La UE logra un acuerdo….

La UE logra un acuerdo sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza

Por Euronews en Español & EFE

Publicado 10/11/2023 

La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca recuperar el 20 % de ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea para 2030, y todos ellos para mitad de siglo.

La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca recuperar el 20 % de ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea para 2030, y todos ellos para mitad de siglo.

«Hemos logrado un acuerdo para recuperar aquello que nos genera no solamente vida, también servicios económicos y sociales, que impacta en el bienestar de las personas y en la viabilidad de la mayor parte de nuestras actividades, incluida, cómo no, la seguridad alimentaria», señalaba la ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.

En representación de la presidencia española del Consejo de la UE, Ribera se desplazó a Bruselas para liderar la negociación final entre los Estados miembro y el Parlamento Europeo, que tuvo como ponente al eurodiputado español César Luena (PSOE).

«Después de setenta años de iniciar el proyecto europeo, vamos a tener una política común de restauración de la naturaleza, que es importantísima porque no solamente resuelve el estado de los ecosistemas que están degradados, sino que además sirve para luchar contra los efectos del cambio climático», declaró Luena tras el pacto.

La Ley de la Restauración de la Naturaleza parte de una propuesta lanzada en diciembre de 2022 por la Comisión Europea para acompasar el paso con los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15 de Naciones Unidas.

Como complemento de otros instrumentos legales de la UE, como las Directivas Hábitas y Aves o la Red Natura 2000, la nueva normativa busca reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030 y todos ellos para el 2050 a través de objetivos vinculantes.

El acuerdo final contempla que, hasta 2030, se priorice la restauración de los espacios de la red Natura 2000, una de las muchas flexibilidades que se han introducido para forjar un pacto difícil.

Además, los países tendrán requisitos específicos para corregir la disminución de polinizadores y el objetivo de restaurar para 2030 el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola; mantener madera muerta en los bosques para mejorar la biodiversidad de los ecosistemas forestales; no reducir espacios verdes urbanos y eliminar barreras artificiales de los ríos.

Para superar el controvertido escollo de la financiación, se acordó que la Comisión presente un informe sobre los recursos financieros disponibles a nivel comunitario, de las necesidades y, si procede, que haga una propuesta para aumentar la dotación en el presupuesto de la UE.

Y en un guiño a los agricultores, el texto acordado permite suspender las medidas del reglamento hasta un año «por razones de emergencia no esperadas no sea posible cumplir con algunos de estos objetivos en el plazo previsto», explicó Ribera.

No se esperaba que fuera un expediente polémico, pero la ley de la naturaleza, a la que se opusieron desde el principio las grandes explotaciones agrarias, representadas por la plataforma Copa-Cogeca, se envenenó políticamente ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo a mediados de 2024. Una carrera de obstáculos

El líder del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, convirtió la futura normativa en un arma arrojadiza contra la agenda verde de la Comisión, acercándose a los postulados de la extrema derecha en busca del voto agrícola, en un momento en que cobran fuerza partidos o asociaciones agrarias en Países Bajos, Polonia o Austria.

Los populares aseguraban que la ley amenaza la seguridad alimentaria, obliga a los campesinos a ceder parte de sus tierras para preservar la biodiversidad y compromete el despliegue de infraestructuras de energías renovables, mientras que la extrema derecha asegura que es producto del «fanatismo climático».

En el campo contrario, socialdemócratas, verdes, izquierda y mayoría de los liberales defendieron el texto, así como las oenegés ecologistas, otras plataformas agrícolas, la comunidad científica, los cazadores, las empresas de energías renovables, un amplio surtido de multinacionales y cerca de un millón de ciudadanos, que han firmado una petición a favor de la ley.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se puso de perfil para esquivar el fuego amigo mientras que los democristianos hacían todo lo posible por impedir que la Eurocámara tramitase el texto, sometiéndolo a varias votaciones agónicas en las comisiones parlamentarias y en el pleno para rechazar la negociación y forzar a que el Ejecutivo hiciera una nueva propuesta.

Finalmente, el PPE fracasó y el Parlamento Europeo logró dotarse de un mandato negociador por un estrecho margen -336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones- gracias a un pacto entre socialistas, liberales, verdes e izquierda, y a 21 de los 178 europarlamentarios del PPE que rompieron la disciplina de voto.

Todo ello generó «una situación inusual», según la describen fuentes europeas, ya que los Estados miembros llegaron a la negociación final con una posición más ambiciosa que la Eurocámara, que en cuestiones medioambientales suele llevar la delantera.

El acuerdo político alcanzado en la negociación aún tendrá que ser validado tanto por los Estados miembros a través del Consejo de la UE como por el pleno de la Eurocámara.

https://es.euronews.com/green/2023/11/10/la-ue-logra-un-acuerdo-sobre-la-polemica-ley-de-restauracion-de-la-naturaleza

La nueva e importante Ley de Residuos

RESIDUOS

La nueva e importante Ley de Residuos, un recurso para el cambio

La nueva Ley de Residuos aporta mejoras, como la ampliación de responsabilidades de los productores, aunque no incide lo suficiente en lo fundamental: la reducción y prevención de residuos en origen.

Acumulación de residuos. Imagen bajo licencia Creative Commons Zero (CC0)

Ángel Encinas Carazo Coordinador del área de Consumo de Ecologistas en Acción 29 AGO 2022

De los residuos, como de la muerte, en esta sociedad de hiperconsumo suicida no se quiere hablar. Se mira para otro lado o, los más conscientes, nos lavamos la mala conciencia separándolos y llevándolos al contenedor correspondiente. Del resto del proceso, el antes y el después, nos desentendemos: «no está en nuestras manos».

