente al rápido incremento de solicitudes de instalaciones al amparo de la necesidad de descarbonización de la economía y estímulos para este emprendimiento. Soluciones como la moratoria en las solicitudes de acceso, acordada por el Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, evidencia ese desacople entre planificación y actividad empresarial que están impidiendo un desarrollo justo y sostenible de las energías renovables, con infracción del mandato del artículo 45 de nuestra Constitución de hacer un uso racional de los recursos naturales. Es precisa una mayor y mejor concreción de la planificación, así como criterios para hacer un uso racional del territorio y recursos naturales, y no trasladar el problema del cambio climático a otro lugar u otro ámbito, como es la pérdida acrecentada de la biodiversidad, según vienen denunciando los científicos, con consecuencias tan perjudiciales como la aparición del virus del Nilo en nuestra región o la propia pandemia de la COVID-19.

El estado de las poblaciones de muchas aves y murciélagos ni siquiera se conoce. Es el caso de las poblaciones de aves esteparias, de las cuales se desconoce sus poblaciones y las zonas más sensibles, debido a la carencia de estudios detallados y de planes de recuperación para estas especies. En concreto, los planes de estos nuevos megaproyectos de energías renovables afectarán a miles de hectáreas de terrenos de tradición cerealista y de estepas leñosas, de menor valor económico, pero de gran valor para las aves esteparias. Se necesita un compromiso más fuerte, con políticas energéticas más distribuidas y descentralizadas, donde se prioricen las pequeñas instalaciones e inversiones locales, con eficiencia, gestión de la demanda, ahorro de energía, autoconsumo y la mejora del rendimiento energético de los edificios, que reduzcan los impactos ambientales directos sobre la biodiversidad, el territorio y el patrimonio natural y cultural. Sirvan como instrumentos y amparo legal para acometer una adecuada planificación los siguientes:

− El artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurren en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. Dado que según el artículo 21 de la misma Ley la producción de energía incluye las infraestructuras de evacuación (transformación y conexión a red de transporte) por aplicación analógica, las instalaciones de producción de energía que alimentan, y deben emplazarse lo más próximas posibles a dichas líneas de transporte, también deberían estar contempladas en la planificación territorial y urbanística.

− El artículo 53 de la misma Ley, a la hora de regular el procedimiento de autorización de la producción de energía, exige que la iniciativa contemple las características del emplazamiento (no vale en cualquier lugar), pues las autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las autorizaciones necesarias que resulten aplicables en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, pudiéndose denegar la autorización por incumplimiento de tal legislación.

− La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible contempla en el artículo 78 la obligación de aprobar planes nacionales de ahorro de energía y planes de renovables que contemplen “MEDIDAS DE ORIENTACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN” y fomento de la oferta y el consumo. Medidas de orientación para impedir que se generen TERRITORIOS SATURADOS DE RENOVABLES o la pérdida de suelos agrícolas y hábitats de especies.

− Más adelante en el artículo 79, al hablar de la planificación energética indicativa establece la obligación de llevar a cabo una planificación en la que se establezca un modelo de generación y distribución, con “previsiones útiles para la toma de decisiones en la inversión por la iniciativa privada y para las decisiones de política energética fomentando un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección del medio ambiente”. No cabe duda que sería de utilidad para promotores (y afectados) contar con criterios ambientales y de capacidad territorial para la toma de decisiones en cuanto al emplazamiento, máxime cuando según se establece en el apartado 3.d) de dicho artículo, a la hora de tomar en cuenta la competitividad de las diversas energías, se ha de tomar en cuenta no solo los costes de la cadena de generación, sino también los costes ambientales y los intergeneracionales, y eso solo se consigue si los proyectos que se autoricen se corresponden con una planificación real y eficaz.

− Lamentablemente, el Plan Nacional de Energía y clima 2021-2030 recientemente aprobado, no ha dado respuesta a los problemas de burbuja de energías renovables, ni ha fijado criterios o medidas que permitan una planificación responsable y sostenible a escala local, que permita hacer un uso racional y ético de los recursos naturales. El problema de la afección ambiental es inexistente en esta planificación y no recoge las recomendaciones. De acuerdo con la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, propone, para reducir “la elevada incidencia territorial”: su integración en espacios urbanos e industriales; la optimización de instalaciones ya existentes gracias a los avances tecnológicos; por la integración ambiental y territorial mediante la implementación de medidas específicas para la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y por el aumento de la participación pública”. Y todo eso solo se consigue con una planificación previa a escala nacional, regional y local.

