“El 70% de los últimos brotes
epidémicos han comenzado con la deforestación”
María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, explica cómo los virus del ébola, el SARS o el VIH han saltado de los animales a los humanos después de la destrucción masiva de selvas y bosques tropicales
María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, en un acto en Estambul (Turquía).ABDULLAH COSKUN (GETTY IMAGES)
La médica
española María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que la pandemia del coronavirus
es una prueba más de la peligrosa relación entre los virus y las presiones del
ser humano al medio ambiente. Desde su oficina en Ginebra, Suiza, Neira explica
cómo los virus del ébola, el SARS o el VIH/sida han saltado de los animales a
los humanos después de la destrucción de selvas y bosques …
Investigadores españoles alertan del impacto del ‘boom’ de las renovables en aves y murciélagos
23 científicos del CSIC advierten en una carta en ‘Science’ de la pérdida de biodiversidad asociada a la construcción de megainstalaciones fotovoltaicas y eólicas
Una planta solar en España. PABLO BLAZQUEZ DOMINGUEZ / GETTY
La carrera por alcanzar los 89 gigavatios de energía fotovoltaica y eólica —ya hay 36 instalados— que necesita España para cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) puede provocar daños irreversibles en la biodiversidad, advierten 23 científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de varias universidades. Los autores del escrito, publicado en la revista Science, están a favor de ese tipo de energía, pero sostienen que los nuevos proyectos afectarán a “cientos de miles de hectáreas y no hay forma de compensar la enorme cantidad de hábitats valiosos que podrían perderse”. Para minimizar el impacto de la transición energética sobre valores naturales amenazados, consideran necesaria una mayor planificación, así como políticas que apuesten por la eficiencia, el autoconsumo y el ahorro energético.
Entre los efectos adversos, los científicos destacan los proyectos fotovoltaicos que ocupan zonas llanas y pueden comprometer la viabilidad de poblaciones de aves esteparias, que están gravemente amenazadas en España. Especies como el sisón, las gangas, la alondra ricotí, el aguilucho cenizo o el cernícalo primilla han sufrido un declive en los últimos 15 años de entre el 20% y el 50%. Además, sus poblaciones se encuentran en áreas no amparadas por la Red Natura 2000, “por lo que no existen herramientas legales para blindarlas frente al avance de proyectos macroenergéticos”, denuncian.
Como ejemplo del impacto que ya producen en la biodiversidad algunas de estas instalaciones, el comunicado se refiere a la importante mortandad de grandes aves, sobre todo buitres, o murciélagos al chocar con las 20.000 turbinas de energía eólica en funcionamiento en España. “Como mínimo” se estima que mueren al año 200.000 ejemplares de murciélagos y alrededor de un millar de buitres leonados por esta causa. Estas bajas provocan consecuencias demográficas en algunas poblaciones amenazadas, como ocurre con los alimoches que se topan con los aerogeneradores en Andalucía, donde la población está catalogada con la máxima figura de protección. Una situación a la que se suma que cuando se detectan puntos críticos de afección a aves “prácticamente nunca se detienen las turbinas para disminuir las muertes”, explica a EL PAÍS David Serrano, científico del CSIC en la Estación Biológica de Doñana y primer autor de la carta.
Las empresas optan por los “suelos más baratos” para levantar las infraestructuras, continúa Serrano. Se decantan por terrenos marginales, pero de alto valor ecológico como tierras de cultivo de cereales o áreas de media montaña, ecosistemas donde viven aves esteparias y rapaces, “que tienen en España sus mayores poblaciones europeas o, incluso, mundiales”. “Yo también elegiría lo más económico, porque es más rentable, pero es la Administración la que debe velar por evitar que se instalen en determinadas zonas, y no siempre lo hace”, añade.
Los investigadores no tienen ninguna duda de que las energías renovables son necesarias, pero también de que su coexistencia con la biodiversidad requiere una planificación ambiciosa y buenas prácticas en los procesos de evaluación ambiental. Motivo por el que España “debería adoptar un enfoque más cauteloso para prevenir un escenario en el que los objetivos energéticos se cumplan a expensas de la biodiversidad”. Consideran que la solución pasa por la elección de ubicaciones adecuadas. “Se deberían construir el mínimo de plantas posibles en el campo y buscando terrenos que no tuvieran un alto valor ecológico, además de apostar por el autoconsumo aprovechando las cubiertas de los edificios de polígonos industriales, empresas, barrios…”, aclara el científico. Otro de los problemas se debe a que en muchas ocasiones la información de campo no está actualizada ni disponible, de tal forma que se autorizan “proyectos en áreas con especies mal protegidas porque los catálogos regionales o estatales de fauna y flora no están al día y no recogen el estado real de determinadas poblaciones”.
La carta concreta, además, que los estudios de impacto ambiental de estas infraestructuras son “financiados por empresas de energía, a menudo con poca supervisión por parte de los Gobiernos, lo que excluye la independencia”. Serrano considera que el problema central es la urgencia que tiene España para el cumplimiento de los objetivos, que ha desembocado en un proceso acelerado y desordenado que desborda a técnicos y a la Administración, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para evitar una burbuja especulativa en el mercado secundario. De momento, existen permisos de acceso a la red eléctrica para proyectos que representan 121 gigavatios, que se sumarán a los 36 ya instalados, según la información de Red Eléctrica de España. “Esto implica que casi se duplican los objetivos del borrador PNIEC para 2021-2030”, puntualiza Serrano.
Una planta americana, cuya proliferación en España coincide con la construcción de la base naval de Rota, altera el sistema dunar de la costa atlántica
RAÚL LIMÓN – 28 OCT 2020 – 00:30 CET
Zona de la Costa de la Luz invadida por la ‘Oenothera drummondii’.J. B. GALLEGO-FERNÁNDEZ
Cuando la base naval de Rota comenzó a convertirse en una de las principales instalaciones militares del Sur de Europa, fruto del Pacto de Madrid, firmado por los Gobiernos del dictador Francisco Franco y de Estados Unidos en 1953, se registró también la llegada a la zona de una rastrera indeseada de pálidas hojas verdes grisáceas y flores amarillas: la Oenothera drummondii. Esta planta, propia de la costa norteamericana y climas tropicales, gracias a una extraordinaria capacidad de adaptación y con la sorpresiva ayuda de liebres y conejos, que hacen de inesperados sembradores, ha colonizado el litoral atlántico, especialmente el golfo de Cádiz y zonas del País Vasco, hasta el punto de alterar el sistema dunar y el ecosistema que de él depende. “Es un problema grave y hay que actuar ya”, afirma Juan Bautista Gallego-Fernández, investigador del grupo de Ecología Funcional de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos de la Universidad de Sevilla.
El origen de la invasión no se conoce con precisión, pero la hipótesis de que llegara con la flota americana a Rota se fundamenta en que, en Australia, donde también es invasora, al igual que en Sudáfrica, China e Israel, su colonización coincidió con la actividad de buques carboneros norteamericanos que soltaban su lastre en esa costa.
Hace 25 años, una compañera de Gallego-Fernández le mostró un ejemplar de esta planta, que entonces era aún minoritaria. La especie llamó la atención del investigador y, finalmente, emprendió un estudio con la colaboración del instituto mexicano de ecología Inecol y de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha culminado el pasado año y se ha publicado en Plant Physiology and Biocheistry, según ha difundido la Universidad de Sevilla y la Fundación Descubre. La conclusión es que esta planta, singular hace unas décadas, ha llegado a invadir el este y el sureste del golfo de Cádiz, con especial presencia en las costas gaditanas de Chiclana y Chipiona así como en el litoral de Huelva. En esta última provincia, en la zona del Espigón Juan Carlos I, se han llegado a observar más de tres millones de ejemplares.