Y así nos va. Muchos analistas y ciudadanos se preguntan con las manos en la cabeza dónde estaría nuestro país en materia medioambiental si no fuese por la Unión Europea y sus directivas de obligado cumplimiento. Incluso así, España está siempre en el punto de mira por sus incumplimientos. Es más, según un informe de SEO/BIRDLIFE, en 2018 nuestro país se situaba a la cabeza de los expedientes abiertos por infracciones en este terreno. Con los Gobiernos que siguieron a partir de entonces las cosas han mejorado notablemente, pero no deja de ponerse en evidencia que nuestro país sigue evolucionando a rastras a partir de directivas que, por otra parte, nada tienen de revolucionarias.

El ejemplo lo tenemos con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular«Agridulce» es el término con el que resume su valoración la Alianza Residuos Cero, de la que forman parte, además de Ecologistas en AcciónGreenpeaceSurfrider EspañaRezeroRetorna y Amigos de la Tierra. Para la ARC se ha perdido la oportunidad de reforzar y apuntalar lo fundamental, la reducción de residuos, un paso imprescindible en la lucha frente a la crisis ecosocial y la emergencia climática.

LO MEJOR DE LA LEY

  1. Su propia existencia. Contar por fin con una ley de referencia fundamental para el desarrollo de normativas.
  2. Prohibición de 10 productos de plástico de un solo uso como vasos, cubiertos, platos, pajitas, bastoncillos, etc.
  3. Prohibición de los principales disruptores endocrinos en los envases.
  4. Fomento de la venta a granel y aceptación de recipientes reutilizables de los consumidores.
  5. Prohibición de la destrucción de excedentes no perecederos como textiles, juguetes y electrónica.
  6. Fomento del consumo de agua no embotellada. Bares y restaurantes deberán ofrecerla de manera gratuita.
  7. Se obliga a los ayuntamientos a implantar el contenedor marrón de restos orgánicos (antes del 30 de junio de 2022 para municipios de más de 5000 habitantes; para el resto, hasta del comienzo de 2024)
  8. Organización urgente de la retirada del amianto por parte de los ayuntamientos. 
  9. Se abre la puerta, por fin, al sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), lo que antes conocíamos como «devolución del casco», aunque no incluye, atención, los cascos de vidrio, el origen del término.
  10. Se avanza en la responsabilización de los productores, que se verán obligados a asumir los costes del tratamiento de residuos que generan, lo que supone que la ciudadanía, por fin, dejará de asumir estos costes. Desafortunadamente se dejan fuera sectores importantes (higiene íntima, monodosis, juguetes, etc.)
  11. Aumenta la fiscalidad ambiental de los vertidos, incineración, etc. con un nuevo impuesto que desanime estas prácticas.

LO MEJORABLE DE LA LEY

  1. No incide lo suficiente en lo fundamental: la reducción y prevención de residuos en origen. Sin esto, la insistencia en el reciclaje es un error porque no garantiza un uso eficiente de los recursos y la energía. No se contempla siquiera el fomento de los envases reutilizables.
  2. La implantación del SDDR se dilata demasiado en el tiempo, seguramente hasta 2027. Ecoembes se encargará de que sea así.

RETOS QUE DEBERÁN ASUMIR LOS AYUNTAMIENTOS

Resulta muy habitual en los medios, cuando tratan sobre consumo y gestión de residuos, dejar caer todo el peso de la culpa sobre una ciudadanía descuidada que consume en exceso, derrocha energía, no recicla y desperdicia mercancías y alimentos sin control. Es una falaz manera de lavarle las manos a las grandes empresas y a un sistema que incitan como horizonte de felicidad y deseo a un hiperconsumo derrochador, y a unas Administraciones que les dejan hacer. Y es que tenemos que subrayar siempre que son las instituciones públicas democráticas las que con sus leyes y normativas pueden encauzar la responsabilidad y obligaciones de unos y otras.

La nueva Ley de Residuos, con sus luces y sombras, es un buen punto de partida para el cambio, empezando, como tiene que ser, por el de los productores que causan y fomentan la destrucción del medio ambiente.

La urgencia aprieta porque el balance de la gestión de residuos municipales en nuestro país es desastroso y no alcanza los objetivos establecidos por la UE: no llegamos al 50% de recuperación en 2020, y si no aplicamos con rigor la nueva Ley, tampoco conseguiremos la reutilización y el reciclado del 55% en 2025, ni del 60% en 2030. Y entonces seguirán viniendo las sanciones.

La correcta aplicación de la nueva Ley en cada territorio, dependerá en gran medida de los ayuntamientos, a los que ésta asigna las siguientes nuevas obligaciones:

  1. Establecimiento de las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de un 50% en peso de reutilización, reciclado y valoración de residuos. En 2025 el 55%; en 2030 el 60% y en 2035 el 65%.
  2. Adopción de los principios de la economía circular para que productos y materiales duren el mayor tiempo posible y se limiten los daños al medio.
  3. Aprobar planes y nuevas ordenanzas municipales adaptadas a la nueva ley.
  4. Adaptar todos los contratos de prestación de servicios a la nueva normativa.
  5. Establecer un sistema de recogida separada de los residuos orgánicos domésticos priorizando modelos de éxito comprobados (puerta a puerta o contenedor cerrado). En municipios de más de 5.000 habitantes a partir del 1 de julio 2022 y en pequeños municipios antes del comienzo de 2024.
  6. Promoción del compostaje doméstico y comunitario en especial en poblaciones con menos de 1000 habitantes.
  7. Elaboración, antes de 2025, de un calendario para la implantación de nuevas recogidas separadas de residuos: textiles, aceites de cocina, voluminosos, etc.
  8. Recogida de envases en el contenedor de restos y en las calles a cargo de los productores (Ecoembes).
  9. Establecimiento de una tasa municipal de residuos que refleje el coste real de la gestión. Antes de abril de 2025.
  10. Nuevo impuesto de 40€ por tonelada llevada al vertedero y de 20 € por tonelada incinerada.
  11. Elaboración de un inventario de instalaciones con amianto y establecimiento de un plan de retirada del mismo antes de abril de 2023.