− La Directiva (UE) 2019/944 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, en su artículo 8, a la hora de regular los procedimientos de autorización de nuevas instalaciones de generación, obliga a los Estados a adoptar procedimientos con criterios objetivo sobre utilización del suelo público y protección del medio ambiente, ordenación del territorio, eficiencia energética y alternativas a la creación de nuevas instalaciones, criterios que deberán ser incorporados a la planificación.

Por todo ello, Los abajo firmantes SOLICITAMOS:

1.- Que se acuerde la suspensión de cuantos procedimientos de instalación de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, que se estuvieran tramitando, que no incluyan pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria.

2.- La moratoria inmediata de su tramitación, aprobación y construcción en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición Energética en Andalucía, ya que el Plan de Acción por el Clima de Andalucía no incluye esta necesaria planificación.

3.- Que se organice una Asamblea Ciudadana en relación a la Transición Energética en Andalucía, que asegure una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones tal y como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente.

Firmas:

ANA (Asociación Amigos de la Naturaleza) y otras más de ciento treinta organizaciones.

Movilización contra la fragmentación

Movilización contra la fragmentación de proyectos de parques solares

La plataforma Aliente denuncia la argucia de promotores, como Repsol, para eludir la tramitación del Gobierno, más estricta, en favor de la autonómica

Daniel Barea   

PROVINCIA DE CÁDIZ

Publicado: 16/07/2021

Si la proliferación sin control de parques solares en el conjunto del territorio nacional ha hecho saltar las alarmas en el mundo rural y entre colectivos conservacionistas, la argucia que han encontrado los promotores para facilitar la tramitación en el ámbito autonómico ha llevado a organizar finalmente una respuesta coordinada para poner freno a un modelo energético “centralizado, invasivo y especulativo”.

La Alianza Energía y Territorio Aliente, integrada por más de 140 organizaciones, ha puesto en marcha una campaña en contra de la fragmentación de los megaproyectos, con un requerimiento dirigido a los gobiernos regionales a disposición de cualquier ciudadano para que se inhiban de tramitar dichos expedientes

Luis Bolonio, portavoz de la organización, explica que, “si la potencia de una planta supera los 50 megavatios, la competencia para su autorización corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; si no los supera, la competencia para su tramitación es de la comunidad”, cuyos controles son menos estrictos. De manera que, “para acceder a la lluvia de licencias y subvenciones millonarias”, numerosas empresas están presentando subproyectos por debajo del límite para llevar a cabo el procedimiento con la administración autonómica y camuflar el impacto medioambiental, en lo que consideran un presunto fraude de ley.

Esta misma semana, Francisco C. Aleu advertía en las páginas de VIVA JEREZ que solo dos firmas, Repsol y Magtel, se reparten por igual dos tercios del negocio de las plantas fotovoltaicas que se están desarrollando actualmente en el municipio. Concretamente, citaba hasta tres sociedades propiedad de Magtel y con idéntico domicilio fiscal (Odin Solar, Hermod Solar o Loki Solar) con proyectos previstos para la localidad por debajo de los 50 megavatios. En el caso de Repsol, la compañía tramita, por medio de la filial Arco Energía 1 S. L, hasta cinco instalaciones, según la documentación facilitada por Mariano Maestu, representante de la Asociación Amigos de la Naturaleza (Analajanda).

Maestu explica que, en el conjunto de la provincia de Cádiz, hay muchos más ejemplos con empresas como Solar Century Holding España S. L, con cinco plantas entre San José del Valle y Jerez; o Abei Energy CSPV TWO S. L, con otras cinco entre Arcos y El Puerto de Santa María. En el caso de Alcalá de los Gazules, los proyectos Alamak y PSF Alya Solar, ambos de 49,93 megavatios inicialmente, están promovidos por Alamak solar S. L. y Alya Solar S. L, con el mismo domicilio fiscal; PSF Gazules I y PSF Gazules II, también rozando los 50 megavatios, están impulsados por Fotovoltaica S. L, y Gazules II Solar S. L, con idéntica dirección; y también teme que se haya troceado un proyecto de cien megavatios en dos con el nombre PSF OPD Gazules I y PSF OPD Gazules II.