En la zona del Espigón Juan Carlos I de Huelva se han llegado a observar más de tres millones de ejemplares
La invasión de la Oenothera drummondii cuenta con armas eficientes. Pese a ser propia de climas húmedos tropicales, se ha adaptado bien a la sequía del sur de España con estrategias como aprovechar las escasas precipitaciones y altos niveles de radiación solar mejor que algunas plantas autóctonas, como la Achilleamarítima,perder las hojas durante el verano para recuperarlas en otoño, disponer de un 0,6% de semillas capaces de sobrevivir flotando en el agua del mar hasta que el viento y las mareas las arrastran a la arena o una alta capacidad de fotosíntesis, entre otras habilidades.
“La planta ha ocupado el espacio de otras nativas y ha alterado la diversidad, reduciendo el número de especies singulares y facilitando la presencia de otras vulgares”, explica Gallego-Fernández, que añade que la proliferación de la Oenothera drummondii también modifica los microorganismos del suelo y termina afectando no solo a la cubierta vegetal sino también a la fauna y flora propia de los frágiles ecosistemas dunares españoles.
Carrizos autóctonos en las dunas a las puertas de Doñana.
Por si fuera poco, allí donde llega, esta planta invasora ocupa la mayor parte del espacio de la zona de la duna con cubierta vegetal y, al ser rastrera, altera los movimientos naturales que origina el viento sobre la arena. La especie autóctona Ammophila arenaria o carrizo crece en terrenos arenosos gracias a un sistema de raíz muy profundo que ayuda a fijar las dunas litorales, que crecen en altura por la presencia de este obstáculo. Lo mismo sucede con la Otanthus maritimus, una planta rizomatosa con tallos que alcanzan hasta medio metro de altura.
Las investigaciones de Gallego-Fernández demostraron que la presencia de estas plantas propias del Atlántico europeo se reduce significativamente ante la invasión de la Oenothera drummondii y queotras especies nativas son eliminadas. Sin estos ejemplares propios, las dunas pierden altura y se convierten en suaves montículos arenosos, desprotegiendo así las áreas situadas detrás y, según explica el científico, “reduciendo un tipo de hábitat exclusivo para especies nativas muy abundantes y con un papel muy relevante en la dinámica sedimentaria”.
Localizaciones de la ‘Oenothera drummondii’ en España. Las fechas hacen referencia al primer registro en esa ubicación. El área de la primera introducción de la especie en el golfo de Cádiz aparece marcada con un óvalo gris. Los círculos grises identifican las poblaciones registradas, mientras que los círculos negros indican las poblaciones de las que se recogieron muestras, frutos o restos fecales con semillas.
“El cambio en la estructura y composición de la comunidad podría tener un efecto dominó en la biodiversidad de las dunas costeras y debe ser cuidadosamente monitoreado y mitigado”, concluye el investigador de la Universidad de Sevilla.
Consumada la invasión, Gallego-Fernández cree que es el momento de organizar las defensas. “No se puede perder de vista a esta planta”, advierte. Para controlar su expansión propone establecer un sistema de alerta y contener dónde está. La vigilancia del personal del Parque Nacional de Doñana, con una franja litoral situada justo entre las zonas ya colonizadas, ha permitido erradicarla en los pocos lugares donde fue localizada. Además, sugiere la introducción de especies de plantas leñosas propias que resistan y limiten la expansión de la planta americana.
De los 7.880 kilómetros de costa de España, según una publicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un 45% cuenta con sistemas dunares. A la presencia de plantas invasoras hay que añadir amenazas que ya vienen sufriendo, como las extracciones de arenas y agua freática, los usos agrícolas, ganaderos y forestales, las urbanizaciones y obras y las actividades recreativas no autorizadas.
Según una investigación publicada en Ibis por Miguel Ángel Gómez-Serrano, del departamento de Microbiología y Ecología de la Universidad de Valencia, la presencia de personas, y en especial cuando van acompañadas de perros, tiene un fuerte impacto en la fauna de las dunas. El estudio detecta que los caminantes, al cruzar la playa a través de estas zonas, asustan al 47% de las aves que están incubando en el área, mientras que solo ahuyentan al 13% cuando lo hacen en los caminos autorizados. Cuando van acompañados de sus mascotas, el comportamiento de las aves cambia drásticamente y el 94% huye.
Biodiversidad, ¿la gran perdedora de la transición energética?
El lector puede preguntarse si la urgencia de luchar contra el cambio climático no merece sacrificar biodiversidad para evitar un desastre mayor. El dilema no es renovables sí o no. La cuestión es cómo, cuánto y dónde
El Gobierno de España ha presentado varias propuestas
para luchar contra el cambio climático, entre las que cabe destacar el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que recoge actuaciones previstas
hasta 2030. Esta actitud proactiva es inédita y sin duda loable. Sin embargo,
la lucha contra el cambio climático no puede basarse sólo en conseguir que el
100% de la electricidad provenga de energías renovables, como explica la Plataforma ciudadana para una Transición Ecológica Justa.
Dicho propósito es insuficiente para conseguir la descarbonización y
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la medida necesaria
para cumplir con el Acuerdo de París y con las recomendaciones que marca el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Observamos además con preocupación que no se están considerando de manera
adecuada los impactos negativos e irreversibles que el desarrollo masivo y no
planificado de centrales de energía renovable a gran escala puede provocar
sobre la biodiversidad. Por ello, la citada Plataforma ha lanzado una propuesta que identifica puntos que
necesitan mejoras evidentes para garantizar la conservación de la biodiversidad
durante el desarrollo de la necesaria transición energética a las energías
renovables.
La ciencia demuestra que los parques eólicos y las centrales
solares pueden producir un impacto severo sobre la biodiversidad por mortalidad
directa y por ocupación y destrucción de hábitats de alto valor ecológico.
Existen ejemplos muy contundentes en España, principalmente en aves y quirópteros y la evidencia actual
sólo es la punta del iceberg de lo que puede suceder con el inminente
desarrollo masivo y desordenado de proyectos de energía renovable a gran
escala.
Consideramos masivo tal desarrollo porque supone un exceso
desorbitado de oferta. En 2019 el pico de demanda eléctrica, el momento de
mayor consumo, fue de 40 GW, siendo un 11% menor al máximo
histórico registrado en 2007. A fecha de 31 de agosto de 2020, según datos de
Red Eléctrica Española, la potencia instalada de energía eólica y solar
fotovoltaica ascendía a 35,4 GW. Además ya se ha concedido
derecho de conexión a 130 GW nuevos, y otros 60 GW más se encuentran a la espera
de dicho derecho. El PNIEC tiene como objetivo que en 2030 haya instalados 87
GW. Es decir, sólo en 2021 ya tendremos dos veces y media más GW que los
objetivos marcados por el Gobierno. Si traducimos de forma aproximada dichos GW
a hectáreas, nos encontramos con que las centrales de renovables ocuparán al
menos 425.000 hectáreas, frente a las alrededor de 87.000 hectáreas que preveía
el PNIEC. Por lo tanto, sólo con esos proyectos se ocupará casi 5 veces más
territorio de lo que se había previsto y evaluado. Todo ello está enmarcado en una gran burbuja especulativa, que el Real
Decreto 23/2020 del 23 de junio de 2020 pretende frenar, pero que no parece
conseguir al no poner coto a la compra-venta de proyectos.
