Biodiversidad, ¿la gran perdedora de la transición energética?

Biodiversidad, ¿la gran perdedora de la transición energética?

  • El lector puede preguntarse si la urgencia de luchar contra el cambio climático no merece sacrificar biodiversidad para evitar un desastre mayor. El dilema no es renovables sí o no. La cuestión es cómo, cuánto y dónde

Luis Bolonio

22 de octubre de 2020 06:30h

El Gobierno de España ha presentado varias propuestas para luchar contra el cambio climático, entre las que cabe destacar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que recoge actuaciones previstas hasta 2030. Esta actitud proactiva es inédita y sin duda loable. Sin embargo, la lucha contra el cambio climático no puede basarse sólo en conseguir que el 100% de la electricidad provenga de energías renovables, como explica la Plataforma ciudadana para una Transición Ecológica Justa. Dicho propósito es insuficiente para conseguir la descarbonización y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la medida necesaria para cumplir con el Acuerdo de París y con las recomendaciones que marca el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Observamos además con preocupación que no se están considerando de manera adecuada los impactos negativos e irreversibles que el desarrollo masivo y no planificado de centrales de energía renovable a gran escala puede provocar sobre la biodiversidad. Por ello, la citada Plataforma ha lanzado una propuesta que identifica puntos que necesitan mejoras evidentes para garantizar la conservación de la biodiversidad durante el desarrollo de la necesaria transición energética a las energías renovables.

La ciencia demuestra que los parques eólicos y las centrales solares pueden producir un impacto severo sobre la biodiversidad por mortalidad directa y por ocupación y destrucción de hábitats de alto valor ecológico. Existen ejemplos muy contundentes en España, principalmente en aves y quirópteros y la evidencia actual sólo es la punta del iceberg de lo que puede suceder con el inminente desarrollo masivo y desordenado de proyectos de energía renovable a gran escala.

Consideramos masivo tal desarrollo porque supone un exceso desorbitado de oferta. En 2019 el pico de demanda eléctrica, el momento de mayor consumo, fue de 40 GW, siendo un 11% menor al máximo histórico registrado en 2007. A fecha de 31 de agosto de 2020, según datos de Red Eléctrica Española, la potencia instalada de energía eólica y solar fotovoltaica ascendía a 35,4 GW. Además ya se ha concedido derecho de conexión a 130 GW nuevos, y otros 60 GW más se encuentran a la espera de dicho derecho. El PNIEC tiene como objetivo que en 2030 haya instalados 87 GW. Es decir, sólo en 2021 ya tendremos dos veces y media más GW que los objetivos marcados por el Gobierno. Si traducimos de forma aproximada dichos GW a hectáreas, nos encontramos con que las centrales de renovables ocuparán al menos 425.000 hectáreas, frente a las alrededor de 87.000 hectáreas que preveía el PNIEC. Por lo tanto, sólo con esos proyectos se ocupará casi 5 veces más territorio de lo que se había previsto y evaluado. Todo ello está enmarcado en una gran burbuja especulativa, que el Real Decreto 23/2020 del 23 de junio de 2020 pretende frenar, pero que no parece conseguir al no poner coto a la compra-venta de proyectos.

El PNIEC reconoce en su Estudio de Impacto Ambiental Estratégico los potenciales efectos negativos sobre la biodiversidad del desarrollo de las energías renovables. No obstante, las soluciones que propone para evitar el daño (evaluación rigurosa de los proyectos dentro de la Red Natura 2000, las Estrategias de Conservación y Gestión de Especies Amenazas, los Estudios de Impacto Ambiental y las medidas compensatorias y de restauración) son absolutamente insuficientes.

La carencia más importante del PNIEC y su Estudio Ambiental Estratégico (EAE) es la ausencia de una planificación general, indispensable para evaluar y paliar el impacto del desarrollo masivo de energías renovables sobre la biodiversidad. El PNIEC no concreta áreas de alto valor ecológico que deban ser excluidas del desarrollo de centrales de energía renovable a gran escala. Existe el agravante de que gran parte de la información disponible sobre la distribución y situación poblacional de muchas especies de fauna y flora silvestre está desactualizada debido al desplome en la financiación de los programas de seguimiento en los últimos años, tanto a nivel autonómico como nacional. En estrecha relación con esto se encuentra el hecho de que el diseño de la Red Natura 2000 actual es claramente escaso para garantizar la conservación de los valores naturales para los que fue planteada, principalmente por dos motivos. En primer lugar, la planificación se hizo en muchos casos sin disponer de la información necesaria para realizar un diseño adecuado. En segundo lugar, la distribución y abundancia de los seres vivos es un proceso dinámico en el tiempo, especialmente bajo el marco del cambio global al que nos enfrentamos. Esto ha provocado que actualmente existan áreas críticas para la conservación de diversas especies que no cuentan con ninguna figura de protección. Todos estos problemas podrían en cierta medida verse contrarrestados por los planes de manejo de especies amenazadas catalogadas. Desafortunadamente, en la actualidad existen estrategias de conservación y gestión para sólo el 5% de ellas pese a que dichas estrategias son legalmente obligatorias. Asimismo, los catálogos nacionales y autonómicos de especies amenazadas han quedado en muchos casos obsoletos. Por ejemplo, gran parte de las aves ligadas a estepas naturales o cereales de secano en extensivo, uno de nuestros grupos faunísticos más singulares en el contexto europeo y principales afectadas por las plantas solares, no cuentan con categorías de protección que hagan justicia a la dramática situación que atraviesan. En el caso de otras aves y muchos murciélagos es necesario recabar criterio experto y elevar la categoría, tal y como proponen los especialistas. Urge acelerar estos procesos de modo que las especies cuenten con un nivel de protección legal y unas estrategias de gestión y conservación coherentes con su grado de amenaza.

En lo referente a los Estudios de Impacto Ambiental, la capacidad que tienen para anticipar el impacto real de los proyectos ha sido cuestionada en diversas ocasiones desde ámbitos científicos. Por ello, el PNIEC en ningún caso debe simplificar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tal como propone, sino que se debe aumentar la exigencia en la calidad, duración e intensidad de los trabajos de campo. En caso de duda sobre los efectos de un proyecto, debería siempre aplicarse el principio de precaución, establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) e introducido en el Derecho Comunitario como principio orientador de su política ambiental (art. 174.2 del Tratado CEE). Cuando las infraestructuras puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000, el proyecto debería ser denegado siempre que el promotor no demuestre que es inocuo sobre los valores que motivaron su inclusión en la Red Natura 2000. Así lo establecen la Directiva Hábitats y la famosa “sentencia Wadden”. Finalmente y de manera general, debe reflexionarse sobre cómo se realizan los estudios de impacto ambiental que actualmente ejecutan o contratan los promotores directamente y que en la práctica tienen en demasiadas ocasiones escaso control administrativo.