El patrón se repite en el resto de provincias andaluzas. Especialmente, apunta Bolonio, en Málaga o Granada. Aunque Almería es una de las zonas más calientes por la incidencia mediambiental de los planes de las grandes empresas.

Francisco Valera, científico titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, explica que “la notable riqueza de la flora y la fauna del Campo de Tabernas y su riqueza arqueológica” están amenazadas por la ocupación de placas en una extensión de hasta 2.700 hectáreas. “Es un cambio de uso del suelo brutal en muy poco tiempo -advierte- con serias consecuencias para el ecosistema”, que sufre desde hace unos años igualmente con la implantación de cultivos de regadío. Precisamente, se hacen necesarios cuantiosos recursos hídricos: por cada metro cuadrado de paneles fotovoltaicos es necesario gastar un litro de agua de buena calidad en su limpieza al menos tres veces al año; en Tabernas harán falta 80 millones de litros de agua al año.

Por otro lado, si bien el área afectada, poco productiva de llanura, con terrenos agrarios de baja productividad y zonas esteparias, podría ser considerada marginal, lo cierto es que “alberga valores naturales únicos, con comunidades de aves esteparias” exclusivas en Europa y el mundo que podrían verse mermadas a causa de los accidentes provocados por las instalaciones de las líneas de alta tensión o las corrientes cálidas generadas por las placas solares.

Además, los proyectos tienen un considerable impacto paisajístico, muy especialmente en el entorno del yacimiento arqueológico de Los Millares. Sin embargo, los estudios de impacto ambiental elaborados por la administración autonómica al respecto“son muy deficientes y demasiados sesgados”, lamenta. Y, al hilo, plantea que la Junta tampoco considera el efecto acumulado de cada proyecto entre sí y con los ya realizados.

En un reciente artículo, Valera apuntaba que “dada la cantidad de proyectos que pretenden desarrollarse en el Campo de Tabernas (y otras zonas peculiares de España), el problema al que nos enfrentamos se puede resumir entonces en la conocida frase la dosis hace el veneno”.  Y añade: “Queda preguntarse, ¿tienen los responsables de la ordenación del territorio una planificación previa? ¿Se tendrá en cuenta el espacio dedicado ya a cultivos y a otras infraestructuras? ¿Se ha previsto dejar algo de nuestro paisaje natural?”.

“No”, responde a todos estos interrogantes el portavoz de Aliente, razón por la que la entidad, adelanta Luis Bolonio, pedirá al Gobierno andaluz una moratoria. La plataforma la ha cursado ya en Castilla-La Mancha para “paralizar la autorización de mega parques fotovoltaicos (en un único proyecto o fragmentados) hasta que no dispongamos de un marco regulatorio global que redirija la transición energética y sus instalaciones, estudiando las medidas de reducción, localización, generación comunitaria e impactos ambientales y económicos”. Se trata, en definitiva de poner freno a una burbuja que “mantiene el actual monopolio de las grandes energéticas y grupos de inversión”, que favorece la especulación, tal y como advirtió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dado que “hay empresas que piden licencia sin intención de instalar nada”, y que todo el empleo que genera “se puede contar con los dedos de una mano”.

Frente a todo ello, propone la transposición de las directivas europeas de energía limpia, denominada Paquete de Invierno, que obligan a desarrollar un modelo energético que prime el ahorro y eficiencia energéticos y el autoconsumo, regulando la capacidad máxima de producción e incluyendo la integración de las energías renovables en la ordenación y planificación del territorio.

https://andaluciainformacion.es/andalucia/985873/movilizacion-contra-la-fragmentacion-de-proyectos-de-parques-solares/

Reunión sobre PGOU Alcalá de los Gazules

El viernes 9 de julio tres miembros del Secretariado de ANA se reunieron con el arquitecto municipal, y al mismo tiempo encargado de la redacción del nuevo PGOU de Alcalá de los Gazules que está tramitando el Ayuntamiento.