El PNIEC reconoce en su Estudio de Impacto Ambiental Estratégico
los potenciales efectos negativos sobre la biodiversidad del desarrollo de las
energías renovables. No obstante, las soluciones que propone para evitar el
daño (evaluación rigurosa de los proyectos dentro de la Red Natura 2000, las
Estrategias de Conservación y Gestión de Especies Amenazas, los Estudios de
Impacto Ambiental y las medidas compensatorias y de restauración) son
absolutamente insuficientes.
La carencia más importante del PNIEC y su Estudio Ambiental
Estratégico (EAE) es la ausencia de una planificación general, indispensable
para evaluar y paliar el impacto del desarrollo masivo de energías renovables
sobre la biodiversidad. El PNIEC no concreta áreas de alto valor ecológico que
deban ser excluidas del desarrollo de centrales de energía renovable a gran
escala. Existe el agravante de que gran parte de la información disponible
sobre la distribución y situación poblacional de muchas especies de fauna y
flora silvestre está desactualizada debido al desplome en la financiación de
los programas de seguimiento en los últimos años, tanto a nivel autonómico como
nacional. En estrecha relación con esto se encuentra el hecho de que el diseño
de la Red Natura 2000 actual es claramente escaso para garantizar la conservación de
los valores naturales para los que fue planteada,
principalmente por dos motivos. En primer lugar, la planificación se hizo en
muchos casos sin disponer de la información necesaria para realizar un diseño
adecuado. En segundo lugar, la distribución y abundancia de los seres vivos es
un proceso dinámico en el tiempo, especialmente bajo el marco del cambio global
al que nos enfrentamos. Esto ha provocado que actualmente existan áreas
críticas para la conservación de diversas especies que no cuentan con ninguna
figura de protección. Todos estos problemas podrían en cierta medida verse
contrarrestados por los planes de manejo de especies amenazadas catalogadas. Desafortunadamente,
en la actualidad existen estrategias de conservación y gestión para sólo el 5%
de ellas pese a que dichas estrategias son legalmente obligatorias. Asimismo,
los catálogos nacionales y autonómicos de especies amenazadas han quedado en
muchos casos obsoletos. Por ejemplo, gran parte de las aves ligadas a estepas
naturales o cereales de secano en extensivo, uno de nuestros grupos faunísticos
más singulares en el contexto europeo y principales afectadas por las plantas
solares, no cuentan con categorías de protección que hagan justicia a la
dramática situación que atraviesan. En el caso de otras aves y muchos
murciélagos es necesario recabar criterio experto y elevar la categoría, tal y
como proponen los especialistas. Urge acelerar estos procesos de modo que las
especies cuenten con un nivel de protección legal y unas estrategias de gestión
y conservación coherentes con su grado de amenaza.
En lo referente a los Estudios de Impacto Ambiental, la capacidad
que tienen para anticipar el impacto real de los proyectos ha sido cuestionada
en diversas ocasiones desde ámbitos científicos. Por ello, el PNIEC en
ningún caso debe simplificar el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental tal como propone, sino que se debe aumentar la exigencia en la
calidad, duración e intensidad de los trabajos de campo. En caso de duda sobre
los efectos de un proyecto, debería siempre aplicarse el principio de precaución,
establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) e introducido en el Derecho Comunitario como
principio orientador de su política ambiental (art. 174.2 del Tratado CEE).
Cuando las infraestructuras puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000, el
proyecto debería ser denegado siempre que el promotor no demuestre que es
inocuo sobre los valores que motivaron su inclusión en la Red Natura 2000. Así
lo establecen la Directiva Hábitats y la famosa “sentencia Wadden”. Finalmente y de manera
general, debe reflexionarse sobre cómo se realizan los estudios de impacto
ambiental que actualmente ejecutan o contratan los promotores directamente y
que en la práctica tienen en demasiadas ocasiones escaso control
administrativo.
Observamos también con preocupación que muchas autorizaciones y
Declaraciones de Impacto Ambiental pretenden sortear daños ambientales severos
con la aplicación de medidas compensatorias. Compensar la biodiversidad perdida
en un lugar restaurándola en otro distinto es lo que se conoce como “ausencia
de pérdida neta de biodiversidad” y supone una tentación para no bloquear las
actividades económicas. Sin embargo, la realidad es que esa compensación es
poco ambiciosa y la mayor parte de las veces ineficaz, como atestiguan
numerosas experiencias realizadas en España en los últimos años. El PNIEC ha de
garantizar la conservación de la biodiversidad existente y no pretender
restaurar el daño causado por el plan mediante medidas compensatorias, que
deben ser la última opción, ante impactos ambientales residuales, y siempre en
casos muy concretos tras un análisis de alternativas honesto que incluya la
alternativa de no ejecutar el proyecto.
El Real Decreto 23/2020 provocará que
antes de finales de 2020 se presenten cientos de proyectos en todo el
territorio español. Si el desarrollo masivo de estas centrales continúa sin una
planificación y evaluación integral adecuadas, los efectos sobre la
biodiversidad de nuestro país, la más importante de Europa occidental, pueden
ser desastrosos e irreversibles. El lector puede preguntarse si la urgencia de
luchar contra el cambio climático no merece sacrificar biodiversidad para
evitar un desastre mayor. El dilema no es renovables sí o no. Sin duda
renovables sí, la cuestión es cómo, cuánto y dónde. Para responder a estas
preguntas tenemos una hoja de ruta marcada por las Directivas Europeas del paquete de invierno que
son de obligado cumplimiento y que apuestan por la eficiencia energética que reduciría
las necesidades energéticas, por el desarrollo de un modelo distribuido que
acerque los centros de generación de energía a los centros de consumo, y por
energía generada con autoconsumo de renovables, es decir, con fotovoltaicas en
nuestros tejados o en los polígonos industriales, no en el medio natural. Este
modelo evitaría por completo los efectos devastadores que uno centralizado de
energías renovables a gran escala puede provocar sobre nuestra biodiversidad y
paisaje. No podemos olvidar que el paisaje es un recurso imprescindible para un
sector estratégico y en alza como el turismo rural. Además, el autoconsumo con
renovables podría tener muchos otros efectos positivos, como el abaratamiento
de la factura de la luz y conseguir de manera eficaz los objetivos de
descarbonización.
Dado que encima de la mesa ya tenemos una oferta de potencia
renovable que duplica la planificada por el PNIEC para 2030, parece lógico
realizar una moratoria temporal en la autorización de megacentrales de energías
renovables hasta que se subsanen todas las debilidades que hemos señalado. Como
en el escenario actual esto parece muy poco probable, consideramos
imprescindible y muy urgente realizar al menos una adecuada planificación,
estudio y evaluación integral del PNIEC que, más allá de los marcos normativos
vigentes, contemple sus efectos sobre la biodiversidad y paisaje. Resulta
indispensable además que el modelo incorpore las Directivas Europeas de
obligado cumplimiento. Creemos firmemente que es posible conseguir una
transición energética a las energías renovables preservando el bien común que
representan la biodiversidad y el paisaje y los servicios que nos brindan.