Observamos también con preocupación que muchas autorizaciones y Declaraciones de Impacto Ambiental pretenden sortear daños ambientales severos con la aplicación de medidas compensatorias. Compensar la biodiversidad perdida en un lugar restaurándola en otro distinto es lo que se conoce como “ausencia de pérdida neta de biodiversidad” y supone una tentación para no bloquear las actividades económicas. Sin embargo, la realidad es que esa compensación es poco ambiciosa y la mayor parte de las veces ineficaz, como atestiguan numerosas experiencias realizadas en España en los últimos años. El PNIEC ha de garantizar la conservación de la biodiversidad existente y no pretender restaurar el daño causado por el plan mediante medidas compensatorias, que deben ser la última opción, ante impactos ambientales residuales, y siempre en casos muy concretos tras un análisis de alternativas honesto que incluya la alternativa de no ejecutar el proyecto.

El Real Decreto 23/2020 provocará que antes de finales de 2020 se presenten cientos de proyectos en todo el territorio español. Si el desarrollo masivo de estas centrales continúa sin una planificación y evaluación integral adecuadas, los efectos sobre la biodiversidad de nuestro país, la más importante de Europa occidental, pueden ser desastrosos e irreversibles. El lector puede preguntarse si la urgencia de luchar contra el cambio climático no merece sacrificar biodiversidad para evitar un desastre mayor. El dilema no es renovables sí o no. Sin duda renovables sí, la cuestión es cómo, cuánto y dónde. Para responder a estas preguntas tenemos una hoja de ruta marcada por las Directivas Europeas del paquete de invierno que son de obligado cumplimiento y que apuestan por la eficiencia energética que reduciría las necesidades energéticas, por el desarrollo de un modelo distribuido que acerque los centros de generación de energía a los centros de consumo, y por energía generada con autoconsumo de renovables, es decir, con fotovoltaicas en nuestros tejados o en los polígonos industriales, no en el medio natural. Este modelo evitaría por completo los efectos devastadores que uno centralizado de energías renovables a gran escala puede provocar sobre nuestra biodiversidad y paisaje. No podemos olvidar que el paisaje es un recurso imprescindible para un sector estratégico y en alza como el turismo rural. Además, el autoconsumo con renovables podría tener muchos otros efectos positivos, como el abaratamiento de la factura de la luz y conseguir de manera eficaz los objetivos de descarbonización.

Dado que encima de la mesa ya tenemos una oferta de potencia renovable que duplica la planificada por el PNIEC para 2030, parece lógico realizar una moratoria temporal en la autorización de megacentrales de energías renovables hasta que se subsanen todas las debilidades que hemos señalado. Como en el escenario actual esto parece muy poco probable, consideramos imprescindible y muy urgente realizar al menos una adecuada planificación, estudio y evaluación integral del PNIEC que, más allá de los marcos normativos vigentes, contemple sus efectos sobre la biodiversidad y paisaje. Resulta indispensable además que el modelo incorpore las Directivas Europeas de obligado cumplimiento. Creemos firmemente que es posible conseguir una transición energética a las energías renovables preservando el bien común que representan la biodiversidad y el paisaje y los servicios que nos brindan.

Firmantes

Luis Bolonio. Técnico en Conservación de la Biodiversidad y Cooperación al desarrollo.

David Serrano. Científico Titular. Estación Biológica de Doñana (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Su actividad se centra en la ecología aplicada a la conservación de aves, especialmente rapaces y aves esteparias.

Francisco Valera. Científico Titular. Estación Experimental de Zonas Áridas (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Su principal interés es el estudio de la conservación de la biodiversidad en el marco de las interacciones entre organismos y de éstos con el hombre.

Diana Osuna. Licenciada en Ciencias Ambientales. Técnica de Recursos Naturales, agroecología y Educación para el Desarrollo.

Esperanza Ursúa. Doctora en Biología. Consultora ambiental. Entre sus líneas de actividad figuran los estudios dirigidos a la conservación de la biodiversidad, en especial aves esteparias y rapaces

Eugenio Montelío. Licenciado en Biología. Consultor ambiental especializado en el impacto sobre la biodiversidad generado por las energías renovables.

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Alerta por el descontrol del negocio de la energía solar

En Cádiz, con un centenar de proyectos, colectivos medioambientalistas advierten del impacto en suelos de especial protección y agropecuario y en la avifauna

Autor en Andalucía Información

Daniel Barea   CAMPO DE GIBRALTAR – Publicado: 25/09/2020 · 10:18

La avalancha de parques solares proyectados en la provincia de Cádiz ha hecho saltar las alarmas de colectivos medioambientalistas y ecologistas. Según los datos aportados por la periodista Raquel Benjumeda en un reciente artículo publicado en www.horsepress.es, está pendiente de tramitación un centenar de proyectos que instalarán paneles fotovoltaicos en una extensión de 25.000 hectáreas y con una producción de 12.000 megavatios.

El Ministerio de Transición Ecológica ha enviado a la Junta instrucciones sobre los principales impactos ambientales asociados a estas instalaciones y medidas imprescindibles para autorizar las plantas de energía solar, como la búsqueda de suelos alternativos a los terrenos que coinciden con los hábitats de avifauna esteparia en regresión. Pero la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está dando luz verde, sostiene Benjumeda.

La sociedad Desarrollos Renovables Eólicos Solares S. L, perteneciente al grupo Acciona, promueve la construcción de siete plantas fotovoltaicas en Tahivilla, Tarifa, compartiendo instalaciones de evacuación con parques eólicos en fase de operación y mantenimiento. Un auténtico despropósito para Francisco Montoya porque, advierte, Acciona ocupará todo un pasillo migratorio entre dos parques naturales, El Estrecho y Los Alcornocales, Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Espacios protegidos de la Red Natura 2000 (UE), que afectará numerosas especies amenazadas, como alimoches o el ave que da nombre al Colectivo Ornitolígico Cigueña Negra, de la que es en la actualidad coordinador de Proyectos y voluntario ambiental.

“No estamos en contra de este tipo de energía, al contrario, pero sí de la ubicación de las plantas”, puntualiza. “Las placas solares alteran las corrientes térmicas, de manera que aves y también murciélagos no podrán volar o volarán más bajo, lo que incrementará el número de impactos”, explica, disparando la mortandad en el entorno. Los aerogeneradores se han cobrado ya casi un millar de animales. Concretamente donde se prevén las plantas fotovoltaicas, en el Cortijo Iruelas y La Herreria, han muerto 439.

La Asociación Amigos de la Naturaleza (Analajanda) también ha alertado sobre dos proyectos en Medina, otros dos en Alcalá de los Gazules y uno más en Vejer. Mariano Maestu, representante de la organización, expresa su preocupación por la amenaza a la biodiversidad de este fenómeno tal y como se está desarrollando.

Por una parte, indica que “la  instalación  fotovoltaica  debe  compatibilizarse en todo caso  con  la  conservación  de  la biodiversidad  y  los  usos  tradicionales,  como  el  pastoreo  controlado  y  en especial  permitir la  recolección  de espárragos,  tagarninas o caracoles por parte  de  la  población  local  que  desde  tiempo  inmemorial  ha  estado  realizado estas labores”.

