ANA ha presentado sendos documentos de ALEGACIONES, ante la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía en Cádiz, en los periodos de INFORMACIÓN PÚBLICA abiertos tras los Anuncios publicados en el B.O.P. de CADIZ Núm. 174, del 9 de septiembre de 2026, a dos proyectos localizados en el término municipal de Alcalá de los Gazules y denominados:
- Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de instalación de almacenamiento “BESS HIBRIDACIÓN GAZULES I”.
- Autorización Administrativa Previa y Autorización de Construcción de Instalación de almacenamiento “BESS HIBRIDACIÓN FV GAZULES II”.
Ambos expedientes se tramitan con el objeto de AUTORIZAR las instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías LFP, según petición de las empresas GAZULES I FOTOVOLTAICA, S.L. y GAZULES II SOLAR, S.L, ambas con el mismo domicilio en Barcelona. Los dos proyectos tienen una capacidad de almacenamiento total de 130,35 MWh, y una potencia instalada de 32,59 MW cada uno de ellos.
ANA, en los 12 apartados de su documento de alegaciones, ha puesto de relieve que resulta evidente que se ha hecho un TROCEAMIENTO INJUSTIFICADO EN DOS EXPEDIENTES DIFERENTES DE LO QUE PARECE SER UN UNICO PROYECTO. En la propia memoria de Gazules II admiten que el parque fotovoltaico tiene 49,98 MW y las baterías 32,59 MW (sumando 82,57 MW sólo en esta fase), intentando justificar que la competencia para su tramitación y autorización esté en la Junta de Andalucía, alegando limitaciones del transformador para no tramitar el expediente donde legalmente corresponde, a través del gobierno de España. Se trata, por tanto, de un proyecto más que se suma a la indebida fragmentación de un proyecto unitario. Tienen la misma ubicación, son colindantes y casi continuos, comparten titularidad, subestación eléctrica y línea de evacuación, lo que pone de manifiesto bien a las claras que se trata de una fragmentación de un proyecto único. Fragmentación que no obedece a criterios técnicos, ni de planificación económica del promotor, sino que simplemente se hace para tratar de eludir la competencia estatal en la tramitación y evaluación del mismo.
ANA, ha vuelto a reiterar en estas alegaciones en que es necesario disponer de una normativa para la correcta ordenación e implantación de estas instalaciones eléctricas, de forma que se puedan evaluar los efectos ambientales de manera racional, y poder asociar la consideración de los impactos a una referencia común. Como en muchas otras ocasiones se ha hecho, se solicita una planificación, territorial y tecnológica, que regule la implantación de las infraestructuras de este imprescindible recurso energético y su distribución ordenada, corrigiendo impactos ambientales y sociales. Y se vuelve a afirmar que la ausencia de planificación y ordenación puede dar al traste con el apoyo a esta energía limpia, y generar un sentimiento de rechazo en las poblaciones afectadas. ANA sigue pidiendo una moratoria hasta en tanto y en cuanto no se apruebe por parte de la Junta de Andalucía un Plan de Ordenación Territorial y Tecnológico.
Respecto a las Vías Pecuarias, las actuaciones previstas cruzan, y proyectan acondicionar con maquinaria pesada y desmontes, el Cordel de los Espartales y Correderas y el Cordel de Alcalá. ANA ha recordado la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y el Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado mediante el Decreto 155/1998, de 21 de julio, así como la necesidad de dar la protección a las vías pecuarias afectadas por este proyecto, teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía prohíbe los aterrazamientos y los desbroces con remoción del terreno en las labores de preparación del suelo.
También se han vuelto a reiterar las alegaciones realizadas a otros proyectos sobre la necesidad de tener en cuenta la Estrategia de Paisaje de Andalucía, la cual tiene como finalidad integrar el paisaje en todas las políticas de la Junta de Andalucía con posible repercusión directa o indirecta sobre el paisaje, orientando estas políticas hacia un paradigma común, y asentando en Andalucía una política específica para el paisaje con un carácter transversal, mediante la acción compartida, integrada y coordinada de las Consejerías involucradas. No puede entenderse que el Patrimonio paisajístico y cultural de nuestra provincia esté sufriendo un maltrato y una transformación artificial de primer orden, sin parangón.