La reunión tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, y se desarrolló durante algo más de dos horas. En ella se nos informó de la tramitación que hasta ahora ha tenido el nuevo proyecto de PGOU, y la intención del Ayuntamiento de abrir un nuevo periodo de información pública, aprovechando para contactar con varios colectivos, al objeto de justificar las propuestas y dar respuesta a interrogantes, así como recoger propuestas y sugerencias.  

Para esta ronda de reuniones desde el Ayuntamiento se ha invitado a diversas entidades y colectivos como el GDR de Los Alcornocales, ASAJA, asociación de corcheros, asociación de comerciantes, Ecologistas en Acción, AGADEN y ANA, aunque, que sepamos, solo nosotros y Ecologistas en Acción habíamos presentado sugerencias en el correspondiente periodo de información pública del Avance del PGOU.

Se habló de que el actual PGOU tiene su base en las NNSS de 1999, con una adaptación parcial a la LOUA del año 2010, y que el documento ha tenido 24 modificaciones puntuales. Entre ellas la adaptación al POT de La Janda para recoger las áreas de oportunidad de La Sacristana, El Aljibe y el Polígono Agroalimentario. El municipio cuenta con dos núcleos urbanos: el casco histórico y su entorno, y el polígono industrial de La Palmosa. Con este nuevo PGOU se quiere aprovechar para legalizar algunos crecimientos fuera de ordenación situados en entorno próximo del núcleo, mediante pequeños ámbitos de suelo urbano no consolidado (SUNC), pero con condiciones restrictivas, o integrándolos en los suelos urbanizables no sectorizados (SUNS).

Se nos informó de cuestiones que preocupan al Ayuntamiento como la compleja problemática existente con el polígono La Palmosilla, terrenos que al parecer se encuentran en una especie de “limbo legal”, y también de la problemática que impide el desarrollo del polígono Agroalimentario. Igualmente se dedicó tiempo a tratar los asuntos relativos a los sectores económicos del municipio, hablándose del sector Primario (agricultura y ganadería), del turismo, del sector energético (parques eólicos y sobre todo los numerosos proyectos de plantas solares fotovoltaicas), del sector minero (canteras de áridos) y también de algunas infraestructuras que contempla el POT de La Janda. 

Por nuestra parte pudimos, además de plantear toda clase de cuestiones y preguntas, exponer el modelo de urbanismo que, a nuestro entender, es el más adecuado para el municipio, un urbanismo cuyo principal objetivo debe ser los fines sociales de la actividad urbanística para conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de la ciudad y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, vinculando los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, subordinando los usos del suelo y de las edificaciones al interés general, garantizando la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, para la adecuada dotación de equipamientos urbanos y el acceso de toda la población a una vivienda digna, así como la necesidad de adoptar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, y de protección de la biodiversidad del municipio. Hay que destacar la reiteración de nuestra total oposición a la inclusión en el PGOU del proyecto turístico de la finca La Sacristana, por entenderlo no solo como innecesario y perjudicial para los intereses generales del municipio, sino además por su ilegalidad al contemplar desarrollos urbanísticos dentro de la Red Natura 2000. Según lo allí dicho, y aunque siga existiendo interés por parte de los promotores, no parece haber compromisos firmes que obliguen al Ayuntamiento a mantenerlo.

El arquitecto municipal no solo nos informó y respondió a las cuestiones planteadas, sino que se comprometió a mantener informada a ANA sobre todos los trámites que se vayan dando tanto para la corrección del documento de Avance, como para acometer los trabajos de elaboración de los sucesivos documentos del Planeamiento General, y que se responderá a todas las cuestiones planeadas en el documento de Sugerencias, Alegaciones, Alternativas y Observaciones presentado en el Ayuntamiento a principios de marzo de este año 2021. 

Al terminar la reunión, y en la despedida, quedamos ambas partes con el compromiso de seguir en contacto, y por nuestra parte reiteramos nuestra disposición para colaborar con el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules en todo aquello que pueda necesitar de nosotros, y siempre en defensa del interés general y de la protección medioambiental. 