Por otro lado, defiende el mantenimiento  de  zonas  con  especies  silvestres  de  interés para la conservación de especies polinizadoras, la instalación de zonas de refugio y cría, por ejemplo para aves escasas o de especial interés como el aguilucho cenizo, cernícalo, rapaces o murciélagos, y el aprovechamiento de algunas  parcelas para la ganadería extensiva.

En este sentido, teme que la comarca pierda actividad agropecuaria por el uso de suelos para fines industriales y cita estudios como el llevado a cabo por Sergi Saladié, profesor de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, quien sostiene que la energía renovable “no fija población, sino lo contrario”, y tampoco crea puestos de trabajo.

Saladié analizó la repercusión en censo y en empleo de las 43 centrales eólicas en funcionamiento, con 812 aerogeneradores diseminados por 43 municios catalanes. En sus conclusiones apunta que el porcentaje de trabajadores eólicos empadronados en estas localidades representa únicamente el 0,7% y entre 2008 y 2018 la comarca de la Terra Alta, en la que se concentra especialmente la actividad, ha perdido el 10,7% de la población, siendo la comarca de Cataluña con mayor porcentaje de pérdida demográfica en ese periodo.

Maestu advierte de la gran burbuja de proyectos renovables en España después de que el Gobierno socialista anunciara el cierre de todas las centrales térmicas de carbón. De hecho, Red Eléctrica de España (REE) afronta actualmente el proceso de planificación de inversiones para el periodo 2021-2026 y tramita los permisos de acceso a la red. Las peticiones de los promotores exceden en mucho las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030: REE habría concedido permiso de acceso a proyectos renovables que suman 81,8 gigavatios, muy por encima de los 50 de incremento previsto para los próximos diez años.

“Hay empresas que están pidiendo licencia sin intención de instalar nada”, afirma. El objetivo es especular. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha declarado que “existe el riesgo de que algunos de los titulares de estos permisos no tengan interés real en el desarrollo y puesta en marcha de las instalaciones, sino en obtener un beneficio con la transmisión de los permisos”. Para los ayuntamientos, por otro lado, la proliferación de las plantas fotovoltaicas es una fuente de ingresos a la que no parece que vayan a renunciar.

“Pedimos una moratoria”, explica el portavoz de Analajanda. Equo Cádiz Verdes reclama igualmente un plan integral para la implantación de paneles solares. Rosmarie Hennecke, miembro de la formación, lamenta que “el actual Gobierno autonómico vuelve a cometer los fallos de los antecesores” al no tener en cuenta “la combinación de las infraestructuras realizadas y las pretendidas, necesaria e implícita por las directivas ambientales europeas”. Y plantea algunas otras alternativas como la que ofrece un reciente análisis realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad: España podría tener capacidad para desplegar de aquí a 2025 hasta un millón de paneles solares en tejados, lo que supondría la instalación de 17.603 hectáreas, que podrían producir hasta 15.400 gigawatios, con los que se podría abastecer a una población de 7,5 millones de personas.

El responsable de Cigüeña Negra da por buenas todas estas ideas, pero recuerda que “el megavatio más verde es el que no se consume” y aboga por llevar a cambio todos las modificaciones normativas necesarias y se apueste por incentivos para un consumo eficiente y responsable de energía.

La alimentación, de problema a solución

Daniel López García – Biólogo y doctor en Agroecología, coordinador técnico de la Red de Ciudades por la Agroecología
08/06/2020 – 23:06h

Una imagen de la huerta valenciana PER L’HORTA

El sistema alimentario se ha situado en el centro del debate sobre la respuesta social a la pandemia COVID-19. La posibilidad de una zoonosis como origen, la mayor mortalidad en personas con dietas inadecuadas, el incremento en la demanda en ayuda alimentaria, la dificultad de proveer de dietas adecuadas a familias vulnerables. El papel que confieren las instituciones internacionales a la alimentación sostenible y saludable abre un nuevo horizonte.

En la gestión de la pandemia COVID-19, la provisión de alimentos y su calidad ha saltado al centro del debate local e internacional. Algunos sectores se han apresurado a decir que nuestros sistemas alimentarios han resultado exitosos, otros matizan esta afirmación. Se ha multiplicado el número de personas demandantes de ayuda alimentaria, el descenso del gasto alimentario familiar indica un peligroso empeoramiento de la dieta que nos hace más vulnerables en una situación de rebrote y este sistema alimentario ha promovido a lo largo del estado de alarma que, mientras los precios que percibían las personas agricultoras se reducían, los que pagan las y los consumidores se elevaban.

Es impresionante la bolsa de nuevas personas demandantes de ayuda alimentaria, en países como el Reino Unido las familias en situación de privación alimentaria se han multiplicado por cuatro durante las semanas de emergencia; entidades como Cáritas señalan que la demanda de asistencia en España se ha triplicado en las grandes ciudades; y las redes ciudadanas autoorganizadas para abastecer de alimentos se han multiplicado, cubriendo los huecos que deja un sistema de asistencia pública completamente desbordado. El sistema alimentario global no ofrece seguridad alimentaria para los grupos sociales empobrecidos.

Hay otros lados del problema. Numerosas voces hablan de un descenso en el gasto alimentario familiar en estas semanas que va de la mano de un empeoramiento de la dieta, falta de acceso a alimentos frescos y mayor consumo de procesados, algo totalmente en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las malas dietas causan enfermedades relacionadas con la mala alimentación, que le cuesta al sistema sanitario español casi 2.000 millones de euros al año. Esta mala alimentación nos ha hecho más vulnerables al coronavirus y nos deja en peores condiciones de afrontar posibles rebrotes. El sistema alimentario global no ha asegurado alimentación de calidad, saludable, y sostenible; y mucho menos para los grupos sociales vulnerables.

Además, un sistema alimentario en buen estado no puede suponer una reducción constante de los ingresos de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias (la inmensa mayoría). El sistema alimentario globalizado, mediante el desigual reparto de valor en la cadena alimentaria, fuerza al sector agrario a manejos agresivos. La inequidad en el reparto de riqueza está en el origen de desertificación y pérdidas de suelo fértil por erosión; o en la contaminación de acuíferos por nitratos o pesticidas. También, y por el mismo reparto desigual de la riqueza en la cadena alimentaria, las mujeres y los jóvenes huyen de la actividad agraria y abandonan nuestro medio rural; se fuerza a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo jornalera, mayormente extranjera y a veces en condiciones infrahumanas; y se expone a las mujeres trabajadoras en el sector agrario a situaciones intolerables de abuso. El sistema alimentario actual no permite avanzar hacia la justicia y equidad sociales, más bien al contrario.