Firmantes
Luis Bolonio. Técnico en Conservación de la
Biodiversidad y Cooperación al desarrollo.
David Serrano. Científico Titular. Estación
Biológica de Doñana (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Su
actividad se centra en la ecología aplicada a la conservación de aves,
especialmente rapaces y aves esteparias.
Francisco Valera. Científico Titular. Estación
Experimental de Zonas Áridas (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Su principal interés es el estudio de la conservación de la biodiversidad en el
marco de las interacciones entre organismos y de éstos con el hombre.
Diana Osuna. Licenciada en Ciencias
Ambientales. Técnica de Recursos Naturales, agroecología y Educación para el
Desarrollo.
Esperanza Ursúa. Doctora en Biología. Consultora
ambiental. Entre sus líneas de actividad figuran los estudios dirigidos a la
conservación de la biodiversidad, en especial aves esteparias y rapaces
Eugenio
Montelío. Licenciado en Biología. Consultor ambiental especializado en el
impacto sobre la biodiversidad generado por las energías renovables.
Alerta por el descontrol del negocio de la energía solar
En Cádiz, con un centenar de proyectos, colectivos medioambientalistas advierten del impacto en suelos de especial protección y agropecuario y en la avifauna
Autor en Andalucía Información
Daniel Barea CAMPO DE GIBRALTAR – Publicado: 25/09/2020 ·
10:18
La avalancha de parques solares proyectados en la provincia de
Cádiz ha hecho saltar las alarmas de colectivos medioambientalistas y
ecologistas. Según los datos aportados por la periodista Raquel Benjumeda
en un reciente artículo publicado en www.horsepress.es,
está pendiente de tramitación un centenar de proyectos que instalarán paneles
fotovoltaicos en una extensión de 25.000 hectáreas y con una producción de
12.000 megavatios.
El
Ministerio de Transición Ecológica ha enviado a la Junta instrucciones sobre los principales impactos ambientales asociados
a estas instalaciones y medidas imprescindibles para autorizar las plantas de
energía solar, como la búsqueda de suelos alternativos a los terrenos que
coinciden con los hábitats de avifauna esteparia en regresión. Pero la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible está dando luz verde, sostiene Benjumeda.
La
sociedad Desarrollos Renovables Eólicos Solares S. L, perteneciente al grupo Acciona, promueve la construcción de siete plantas fotovoltaicas
en Tahivilla, Tarifa, compartiendo instalaciones de evacuación con parques
eólicos en fase de operación y mantenimiento. Un auténtico despropósito para Francisco Montoya
porque, advierte, Acciona ocupará todo un pasillo migratorio entre dos parques
naturales, El Estrecho y Los Alcornocales, Zonas de Especial Conservación (ZEC)
y Espacios protegidos de la Red Natura 2000 (UE), que afectará numerosas
especies amenazadas, como alimoches o el ave que da nombre al Colectivo
Ornitolígico Cigueña Negra, de la que es en la actualidad coordinador de
Proyectos y voluntario ambiental.
“No estamos en contra de este tipo de energía, al contrario,
pero sí de la ubicación de las plantas”, puntualiza. “Las placas solares
alteran las corrientes térmicas, de manera que aves y también murciélagos no
podrán volar o volarán más bajo, lo que incrementará el número de impactos”,
explica, disparando la mortandad en el entorno. Los aerogeneradores se han
cobrado ya casi un millar de animales. Concretamente donde se prevén las
plantas fotovoltaicas, en el Cortijo Iruelas y La Herreria, han muerto 439.
La
Asociación Amigos de la Naturaleza (Analajanda) también ha alertado sobre dos proyectos en Medina, otros dos en
Alcalá de los Gazules y uno más en Vejer. Mariano Maestu, representante de
la organización, expresa su preocupación por la amenaza a la biodiversidad de
este fenómeno tal y como se está desarrollando.
Por
una parte, indica que “la
instalación fotovoltaica debe compatibilizarse en todo
caso con la conservación de la
biodiversidad y los usos tradicionales,
como el pastoreo controlado y en especial
permitir la recolección de espárragos, tagarninas o
caracoles por parte de la población local
que desde tiempo inmemorial ha estado
realizado estas labores”.
Por otro lado, defiende el mantenimiento de zonas con especies silvestres de interés para la conservación de especies polinizadoras, la instalación de zonas de refugio y cría, por ejemplo para aves escasas o de especial interés como el aguilucho cenizo, cernícalo, rapaces o murciélagos, y el aprovechamiento de algunas parcelas para la ganadería extensiva.
En
este sentido, teme que la comarca
pierda actividad agropecuaria por el uso de suelos para fines industriales y cita
estudios como el llevado a cabo por Sergi Saladié, profesor de Geografía de la
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, quien sostiene que la energía
renovable “no fija población,
sino lo contrario”, y tampoco crea puestos de trabajo.
Saladié
analizó la repercusión en censo y en empleo de las 43 centrales eólicas en
funcionamiento, con 812 aerogeneradores diseminados por 43 municios catalanes.
En sus conclusiones apunta que el porcentaje de
trabajadores eólicos empadronados en estas localidades representa
únicamente el 0,7% y entre 2008 y 2018 la comarca de la Terra Alta, en la que
se concentra especialmente la actividad, ha perdido el 10,7% de la población,
siendo la comarca de Cataluña con mayor porcentaje de pérdida demográfica en
ese periodo.
Maestu
advierte de la gran burbuja de
proyectos renovables en España después de que el Gobierno socialista anunciara el cierre
de todas las centrales térmicas de carbón. De hecho, Red Eléctrica de España
(REE) afronta actualmente el proceso de planificación de inversiones para el
periodo 2021-2026 y tramita los permisos de acceso a la red. Las peticiones de
los promotores exceden en mucho las previsiones del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (Pniec) 2021-2030: REE habría concedido permiso de acceso a
proyectos renovables que suman 81,8 gigavatios, muy por encima de los 50 de
incremento previsto para los próximos diez años.
“Hay
empresas que están pidiendo licencia sin intención de instalar nada”, afirma. El objetivo es especular. La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) ha declarado que “existe el riesgo de que
algunos de los titulares de estos permisos no tengan interés real en el
desarrollo y puesta en marcha de las instalaciones, sino en obtener un
beneficio con la transmisión de los permisos”. Para los ayuntamientos, por otro
lado, la proliferación de las plantas
fotovoltaicas es una fuente de ingresos a la que no parece que vayan a
renunciar.
“Pedimos una moratoria”, explica el portavoz de
Analajanda. Equo Cádiz Verdes reclama igualmente un plan integral para la implantación de paneles solares. Rosmarie
Hennecke, miembro de la formación, lamenta que “el actual Gobierno autonómico
vuelve a cometer los fallos de los antecesores” al no tener en cuenta “la
combinación de las infraestructuras realizadas y las pretendidas, necesaria e
implícita por las directivas ambientales europeas”. Y plantea algunas otras
alternativas como la que ofrece un reciente análisis realizado por el
Observatorio de la Sostenibilidad: España podría tener capacidad para desplegar
de aquí a 2025 hasta un millón de paneles solares en
tejados, lo que supondría la instalación de 17.603 hectáreas, que
podrían producir hasta 15.400 gigawatios, con los que se podría abastecer a una
población de 7,5 millones de personas.