¿Y LA CIUDADANÍA?

La correcta separación de residuos es fundamental para lograr su adecuada reutilización y reciclaje, aunque la clave para reducir las consecuencias ambientales de nuestro consumo está en la reducción, haciendo hincapié en que éste se debe basar en aquellos bienes que realmente necesitamos, y a ser posible mediante productos duraderos.

Pese al limitado impacto que pueden tener nuestros cambios de conducta, como bien nos hace ver Luis González Reyes, el cambio de los hábitos individuales es fundamental porque no hay cambios estructurales sin cambios personales, porque nos sirve de gimnasia ciudadana para empoderarnos frente a la deriva consumista, y porque comunicamos más con los actos que con los discursos.

Además, la ciudadanía es la que vota a los que hacen las leyes y a los que tienen que aplicarlas. La concienciación y el cambio personal y familiar es el necesario punto de partida para asumir actitudes de vigilancia y exigencia de prontitud en los compromisos que suponen la nueva ley.

El próximo año hay elecciones municipales. 

https://www.elsaltodiario.com/consumo-que-suma/la-nueva-e-importante-ley-de-residuos-un-recurso-para-el-cambio-

El discurso del colapso divide

El discurso del colapso divide a los ambientalistas

La corriente más radical considera inviable una transición con renovables y defiende que la única forma de evitar el desastre es reducir el consumo de forma drástica. Voces del mundo ecologista advierten de los peligros de esta visión

CLEMENTE ÁLVAREZ  Madrid – 09 AGO 2022 

El incendio forestal de Boiro, que ha quemado más de 2.200 hectáreas en A Coruña este pasado fin de semana. ÓSCAR CORRAL

Las malas previsiones ante la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania, los actuales apuros en diferentes países del planeta o la desesperante falta de avances frente al cambio climático no dan para mucho optimismo. Pero para la corriente de los colapsistas muchos de estos problemas de hoy no son coyunturales, sino evidencias del agrietamiento de un sistema que realmente se derrumba. Si bien esta visión no es nueva y lleva años asentada en una parte del ecologismo, algunos de sus planteamientos están produciendo ahora un choque entre ambientalistas en España por su discurso catastrofista y por avivar el rechazo al actual despliegue de las energías renovables.

“Mi diagnóstico es que nos vamos al carajo”, afirma Antonio Turiel, investigador del CSIC y la cara más visible de los colapsistas en España. Según el autor de Petrocalipsis, “si colapsamos es porque queremos, no es obligatorio”, pero para evitarlo hay que transformar por completo el sistema: “Si no abandonamos el capitalismo entonces sí que colapsaremos, es simple”, lleva años alertando.

Una de las tesis principales de esta corriente es que resulta inviable sustituir todos los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) utilizados en la actualidad por renovables, debido a la escasez de materiales y la propia dependencia de estas tecnologías verdes de las energías convencionales. “Nadie ha conseguido montar un aerogenerador o un panel fotovoltaico sin que en el proceso de extracción de materiales, fabricación de componentes, transporte, instalación o mantenimiento haya acabado interviniendo energía fósil”, enfatiza Turiel.

Así pues, como defiende este divulgador, para evitar el desastre, hay que dejar de empeñarse en la transformación energética (con renovables o el coche eléctrico) y ponerse a decrecer, para reducir la necesidad de energía y otros materiales de forma drástica. “No es verdad que haya que volver a las cavernas o a la Edad Media, hay estudios que aseguran que se puede reducir el consumo energético en España un 90% sin cambiar de nivel de vida”, asegura este físico de formación que investiga en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. “No se trata de hacer las cosas más eficientes, sino de hacer mucho menos. A lo mejor hay que plantearse que se tiene que eliminar la automoción privada”, sostiene Turiel.


Antonio Turiel, investigador en el Institut de Ciències del Mar del CSIC, en Barcelona. MASSIMILIANO MINOCRI

Aunque el mundo ambiental comparte la defensa de los límites planetarios, algunos de los planteamientos más extremos de los colapsistas han empezado a ser criticados en público por activistas ambientales y expertos en energía. Según el ambientalista y político Héctor Tejero, de Más Madrid, “el problema es que, involuntariamente, están alimentando la percepción de que no hay nada que hacer, cuando en realidad sí es posible hacer una transición ecológica hacia un mundo mejor”. El divulgador climático Andreu Escrivá no pone en duda que haya que reducir el consumo o prestar mucha atención a la escasez de minerales, pero también considera que este discurso del colapso “desincentiva y desmotiva”. “Declaraciones tan tajantes nos llevan a flirtear con una especie de ecofascismo que puede llevarnos por derroteros muy peligrosos, porque cuando damos mensajes tan bestias lo que vamos a hacer es que la gente sea refractaria, al pensar que les queremos quitar libertad, que les queremos quitar su estilo de vida”, comenta este ambientólogo. “Si la alternativa es reducir un 90% el consumo energético o el colapso, a lo mejor elijo el colapso, lo que quiera que sea eso”, ironiza Eloy Sanz, profesor de ingeniería energética en la Universidad Rey Juan Carlos, que asegura que los colapsistas utilizan de forma sesgada los datos científicos.