La alimentación sostenible y saludable: un objetivo global

La OMS lleva alertando desde 2009 de la incidencia sanitaria de las dietas basadas en alimentos procesados, comida basura o lo que denominan «calorías vacías», que sitúan entre las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles, con especial incidencia en grupos sociales empobrecidos. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de Naciones Unidas lleva desde 2014 impulsando la agroecología como la mejor forma de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sistema agroalimentario, y de realizar el Derecho a la Alimentación de toda la población mundial. El Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (2015), con 25 ciudades españolas firmantes, ha situado a las ciudades en la primera línea en el impulso de sistemas alimentarios sostenibles, saludables y justos

En mayo la Comisión Europea (CE) presentó sus esperadas estrategias «Farm to Fork Strategy -Para un sistema alimentario justo, saludable y amistoso con el medio ambiente”»y la «EU Biodiversity Strategy 2030». Estos documentos se sitúan en el centro de las propuestas del llamado Pacto Verde Europeo (The European Green Deal) y definen también cómo habría de ser la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) de la UE post-2020 (que hasta el momento se lleva un 40% del presupuesto europeo). Ambos documentos abren importantes oportunidades, dentro, para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, saludables y justos, resaltando el papel de la agroecología, la agricultura ecológica y los sistemas alimentarios locales. La CE se ha comprometido a aumentar la superficie de cultivo ecológico a un 25% del total de la superficie agraria útil en Europea (lo que supondría triplicar la cifra actual) y ha anunciado un plan de acción para el fomento de la producción y el consumo ecológicos que se transponga a las normativas de los estados miembro: habilitando la reducción de impuestos a la venta de alimentos vegetales ecológicos frescos; con un nuevo marco para el etiquetado de los alimentos que considere criterios nutricionales, ambientales o sociales; estableciendo restricciones en la promoción de alimentos ricos en azúcar, grasas y sal; concretando en una reducción del 50% en el uso de pesticidas, fertilizantes y antibióticos; marcando objetivos para la sostenibilidad en la pesca y creando una nueva normativa que facilite la compra pública alimentaria «verde» con criterios de sostenibilidad en municipios y regiones. Algo que trabajaremos insistentemente desde la Red de Ciudades por la Agroegología.

Los sistemas alimentarios locales han de ser sistemas estratégicos de abastecimiento

No podemos perder la oportunidad de reconstruir nuestras economías. Los millones de euros que hoy se presupuestan deben tener una clara visión de equidad social y de la capacidad para poder afrontar con éxito eventos imprevistos en nuestras sociedades. Deben prevenir y adaptarse al cambio climático y a nuevas zoonosis, a través de ecosistemas vivos y biodiversos. Deben generar empleo en base a producciones socialmente útiles y que no supongan ‘falsas soluciones’ que generan crecimiento en el PIB destruyendo nuestro medio ambiente. En este sentido, la producción, distribución y consumo de alimentos sostenibles, a través de dietas equilibradas, de temporada y locales serán un elemento clave.

La pandemia ha mostrado que los sistemas alimentarios locales han de ser considerados sistemas estratégicos de abastecimiento urbano, como los de agua o energía. Las redes de producción y distribución locales y sostenibles, orientadas a la producción agroecológica, basadas en el trabajo digno fortalecen las economías locales, fijan población en nuestros territorios, y aseguran la provisión de alimentos frescos, que según la OMS deben constituir la base de la dieta. Los objetivos de asegurar el acceso a alimentos suficientes han de vincularse a dietas de alta calidad accesibles para todos los grupos sociales, especialmente los más vulnerables.

La alimentación es una cuestión demasiado seria y demasiado importante. Los procesos y órganos de gobernanza participativa, en distintas escalas, deben permitir y facilitar la participación de toda la sociedad -especialmente la mayoritaria agricultura familiar y consumo- en lo que se produce, distribuye y se come. La aplicación de las Estrategias al territorio español habría de hacerse desde la colaboración entre distintos actores sociales y el debate entre las distintas escalas territoriales. En este sentido, las administraciones locales han demostrado ser pioneras en la promoción de sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Algunos municipios rurales y urbanos han demostrado su compromiso con las comunidades locales Tanto éstas como la ciudadanía -y aldeanía- en general deben estar atentos en los siguientes meses en cómo se aplican estas Estrategias en la futura Política Agraria Común, que es quien pondrá el presupuesto. No podemos desaprovechar la oportunidad, especialmente en un momento en el que las situaciones de privación alimentaria se disparan y en el que los grupos sociales más vulnerables necesitan más que nunca una alimentación de calidad, sostenible y saludable.

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/alimentacion-problema-solucion_6_1035956425.html

La ONU avisa del inminente ‘colapso’

En el Día Mundial del Medio Ambiente la ONU avisa del inminente ‘colapso’ de la naturaleza

El lema oficial de la ONU en la jornada de este año es ‘Por la Naturaleza’, que llama a los ciudadanos de todo el mundo a ser «parte de la solución».

jueves 04 junio 2020 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha advertido de que la naturaleza está «al borde del colapso» y de que es «probable» que «muy pronto» desaparezcan un millón de especies de animales y plantas, ante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2020 que se celebrará este viernes 5 de junio.

La ONU defiende que la variedad de alimentos que se come, el aire que se respira, el agua para beber o el clima que hace posible la vida en el planeta y que recuerda que no existirían sin los servicios de la naturaleza.

Así, destaca que las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de la atmósfera, y un árbol es capaz de absorber 22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio.

«A pesar de todos los beneficios que brinda nuestra naturaleza, todavía la maltratamos, por eso necesitamos trabajar en ella. Por eso necesitamos este Día Internacional», insiste la ONU.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue designado por Naciones Unidas en 1974 para fomentar la acción ambiental. Desde entonces, cada 5 de junio gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos reclaman la mejora del medio ambiente.

Este año, 2020 el tema es la biodiversidad y la ONU recuerda eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de COVID-19, que «demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida».

En la actualidad, para satisfacer la demanda de todos los humanos del planeta, cada año se necesitarían 1,6 planetas Tierra donde la deforestación, la invasión de hábitats de vida silvestre, la agricultura intensiva y la aceleración del cambio climático.

«Si continuamos en este camino, la pérdida de biodiversidad tendrá graves consecuencias para la humanidad, incluido el colapso de los sistemas alimentarios y de salud», advierte la ONU. Precisamente, reflexiona que la aparición del COVID-19 pone en evidencia que cuando se destruye la biodiversidad se destruye el sistema que sustenta la vida humana.

La ONU denuncia también que a nivel mundial, mil millones de personas son contagiadas cada año y millones de ellas mueren debido a las enfermedades causadas por los coronavirus, y recuerda que el 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son zoonóticas, lo que significa que se transmiten de animales a personas.

La jornada será una plataforma para «inspirar un cambio positivo» en la comunidad global y pretende impulsar a las personas a pensar en la forma en que consumen: a las empresas, a desarrollar modelos más ecológicos; los agricultores y fabricantes, a producir de forma más sostenible; a los gobiernos, a salvaguardar los espacios silvestres; a los educadores, a inspirar a los estudiantes a vivir en armonía con la Tierra; y a los jóvenes, a que se conviertan en audaces guardianes de un futuro verde. «Requiere de todos nosotros», concluye la ONU.

https://www.ecoticias.com/naturaleza/202578/Dia-Mundial-Medio-Ambiente-ONU-avisa-inminente-colapso-naturaleza

Edificaciones ilegales en Andalucía

Dos estudios alertan de la realidad desbocada de edificaciones ilegales en Andalucía

Más de 270.000 viviendas fuera de control y 650.000 personas con acceso a ellas conforman ya un imparable fenómeno de desorden urbanístico que las administraciones locales y autonómica se han mostrado incapaces de controlar.