El
responsable de Cigüeña Negra da por buenas todas estas ideas, pero recuerda que “el megavatio más verde es el que no se consume” y aboga
por llevar a cambio todos las modificaciones normativas necesarias y se apueste
por incentivos para un consumo eficiente y responsable de energía.
La regeneración del bosque: una tarea cada vez más difícil
En un tiempo donde la pandemia del COVID-19 ha puesto en clara evidencia la relevancia para la salud humana de las enfermedades emergentes, se ha demostrado que los patógenos exóticos constituyen también un importante problema para la salud de nuestros bosques, limitando su capacidad de regeneración
Lorena Gómez-Aparicio – Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS/CSIC) 11/06/2020
Los
bosques son sistemas de un enorme valor ecológico de los que todos disfrutamos
y nos beneficiamos no sólo cuando decidimos usarlos para pasar nuestro tiempo
libre, sino día a día casi sin darnos cuenta gracias a su papel regulador del
clima, las reservas de agua y la calidad del suelo. Conservar los bosques e
intentar aumentar su superficie se ha convertido en un objetivo recurrente en
los planes y políticas de adaptación y mitigación al cambio climático a escalas
mundial, nacional y regional.
Plantar
nuevos árboles aparece por tanto como una herramienta estrella para solucionar
nuestros problemas en un mundo cada vez más cálido y seco. Sin embargo, la tarea
de sembrar una semilla y conseguir que viva hasta llegar a convertirse en un
árbol adulto no es nada fácil. No en balde cada árbol produce millones de
semillas a lo largo de su vida para asegurarse el reemplazo generacional. El
proceso de regeneración de un bosque es mucho más complicado de lo que pueda
parecer.
¿Qué
factores hacen tan difícil que una semilla o plántula pueda llegar a
convertirse en árbol? A nadie le parecerá extraño que en sistemas mediterráneos
como los nuestros, caracterizados por ser la lluvia un bien escaso
particularmente durante el verano, la sequía constituya un factor de mortalidad
clave para las pequeñas semillas y plántulas. Es por ello que los científicos
que nos dedicamos a estudiar el funcionamiento del bosque mediterráneo llevamos
décadas tratando de descifrar los entresijos de la respuesta de las distintas
especies a la sequía y a buscar medidas para paliar sus efectos.
Sin embargo, en un estudio reciente realizado por nuestro equipo del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC) hemos puesto de manifiesto la importancia de una nueva amenaza para la regeneración natural de nuestros bosques: los patógenos exóticos. Mediante experimentos con fungicida realizados en el Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz) se demostró que los patógenos del suelo, incluyendo el agresivo patógeno asiático Phytophthora cinnamomi, podían reducir hasta un 40% el éxito de germinación y supervivencia de semillas y plántulas de las múltiples especies de árbol y matorral que habitan nuestros bosques, como el alcornoque o el acebuche.
Este trabajo demuestra además la importancia de la
experimentación en campo para entender las causas de la falta de regeneración
que dificulta el mantenimiento a largo plazo de muchos de nuestros bosques. Los
patógenos del suelo como P. cinnamomi actúan destruyendo las
raíces finas que las plantas usan para absorber agua y nutrientes, las cuales
acaban muriendo de hambre y sed.
El resultado es por tanto una planta marrón y seca, de
cuya muerte se ha culpado tradicionalmente a la característica sequía
mediterránea, y más recientemente a su agravamiento debido al cambio climático.
Sin embargo, la nueva información derivada de este estudio sugiere que una
parte importante de esta mortalidad ha podido estar causada en muchos sistemas,
sin saberlo, por patógenos exóticos introducidos desde otros países.
Como resultado de la globalización, los patógenos
exóticos se han convertido en un enorme problema para la salud de los bosques.
Si bien algunos de estos organismos exóticos llevan ya casi un siglo en nuestro
país afectando a árboles como el olmo o el castaño, su número se ha
incrementado exponencialmente en los últimos años, en gran parte debido a su
introducción inadvertida en plantas usadas en repoblaciones forestales.
Posiblemente en ningún otro momento la sociedad haya sido tan consciente cómo
lo es ahora, a raíz de la pandemia del COVID-19, del enorme problema que la
introducción en los ecosistemas de nuevos organismos patógenos puede
representar para la salud.
Como los humanos, las plantas también enferman, y el
equilibrio de sus comunidades también está siendo amenazado de forma cada vez
más frecuente e intensa por nuevos organismos patógenos. Si algo nos ha
enseñado la actual pandemia es la necesidad de invertir en investigación
destinada a entender la diversidad y funcionamiento de nuevos microorganismos
causantes de enfermedades, así como la urgencia de desarrollar herramientas de
control eficientes que frenen la introducción y dispersión de estos patógenos
antes de que se conviertan en un problema de magnitud descontrolada. Esta
necesidad es totalmente extensible a los bosques, y ha de considerarse una
línea de investigación fundamental futura si queremos tener bosques sanos que
contribuyan a mantener nuestra propia salud.
Daniel López García – Biólogo y doctor en Agroecología, coordinador técnico de la Red de Ciudades por la Agroecología 08/06/2020 – 23:06h
Una imagen de la huerta valenciana PER L’HORTA
El
sistema alimentario se ha situado en el centro del debate sobre la respuesta
social a la pandemia COVID-19. La posibilidad de una zoonosis como origen, la
mayor mortalidad en personas con dietas inadecuadas, el incremento en la demanda
en ayuda alimentaria, la dificultad de proveer de dietas adecuadas a familias
vulnerables. El papel que confieren las instituciones internacionales a la
alimentación sostenible y saludable abre un nuevo horizonte.
En la gestión de la pandemia
COVID-19, la provisión de alimentos y su calidad ha saltado al centro del
debate local e internacional. Algunos sectores se han apresurado a decir que
nuestros sistemas alimentarios han resultado exitosos, otros matizan esta
afirmación. Se ha multiplicado el número de personas demandantes de ayuda
alimentaria, el descenso del gasto alimentario familiar indica un peligroso
empeoramiento de la dieta que nos hace más vulnerables en una situación de
rebrote y este sistema alimentario ha promovido a lo largo del estado de alarma
que, mientras los precios que percibían las personas agricultoras se reducían,
los que pagan las y los consumidores se elevaban.
Es impresionante la bolsa de nuevas personas demandantes de ayuda
alimentaria, en países como el Reino Unido las familias en situación de
privación alimentaria se han multiplicado por cuatro durante las semanas de
emergencia; entidades como Cáritas señalan que la demanda de asistencia en
España se ha triplicado en las grandes ciudades; y las redes ciudadanas
autoorganizadas para abastecer de alimentos se han multiplicado, cubriendo los
huecos que deja un sistema de asistencia pública completamente desbordado. El
sistema alimentario global no ofrece seguridad alimentaria para los grupos
sociales empobrecidos.
Hay otros lados del problema.
Numerosas voces hablan de un descenso en el gasto alimentario familiar en estas
semanas que va de la mano de un empeoramiento de la dieta, falta de acceso a
alimentos frescos y mayor consumo de procesados, algo totalmente en contra de
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las malas
dietas causan enfermedades relacionadas con la mala alimentación, que le cuesta
al sistema sanitario español casi 2.000 millones de euros al año. Esta mala
alimentación nos ha hecho más vulnerables al coronavirus y nos deja en peores
condiciones de afrontar posibles rebrotes. El sistema alimentario global no ha
asegurado alimentación de calidad, saludable, y sostenible; y mucho menos para
los grupos sociales vulnerables.