El periodista Juan Bordera, que firma junto a Turiel el libro El otoño de la civilización, no se considera colapsista, pero cree que el colapso “es bastante probable, teniendo en cuenta la inercia y que no seríamos tampoco la primera civilización en colapsar: hay 26 civilizaciones que han colapsado antes que la nuestra”, afirma. “Si no reconocemos el problema no vamos a poder enfrentarnos a él y no se está reconociendo porque hacerlo obligaría a cambiar muchas cosas, no solo de la manera de vivir a nivel individual. Como sistema deberíamos estar haciendo una transformación muy seria, muy rápida, que no se quiere o no se sabe hacer”.

No está de acuerdo con esto el ambientólogo Escrivá, que defiende que “la vía más exitosa de transformación no pasa por dibujar horizontes apocalípticos y culpabilizar a los ciudadanos, sino por establecer estrategias colectivas, políticas de transformación y, sobre todo, con una cuestión clave que es la redistribución”. Según recalca, “hay una cita de Raymond Williams que dice que ser verdaderamente radical es hacer que la esperanza sea posible, más que la desesperación sea convincente”.

En lo que respecta a la cuestión de los minerales y las energías renovables, una de las especialistas más cercanas a los círculos colapsistas es Alicia Valero, investigadora del Instituto Circe de la Universidad de Zaragoza, que asegura que “con las reservas actuales, es decir, con los yacimientos en marcha hoy, no se pueden sustituir los combustibles fósiles por renovables a escala planetaria”. “Hemos hecho estudios y no dan los números para más de una docena de materias primas que son esenciales para transición ecológica”, incide la investigadora. Esto se limita a las reservas conocidas hoy en día, no tiene en cuenta los recursos minerales que puedan encontrarse en el futuro. Sin embargo, según Valero, “abrir un yacimiento implica una media de 15 años, con lo cual aquí hay un problema, porque lo necesitamos urgentemente”.

Entre las voces más críticas con algunos de los planteamientos colapsistas está Pedro Fresco, experto en energías renovables y director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, que subraya que la cantidad de reservas de litio en 10 años se ha multiplicado por dos, según ha aumentado su búsqueda. “¿Cuánto hay? No lo sabemos”, señala. “Tú te puedes quedar sin litio, vale, pero no hay ningún predeterminismo tecnológico que diga que el almacenamiento de energía tenga que hacerse con baterías de litio”. En su opinión, “cada vez que algo nuevo ha aparecido, los seres humanos han pensado que no era posible que lo nuevo sustituyese lo viejo”. “Uno de sus argumentos típicos contra las renovables es que estas se hacen con energías fósiles. Pues claro, y las vías del tren en el siglo XVIII se hacían con caballos”. Según Fresco, “el problema es que los movimientos antirrenovables han encontrado en las ideas colapsistas una excusa para sostener su posición, sin caer en el negacionismo climático o en el NIMBY [Not In My Backyard (no en mi patio trasero)]. Como estos señores me dicen que no vale para nada y que es una mentira de la industria, pues yo rechazo las renovables en mi territorio y no me siento inmoral, por decirlo así”.

Alternativas limitadas

Otra referente de la visión colapsista es Margarita Mediavilla, investigadora del Grupo de Energía, Economía y Dinámica del Sistema (GEEDS) de la Universidad de Valladolid, que lleva casi 10 años trabajando en estas cuestiones. Según dice, “las alternativas de transición, tanto energéticas como ecológicas, en un sentido amplio, son mucho más limitadas de lo que se piensa. El problema básico es que tenemos una sociedad y una economía diseñados para el crecimiento, la economía capitalista es muy buena cuando tiene recursos abundantes, porque tiene esa capacidad de explotarlos al máximo, pero cuando se encuentra con límites materiales es incapaz de adaptarse”. “Yo coincido con Turiel en que si no somos capaces de cambiar esta dinámica socioeconómica, pues sencillamente vamos a colapsar, incluso en un colapso que puede ser duro”, señala Mediavilla, que aboga por organizar un “buen decrecimiento”, porque “el mal decrecimiento ya lo tenemos asegurado: que vamos para abajo está claro”.

“Es verdad que vamos a enfrentar un periodo histórico muy turbulento en el que el riesgo de fracaso social es alto. Yo creo que el colapso es una posibilidad, pero en ningún caso es un destino ni podemos dar por hecho que estamos colapsando, si definimos colapso de un modo riguroso”, replica a su vez Emilio Santiago Muiño, que se dedica a la investigación en transformaciones antropológicas de la crisis climática del CSIC. “Donde yo debato con los compañeros colapsistas con más fuerza es en la hipótesis política de pensar que necesariamente las turbulencias que vienen van a desembocar en algo así como una especie de Estado fallido. De hecho, suele ser muy común en las posiciones colapsistas un cierto desentendimiento del Estado y una apuesta por lo que llaman las soluciones de la resiliencia comunitaria, de la autogestión. Como dando por hecho que nuestro orden político se va a descomponer porque energéticamente no va a ser funcional y que las soluciones políticas van a tener que venir a través de un retorno a las comunidades, al mundo rural, a la autogestión desde lo local. Ahí es donde yo creo que falla el diagnóstico, pues pensar así nos hacen incomparecer en la batalla política que se va a dar y por lo tanto los resultados van a ser mucho peores”.

