El mercado confirma que el hidrógeno verde es inviable

El mercado confirma que el hidrógeno verde es inviable tras acaparar millones de euros de fondos públicos

Vendido durante años como “el carbón del futuro” de España, el hidrógeno ha recibido 3.000 millones de euros en subvenciones. Sin embargo, el sector energético está desechando las inversiones por no considerar esta tecnología competitiva.

Andrés Actis –@ActisAndres –
23 feb 2026 06:00

Con el implacable avance de la crisis climática, la descarbonización sigue siendo un tema principal en la agenda informativa. Basta echar un vistazo a periódicos y medios digitales para encontrar noticias sobre la consolidación de la energía renovable, el debate en torno a la energía nuclear, la necesidad de instalar baterías en las plantas solares o la electrificación del parque automotor, con el hito de 100.000 matriculaciones de coches 100% eléctricos en 2025. Pero hay una solución tecnológica que, prácticamente, ha desaparecido de los medios de comunicación: el hidrógeno verde, vendido durante años como “el carbón del futuro” de España. ¿La razón? La confirmación por parte del mercado de que se trata de una solución inviable en el medio plazo: pese a los millones de euros recibidos en subsidios, financiación y ayudas —más de 3.000 millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez—, los números no terminan de cerrar.

La sentencia de muerte la ha pronunciado en estos días Josu Jon Imaz, el consejero delegado de Repsol, el mayor productor y consumidor de hidrógeno de España. El empresario ha admitido que este vector energético no será competitivo en los próximos diez años. “El hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 10 o 15 euros. Y eso no ocurrirá en la próxima década”, ha aclarado en un encuentro del sector energético organizado por la consultora Deloitte.

El año pasado, Repsol empezó a entregar las primeras señales de desinversión, cuando el propio Imaz anunció la desmantelación del proyecto de hidrógeno verde en Puertollano

En 2025, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista español fue de 65 euros, cuatro veces más cara que las aspiraciones de Imaz. En la actualidad, Repsol concentra el 60% de la producción nacional de hidrógeno y aporta el 4% del hidrógeno que se consume en Europa. En sus refinerías genera unas 360.000 toneladas de hidrógeno al año. Pero con un detalle no menor: se trata de hidrógeno gris, que se produce a partir de combustibles fósiles, principalmente gas natural.

Un vector energético que necesita otra energía

El hidrógeno no es una energía en sí misma, sino un vector energético que necesita de otra energía para ser creado. Por lo tanto, basa su sostenibilidad en la técnica utilizada para su producción. El hidrógeno verde es aquel que se obtiene mediante el uso de energía renovable. Para esto, se necesitan electrolizadores, dispositivos —de muy alto coste— que separan las moléculas de agua mediante corriente eléctrica.

Desde el 2020, cuando la Unión Europea y sus Estados miembro empezaron a financiar la infraestructura para descarbonizar este vector, Repsol viene prometiendo que su hidrógeno va a ser limpio de emisiones en 2030. Sin embargo, el año pasado, la multinacional empezó a entregar las primeras señales de desinversión, cuando el propio Imaz anunció la desmantelación del proyecto de hidrógeno verde en la antigua central térmica de La Sevillana, en Puertollano, por “inviabilidad técnica y económica”.

Para ese proyecto, Repsol captó 10 millones de euros de fondos públicos. La nueva apuesta de la compañía es que en esta planta se pueda producir “biohidrógeno”, generado a partir de residuos biológicos. “Más greenwashing”, advierte Xabier Marrero, técnico ambiental y especialista en transición energética y ecológica.

En 2026, Repsol ya reconoce que la inviabilidad no es puntual (Puertollano), sino estructural. El diagnóstico es compartido por todo el oligopolio energético. En ese mismo encuentro empresarial, el consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, reconoció que no hay ninguna decisión final de inversión sobre hidrógeno renovable que se cumpla. “Todas se retrasan. Será por algo. Será porque el hidrógeno renovable aún no es competitivo o porque no sabemos quién va a pagar ese hidrógeno”, planteó sobre cómo las empresas han ido posponiendo sus grandes anuncios.