Además, un sistema
alimentario en buen estado no puede suponer una reducción constante de los
ingresos de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias (la inmensa
mayoría). El sistema alimentario globalizado, mediante el desigual reparto de
valor en la cadena alimentaria, fuerza al sector agrario a manejos agresivos.
La inequidad en el reparto de riqueza está en el origen de desertificación y
pérdidas de suelo fértil por erosión; o en la contaminación de acuíferos por
nitratos o pesticidas. También, y por el mismo reparto desigual de la riqueza
en la cadena alimentaria, las mujeres y los jóvenes huyen de la actividad
agraria y abandonan nuestro medio rural; se fuerza a la sobreexplotación de la
fuerza de trabajo jornalera, mayormente extranjera y a veces en condiciones infrahumanas;
y se expone a las mujeres trabajadoras en el sector agrario a situaciones
intolerables de abuso. El sistema alimentario actual no permite avanzar hacia
la justicia y equidad sociales, más bien al contrario.
La alimentación sostenible y saludable: un
objetivo global
La OMS lleva alertando desde
2009 de la incidencia sanitaria de las dietas basadas en alimentos procesados,
comida basura o lo que denominan «calorías vacías», que sitúan entre
las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles, con
especial incidencia en grupos sociales empobrecidos. La Organización para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) de Naciones Unidas lleva desde 2014
impulsando la agroecología como la mejor forma de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el sistema agroalimentario, y de realizar el Derecho a
la Alimentación de toda la población mundial. El Pacto de Milán sobre Políticas
Alimentarias Urbanas (2015), con 25 ciudades españolas firmantes, ha situado a
las ciudades en la primera línea en el impulso de sistemas alimentarios
sostenibles, saludables y justos
En mayo la Comisión Europea
(CE) presentó sus esperadas estrategias «Farm to Fork Strategy -Para
un sistema alimentario justo, saludable y amistoso con el medio ambiente”»y
la «EU Biodiversity Strategy 2030». Estos documentos se
sitúan en el centro de las propuestas del llamado Pacto Verde Europeo (The
European Green Deal) y definen también cómo habría de ser la aplicación de la
Política Agraria Común (PAC) de la UE post-2020 (que hasta el momento se lleva
un 40% del presupuesto europeo). Ambos documentos abren importantes
oportunidades, dentro, para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles,
saludables y justos, resaltando el papel de la agroecología, la agricultura
ecológica y los sistemas alimentarios locales. La CE se ha comprometido a
aumentar la superficie de cultivo ecológico a un 25% del total de la superficie
agraria útil en Europea (lo que supondría triplicar la cifra actual) y ha
anunciado un plan de acción para el fomento de la producción y el consumo
ecológicos que se transponga a las normativas de los estados miembro:
habilitando la reducción de impuestos a la venta de alimentos vegetales
ecológicos frescos; con un nuevo marco para el etiquetado de los alimentos que
considere criterios nutricionales, ambientales o sociales; estableciendo
restricciones en la promoción de alimentos ricos en azúcar, grasas y sal;
concretando en una reducción del 50% en el uso de pesticidas, fertilizantes y
antibióticos; marcando objetivos para la sostenibilidad en la pesca y creando
una nueva normativa que facilite la compra pública alimentaria
«verde» con criterios de sostenibilidad en municipios y regiones.
Algo que trabajaremos insistentemente desde la Red de Ciudades por la
Agroegología.
Los sistemas alimentarios locales han de ser
sistemas estratégicos de abastecimiento
No podemos perder la
oportunidad de reconstruir nuestras economías. Los millones de euros que hoy se
presupuestan deben tener una clara visión de equidad social y de la capacidad
para poder afrontar con éxito eventos imprevistos en nuestras sociedades. Deben
prevenir y adaptarse al cambio climático y a nuevas zoonosis, a través de
ecosistemas vivos y biodiversos. Deben generar empleo en base a producciones
socialmente útiles y que no supongan ‘falsas soluciones’ que generan
crecimiento en el PIB destruyendo nuestro medio ambiente. En este sentido, la
producción, distribución y consumo de alimentos sostenibles, a través de dietas
equilibradas, de temporada y locales serán un elemento clave.
La pandemia ha mostrado que
los sistemas alimentarios locales han de ser considerados sistemas estratégicos
de abastecimiento urbano, como los de agua o energía. Las redes de producción y
distribución locales y sostenibles, orientadas a la producción agroecológica,
basadas en el trabajo digno fortalecen las economías locales, fijan población
en nuestros territorios, y aseguran la provisión de alimentos frescos, que
según la OMS deben constituir la base de la dieta. Los objetivos de asegurar el
acceso a alimentos suficientes han de vincularse a dietas de alta calidad
accesibles para todos los grupos sociales, especialmente los más vulnerables.
La alimentación es una cuestión demasiado seria y demasiado importante. Los procesos y órganos de gobernanza participativa, en distintas escalas, deben permitir y facilitar la participación de toda la sociedad -especialmente la mayoritaria agricultura familiar y consumo- en lo que se produce, distribuye y se come. La aplicación de las Estrategias al territorio español habría de hacerse desde la colaboración entre distintos actores sociales y el debate entre las distintas escalas territoriales. En este sentido, las administraciones locales han demostrado ser pioneras en la promoción de sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Algunos municipios rurales y urbanos han demostrado su compromiso con las comunidades locales Tanto éstas como la ciudadanía -y aldeanía- en general deben estar atentos en los siguientes meses en cómo se aplican estas Estrategias en la futura Política Agraria Común, que es quien pondrá el presupuesto. No podemos desaprovechar la oportunidad, especialmente en un momento en el que las situaciones de privación alimentaria se disparan y en el que los grupos sociales más vulnerables necesitan más que nunca una alimentación de calidad, sostenible y saludable.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha advertido de que la naturaleza está «al borde del colapso» y de que es «probable» que «muy pronto» desaparezcan un millón de especies de animales y plantas, ante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2020 que se celebrará este viernes 5 de junio.
La ONU defiende que la variedad de alimentos que se come, el
aire que se respira, el agua para beber o el clima que hace posible la vida en
el planeta y que recuerda que no existirían sin los servicios de la naturaleza.
Así, destaca que las plantas marinas producen más de la mitad
del oxígeno de la atmósfera, y un árbol es capaz de absorber 22 kilos de
dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio.
«A pesar
de todos los beneficios que brinda nuestra naturaleza,
todavía la maltratamos, por eso necesitamos trabajar en ella. Por eso
necesitamos este Día Internacional», insiste la ONU.
El Día
Mundial del Medio Ambiente fue designado por Naciones Unidas en 1974 para
fomentar la acción ambiental. Desde entonces, cada 5 de junio gobiernos,
empresas, celebridades y ciudadanos reclaman la mejora del medio ambiente.
Este año,
2020 el tema es la biodiversidad y la ONU recuerda eventos recientes como los
incendios forestales sin precedentes en Brasil, California
y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la
pandemia de COVID-19, que «demuestran la relación inextricable entre los
humanos y las redes de la vida».
En la actualidad, para satisfacer la demanda de todos los
humanos del planeta, cada año se necesitarían 1,6 planetas Tierra donde la
deforestación, la invasión de hábitats de vida silvestre, la agricultura
intensiva y la aceleración del cambio climático.