SEVILLA 25/05/2020 07:24

A.MORENO  @aristotelesMV

Hasta 650.000 andaluces podrían tener ya acceso a un enorme mar de viviendas irregulares como primera o segunda residencia, según indican dos estudios que avisan de un incremento exponencial del 75% de las edificaciones fuera de planificación en los últimos 15 años.

Según la estimación con la que trabaja el arquitecto Antonio Piñero, profesor titular de la Universidad de Sevilla, en la comunidad autónoma podría haber unas 272.000 viviendas en enclaves irregulares, una cifra sensiblemente superior a la que baraja su colega Pedro Górgolas, experto también en ordenación del territorio.

Ambos informes, difundidos recientemente, manejan datos extraídos de un trabajo de campo culminado en 2015, bajo el título de El urbanismo de la no ciudad, que examinó la incidencia de las parcelaciones irregulares en 176 de los municipios más afectados de Andalucía. Los dos estudios retratan una realidad territorial caótica, que ha desbordado las previsiones urbanísticas de buena parte de los ayuntamientos y cuyo ordenamiento después de tantos años se revela prácticamente inmanejable. «Ha habido un consentimiento y una inconsciencia de los efectos perniciosos que se iban a ocasionar», reflexiona Pedro Górgolas, autor de La integración urbanística de asentamientos irregulares: una cuenta pendiente del urbanismo andaluz, incluido en un volumen colectivo bajo el título genérico de Dos décadas de urbanismo en Andalucía.

Las conclusiones de Antonio Piñero en su trabajo, titulado Enclaves irregulares en el suelo no urbanizable y sostenibilidad: el caso andaluz, fijan en un 8% la población andaluza que dispone de viviendas fuera de ordenación. Según sus proyecciones, hasta 89.234 hectáreas de superficie estarían afectadas de alguna u otra manera por ocupaciones irregulares, lo que representa algo más del 1% del suelo andaluz. Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba absorben casi el 80% del fenómeno urbanístico anómalo.

La Junta de Andalucía, en cambio, maneja una estimación de hasta 327.000 viviendas fuera de ordenación, incluyendo las diseminadas, según datos difundidos en septiembre de 2019. El informe sobre el que fundamentan Piñero y Górgolas sus análisis tuvo en cuenta los asentamientos de más de dos hectáreas, lo que dejaba fuera, por tanto, a las edificaciones aisladas. De ahí las divergencias de las cifras con la cuantificación oficial de la comunidad autónoma.

La realidad actual contrasta radicalmente con la registrada en 1988, cuando la Dirección General de Urbanismo efectuó el primer inventario de parcelaciones ilegales de Andalucía donde identificó 24.058 hectáreas afectadas y 23.311 viviendas, la mayoría en suelo no urbanizable. Hoy la ocupación descontrolada del territorio se ha desbocado con «virulencia», describe el estudio de Piñero, pese a las medidas puestas en marcha por la administración autonómica desde los años 90. Casi el 90% de los asentamientos tiene uso residencial.

Entre el año 2003 y 2015, las parcelaciones irregulares experimentaron un rápido crecimiento a razón de 1.000 hectáreas por año, es decir, una superficie equivalente a 2.000 campos de fútbol nuevos cada doce meses. La incidencia del problema ha sido claramente desigual a lo largo de todo el territorio andaluz. En doce municipios, la superficie ocupada por enclaves irregulares es mayor que su propio suelo urbano y en otros siete superior al 50%.

Conil (Cádiz) es el municipio con más territorio fuera de ordenación (2.365 hectáreas) en el conjunto de los casos analizados por Piñero, que fue investigador principal del proyecto El urbanismo de la no ciudad. Le sigue Córdoba, con 1.915 hectáreas. Seis municipios andaluces superan las 1.000 hectáreas de asentamientos irregulares y otros diez están por encima de las 500. La suma de estos 16 municipios ya supone el 61% de la superficie total examinada, lo que da una idea de la concentración del fenómeno en algunas zonas críticas de la geografía andaluza.

El estudio de Pedro Górgolas se centra, por su parte, en cómo los planes generales están intentando incorporar la realidad urbanística de origen irregular en los últimos años. Su interpretación, por tanto, difiere en algunos aspectos del análisis de Antonio Piñero. En su «podio» de municipios urbanísticamente descontrolados destaca Chiclana, también en la provincia de Cádiz, con 2.600 hectáreas de asentamientos irregulares. Se trata de un caso paradigmático, que retrata de manera gráfica el desorden territorial que han experimentado algunos núcleos de Andalucía en las últimas décadas.

Más territorio del reconocido

Baste resaltar que la superficie ilegal de Chiclana multiplica por seis o siete veces la ciudad oficialmente reconocida. En esos 26 millones de metros cuadrados, se levantan unas 15.000 viviendas irregulares, donde ya vive cerca del 35% de la población censada. Aunque inicialmente los asentamientos se construyeron con finalidad turística o de segunda residencia, hoy día el tránsito a primera vivienda va ganando terreno con rapidez. Para entender la envergadura del desarrollo caótico de Chiclana, el profesor Górgolas sugiere compararlo con la localidad vecina de San Fernando, edificada sobre ocho millones de metros cuadrados. «Es decir, la superficie irregular de Chiclana triplica a una ciudad de 100.000 habitantes».

Gran parte de esta «pandemia» urbanística ha sido ocultada por los propios ayuntamientos, que han preferido mirar para otro lado y no han incluido la existencia de asentamientos en sus planes generales para evitar afrontar una realidad de enorme complejidad. Casi la mitad de los municipios radiografiados por los dos urbanistas declararon no tener asentamientos en sus territorios, cuando la realidad que se constató en el estudio decía todo lo contrario. «Los ayuntamientos han intentado obviar el reconocimiento urbanístico porque comporta un desarrollo complicado y obliga a los dueños a asumir los costes derivados de su regularización», señala Pedro Górgolas.

Ahí radica uno de los elementos medulares del problema. La regularización de los enclaves obligaría a sus propietarios a correr con los gastos propios del suministro, saneamiento, equipamientos, accesos y, en general, la urbanización de parcelas que se han levantado sin ningún tipo de planificación. «Y los propietarios no quieren pagar. Quieren que lo pague el Ayuntamiento. Es decir, que se lo paguemos todos los que tenemos una casa legal», aduce Górgolas.

Y aquí viene otra cuestión espinosa. A veces la administración más cercana no es la más adecuada para resolver el problema. ¿Por qué? «Porque los enclavados votan», subraya Antonio Piñero. Y eso representa una presión a menudo insuperable sobre los alcaldes que deben tomar decisiones difíciles sobre el futuro de estas parcelaciones. No es un reto menor, si tenemos en cuenta que al menos 650.000 personas, muchas de ellas inscritas en el censo electoral, tienen una vinculación directa y familiar con viviendas irregulares en Andalucía.