Además, y tras el estudio de la documentación a la que se ha tenido acceso, ANA asegura que las instalaciones de almacenamiento de energía mediante baterías (sistemas BESS) conllevan riesgos significativos de incendio y acústicos que deben gestionarse desde la fase de diseño. Resulta que estos proyectos tienen como principal causa de incendio el embalamiento térmico, esto ocurre cuando una celda sufre un cortocircuito, sobrecarga o impacto, generando una reacción exotérmica en cadena que se acelera a sí misma sin necesidad de oxígeno externo. Durante el fallo, la batería puede alcanzar unos 600 °C y liberar gases altamente inflamables y tóxicos (como monóxido de carbono o fluoruro de hidrógeno) que pueden generar deflagraciones o explosiones en recinto cerrado. Igualmente se ha hecho referencia al riesgo acústico y contaminación sonora que provocaría estos proyectos debido a los sistemas de refrigeración.
Otras alegaciones se refieren a la NECESIDAD DE AGUA, ya que se proyecta un depósito de 104 m³ para refrigeración por riesgo térmico, sin justificar de dónde se extraerá el agua. Hay que justificar desde dónde, y de qué forma, se hará el suministro para cubrir estas necesidades, así como contar con los permisos y/o autorizaciones previas para que el suministro de esta cantidad de agua sea posible.
Respecto a las REPERCUSIONES SOBRE LA BIODIVERSIDAD, se ha hecho mención a que las afecciones más conocidas por este tipo de proyectos son la destrucción y alteración de los hábitats por ocupación directa de grandes extensiones de terreno y la fragmentación de los mismos, debido a la propia instalación, pero también al vallado perimetral que la bordea y a las instalaciones accesorias necesarias (carriles de acceso, tendidos eléctricos, etc.). Algunos estudios demuestran que la pérdida de hábitat genera un efecto negativo que puede condicionar sus poblaciones.
Finalmente se ha advertido que, una vez finalizado el periodo de vida útil de la planta industrial, será obligatorio el desmantelamiento de todas las infraestructuras y equipamientos, así como la restauración ambiental y paisajística de la zona, restableciendo las condiciones iniciales o mejorándolas. También la necesidad de garantizar el reciclaje de instalaciones de baterías, aún sabiendo, como se sabe, que el reciclaje de componentes como el litio o el plomo es complejo y costoso. Hemos pedido expresamente que, antes de otorgar la Autorización Administrativa de Construcción, se exija a GAZULES I FOTOVOLTAICA, S.L. y a GAZULES II SOLAR, S.L como compañías promotoras que presenten aval, con una cuantía suficiente en base a una proyección de un costo razonable y razonado del momento en que se realice el desmontaje de la misma. Si no se hace así, se ocasionará un grave perjuicio de la que la Administración tendrá responsabilidad patrimonial.
Y en base a todo lo anteriormente expresado, hemos SOLICITADO que no se autoricen estas instalaciones eléctricas con sus actuales contenidos y circunstancias, y que en todo caso los dos proyectos se tramiten como un único proyecto, lo que obligaría, por sus características, dimensiones y potencia total, a pasar la competencia para la tramitación, y aprobación a la Administración General del Estado.
También que se protejan los bienes básicos que pueden estar amenazados: el suelo y el paisaje. Una pérdida de diversidad en los usos del suelo, y una disminución de la calidad paisajística, pueden ser dos de los efectos colaterales de una inadecuada o inexistente planificación. Por ello pedimos una moratoria hasta en tanto y en cuanto no se apruebe por parte de la Junta de Andalucía un Plan de Ordenación Territorial y Tecnológico. Y que se incorpore el escrito de ALEGACIONES a los expedientes hasta su total tramitación, y se mantenga informada a ANA sobre todos los trámites futuros relacionados con estos proyectos, así como sobre la tramitación de todos los proyectos de este tipo previstos en la Comarca de La Janda.
Como ya es habitual, terminamos el documento de Alegaciones poniendo la Asociación a disposición de la Junta de Andalucía en Cádiz para cualquier aclaración o explicación complementaria sobre las Alegaciones expresadas en los diferentes apartados.