«Si
continuamos en este camino, la pérdida de biodiversidad tendrá graves
consecuencias para la humanidad, incluido el colapso de los sistemas
alimentarios y de salud», advierte la ONU. Precisamente, reflexiona que la
aparición del COVID-19 pone en evidencia que cuando se destruye la
biodiversidad se destruye el sistema que sustenta la vida humana.
La ONU denuncia también que a nivel mundial, mil millones de
personas son contagiadas cada año y millones de ellas mueren debido a las
enfermedades causadas por los coronavirus, y recuerda que el 75 por ciento de
todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son zoonóticas, lo que
significa que se transmiten de animales a personas.
La jornada será una plataforma para «inspirar un cambio positivo» en la comunidad global y pretende impulsar a las personas a pensar en la forma en que consumen: a las empresas, a desarrollar modelos más ecológicos; los agricultores y fabricantes, a producir de forma más sostenible; a los gobiernos, a salvaguardar los espacios silvestres; a los educadores, a inspirar a los estudiantes a vivir en armonía con la Tierra; y a los jóvenes, a que se conviertan en audaces guardianes de un futuro verde. «Requiere de todos nosotros», concluye la ONU.
Dos estudios alertan de la realidad desbocada de edificaciones ilegales en
Andalucía
Más de 270.000 viviendas
fuera de control y 650.000 personas con acceso a ellas conforman ya un
imparable fenómeno de desorden urbanístico que las administraciones locales y
autonómica se han mostrado incapaces de controlar.
Hasta 650.000 andaluces podrían tener ya acceso a un enorme mar de
viviendas irregulares como primera o segunda residencia, según indican dos
estudios que avisan de un incremento exponencial del 75% de las edificaciones
fuera de planificación en los últimos 15 años.
Según la estimación con la que trabaja el arquitecto Antonio Piñero, profesor titular de la Universidad
de Sevilla, en la comunidad autónoma podría haber unas 272.000 viviendas en enclaves irregulares, una cifra
sensiblemente superior a la que baraja su colega Pedro Górgolas, experto
también en ordenación del territorio.
Ambos informes, difundidos recientemente, manejan datos
extraídos de un trabajo de campo culminado en 2015, bajo el título de El urbanismo de la no ciudad, que examinó la
incidencia de las parcelaciones irregulares en 176 de los municipios más
afectados de Andalucía. Los dos estudios retratan una realidad territorial
caótica, que ha desbordado las previsiones urbanísticas de buena parte de
los ayuntamientos y cuyo ordenamiento después de tantos años se revela
prácticamente inmanejable. «Ha habido un consentimiento y una
inconsciencia de los efectos perniciosos que se iban a ocasionar»,
reflexiona Pedro Górgolas, autor de La integración urbanística de asentamientos
irregulares: una cuenta pendiente del urbanismo andaluz, incluido en un volumen
colectivo bajo el título genérico de Dos décadas de urbanismo en Andalucía.
Las conclusiones
de Antonio Piñero en su trabajo, titulado Enclaves irregulares en el suelo no urbanizable y sostenibilidad:
el caso andaluz, fijan en un 8% la población andaluza que
dispone de viviendas fuera de ordenación. Según sus proyecciones, hasta 89.234
hectáreas de superficie estarían afectadas de alguna u otra manera por
ocupaciones irregulares, lo que representa algo más del 1% del suelo andaluz.
Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba absorben casi el 80% del fenómeno urbanístico
anómalo.
La Junta de Andalucía, en cambio, maneja una estimación de
hasta 327.000 viviendas fuera de ordenación, incluyendo las diseminadas, según
datos difundidos en septiembre de 2019. El informe sobre el que fundamentan
Piñero y Górgolas sus análisis tuvo en cuenta los asentamientos de más de dos hectáreas, lo que
dejaba fuera, por tanto, a las edificaciones aisladas. De ahí las divergencias
de las cifras con la cuantificación oficial de la comunidad autónoma.
La realidad actual contrasta radicalmente con la registrada
en 1988, cuando la Dirección General de Urbanismo efectuó el primer inventario
de parcelaciones ilegales de Andalucía donde identificó 24.058 hectáreas
afectadas y 23.311 viviendas, la mayoría en suelo no urbanizable. Hoy la
ocupación descontrolada del territorio se ha desbocado con
«virulencia», describe el estudio de Piñero, pese a las medidas
puestas en marcha por la administración autonómica desde los años 90. Casi el
90% de los asentamientos tiene uso residencial.
Entre el año 2003 y 2015, las
parcelaciones irregulares experimentaron un rápido crecimiento a razón de 1.000
hectáreas por año, es decir, una superficie equivalente a 2.000 campos de
fútbol nuevos cada doce meses. La incidencia del problema ha sido claramente
desigual a lo largo de todo el territorio andaluz. En doce municipios, la
superficie ocupada por enclaves irregulares es mayor que su propio suelo urbano
y en otros siete superior al 50%.
Conil (Cádiz) es el municipio con
más territorio fuera de ordenación (2.365 hectáreas) en el conjunto de los
casos analizados por Piñero, que fue investigador principal del proyecto El
urbanismo de la no ciudad. Le sigue Córdoba, con 1.915 hectáreas. Seis
municipios andaluces superan las 1.000 hectáreas de asentamientos irregulares y
otros diez están por encima de las 500. La suma de estos 16 municipios ya
supone el 61% de la superficie total examinada, lo que da una idea de la
concentración del fenómeno en algunas zonas críticas de la geografía andaluza.
El estudio de Pedro Górgolas se
centra, por su parte, en cómo los planes generales están intentando incorporar
la realidad urbanística de origen irregular en los últimos años. Su
interpretación, por tanto, difiere en algunos aspectos del análisis de Antonio
Piñero. En su «podio» de municipios urbanísticamente descontrolados
destaca Chiclana, también en la provincia de Cádiz, con 2.600 hectáreas de
asentamientos irregulares. Se trata de un caso paradigmático, que retrata de
manera gráfica el desorden territorial que han experimentado algunos núcleos de
Andalucía en las últimas décadas.
Más territorio del
reconocido
Baste resaltar que la superficie
ilegal de Chiclana multiplica por seis o siete veces la ciudad oficialmente
reconocida. En esos 26 millones de metros cuadrados, se levantan unas 15.000
viviendas irregulares, donde ya vive cerca del 35% de la población censada.
Aunque inicialmente los asentamientos se construyeron con finalidad turística o
de segunda residencia, hoy día el tránsito a primera vivienda va ganando
terreno con rapidez. Para entender la envergadura del desarrollo caótico de
Chiclana, el profesor Górgolas sugiere compararlo con la localidad vecina de
San Fernando, edificada sobre ocho millones de metros cuadrados. «Es
decir, la superficie irregular de Chiclana triplica a una ciudad de 100.000
habitantes».
Gran parte de esta «pandemia» urbanística ha sido
ocultada por los propios ayuntamientos, que han preferido mirar para otro lado
y no han incluido la existencia de asentamientos en sus planes generales para
evitar afrontar una realidad de enorme complejidad. Casi la mitad de los
municipios radiografiados por los dos urbanistas declararon no tener
asentamientos en sus territorios, cuando la realidad que se constató en el
estudio decía todo lo contrario. «Los ayuntamientos han intentado obviar el reconocimiento
urbanístico porque comporta un desarrollo complicado y obliga a
los dueños a asumir los costes derivados de su regularización», señala
Pedro Górgolas.