Este antropólogo estuvo ligado en el pasado al colapsismo, pero hoy en día rechaza esta corriente. “A veces el discurso colapsista tiene unos ciertos tics deterministas que son muy comunes cuando gente que tiene formación de ciencias naturales se pone a especular sobre lo social, pues lo social es mucho más complejo”, señala Santiago Muiño. “Es verdad que estamos enfrentando una crisis sistémica fuerte, con una componente energética central, y que tenemos limitaciones geológicas. Todo eso es verdad. Pero con algo más de margen de maniobra de lo que yo pensaba”. “Y luego además me di cuenta que tú no puedes hacer política de mayorías desde un discurso así. La mezcla de estas dos cuestiones me llevaron a alejarme un poco de los círculos colapsistas”, señala.

https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fclima-y-medio-ambiente%2F2022-08-09%2Fel-discurso-del-colapso-divide-a-los-ambientalistas.html

Transición agroecológica y el rol de agentes dinamizadores

Almáciga es una de tantas joyas literarias que se encuentran dispersas a lo largo del habla andaluz procedentes del legado árabe. Interesantemente, según la RAE, almáciga tiene dos definiciones – ambas justificadamente aplicables cuando se habla de La Asociación La Almáciga de Medina-Sidonia; asociación que sirve como semillero de hoy para los frutos de mañana sin olvidarse del lentisco Mediterráneo de dónde vienen.

La Almáciga de Medina-Sidonia actúa de apoyo a la comunidad Asidonense con un enfoque destacado en la seguridad alimentaria y la transición agroecológica. Una de las prácticas que emplean para concientizar a la población es el intercambio de cestas de productos agrícolas variados (agri-cajas) por medio de un grupo de consumo, lo que se le conoce como Agricultura Apoyada por la Comunidad o CSA por sus siglas en inglés.

La práctica de CSA tiene una amplia gama de beneficios tanto para el consumidor como para el productor, pero sobre todo para el medioambiente; pues cortando los canales de comercialización se ahorra tanto en consumo de combustibles fósiles como en la emisión de gases de efecto invernadero. Mientras que, por una parte, al productor se le valoriza más ya que se le incentiva la producción por medio de un apoyo estratégicamente diverso y altamente proactivo–al consumidor se le garantiza un producto contundentemente más fresco con un valor nutricional considerablemente más alto.

De este modo, se crea una sinergia saludable entre productor y consumidor que sirve para promover una armonía alimentaria retroactiva y sana entre ambos.

Con la asociación como agente dinamizador, Medina-Sidonia junto a los pueblos próximos busca liderar la Comarca de la Janda hacia una transición agroecológica socialmente eficiente y ambientalmente sana a lo largo de toda la provincia de Cádiz. No obstante, para que la transición agroecológica sea socialmente eficiente este tipo de proyecto debe ser transparente, inclusivo y resiliente. ¿Cómo se logra esto? Se logra con normativas como la SIVDA que a su vez son apoyadas por iniciativas como el Eco-Mercado de Los Toruños en el Puerto de Santa María desde la Red Agroecológica de Cádiz (RAC) y con la colaboración de cooperativas como La Buena Siembra y La Reverde.

Esta colección de agentes dinámicos lo que hacen es fortificar entonces el tejido social económico de un sistema agroalimentario que exige un cambio inminente, especialmente para un sector que define la economía de una comunidad autónoma entera.

JP Pérez Ortiz – Socio y Estudiante de Máster Universitario en Agricultura y Ganadería Ecológicas – Universidad Pablo de Olavide

Los grupos ecologistas reclaman una actividad agraria más sostenible

EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA

Los grupos ecologistas reclaman una actividad agraria más sostenible

Resulta prioritario reducir el uso de fertilizantes sintéticos, favorecer la ganadería extensiva, optimizar los sistemas de riego y detener la contaminación por nitratos

Vacas en un prado asturiano (Foto: Jose Luis Gallego)

Por Jose Luis Gallego10/03/2022 – 05:00

Las principales ONG ambientales a nivel estatal, Amigos de la TierraEcologistas en AcciónGreenpeaceSEO/BirdLife WWF, alertan de los aspectos negativos para el medio ambiente y para la salud ) del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para España en el periodo 2023-2027.

En su opinión el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), debe corregir numerosos puntos para que el cumplimiento de la Política Agrícola Común (PAC) resulte verdaderamente justo con los agricultores, promueva la sostenibilidad de la actividad agraria y del desarrollo rural preservando el medio ambiente y la biodiversidad, y garantice la producción de unos alimentos saludables y asequibles para todos.

Las oenegés critican que se sigan destinando fondos públicos a modelos productivos con un impacto ambiental negativo

Entre los principales retos que debe afrontar el sector agrario los ecologistas destacan la puesta en marcha de medidas efectivas de mitigación y adaptación al cambio climático, recordando que es el único sector que incrementó sus emisiones de gases de efecto invernadero un 2,3 % entre 2019 y 2020. El freno a la contaminación del agua por nitratos, por la que se mantiene abierto un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, y el impulso de una necesaria y urgente transición agroecológica hacia sistemas alimentarios sostenibles, en cumplimiento de lo que señalan el Pacto Verde y las estrategias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030.

Sobre los llamados ‘ecoesquemas’, los nuevos pagos verdes por la mejora de la sostenibilidad de las explotaciones, a las oenegés les preocupa especialmente el de siembra directa al implicar el uso de herbicidas de amplio espectro, con un impacto probado sobre la salud de las personas y la del medio ambiente. Tampoco les convence que los ecoesquemas aplicados en las tierras de regadío reciban tres veces más dinero por hectárea que los dedicados a las tierras de secano. Ni que sobre una misma hectárea sólo pueda cobrarse por una práctica, lo que desmerece a los sistemas de alto valor vatural en los que se aplican múltiples prácticas beneficiosas para la naturaleza. En concreto, esta versión inicial del PEPAC no garantiza que las producciones más intensivas auxiliadas (cebo de terneros, cultivo de remolacha, arroz y tomate de industria) reduzcan sus impactos, como la dependencia externa de recursos naturales procedentes de la deforestación (como la soja importada) o el excesivo consumo de agua, agroquímicos y energía.