Piñero entiende que estamos ante un desafío con muchas aristas y diverso que debe buscar soluciones adaptadas a cada territorio. No por ello hay que dejar de señalar a quiénes tienen la responsabilidad de este cáncer urbanístico que ha alcanzado cotas desorbitadas. «El primer responsable es el enclavado», afirma Piñero, «y tendrá que contribuir a que la patología urbanística que ha originado no empeore la situación». Sobre las administraciones local y autonómica también recae, en opinión del urbanista, una parte considerable de responsabilidad por no haber afrontado la cuestión con la agilidad y determinación que merecía.

La combinación de factores ha sido letal para la ordenación territorial de Andalucía. Cuatro quintas partes de los asentamientos irregulares han provocado graves afecciones de distinto signo, según indica el estudio de Piñero. Más de la mitad de ellas tienen que ver con el sistema de comunicaciones, mientras que un 35% han dañado el dominio público hidráulico, un 20% los acuíferos y un 19% los espacios naturales.

La cuestión experimentó un salto cualitativo el pasado septiembre, cuando la Junta de Andalucía optó por regularizar la práctica totalidad de los asentamientos a través de la controvertida figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), que dota a los enclaves de cierto reconocimiento legal, y, por tanto, de condiciones mínimas de habitabilidad, sin necesidad de incorporarlos al planeamiento urbanístico general. Tanto Piñero como Górgolas expresan sus reticencias a la fórmula arbitrada por el Gobierno andaluz, que, a la postre, representa una amnistía para las cientos de miles de edificaciones levantadas al margen de la ley en Andalucía.

La situación podría agravarse aún más si el anteproyecto de la Ley de Sostenibilidad del Territorio que acaba de presentar el Gobierno andaluz, y que persigue suprimir filtros administrativos para la concesión de licencias urbanísticas, acaba por ver la luz.

https://www.publico.es/sociedad/estudios-alertan-realidad-desbocada-edificaciones-ilegales-andalucia.html

Un estudio sobre biodiversidad

Un estudio sobre biodiversidad advierte de que es imprescindible el decrecimiento económico

Veintidós científicos liderados por el español Iago Otero descartan que el crecimiento del PIB pueda ser compatible con la preservación de los ecosistemas.

Cristian Segura. Barcelona – 08 may 2020 – El País

Hasta hoy ha prevalecido entre Gobiernos y organismos internacionales el paradigma de que es posible salvar el medio ambiente y la biodiversidad manteniendo el crecimiento de la economía. Pero esta idea es solo una declaración de intenciones que no se sustenta con los datos recopilados desde el siglo XX. Es la conclusión a la que llega un grupo de veintidós académicos de instituciones como la Universidad de Oxford, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de Barcelona (CREAF), la Universidad de Leipzig o la Humboldt de Berlín, entre otros. El grupo, dirigido por el español Iago Otero, de la Universidad de Lausana (Suiza), cree necesario un cambio urgente de paradigma, y para ello propone una batería de medidas de choque para limitar los efectos de la economía en los ecosistemas.

El equipo liderado por Otero ha elaborado su tesis en un artículo publicado en abril por la revista Conservation Letters, coincidiendo con la pandemia de la covid-19. Otero explica a EL PAÍS que la crisis actual confirma las conclusiones del texto sobre la prioridad que debe ser salvaguardar la biodiversidad: “Una naturaleza bien conservada nos protegería de enfermedades como esta. Detrás de la pandemia está la deforestación, la expansión de la agricultura o el comercio de especies, que ponen a más gente en contacto con los animales portadores de los virus”.

Las medidas que proponen los veintidós científicos se resumen en siete puntos: limitar la explotación de recursos naturales y prohibir su extracción en áreas de alto valor ecológico; restringir la construcción de grandes infraestructuras que rompan la integridad de los espacios verdes; potenciar la agricultura de proximidad y limitar la expansión de las ciudades, favoreciendo al mismo tiempo un urbanismo de mayor concentración demográfica; compensar la destrucción de puestos de trabajo con la creación de nuevos empleos reduciendo las jornadas laborales; dificultar la promoción de aquellos productos procedentes de la sobreexplotación agrícola y de la naturaleza.

Superar el PIB

Los autores del estudio asumen que sus propuestas se enfrentarían a multitud de “barreras culturales y sociales” porque van contra “el imaginario que prevalece de un crecimiento ilimitado”. “Son propuestas para ser debatidas”, apunta Christoph Plutzer, profesor de la Universidad de Viena y uno de los firmantes del documento. La única medida que requiere “una acción inmediata”, según Plutzer, es consolidar nuevos índices que sustituyan al PIB y que evalúen el bienestar social y los niveles de protección del medio ambiente.

Estos académicos subrayan que hasta el momento no se ha podido sustentar un incremento del PIB con la reducción del consumo de recursos naturales. En los países desarrollados que sí se ha conseguido, añaden, ha sido a costa de un aumento de la explotación natural en sociedades en vías de desarrollo. El informe aporta datos que demostrarían una coincidencia en los niveles de evolución del PIB mundial desde 1960 con el de las explotaciones agrarias, el uso de pesticidas y fertilizantes, y con la demanda de consumo de carne. “La cantidad total de producción humana de materiales creció en el último siglo al unísono con el PIB global, sustituyendo ecosistemas a una escala masiva”.

Otro efecto del comercio global es la proliferación de especies invasoras, que son la segunda causa de extinción de flora y fauna. Los efectos del cambio climático en la biodiversidad también son evidentes, y el documento subraya las previsiones para el continente europeo: se estima que el 58% de las especiales vegetales y de vertebrados perderán su hábitat en los próximos sesenta años. El artículo concede que es factible alcanzar un crecimiento del PIB disminuyendo el uso de recursos naturales y las emisiones de gases contaminantes, pero hasta hoy no se ha conseguido –excepto en momentos de crisis económica puntuales–, ni siquiera al ritmo necesario para cumplir los objetivos de dejar el aumento del calentamiento del planeta en torno a los 1,5 grados.

El llamado Pacto Verde Europeo, el plan de la Comisión Europea y de los principales Estados miembros de la UE para erradicar las emisiones contaminantes de la economía, comparte objetivos con el artículo publicado en Conservation Letters. La principal diferencia es que sus autores defienden la necesidad de decrecer en términos de PIB para construir una sociedad “postcrecimiento”. “Nuestro trabajo propone ir más allá del crecimiento económico”, apunta Otero, “esto requiere dejar de utilizar el PIB como indicador guía”.

La primera solución planteada en el estudio es imponer a nivel internacional limitaciones en la cantidad de recursos naturales utilizados para la producción de los bienes comercializados. “Diferentes cupos podrían aplicarse a cada país dependiendo de su consumo histórico y los excesos en las emisiones de dióxido de carbono», dice su texto, y añade que “los topes pueden complementarse con moratorias específicas para la explotación de recursos en zonas de biodiversidad altamente delicada”. Otra propuesta es fragmentar los puestos de trabajo en jornadas laborales reducidas. “Bajo determinadas circunstancias, la jornada de trabajo más corta está relacionada con menores emisiones de carbono y otras afectaciones perjudiciales para la biodiversidad”.