CAMPAÑA #STOPFRAGMENTACION

ANA forma parte de ALIENTE y desde este colectivo hemos lanzado hoy 30 de junio, a nivel de toda España, la campaña #STOPFragmentación

Basta de ver cómo las empresas buscan atajos en la tramitación de megaproyectos renovables, presentándolos troceados para no superar los 50 MW y disimular su impacto ambiental.

Basta de callar mientras ocupan nuestros territorios con instalaciones a gran escala, que se llevan la energía y los beneficios sin dejar ninguna posibilidad de desarrollo en el entorno local.

Basta de permanecer impasibles ante la complicidad de las administraciones, que hacen la vista gorda mientras las grandes empresas trampean la legislación a su antojo.

La fragmentación es un fraude de ley y ha llegado el momento de ponerle freno.

En ALIENTE estamos uniendo los territorios rurales, para evitar que acaben troceados, empobrecidos y despoblados. Defendemos las energías renovables, pero según un modelo distribuido, justo y adaptado a las necesidades energéticas reales en cada territorio, como alternativa al modelo actual centralizado, invasivo y especulativo, en manos de pocas y poderosas empresas, junto a grupos de inversión internacionales, que sólo buscan mantener el control del mercado y el máximo beneficio en el menor plazo, sin considerar el daño ambiental ni los perjuicios para las personas.

#RenovablesSíPeroNoAsí 

¡¡SE ACABÓ LA TRAMPA DE FRAGMENTAR MEGAPROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES!!

Presentar subproyectos por debajo de 50 MW, con el fin de eludir su tramitación ante el Ministerio, de camuflar el impacto ambiental y facilitar la tramitación en el ámbito autonómico, es un presunto fraude de ley que tiene los días contados.

Desde ALIENTE denunciamos esta situación y disponemos de la herramienta legal para exigir a la Administración y a los promotores que sigan los cauces correctos, midan de forma adecuada los efectos acumulados en el entorno y cumplan rigurosamente la normativa europea.

En ALIENTE estamos uniendo los territorios rurales, para evitar que acaben troceados, empobrecidos y despoblados.

Defendemos las energías renovables, pero en un modelo distribuido, justo, sostenible y adaptado a las necesidades energéticas reales en cada territorio.

Es la alternativa al modelo actual centralizado, invasivo y especulativo, en manos de pocas y poderosas empresas, junto a grupos de inversión internacionales, que sólo buscan mantener el control del mercado y el máximo beneficio en el menor plazo, sin considerar el daño ambiental ni los perjuicios para las personas.

Link de youtube: 


Decálogo sobre energías renovables a gran escala

Decálogo sobre energías renovables a gran escala

Dirigido a ciudadanos preocupados y alcaldes bienintencionados pero desinformados

Francisco Valera Hernández

Luis Bolonio

3 de junio de 2021 20:38 h

La actual transición energética desde los combustibles fósiles a las energías renovables es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La instalación de plantas de producción de energías “verdes”, como la eólica o la solar, es por tanto necesaria. Sin embargo, el desarrollo de estas energías en nuestro país está siendo tan rápido que el ciudadano medio carece de información básica que le permita evaluar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de plantas. De forma similar, los ayuntamientos de las zonas afectadas (los primeros responsables de otorgar informes de compatibilidad a los proyectos presentados por las empresas) pueden tomar decisiones no adecuadamente estudiadas que pueden tener importantes consecuencias para los vecinos del municipio. Por ello, y de forma muy resumida, resaltamos aquí 10 puntos que consideramos de especial interés para ciudadanos y para alcaldes bien intencionados, pero posiblemente desinformados.

1.- Renovable, no significa necesariamente sinónimo de sostenible ni de “verde”. Las plantas de producción de energía renovable a gran escala tienen un gran impacto sobre la biodiversidad, el paisaje, y los recursos hídricos.