Agricultores ecológicos. EFE Nacho Izquierdo

Para los ecologistas resulta igualmente prioritario reducir el uso de fertilizantes sintéticos y mejorar la gestión de los purines provenientes de la ganadería industrial, ante el elevado nivel que ha alcanzado la contaminación de los acuíferos en España. En su opinión faltan medidas agroambientales para retos transversales como la coexistencia con la conservación de los grandes carnívoros, el apoyo a la trashumancia, el control natural de plagas y enfermedades con predadores naturales, y el apoyo decidido con múltiples herramientas a la producción sostenible en la Red Natura 2000. Asimismo, se ha desaprovechado la oportunidad de implementar figuras novedosas, como los pagos por resultados, los contratos territoriales por explotación, los bancos de tierras y la acogida a las medidas agroambientales bajo figuras asociativas o colectivas, entre otras.

Por último critican que se sigan destinando fondos públicos a modelos productivos con un impacto ambiental negativo, en especial las ayudas bajo las que se enmascaran subvenciones a las plantaciones de leñosos en intensivo; al desarrollo incontrolado e insostenible de macrogranjas; o la modernización de regadíos sin atender al necesario ahorro de agua en el sector para adaptarse al cambio climático.

A pesar de todos los aspectos a mejorar, las oenegés medioambientales han destacado algunos puntos positivos, como la obligación de reservar un porcentaje mínimo de elementos no productivos en los campos de cultivo para potenciar la biodiversidad o el apoyo a la ganadería extensiva a través de diversas herramientas vinculadas con los pagos directos.

Protesta contra las macrogranjas en Castilla y León. EFE A. Alvarez

También señalan en buena dirección las ayudas al olivar tradicional para contribuir positivamente al mantenimiento de un agroecosistema que permita conservar la biodiversidad de especies en declive como el alzacola rojizo, declarada Ave del Año 2022 por SEO/BirdLife, con un descenso poblacional del 94,8 % en los últimos 15 años. Para estas organizaciones que velan por el cuidado del medio ambiente, aunque estos apartados no son suficientes para generar un cambio real en el modelo de aplicación de la PAC, indican el sentido correcto hacia el que deberíamos avanzar.

https://www.elconfidencial.com/medioambiente/empresa/2022-03-10/ecologistas-piden-agricultura-mas-sostenible_3387181/

Día Mundial de los Humedales

El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, se celebra desde hace 51 años. En 1971 en la ciudad Iraní de Ramsar dieciocho Estados firmaron la Convención sobre los Humedales, tratado pionero sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

Los humedales son ecosistemas de importancia fundamental. Contribuyen a la preservación de la biodiversidad, a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo. Incrementan la disponibilidad de agua dulce y enriquecen las economías. La recuperación y conservación en estado favorable de los humedales constituye un objetivo prioritario de las políticas europeas de biodiversidad. Pero, en el mundo, la velocidad de pérdida de humedales es tres veces mayor que la pérdida de bosques.

España ratificó el Convenio de Ramsar en 1982, incluyendo en ese momento a Doñana y a las Tablas de Daimiel en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. Tras 40 años, ambos están en el Registro de Montreux, que identifica los sitios Ramsar a los que debe prestarse una atención prioritaria con miras a su conservación. Hoy en día hay un total de 76 humedales Ramsar declarados en España, muchos de los cuales también necesitan urgentemente medidas de conservación.

Es necesario exigir a las administraciones españolas la adopción de actuaciones prioritarias y adecuadas que salven a los humedales de la desaparición y restauren los que se han degradado, revirtiendo así su situación y asegurando la calidad de estos espacios naturales.

El lema escogido para este año es:      

Actuar por los humedales es actuar por la humanidad y la natura

DEBE OBEDECER A CRITERIOS TÉCNICOS

Acabar con la poda sistemática, vital para conservar el pulmón de las ciudades

Diversos expertos piden poner fin a estas prácticas, que reducen la capacidad que tienen los árboles de absorber contaminantes del aire y limpiarlo. Advierten de que muchas administraciones lo hacen sin comprender los mecanismos naturales

Poda de árboles en Madrid. (EFE/Víctor Lerena)

Por EFE 26/01/2022 – 05:00

Acabar con la poda sistemática e indiscriminada de árboles que por norma se establece en los concursos municipales es, según los expertos, vital para asegurar la buena gestión del arbolado urbano, sin cuya existencia la vida en las ciudades sería impracticable por la elevada contaminación. «Llevo años trabajando para que los concursos no contemplen podas sistemáticas en calles cada x años«. La poda debe ser selectiva y solo cortar cuando exista peligro real de que caída,comenta el jefe de la unidad de Arboricultura del Real Jardín BotánicoMariano Sánchez, que aboga también por plantar más separadamente para evitar tener que podar árboles porque se molestan o molestan.

Los árboles son el pulmón de la ciudad y muchos ayuntamientos no entienden que al meter la motorsierra «porque sí» se pierde la mitad de ese pulmón, pues las hojas son las que retienen los contaminantes, según Sánchez, codirector del Máster Arboricultura Urbana de la Universidad Complutense de Madrid. En España, a nivel general, no hay suficientes árboles para compensar la contaminación debido, principalmente, a que en política prima decir que van a plantarse miles cuando lo que de verdad importa no es el número, si no su calidad.

«Debería existir una ‘ley de arbolado nacional básica’, que establezca detalles sobre marcos de plantación y el fin de las podas sistemáticas»

«Las hojas más grandes son las que retienen más contaminantes», ha subrayado Sánchez, que ha apuntado que, además, la falta de planificación hace que se plante sin dejar la suficiente separación entre los árboles, de forma que cuando crecen se molestan unos a otros o interfieren con el mobiliario urbano. Al podar y desaparecer la masa folial, no solo sube la contaminación, sino que, en los años siguientes se incrementan los niveles de alergénicos, pues la reacción del árbol al verse dañado es volver a florecer.