Relocalizar la economía para disminuir la distancia entre los centros de producción y consumidores es otra medida clave, según el informe. Este requiere frenar la expansión geográfica de las ciudades en favor de explotaciones agrarias próximas a las urbes, evitando así la destrucción de zonas naturales en otras regiones. También piden poner coto al desarrollo de grandes infraestructuras y de redes de transporte que rompen la integridad de los espacios de valor ecológico.

Ante el COVID-19… ¿volver al pueblo?

El shock traumático provocado en la sociedad por la irrupción de coronavirus y la posterior entrada en recesión de las economías obligará a una profunda catarsis y metanoia de la sociedad en su conjunto que hará revisar los fundamentos que la sustentan.

martes 05 mayo 2020

Así, el retorno a escenarios de recesión económica provocará el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales, con lo que el retorno al medio rural se perfilará como una alternativa seria.

Un texto de Germán Gorraiz López ( Navarra-España, 1957), analista financiero y geopolítico, nos corrobora que la salida de la agricultura ecológica, en circuitos locales, es óptima para una apuesta estatal por la eco-nomía verde.

Gustavo Duch, coordinador de la revista “Soberanía Alimentaria”, traza el retrato de los nuevos agricultores y ganaderos: “Estas personas que vuelven al campo creen en explotaciones pequeñas y sostenibles cuya base son los cultivos ecológicos y no quieren utilizar las subvenciones agrícolas europeas o depender de las grandes superficies para vender sus productos pues buscan el contacto directo y la distribución por Internet que ha revolucionado este ámbito y supone una gran oportunidad de acercar los productos al consumidor”.

Así, según el ex-secretario general de la UAGN, David Lezaun, “la venta directa permite ofrecer productos locales, de calidad y a precios asequibles pero al mismo tiempo más dignos para los productores, además de reducirse el impacto ambiental al ser menor la necesidad de transporte”.

La venta directa al consumidor o en «circuitos cortos» supone pues una oportunidad de desarrollo para el sector agrario que está estudiando utilizar el 57,5% de las empresas navarras de este ámbito, citando un análisis que forma parte de un proyecto conjunto de la Fundación Fundagro, la UAGN, la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa (Sirasa) e Itsasmendikoi (CAV), para el impulso de esta forma de comercialización, que pretende evitar los aumentos de precio a causa de los intermediarios.

Como ejemplos, citaríamos a “Carne ecológica Menaut”, iniciativa pilotada por Juan Ignacio Ibáñez Eseberri, que pretende acercar directamente a la mesa del consumidor una carne de potro y cordero ecológico de alta calidad desde su borda de Izalzu (Navarra), a través de Twitter y Facebook.

Asimismo es obligado citar a Gonzalo Palacios Samper, uno de los pioneros de la producción de ternera de Salazar quien desde 2018 se dedica a la venta de carne de ternera online desde su explotación en Izal (Valle del Salazar).

Implementación de la teoría del decrecimiento

Según CCS (Centro de Colaboraciones Solidarias), “no es posible seguir creciendo de forma indefinida pues seguir por esa senda tan solo producirá más miseria social y más destrucción ecológica y para ello hay que gestionar de forma sostenible nuestra riqueza natural”.

Agricultura, ganadería y explotación forestal son sectores que llevan décadas en decadencia, ahogados por la competencia desleal que impone la economía global; sin embargo, tienen un enorme potencial para crear eco-empleo pero para ello sería necesaria la implementación por la UE de medidas proteccionistas (fomento del consumo de productos nacionales), en forma de ayudas para evitar la deslocalización de empresas y subvenciones a la industria agroalimentaria para la instauración de la etiqueta “bio” a todos sus productos manufacturados.

Así, se podrían crear en el Estado español cerca de 200.000 puestos de trabajo apoyando la producción ecológica de alimentos, incentivando el consumo local de productos agrícolas y ganaderos autóctonos y promoviendo la conversión de la actual industria forestal hacia explotaciones que cultiven especies de mayor valor añadido o que produzcan de forma sostenible la biomasa que necesita el país para reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

Germán Gorraiz López. Analista. Colabora habitualmente en varios medio digitales e impresos  españoles  y latinoamericanos.

Fuente: Vida Sana

Europa cae en la ‘desidia’

Europa cae en la ‘desidia’ al evaluar el riesgo real de los pesticidas

Los fallos en los sistemas de evaluación podrían comprometer los planes para una «recuperación verde» del sector agrario tras el Covid-19.

martes 21 abril 2020

Un informe publicado en una revista científica de la Universidad de Cambrigde y realizado por toxicólogos, abogados y expertos en políticas, ha denunciado graves fallos en los sistemas por los que se evalúa el riesgo de los pesticidas que se autorizan en la Unión Europea

Son unos fallos que pueden socavar de forma muy severa el objetivo de desarrollar una agricultura sostenible en el continente, como se pretende dentro de los planes de «recuperación verde» de la economía tras la pandemia del Covid 19.

Diferentes entidades que trabajan en favor de una agricultura sin pesticidas advierten del riesgo de que no se adopten las decisiones adecuadas y que se permita que se sigan favoreciendo intereses económicos concretos por encima del bien general.

Carlos de Prada, director de la campaña Hogar sin tóxicos, asegura que “la aplicación de métodos que encubren los riesgos  reales, no solo pone en peligro la salud pública y el medio ambiente, sino que crea la apariencia falsa de que no existe necesidad de cambio. La actual crisis del coronavirus nos está mostrando lo importante que es la correcta evaluación de los riesgos, sean estos cuales sean, y la toma adecuada de medidas, y a tiempo”.

La voluntad de la UE de caminar hacia un modelo más respetuoso con la salud y el medio ambiente queda patente en la Estrategia Farm to Fork comunitaria incluida dentro del Pacto  Verde Europeo.

Un total de 13 Ministros europeos de clima y medio ambiente, 180 responsables políticos, líderes empresariales, investigadores y organizaciones no gubernamentales han hecho llamamientos a favor de ésa «recuperación verde», que podría verse comprometida si las cosas siguen como hasta ahora.

Según el informe, publicado en la European Journal of Risk Regulation, Europa no está implementando y haciendo cumplir sus propias regulaciones sobre pesticidas. Si bien el Reglamento de plaguicidas de la UE 1107/2009 es, sobre el papel, uno de los más estrictos del mundo, en la práctica se está muy lejos de lograr su objetivo de conseguir «una evaluación independiente, objetiva y transparente de los plaguicidas y lograr un alto nivel de protección para la salud y medio ambiente».

El informe toma como ejemplo uno de los casos más conocidos, el herbicida glifosato, y revela una lista de graves irregularidades que, en realidad, afectan de forma bastante generalizada a los métodos por los que se evalúa el riesgo de los centenares de pesticidas que están autorizados en la Unión Europea.

Entre ellas se destaca que se favorecen los estudios realizados por las propias industrias que quieren comercializar los pesticidas, y que obviamente tienden a minimizar los riesgos de estas sustancias,  frente a los de la ciencia académica que detectan efectos negativos.