La comunidad científica española ha mostrado de forma clara y unánime su gran preocupación por cómo se está realizando la implantación de plantas eólicas y fotovoltaicas a gran escala, y ha alertado de que este proceso puede suponer una pérdida de biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles. Lamentablemente, esta clara advertencia no ha sido escuchada por las autoridades ambientales ni a nivel estatal ni autonómico. Estas grandes instalaciones introducen gran cantidad de elementos antrópicos en una matriz con alto grado de naturalidad. De hecho, la mayoría de ellas se localizan en terrenos no urbanizables, convirtiendo los paisajes naturales en polígonos industriales. A mayor tamaño y mayor número de plantas, más difícil es implementar medidas correctoras y, por tanto, más impacto.

Respecto al consumo de agua, se estima que las plantas fotovoltaicas pierden en torno a un 5% de producción cada 3 meses por culpa de la suciedad, el polvo… Por cada metro cuadrado de paneles fotovoltaicos es necesario gastar un litro de agua de buena calidad en su limpieza, al menos 3 veces al año. Por ejemplo, para las 2700 hectáreas actualmente proyectadas en el Campo de Tabernas (Almería), serían necesarios 80 millones de litros de agua al año. Con las previsiones del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, estaríamos hablando de 2 billones de litros de agua al año en toda España.

2.- El procedimiento de Estudio y Evaluación Ambiental no garantiza la independencia de los consultores ni la eficacia y rigor de la supervisión de las administraciones participantes.

El proceso administrativo para la instalación de plantas de energías renovables requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Desgraciadamente, éstos suelen ser muy deficientes en algunos aspectos y a menudo omiten información importante, tal y como ha señalado entre otros, el colectivo científico antes mencionado. Por ejemplo, ninguno de los proyectos presentados en el Campo de Tabernas informa del origen del agua para limpiar los paneles fotovoltaicos, algo fundamental para que las plantas sean productivas. Desafortunadamente, tampoco se puede asegurar una evaluación adecuada de estos estudios por parte de las administraciones ambientales autonómicas y estatal, ya sea por saturación de trabajo (cientos de proyectos presentados) o por presiones políticas y económicas. Buen ejemplo de esto último es la retirada por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de una guía para el análisis de la ubicación de estas grandes instalaciones de energías renovables. Esta guía pretendía poner cierto orden en la implantación, pero tras presiones de la patronal andaluza de energía fotovoltaica ha sido retirada.

3.- Colonialismo energético: los riesgos del sobredimensionamiento y concentración de proyectos energéticos en un mismo territorio.

Uno de los aspectos peor abordados por los EsIA es la evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos de las sucesivas plantas. Éstas suelen concentrarse en ciertas zonas en función de la existencia de subestaciones eléctricas, relieves llanos, tierras baratas… Al impacto de cada planta construida en una zona ha de sumarse el de las plantas vecinas. Pero, además, el impacto final puede ser mayor (y a menudo lo es) que la suma de los impactos individuales de cada planta. Son muy pocas las empresas que presentan estudios adecuados de los impactos sinérgicos, con lo que no se informa de las consecuencias reales de la concentración de plantas. Toda esta falta de rigor en la evaluación de impactos sinérgicos incumple la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (Artículo 35, punto 1c).

Como ejemplo de desmesura de la acumulación de proyectos en un solo territorio pongamos el Campo de Tabernas. El PNIEC tiene como objetivos instalar en España 39 GW de energía fotovoltaica hasta 2030, de los cuales 9 GW ya están instalados, y otros 10 GW se instalarán en autoconsumo. Por lo tanto, quedan 20 GW de fotovoltaica a gran escala. En el Campos de Tabernas están ya planeados 1084 MW, lo que supone que el 5,42% de la potencia fotovoltaica de toda España se instalará en esta comarca, que alberga el 0,01% de la población española y un 0,13% de la superficie del país. La energía renovable a gran escala se convierte así en una nueva forma de colonialismo energético que aprovecha las debilidades de aquellos territorios rurales, periféricos, menos poblados y con mayor vulnerabilidad socioeconómica, y los somete a un modelo extractivista que los reduce al papel de producir bienes y servicios baratos (energía) para los grandes centros de consumo urbanos, sufriendo las consecuencias e impactos sociales, económicos y ambientales que de ello se derivan.