También puso muchos reparos el director de gestión de energía global de Iberdrola, Juan Ríos. “La producción de hidrógeno verde tiene unos desafíos muy serios de competitividad que habrá que ver si es ahora el momento abordarlos y si se tienen que abordar dentro de 10 o de 15 años“, dijo cuando el micrófono llegó a sus manos. ”Si el coste del hidrógeno verde es entre 12 y 8 euros el kilogramo y el gris es 4 euros pagando derechos de emisión de CO2, hay que pensar seriamente si es el momento de acometer grandes inversiones relativas al hidrógeno. Probablemente no en el corto o medio plazo“, subrayó.

Una lluvia de miles de millones de euros

La actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija como objetivo que la producción de hidrógeno renovable alcance una potencia total de 12 GW para 2030, tres veces más de la prevista en el PNIEC original de 2020 (4 GW). La proyección del Gobierno es que dentro de 5 años el 74 % del hidrógeno consumido en la industria sea sin emisiones.

La Fundación Renovables, una de las organizaciones que más ha cuestionado la “sobredimensión” de esta tecnología, lamenta que la apuesta oficial se esté haciendo “de espalda a la demanda real” y que el Ejecutivo siga sin ligar este objetivo con los de potencia renovable. En el PNIEC no se especifica qué porcentaje del parque renovable se destinará a producir este vector energético.

“Para llegar a cumplir este objetivo, España debería destinar más del 100% de la potencia renovable instalada en la actualidad únicamente a producir hidrógeno”, advierte la Fundación. Y agrega: “Con los datos del PNIEC, habría que ocupar entre 396.000 hectáreas y 552.000 hectáreas con instalaciones renovables destinadas a producir hidrógeno. Esto supera el tamaño geográfico de toda la Comunidad Autónoma de La Rioja y equivale a ocupar hasta un 2,3% del territorio español para producir hidrógeno”. Asimimos, en lo que se refiere al uso de agua, “se emplearían anualmente 176 hm3, el equivalente al consumo anual de agua de todo el País Vasco”, inciden desde esta organización.

España es el país que más proyectos ha presentado en las dos subastas que ha realizado el Banco Europeo de Hidrógeno

La ambición del Gobierno se traduce, por lo pronto, en una lluvia incesante de financiación. A finales de enero, Sara Aagesen, vicepresidenta del Gobierno y ministra par la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), recordó en la inauguración del 4º Día del Hidrógeno de Enagás que ya se han destinado más de 3.000 millones de euros en ayudas al hidrógeno renovable.

No sólo eso: España es el país que más proyectos ha presentado en las dos subastas que ha realizado el Banco Europeo de Hidrógeno, la herramienta de la UE para ayudar al despliegue de esta tecnología. ¿Los nombres detrás de estos expedientes? Los grandes grupos energéticos: Moeve (antes Cepsa), Iberdrola, Enagás, Endesa, Naturgy y Repsol. En la primera subasta (2024), la Península se quedó con tres de los siete proyectos seleccionados por la UE (263 millones de euros). En la segunda edición (2025), fueron ocho las propuestas elegidas de un total de quince (292 millones).

Alianza Verde exige que Repsol devuelva los 10 millones de euros que recibió en ayudas públicas para descarbonizar la planta de Puertollano

El freno de mano del mercado no parece, por el momento, alterar los planes del Gobierno. En noviembre, el Miteco asignó 126 millones de euros en una subasta nacional, realizada para dotar de dinero a los proyectos preseleccionados por la UE que se quedaron sin ayudas al agotarse los fondos. “El Gobierno mantiene su apuesta firme por el H2 verde renovable para sustituir la energía fósil y eliminar emisiones de CO2 de la industria, el transporte pesado y otros sectores de difícil descarbonización”, se explicó en un comunicado enviado a la prensa.

En enero, Aagesen anunció el lanzamiento a audiencia pública de un real decreto para la concesión directa de un mínimo de 415 millones en ayudas para proyectos españoles que participen de la tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno.

España y el corredor de hidrógeno H2Med

Enagás, la principal compañía de infraestructuras de gas natural en España y Gestor Técnico del Sistema Gasista, tiene el aval del Gobierno para desarrollar los Proyectos de Interés Común (PCI) de Europa de redes de hidrógeno. En el caso del Estado español, estos proyectos incluyen el corredor de hidrógeno H2Med, con sus dos interconexiones transfronterizas entre Portugal-España (tramo conocido como CelZa) y España-Francia (tramo conocido como BarMar); una red de infraestructuras interiores de hidrógeno (red troncal española de hidrógeno); y dos instalaciones de almacenamiento (H2 storage North-1 y H2 storage North-2).