Se denuncia incluso que algunas agencias reguladoras, en lugar de realizar una revisión objetiva de los estudios presentados por la industria, realizando su propia evaluación, hayan llegado al extremo de plagiar informes de la industria, sin criticarlos, y presentarlos como si fuesen su propio dictamen «independiente» a favor del uso de un pesticida.

La organización PAN Europe, tres de cuyos toxicólogos han participado en el informe publicado en European Journal of Risk Regulation, denuncia que se está produciendo un «uso indebido generalizado de la investigación científica, así como una errónea interpretación de sus datos». También lamentan  un «uso indebido de herramientas estadísticas y analíticas».

Evaluar la formulación completa

Además, el documento denuncia que, cuando se aprueban los pesticidas, se evalúa el riesgo de exponerse solo a una de estas sustancias de manera aislada, a pesar de que en la vida cotidiana las personas se exponen a mezclas de ellos.

Un porcentaje considerable de las frutas y verduras que se consumen en Europa tienen residuos de varios pesticidas a la vez; y se sabe que el efecto de las mezclas puede ser muy superior al de cada uno de ellos de manera aislada.

También critica que no se evalúan adecuadamente los efectos de las formulaciones completas de cada producto que se pone a la venta, sino que se centran en el principio activo de una sola sustancia, a pesar de que «los aditivos pueden cambiar el perfil de toxicidad del ingrediente activo».

Por otro lado, se denuncia que no se están abordando debidamente «los conflictos de intereses dentro de las agencias reguladoras, lo que socava la independencia y la objetividad de las evaluaciones de pesticidas«.

Como resultado de todos estos fallos, apunta PAN Europe  «muchos pesticidas están pasando por el proceso regulatorio y están siendo autorizados a pesar de su potencial para dañar la salud humana y animal, así como el medio ambiente».

El problema, comentan, no es tanto por las leyes en sí mismas, aunque algunas de ellas debieran ser mejoradas, como por «el fallo de los organismos reguladores a la hora de implementar o hacer cumplir las leyes duras o «blandas» que rigen cómo se regulan los pesticidas«. 

Por ello, los autores del informe proponen cambios «en la forma en que los reguladores llevan a cabo el proceso de evaluación de riesgos, así como en la forma en que se aplican los conocimientos científicos actuales y las herramientas analíticas científicas».

Se pide que se usen en mayor medida métodos de «revisión sistemática» para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación de los resultados de los estudios que se tienen en cuenta en la evaluación de los riesgos; un uso adecuado del enfoque de “peso de la evidencia” de modo que se tengan en cuenta debidamente todos los tipos de evidencia diferentes que muestran que, por ejemplo, un pesticida puede ser cancerígeno (de forma que no se evalúen y descarten por separado, sino que se considere el peso conjunto de toda esa evidencia); evaluar la toxicidad de toda la formulación de los pesticidas y no solo la de una de sus sustancias aisladas ya que se sabe que su efecto puede ser mucho mayor; o que, entre otros aspectos,  los reguladores no se limiten a copiar lo que la industria dice acerca de la seguridad de los pesticidas que quieren vender sino que realicen evaluaciones objetivas e independientes.

Momento crucial

El  informe se basa en el trabajo de un grupo interdisciplinario de científicos, abogados y formuladores de políticas, que en 2018 formaron la coalición Ciudadanos para la Ciencia en la Regulación de Pesticidas. Más de 140 ONGs se inscribieron en el manifiesto de la Coalición para exigir una reforma en la evaluación de riesgos con el fin de garantizar que el uso de pesticidas no cause daños a los humanos, los animales y el medio ambiente.

Ahora se está en un momento crucial, ya que la Comisión de la UE está preparando su estrategia Farm to Fork (F2F) como parte del Pacto Verde Europeo, con la meta de «asegurar un sistema alimentario justo, saludable y ecológico» que incluirá «medidas para reducir significativamente el uso y el riesgo de los pesticidas químicos».

Como afirma Angeliki Lyssimachou, una de los autores del nuevo informe y oficial de políticas científicas de PAN Europe: «no se puede reducir el riesgo si la evaluación no se realiza correctamente.

Algunos pesticidas que han pasado por el proceso de autorización no deberían estar autorizados en absoluto, ya que son tóxicos. Los reguladores deben asegurarse de que los últimos conocimientos científicos y métodos de evaluación objetiva se implementen durante todo el procedimiento de evaluación».

Retraso en las evaluaciones

Además de la Estrategia Farm to Fork, la Comisión debe publicar una evaluación sobre la legislación de pesticidas de la UE. Tal evaluación, que lleva mucho retraso, denominada REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme) debería servir para  determinar «si las regulaciones satisfacen las necesidades de los ciudadanos, las empresas y las instituciones públicas de manera eficiente».

Pero se teme que podría enfocarse para favorecer los intereses industriales debilitando la normativa. La crisis del Covid 19 ha pospuesto la publicación de los dos documentos,  y una serie de sectores presionan para que se retrase aún más y se supediten a intereses económicos concretos.

Otra de las autoras del informe, Claire Robinson, asegura que el «COVID-19 nos ha demostrado que la salud humana debe ser la prioridad y que la producción sostenible de alimentos es crucial. No podemos permitirnos más retrasos en la implementación de un programa saludable y sostenible, y un sistema alimentario resistente». 

Por su parte, el investigador Christopher Portier, que también participó en el informe, apunta que «el rigor científico y la transparencia total son fundamentales tanto para la evaluación de los datos utilizados en la toma de decisiones regulatorias como para la confianza que el público tenga en esas evaluaciones».

En la misma dirección se expresa Koldo Hernández, de Ecologistas en Acción, quien subraya que “es importante mejorar los sistemas por los que organismos como la EFSA evalúan la seguridad de los pesticidas, así como la transparencia del proceso y los conflictos de interés existentes, a fin de evitar que se sigan usando aquellas sustancias de mayor riesgo».

El informe:

ROBINSON, C. et al. (2020). Achieving a High Level of Protection from Pesticides in Europe: Problems with the Current Risk Assessment Procedure and Solutions. European Journal of Risk Regulation, 1-31. doi:10.1017/err.2020.18

https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/achieving-a-high-level-of-protection-from-pesticides-in-europe-problems-with-the-current-risk-assessment-procedure-and-solutions/1162DF6B1E3DF00FB801F484FD3ADB91

24 DE ABRIL

24 DE ABRIL: ACCIÓN GLOBAL POR EL CLIMA

2020 Rebelión por el Clima, Alianza por el Clima, y Fridays for Future convocan una nueva movilización por el clima el día 24 de abril.

Sin olvidar la gravedad de la crisis sanitaria que estamos viviendo, no queremos dar la espalda a la crisis climática y de biodiversidad que amenaza la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Debemos comenzar de nuevo y construir un futuro común desde la justicia climática y social. Porque la salud, los cuidados, y la vida de las personas están por encima de todo. A pesar de que nos quedemos en casa, nuestras voces pueden seguir siendo escuchadas. ¡Manifiéstate por el clima desde las redes sociales y desde tu balcón mediante la proyección de sombras y sonidos!