4.- El fraccionamiento de proyectos, presunto fraude de Ley.

La Ley del Sector Eléctrico, en su artículo 3 establece que las instalaciones de más de 50 MW deben ser evaluadas y autorizadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) y no por las Comunidades Autónomas. La fragmentación de proyectos es práctica habitual de muchas empresas para eludir la tramitación de permisos por parte del Ministerio, en principio más estricto que las autoridades ambientales autonómicas. Por lo tanto, esta fragmentación intencionada puede suponer un evidente fraude de Ley y expone estos proyectos a denuncias, con lo que puede que nunca sean terminados.

5.- Las grandes plantas fotovoltaicas no son una gran fuente de puestos de trabajo.

Como señala el Director General de la Unión Española Fotovoltaica: “Es una actividad muy intensiva en mano de obra durante el proceso de construcción, pero genera poco empleo en operativa, mantenimiento y seguridad. Nunca vamos a ser una gran fuente de generación de empleo directo, y quien diga lo contrario miente, por lo que el impacto viene por otro lado”.

De hecho, las plantas fotovoltaicas de menos de 10 MW son las que más trabajo producen tanto durante la fase de construcción como de operatividad y mantenimiento. A este respecto la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) cree esencial considerar la dimensión óptima de las instalaciones fotovoltaicas en cuanto a generación de empleo y beneficios para las economías locales. Por ejemplo, la instalación de los 20 GW previstos por el PNIEC mediante parques de menos de 5 MW, generaría 820.000 empleos en los dos años de construcción y 20.800 empleos fijos en operación y mantenimiento en los 30 años de vida útil de las instalaciones. En cambio, las plantas fotovoltaicas a gran escala que se están implantando actualmente generarán unos 120.000 puestos de trabajo en la construcción, empleo coyuntural durante dos años, y 2.600 puestos de trabajo fijos en la operación y el mantenimiento.

Así mismo, ya existen investigaciones universitarias que demuestran que, a largo plazo, las grandes instalaciones de plantas de energía no han creado empleo ni fijado población allí donde se han instalado.

6.- Los proyectos de renovables a gran escala y los tendidos eléctricos favorecen el despoblamiento, hacen que disminuya el valor inmobiliario de viviendas y fincas y perjudican las actividades económicas locales.

El crecimiento descontrolado de plantas fotovoltaicas supone, de facto, la pérdida de suelo agrícola y de actividades económicas que producen riqueza a nivel local. Las consecuencias sociales y económicas de la instalación masiva de grandes plantas son, entre otras: la dificultad de arrendamientos o trasmisiones de parcelas agrícolas para su cultivo, la dificultad de incorporación de jóvenes agricultores por el motivo anterior, el incremento de los precios de las tierras agrícolas, la destrucción del paisaje y las posibilidades de un turismo sostenible asociado a la actividad agraria. Por otro lado, quienes perciban rentas por el arrendamiento de parcelas para generación de energía solar, no van a trabajar la tierra ni tienen por qué vivir en el territorio y los vecinos que no alquilen sus tierras se verán rodeados por grandes extensiones de placas, viendo reducida su calidad de vida y provocando el éxodo hacia otros lugares.

Estudios de la Universidad de Granada indican que estas grandes infraestructuras energéticas disminuirían en un 34,7% el valor de las viviendas y afectarían muy negativamente al turismo rural. Todo ello agravará aún más la despoblación de las zonas rurales.

7.- Las grandes plantas de energías renovables no redundan en la economía local.

ANPIER indica que, en función de la tipología de parque, los ingresos por la actividad serían para grandes fondos de inversión, que suelen tener la propiedad de las mega-instalaciones, mientras que las Pymes y autónomos locales se beneficiarían si se tratara de plantas pequeñas, accesibles para este tipo de empresas locales. La apuesta en España por las grandes plantas fotovoltaicas contrasta con la realizada en el resto de Europa, donde asistimos a una revolución fotovoltaica mejor dimensionada, distribuida en pequeñas y medianas potencias, que se integran mejor en los entornos rurales y están en propiedad de iniciativas locales. Los grandes proyectos bloquean el acceso a las iniciativas fotovoltaicas locales, de tal manera que buena parte del patrimonio solar de nuestro país se aprovechará por entidades foráneas sin dejar riqueza ni empleo en nuestros municipios.