En la reciente rueda de prensa de presentación de resultados del año 2025, el consejero delegado, Arturo Gonzalo, explicó que este faraónico proyecto está todavía en la etapa de “desarrollo administrativo y de ingeniería”. Consultado sobre el momento actual del mercado del hidrógeno verde, reconoció que “existe un ajuste de proyectos” y que Europa “no va a llegar a los 20 millones de toneladas para 2030 que se prometieron”.

La red Gas No Es Solución lleva años advirtiendo de que H2Med es una apuesta “despilfarradora de fondos públicos que pone en riesgo la transición energética de España”

En un informe de 2024, el Tribunal de Cuentas de la UE denunció que “la Comisión no llevó a cabo análisis rigurosos” antes de establecer este ambicioso objetivo de producción. El documento señala que “la demanda que se espera que se estimule ni siquiera alcanzará los 10 millones de toneladas en 2030, y menos aún los 20 millones de toneladas inicialmente previstos por la Comisión”. También se cuestiona que los objetivos “no se basaban en un análisis sólido, sino que estaban motivados por una voluntad política”.

La red Gas No Es Solución, una coalición de más de 20 organizaciones españolas, lleva años advirtiendo de que H2Med es una apuesta “despilfarradora de fondos públicos que pone en riesgo la transición energética de España”. “Dado el resultado del informe del Tribunal de Cuentas de la UE, estas grandes infraestructuras corren el riesgo de no ser necesarias en el futuro, quedando sobredimensionadas, no amortizadas y sin dar respuesta a las necesidades de la transición energética”, denuncian estos colectivos, entre ellos Ecologistas en Acción, Ecodes y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, entre otros.

La red reconoce que el hidrógeno verde está llamado a desempeñar un papel importante en el proceso de descarbonización de ciertos sectores puntuales, pero debe de ser “planificado y acotado”, sobre todo en términos económicos y energéticos. “No se puede pretender ampliar su uso de forma generalizada sin que antes se haga una reflexión crítica sobre el contexto en el que nos encontramos y los horizontes esperados”, resume Fernando Ferrando, presidente de Fundación Renovables, entidad que también forma parte de este grupo.

Para este ingeniero industrial y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, el hidrógeno verde puede llegar a ser “la guinda de la transición energética, pero nunca el pastel, como el sector gasista y el Gobierno nos quieren hacer creer”.

Devolución de fondos

El poco apetito empresarial por seguir invirtiendo en el hidrógeno verde ya ha generado un primer conflicto entre el PSOE y Alianza Verde (Unidas Podemos). Este partido exige que Repsol devuelva los 10 millones de euros que recibió en ayudas públicas para descarbonizar la planta de Puertollano.

“Lo que hace Josu Jon Imaz es un absoluto timo, pero no es algo nuevo. Por eso sorprende que el Gobierno mire para otro lado. Repsol debe devolver cada euro de dinero público que ha recibido en proyectos que no ejecuta, y el Gobierno debe auditar las cuentas de estas compañías, por transparencia, y también por coherencia con una transición energética que tanto necesitamos”, explica Juantxo López de Uralde, líder de Alianza Verde.

“Los planes de hidrógeno de Europa parecen, en el mejor de los casos, desconectados de la ciencia y la economía del combustible”, señala el análisis Global Energy Monitor

El pedido de “coherencia” empieza a generalizarse también entre los analistas y consultores del sector energético. Según el informe anual Europe Gas Tracker 2025, en el que la ONG Global Energy Monitor monitorea el desarrollo de los proyectos energéticos globales, la “escala” del hidrógeno verde es “peligrosa y poco realista”.

“Los planes de hidrógeno de Europa parecen, en el mejor de los casos, desconectados de la ciencia y la economía del combustible y, en el peor, como un intento de la industria del petróleo y el gas de extender la vida útil de la dependencia de Europa del gas”, señala el análisis de la organización.