Ahí radica uno de los elementos
medulares del problema. La regularización de los enclaves obligaría a sus
propietarios a correr con los gastos propios del suministro, saneamiento,
equipamientos, accesos y, en general, la urbanización de parcelas que se han
levantado sin ningún tipo de planificación. «Y los propietarios no quieren
pagar. Quieren que lo pague el Ayuntamiento. Es decir, que se lo paguemos todos
los que tenemos una casa legal», aduce Górgolas.
Y aquí viene otra cuestión
espinosa. A veces la administración más cercana no es la más adecuada para
resolver el problema. ¿Por qué? «Porque los enclavados votan»,
subraya Antonio Piñero. Y eso representa una presión a menudo insuperable sobre
los alcaldes que deben tomar decisiones difíciles sobre el futuro de estas
parcelaciones. No es un reto menor, si tenemos en cuenta que al menos 650.000
personas, muchas de ellas inscritas en el censo electoral, tienen una
vinculación directa y familiar con viviendas irregulares en Andalucía.
Piñero entiende que estamos ante
un desafío con muchas aristas y diverso que debe buscar soluciones adaptadas a
cada territorio. No por ello hay que dejar de señalar a quiénes tienen la
responsabilidad de este cáncer urbanístico que ha alcanzado cotas desorbitadas.
«El primer responsable es el enclavado», afirma Piñero, «y
tendrá que contribuir a que la patología urbanística que ha originado no
empeore la situación». Sobre las administraciones local y autonómica
también recae, en opinión del urbanista, una parte considerable de
responsabilidad por no haber afrontado la cuestión con la agilidad y
determinación que merecía.
La combinación de factores ha
sido letal para la ordenación territorial de Andalucía. Cuatro quintas partes
de los asentamientos irregulares han provocado graves afecciones de distinto
signo, según indica el estudio de Piñero. Más de la mitad de ellas tienen que
ver con el sistema de comunicaciones, mientras que un 35% han dañado el dominio
público hidráulico, un 20% los acuíferos y un 19% los espacios naturales.
La cuestión experimentó un salto cualitativo el pasado
septiembre, cuando la Junta de Andalucía optó por regularizar la
práctica totalidad de los asentamientos a través de la controvertida figura del
Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), que dota a los enclaves de cierto
reconocimiento legal, y, por tanto, de condiciones mínimas de habitabilidad,
sin necesidad de incorporarlos al planeamiento urbanístico general. Tanto
Piñero como Górgolas expresan sus reticencias a la fórmula arbitrada por el
Gobierno andaluz, que, a la postre, representa una amnistía para las cientos de
miles de edificaciones levantadas al margen de la ley en Andalucía.
La situación podría agravarse aún más si el anteproyecto de la Ley de Sostenibilidad del Territorio que acaba de presentar el Gobierno andaluz, y que persigue suprimir filtros administrativos para la concesión de licencias urbanísticas, acaba por ver la luz.
Un estudio sobre biodiversidad advierte de que es imprescindible el decrecimiento económico
Veintidós científicos liderados por el español Iago Otero descartan que el crecimiento del PIB pueda ser compatible con la preservación de los ecosistemas.
Cristian Segura. Barcelona – 08 may 2020 – El País
Hasta hoy ha prevalecido entre Gobiernos y organismos internacionales el paradigma de que es posible salvar el medio ambiente y la biodiversidad manteniendo el crecimiento de la economía. Pero esta idea es solo una declaración de intenciones que no se sustenta con los datos recopilados desde el siglo XX. Es la conclusión a la que llega un grupo de veintidós académicos de instituciones como la Universidad de Oxford, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales de Barcelona (CREAF), la Universidad de Leipzig o la Humboldt de Berlín, entre otros. El grupo, dirigido por el español Iago Otero, de la Universidad de Lausana (Suiza), cree necesario un cambio urgente de paradigma, y para ello propone una batería de medidas de choque para limitar los efectos de la economía en los ecosistemas.
Las medidas que proponen los veintidós científicos se resumen en siete puntos: limitar la explotación de recursos naturales y prohibir su extracción en áreas de alto valor ecológico; restringir la construcción de grandes infraestructuras que rompan la integridad de los espacios verdes; potenciar la agricultura de proximidad y limitar la expansión de las ciudades, favoreciendo al mismo tiempo un urbanismo de mayor concentración demográfica; compensar la destrucción de puestos de trabajo con la creación de nuevos empleos reduciendo las jornadas laborales; dificultar la promoción de aquellos productos procedentes de la sobreexplotación agrícola y de la naturaleza.
Superar el PIB
Los autores del estudio asumen que sus propuestas se enfrentarían a multitud de “barreras culturales y sociales” porque van contra “el imaginario que prevalece de un crecimiento ilimitado”. “Son propuestas para ser debatidas”, apunta Christoph Plutzer, profesor de la Universidad de Viena y uno de los firmantes del documento. La única medida que requiere “una acción inmediata”, según Plutzer, es consolidar nuevos índices que sustituyan al PIB y que evalúen el bienestar social y los niveles de protección del medio ambiente.
Estos académicos subrayan que hasta el momento no se ha podido sustentar un incremento del PIB con la reducción del consumo de recursos naturales. En los países desarrollados que sí se ha conseguido, añaden, ha sido a costa de un aumento de la explotación natural en sociedades en vías de desarrollo. El informe aporta datos que demostrarían una coincidencia en los niveles de evolución del PIB mundial desde 1960 con el de las explotaciones agrarias, el uso de pesticidas y fertilizantes, y con la demanda de consumo de carne. “La cantidad total de producción humana de materiales creció en el último siglo al unísono con el PIB global, sustituyendo ecosistemas a una escala masiva”.
Otro efecto del comercio global es la proliferación de especies invasoras, que son la segunda causa de extinción de flora y fauna. Los efectos del cambio climático en la biodiversidad también son evidentes, y el documento subraya las previsiones para el continente europeo: se estima que el 58% de las especiales vegetales y de vertebrados perderán su hábitat en los próximos sesenta años. El artículo concede que es factible alcanzar un crecimiento del PIB disminuyendo el uso de recursos naturales y las emisiones de gases contaminantes, pero hasta hoy no se ha conseguido –excepto en momentos de crisis económica puntuales–, ni siquiera al ritmo necesario para cumplir los objetivos de dejar el aumento del calentamiento del planeta en torno a los 1,5 grados.
La primera solución planteada en el estudio es imponer a nivel internacional limitaciones en la cantidad de recursos naturales utilizados para la producción de los bienes comercializados. “Diferentes cupos podrían aplicarse a cada país dependiendo de su consumo histórico y los excesos en las emisiones de dióxido de carbono», dice su texto, y añade que “los topes pueden complementarse con moratorias específicas para la explotación de recursos en zonas de biodiversidad altamente delicada”. Otra propuesta es fragmentar los puestos de trabajo en jornadas laborales reducidas. “Bajo determinadas circunstancias, la jornada de trabajo más corta está relacionada con menores emisiones de carbono y otras afectaciones perjudiciales para la biodiversidad”.
Relocalizar la economía para disminuir la distancia entre los centros de producción y consumidores es otra medida clave, según el informe. Este requiere frenar la expansión geográfica de las ciudades en favor de explotaciones agrarias próximas a las urbes, evitando así la destrucción de zonas naturales en otras regiones. También piden poner coto al desarrollo de grandes infraestructuras y de redes de transporte que rompen la integridad de los espacios de valor ecológico.