La poda reduce la capacidad del árbol de absorber contaminantes. (Unsplash)

Además, cuando se hace un corte grande en la rama entran hongos que provocarán pudrición de la madera y es ahí cuando comienza el riesgo de caída pasados los años, «un riesgo que nadie ve», ha advertido Sánchez, que ha subrayado que también habría que analizar qué árboles resistirán mejor el cambio climático porque muchos de los que hay actualmente en las ciudades desaparecerán.

En su opinión, debería existir una «ley de arbolado nacional básica«, que establezca detalles sobre marcos de plantación y el fin de las podas sistemáticas, así como un «arboreto nacional», un gran parque urbano en el que haya una colección de árboles para investigar qué especies aguantarán mejor el nuevo clima. Sin árboles, ha advertido, las ciudades no serían habitables y sería imposible pasear por la calle, ya que toda la contaminación que ahora retienen las hojas se quedaría en paredes y suelos y se «levantaría» continuamente.

De ornamento a servicios ecosistémicos

Los ciudadanos reclaman cada vez más espacios verdes y ha habido un cambio de paradigma: se ha pasado de una visión ornamental a tener que desarrollar proyectos que acerquen la naturaleza a los barrios, según Gabriel Dorado Martín, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Para Dorado, director del Máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la UPM, el diseño de estos proyectos de renaturalización debe estar basado en criterios de sostenibilidad y en su gestión adaptativa para su adecuación al cambio climático para maximizar los servicios para la ciudadanía.

Los ayuntamientos apuestan por tener muchos árboles e inaugurar espacios verdes, máxime en época electoral, cuando los ciudadanos no demandan cantidad sino que las infraestructuras verdes ofrezcan servicios como la mejora de la calidad del aire,, mejora de la salud física y mental o incremento de la biodiversidad. Las gestión de la infraestructura verde debe dar servicio a todos y eso implica no gastar dinero absurdamente en cosas como hacer podas sistemáticas «inútiles» todos los años, que no benefician ni a la propia infraestructura ni al ciudadano.

La poda solo se debe hacer cuando el árbol realmente lo necesita o si interfieren peligrosamente con otras infraestructuras y si queremos fomentar la biodiversidad «no podemos seguir pensando que tener un espacio verde limpio equivale a un espacio desbrozado porque estaremos eliminando gran parte de ella», ha aseverado. Las talas y desbroces mal gestionados implican, por ejemplo, la desaparición de flores y frutos, lo que conlleva que los polinizadores (insectos o pájaros) no puedan sobrevivir en esas zonas.

https://www.elconfidencial.com/medioambiente/ciudad/2022-01-26/talas-sistematicas-arboles-ciudades-calidad-aire_3364320/

El pájaro que se extinguió en España por la destrucción de la costa

El torillo andaluz, una pequeña ave parecida a una codorniz, ha sido declarado extinto en el nuevo Libro Rojo de las Aves: es la primera que se desvanece en Europa en un siglo y medio

Dibujo del torillo andaluz SEO/BirdLife

Guillermo Prudencio

2 de enero de 2022 21:55h

Durante tres años, el biólogo Carlos Gutiérrez Expósito dedicó su vida a perseguir un fantasma. Ni todo el repertorio de trucos de los investigadores de fauna, ni algunos de los mejores perros de caza de Andalucía, le sirvieron para dar con lo que buscaba: el torillo andaluz, un pequeño pájaro marrón de hábitos misteriosos que cría en el suelo, junto al mar. Su hábitat se lo llevó por delante el urbanismo costero y la intensificación agrícola, y el nuevo Libro Rojo de las Aves de España, el listado de especies amenazadas, dedica una breve nota para certificar su extinción en nuestro país: es la primera ave que se desvanece en Europa en un siglo y medio. 

«Nadie hace caso a este pobre pájaro, porque es pequeño, marrón y no se ve», cuenta Gutiérrez Expósito a Ballena Blanca. Este pajarero vasco llegó al Parque Nacional de Doñana en 2005 con una misión muy concreta: aclarar si quedaba algún torillo vivo en Andalucía. Los últimos ejemplares conocidos se los entregaron unos cazadores a Luis García, un ornitólogo de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, en 1981. Andaban cazando codornices y abatieron a este pájaro, muy parecido y tremendamente esquivo. 

Desde entonces, solo hubo rumores sobre su supervivencia en España y avistamientos no confirmados. «Fue bastante desesperante, cuando empecé a trabajar en eso en 2005, nunca había visto un torillo, nadie que yo conociese había visto nunca un torillo, ni sabía muy bien cómo buscarlo», recuerda el biólogo. 

A lo largo de tres años recorrieron, palmo a palmo, todas las zonas donde se creía que podía perdurar la especie. «Su vida es más parecida a la de un ratón que a la de un ave», escribió Gutiérrez Expósito en este diario. Se quedan agazapados entre la vegetación y, por eso, el equipo utilizaba perros especializados en la caza de aves similares: «Sumando los recorridos de los perros, fue como ir andando de Sevilla a París».

Peinaron Doñana, pero también las costas de otras provincias, como Cádiz o Almería. Sabían dónde podía haber torillos por los ejemplares que se conservan en las colecciones de los museos de Historia Natural, cazados durante el siglo XIX y principios del XX. La especie se concentraba en esa pequeña franja junto al mar donde no hace ni mucho frío, ni mucho calor, la misma que los seres humanos hemos ocupado con cultivos intensivos y urbanizaciones. Gutiérrez Expósito detalla que en Marbella, y en otras áreas de la costa de Málaga, se capturaron muchos de los torillos que reposan en los museos.