BloombergNEF, proveedor líder de investigación estratégica de soluciones que impulsan una economía baja en carbono, advierte que sólo el 30 % de los proyectos anunciados se van a construir para 2030, “debido a retrasos, falta de financiación o fracaso en alcanzar decisión final de inversión”.

https://www.elsaltodiario.com/hidrogeno/mercado-verde-inviable-acaparar-millones-fondos-publicos?fbclid=IwY2xjawQJqNZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeyn-EGU5JZ8q-fnc5ClgXrBKfIJJPQJnBJi2aMrKULQKT1imsB-zWvbQuOxw_aem_CbxRl0aoNrIXgi4FMGd01w

El Gobierno señala la falta de avances

El Gobierno señala la falta de avances de la Junta para incluir la Laguna de la Janda en el proyecto Life Humedales

By Redacción 24 enero, 2026

El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que la recuperación del enclave fue planteada en una reunión celebrada el pasado 2 de julio. 

El Gobierno de España ha explicado que la situación competencial existente “condiciona las actuaciones que la Administración General del Estado puede emprender directamente” en relación con la inscripción y el reconocimiento formal de la titularidad de los terrenos de la Laguna de la Janda.

No obstante, el Ejecutivo ha subrayado que mantiene el diálogo con los actores implicados y ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reunió el pasado 2 de julio a representantes de la comarca, entre ellos ayuntamientos, agricultores y colectivos ecologistas. En ese encuentro se abordó la posibilidad de recuperar la Laguna de la Janda y se propuso su inclusión en el proyecto Life Humedales, recientemente concedido.

Según ha lamentado el Gobierno, hasta la fecha la Junta de Andalucía no ha realizado ningún movimiento encaminado a solicitar la incorporación de este enclave natural al citado programa europeo, lo que frena los avances en un proyecto considerado clave para la recuperación ambiental de la zona.

Por el abandono de la inclusión de biogás entre las energías renovables

“Hay una coartada perfecta para arrasar con el modelo inicial, que era sostenible, que no buscaba rentabilidad sino buena gestión y por ello dependía de subvenciones, a otro modelo de biogás altamente industrial que obtiene su materia prima de actividades insostenibles”

Antonio Jorge San Vicente – Ecologistas en Acción de la Manchuela en Cuenca y Albacete

25 de diciembre de 2025 07:05 h 

Recientemente Ecologistas en Acción ha lanzado el documento ‘biogás y biometano: ¿cómo evaluar los proyectos?‘, y no puedo por menos que aplaudir esta iniciativa que creo que es pionera entre los diferentes movimientos ecologistas en España y que era plenamente necesaria.

El documento hace, a modo de introducción, una reflexión impecable donde se aborda realmente la esencia de lo que se tiene que definir como un modelo sostenible y la reflexión de la necesaria reducción del consumo de energía por una parte, y de la necesidad de cambiar el modelo agroganadero por otra.

Pero luego en la definición que se hace de biogás-biometano creo que comete un error estratégico: se trata de definirlos como energía renovable, lo que podría interpretarse, por parte de la patronal, como un espaldarazo por parte de un movimiento ecologista a la evolución del sistema de obtención de energía por parte del capitalismo verde.

Aunque evidentemente sé que esa no era la intención, sí que voy a pedir, desde mi humilde posición del activismo de base, que el movimiento ecologista abandone estos términos para evitar la manipulación de los mismos por parte de los que solo tienen el interés de seguir haciendo caja.

Si nos alineamos con el discurso oficial del sector del biogás y a la vez con las tesis mantenidas, tanto en la ruta del biogás del ministerio como en todas las directivas europeas – que tratan al biogás biometano como fuente de energía renovable- estaremos justificando sin quererlo el desarrollo del modelo que estamos criticando.

Realmente, a estas alturas, nadie me ha explicado todavía a día de hoy en que se parece el biogás al sol o al viento y por qué meterlos en el mismo paquete.

Tanto la energía solar como la del viento fluyen de manera continua en el planeta fruto de la irradiancia, de la potencia de la radiación electromagnética del Sol sobre la superficie de nuestro planeta.

Por ello, mediante sistemas de captura de la radiación solar, espejos, paneles fotovoltaicos, intercambiadores de calor, etc, capturamos esta radiación y la convertimos en energía útil, bien en forma de calor bien como electricidad.

Lo mismo hacemos con el viento, en un proceso que se remonta al siglo VII o quizás más lejos: utilizamos el flujo del aire para crear un movimiento rotatorio que captura parte de la energía del empuje del aire en movimiento y lo puede convertir en trabajo. O mediante generadores, en electricidad.