8.- El riesgo de apostarlo todo a las renovables a gran escala: la inversión en el actual modelo especulativo puede acabar en fracaso.

La implantación de las renovables a gran escala enmarcada en la burbuja especulativa actual hace que hipotecar territorios y grandes porcentajes de algunos municipios a esta actividad, perjudicando al resto de actividades económicas y posibilidades de futuro, sea un gran riesgo cuando la burbuja estalle y las empresas promotoras se arruinen, se acojan a concursos de acreedores y dejen de pagar rentas a los particulares e impuestos municipales. Respecto a la energía fotovoltaica ya existen casos de este tipo en Extremadura y Castilla-La Mancha, a pesar de que la implantación de este tipo de plantas es muy reciente.

Las recientes dudas del mercado sobre las renovables y los malos resultados en la salida a Bolsa de algunas empresas indican que los valores de estas compañías están sobrevalorados y auguran un próximo estallido que puede suponer un gran fiasco para los municipios que hayan hipotecado su territorio en esta apuesta por las renovables a gran escala.

9.- Los ayuntamientos tiene mucho que decir y decidir sobre la implantación de estos proyectos en su territorio.

Si bien los ayuntamientos no son el órgano sustantivo (el que decide la viabilidad de los proyectos), sí tienen herramientas a su alcance para poder ordenar de manera adecuada el desarrollo renovable en sus municipios. Aunque las leyes de ordenación urbana prevén la instalación de este tipo de proyectos en suelo no urbanizable, los ayuntamientos pueden establecer suspensiones temporales sobre estos proyectos para realizar estudios de ordenación que permitan una implantación armónica de estas plantas. También pueden emitir informes de incompatibilidad urbanística. De hecho, es cada vez más frecuente que los alcaldes de distintas localidades aúnen fuerzas para «defenderse ante una posible implantación masiva» de huertos solares.

10.- Beneficios económicos

Un Ayuntamiento recibirá de media unos 10.000 euros por MW y año. Para la mayoría de los municipios unas pocas plantas de pequeño tamaño serían suficientes para sanear sus cuentas y poder ofrecer servicios a los vecinos, generando más empleo y beneficios económicos de manera local sin hipotecar su paisaje y biodiversidad por varias decenas de años, y sin correr el riesgo de apostar todo el futuro del municipio a un negocio especulativo que, en caso de ruina de los promotores, supondrá que esa hipoteca será a cambio de nada.

En definitiva, podemos concluir que a mayor tamaño y concentración de plantas de energías renovables, mayor impacto en la biodiversidad y en el paisaje, menores garantías de una adecuada evaluación ambiental de los proyectos, menos trabajo y oportunidades para los residentes y economía local, más despoblamiento y más riesgos por apostar a todo a un solo recurso, que además es fruto de una especulación desmesurada de grandes fondos de inversión que aprovechan las debilidades de nuestras administraciones y la falta de información del ciudadano. Todo esto provocará que el patrimonio solar de nuestro país sea aprovechado por empresas foráneas sin dejar empleo ni riqueza en nuestros municipios.

Obviamente, ciudadanos y sus representantes pueden no estar de acuerdo en las ventajas e inconvenientes de un proyecto dado. Conviene saber que cualquier residente en la zona afectada puede tener acceso a la información sobre el proyecto en los boletines oficiales de la Comunidad Autónoma o del Estado, dependiendo del proyecto. Los Ayuntamientos deberían facilitar esta información a los vecinos interesados. Y si se puede acreditar que se es parte interesada, los vecinos pueden realizar alegaciones. A este respecto, la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) ha elaborado un protocolo de actuación administrativo que puede ser de gran utilidad para la ciudadanía y corporaciones locales.

Esperamos que con esta información ciudadanos y regidores puedan evaluar más precisamente las ventajas e inconvenientes de la instalación de plantas de energías renovables a gran escala en sus territorios.

https://www.eldiario.es/andalucia/la-cuadratura-del-circulo/decalogo-energias-renovables-gran-escala_132_7990611.html