«La extinción del torillo andaluz en España demuestra las graves consecuencias de la destrucción masiva del hábitat de una especie», afirma Jorge Fernández Orueta, de SEO/BirdLife, la organización que elabora el Libro Rojo de las Aves. Este biólogo apunta a una «intensificación agrícola galopante» en la segunda mitad del siglo XX, con la pérdida de hábitats naturales pero también de cultivos tradicionales, donde hay más espacio para la vida salvaje. 

«Es lo que pasa con todas las aves comunes de medios agrícolas, que han caído en picado sus poblaciones porque faltan insectos para alimentar a los pollos», explica Gutiérrez Expósito. De hecho, la mayor parte de las aves amenazadas recogidas en la nueva Lista Roja viven en entornos agrícolas o zonas como pastizales, con una cierta intervención humana. 

Al mismo tiempo que Gutiérrez Expósito buscaba este fantasma por Doñana, unos pajareros finlandeses aseguraron que habían visto torillos al otro lado del estrecho, en Marruecos, en huertas tradicionales cultivadas junto al Atlántico. Aunque al principio no se creyó las observaciones, en 2009 viajó a la zona y se encontró los torillos, corriendo entre campos de zanahorias y calabazas. 

Allí aprendieron muchas cosas sobre la especie, como que es diurna –»¡Cuántos madrugones y noches perdidas en Doñana!», escribió en su tesis doctoral sobre el torillo, que elaboró trabajando en la Estación Biológica– o que el macho custodia el nido y cría en solitario a los polluelos: la hembra pone los huevos y se desentiende. 

A lo largo de los años han visto cómo la población del torillo ha bajado de casi 2.000 ejemplares estimados en 2011 a entre 600 y 700 en 2017, cuando hicieron la última expedición marroquí. «Con el ritmo de intensificación agrícola que hay ahora en Marruecos, puede ser que de la noche a la mañana desaparezca de allí», lamenta el biólogo. En 2020 pensaban volver pero la pandemia ha congelado sus planes y no se sabe nada de la población, el último refugio conocido de un ave única de esta zona del Mediterráneo, en Portugal, Andalucía, Sicilia, y en las costas del norte de África desde Marruecos hasta Libia. 

Su esperanza está puesta también en otra zona del litoral argelino, donde podría sobrevivir un exiguo contingente de torillos. De allí, o de la población marroquí, podrían salir ejemplares para la cría en cautividad, una medida de emergencia para evitar la extinción de la especie. En el Zoobotánico de Jerez ya han probado, con éxito, reproducir otras especies de torillo. «Es muy fácil y muy barato. No es como criar linces, es casi como criar canarios», dice el biólogo.  

«Es urgente el desarrollo de un plan de cría en cautividad», coincide Jorge Fernández Orueta, que es responsable del Programa de Cooperación Internacional de SEO/BirdLife y trabajó con el torillo en Marruecos. Cree que es necesario que los tres países se pongan a trabajar conjuntamente para salvar la especie, empezando por tomar medidas para conservar sus últimos refugios en la naturaleza.  

Hasta ahora, el reino marroquí ha bloqueado la cesión de ejemplares a España para la cría en cautividad. «El desbloqueo diplomático es la parte más compleja», dice Gutiérrez Expósito, que cree que el Ministerio para la Transición Ecológica debería implicarse al más alto nivel. «No se lo han tomado en serio nunca», asegura.  

Una vez protegido en el norte de África, y creada una o varias poblaciones en cautividad –Orueta asegura que podría haber una en Rabat y otra en Jerez–, podría plantearse la reintroducción de la especie en España. Al estar incluida oficialmente en el listado de especies de fauna extinguidas, la Administración está obligada por ley a «promover» su recuperación. 

El problema, claro, es que queda muy poco de sus antiguos hábitats. En Doñana, por ejemplo, el monte bajo mediterráneo se destruyó a partir de los años 50 con extensas plantaciones de eucaliptos y pinos. Se cree que la especie se concentraba al borde de las lagunas, o en las zonas encharcadas donde rebosa el acuífero que da vida al Parque Nacional, un acuífero totalmente esquilmado por los cultivos ilegales de frutos rojos y el desarrollo urbanístico alrededor de Doñana. 

El biólogo de SEO/BirdLife es escéptico sobre la posible reintroducción del torillo en España. «¿Hemos demostrado capacidad para cuidar de nuestras especies? Dado que aves que ocupan hábitats semejantes al del torillo están en una regresión alarmante, parece que no», explica Orueta en referencia al alzacola rojizo, una pequeña ave que ha perdido un 90% de su población en los últimos años

Gutiérrez Expósito, que ha dedicado 20 años de su vida al torillo, muestra un mayor entusiasmo por su reintroducción, aunque advierte que primero es esencial estudiar y recuperar el hábitat. «Hay zonas muy buenas en la costa de Cádiz, alrededor de la laguna de la Janda, o en el entorno de Conil o Zahara de los Atunes, que llegan los pastizales y los cultivos hasta el mar», dice el ornitólogo. «Pero no se puede concebir la recuperación del torillo en España sin conservarlo en Marruecos, eso es tarea de los gobiernos y ahí los científicos tenemos poco que decir».

https://www.eldiario.es/ballenablanca/biodiversidad/pajaro-extinguio-espana-destruccion-costa_1_8623389.html?fbclid=IwAR07frENYiRwDyVWmjiPOHMseG62ya2c5aQPrsYEIIe2yvnv3JTs8g0tsrQ