Pero el biogás (y por tanto el biometano) es radicalmente diferente: se puede producir espontáneamente en los procesos de degradación de la materia orgánica, pero en la naturaleza no es aprovechable por lo que tenemos que acumular gran cantidad de residuos orgánicos procedentes de diferentes actividades humanas para que podamos usarlo.

Por tanto, no contamos con un flujo continuo ni estable (que sí que existe en la solar y fotovoltaica) si no producimos residuos de manera estable y continua. Esto supone un problema, un gran problema. Si nuestra razón de procesar los residuos no es hacer una buena gestión, sino obtener energía, vamos a necesitar previamente producir residuos, ya que si no, no dispondremos de esa energía. Por tanto, la energía que obtendremos va a depender proporcionalmente de la cantidad de energía fósil que hayamos invertido previamente en la generación de los residuos.

No va a haber por tanto una gran diferencia en el balance final de emisiones y estaremos haciendo puro y simple retardismo climático y greenwashing . Y si además nuestro consumo de energía llega a depender en una parte sustancial de la que obtengamos de los residuos, necesitaremos cada vez más residuos y seremos dependientes del sistema insostenible que los genera, con lo que difícilmente vamos a renunciar a él. Realmente por tanto, sólo aplicando unas sencillas reglas lógicas vemos que no se puede calificar el biogás como energía renovable.

Creo que es una gran falsedad la afirmación de que el biogás cierra el ciclo corto del carbono, ya que esto solo es cierto cuando se produce de manera espontánea en la naturaleza, pero nunca cuando se produce a nivel industrial porque ahí intervienen muchos otros factores.

Si algo necesita el capitalismo para seguir desarrollándose son dos cosas: materias primas y energía. De ahí que todo el despliegue de renovables se haya hecho de manera tan desordenada y con poco respeto por criterios ambientales. En el caso del biogás se ha pretendido convertir lo que es un buen sistema de gestión de residuos de proximidad en una fuente de energía, lo que realmente no es, sino su efecto secundario. Este afán de justificación y de buscar una coartada para seguir haciendo lo de siempre es lo que ha llevado a la Unión Europea a clasificar el biometano como gas renovable y a la vez como energía renovable, propiciando la aparición de un lobby subsidiario y cómplice del de las energías fósiles, que ahora lo utilizan como greenwashing.

Y finalmente esta ha sido la coartada perfecta para arrasar con el modelo inicial, que era sostenible, que no buscaba rentabilidad sino buena gestión y por ello dependía de subvenciones, a otro modelo de biogás altamente industrial que obtiene su materia prima de actividades insostenibles, industriales o ganaderas y cuya finalidad es mantener el desorbitado e imposible consumo de energía de un sistema económico que da muestras de estar dispuesto a morir matando.

Por ello, cuanto antes utilicemos la terminología de manera ajustada, antes empezaremos a hacer las cosas correctamente.

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/palabras-clave/abandono-inclusion-biogas-energias-renovables_132_12865502.html?fbclid=IwY2xjawO-mCxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEejgrdAaGiTHCnZdN5GHDrbKSuvpYz3bjzVdOIuH7TJ9FPyZglu8Fm8Jjnzbo_aem_9Ek-HIYXjxGTupxxg7GVUQ

Centros de datos: así no

OPINIÓN
Centros de datos: así no

El mundo necesita bits, pero sobre todo necesita suelo, agua y aire para los que vendrán después de los bits.

Recreación de un centro de datos Amazon.

Fernando Prieto Director del Observatorio de Sostenibilidad
11 dic 2025

Los centros de datos son el corazón de la economía digital: almacenan, procesan y analizan la información. Hacen posible desde la investigación en ciencia, medicina, ingeniería o educación a la gestión de una consulta médica en la nube o un semáforo inteligente. Sin ellos, el mundo se paraliza. Pero también es cierto que una gran cantidad de información que se crea y se guarda en estos centros de datos es más que prescindible (desde la minería de las criptomonedas hasta gran parte de su almacén). La innovación verdadera ya no es acumular más bits, sino almacenarlos sin destrozar el mundo que los genera. El debate es cuántos centros de datos indispensables necesitamos, y dónde y cómo construirlos. Y ahí la respuesta es mucho menos brillante.

Construirlos “así” —como hasta ahora— significa réplicas al carbono de gigantes de hormigón y acero que además consumen ingentes cantidades de agua y de energía con, por supuesto, ninguna participación ciudadana. El informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) sobre Energía e Inteligencia Artificial (IA) prevé que el consumo energético de los centros de datos a nivel mundial se duplicará a 945 TWh para 2030, desde los 415 TWh de 2024. La IEA ya estima que los centros de datos representan alrededor del 1,5% del consumo eléctrico mundial y prevé algo menos del 3% del consumo total de electricidad mundial en esa fecha, y “algo más que el consumo total actual de electricidad en Japón”.

Según el citado informe, la demanda de centros de datos representará alrededor del 10% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad para 2030. Esto significa emisiones y, por supuesto, elevar la temperatura global mientras vendemos la ficción de que la nube es “inmaterial”. En Europa el consumo los centros de datos ya es entre el 1% y el 5% de la electricidad, según sea un país u otro. Las cifras que maneja Eurelectric indican que los centros de datos en Europa pueden alcanzar en 2030 el nivel de consumo eléctrico de toda España. Pero, a pesar de su importancia, estas decisiones se toman sin ningún tipo de participación.

España ha pasado de la ser periferia a convertirse en el hub del sur de Europa en menos tiempo del que tarda un servidor en quedarse obsoleto

Construirlos “donde hasta ahora” ha significado situarlos donde la legislación es más permisiva, el agua más barata y la electricidad más sucia, para luego tatuarlos con sellos de “carbono neutral” que olvidan la cuenta real de emisiones. Significa, en suma, repetir el mismo error de siempre: crecer primero y sostener después.

No se pueden regalar kilómetros cuadrados de suelo fértil o derechos de un agua que ya escasea —recordemos el estado de los caudales ecológicos de los ríos—. Tampoco pueden tener energía renovable por el día y, sin embargo, quemar gas por la noche, lo que implicará aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es el modelo preferido de construcción del país de “construye-grande-ya, luego-veremos” en lugar de “modular-si-hace-falta, y-solo-si-es-sostenible”.

El crecimiento mas explosivo de Europa: España

España ha pasado de la ser periferia a convertirse en el hub del sur de Europa en menos tiempo del que tarda un servidor en quedarse obsoleto. En los últimos dos años la potencia instalada se ha sextuplicado: ya roza los 600 MW, un 275% más que en 2022. Las previsiones son que lidere el mercado de centros de datos en el Sur de Europa.

Madrid concentra el 55 % de esa capacidad y ha crecido al 23,5% anual, duplicando el ritmo de Londres o Ámsterdam. La Comunidad de Madrid acumula 46 centros en funcionamiento y prevé 1,7 GW adicionales de aquí a 2030, lo que movilizará 23.400 millones de euros de inversión directa e indirecta. Aragón, por su parte, puede tener en torno a un 30%: ha pasado de ser anecdótica a proyectarse con más de 1.800 MW en la próxima década: Microsoft (2.900 millones de euros), Amazon (15.700 millones de euros hasta 2033) y el fondo Azora con su “Tillión” (2.000 millones de euros) han convertido el desierto de los Monegros en la nueva meca digital. Finalmente, Catalunya se quedaría con un 13%.

Esta asimetría en la situación de los centros de datos tiene mucho que ver con la saturación posterior que se da en las redes. Pero esto no se ha tenido en cuenta, a pesar de que esta en la prensa todos los días. Madrid no produce prácticamente nada de energía: tan solo un 5% a pesar de tener un consumo de 27GWh. Ni renovables ni no renovables, por lo que seguirá consumiendo la de otras comunidades autónomas. Catalunya solo produce un 19% de energías renovables respecto al total de lo que consume, una de las proporciones más bajas de España, por lo que usara las renovables de Aragón. Y, finalmente, habrá territorios sacrificados como el ya citado Aragón.

Construir “así” es más barato a corto plazo, pero externaliza costes que pagaremos en sequías, huracanes y migraciones climáticas

Una vez más la administración ha permitido un crecimiento desordenado y exponencial proporcionando suelos baratos y prometiendo energía asequible y renovable (recordemos que por la noche no funcionan las fotovoltaicas) en un país extraordinariamente árido, con escasez de agua y con sequías periódicas, poniendo en valor la posición geoestratégica de cables submarinos que conectan Europa con EE UU y América Latina. Todo dentro del marco “Proyecto de Singular Interés”, que no es más que una iniciativa gubernamental diseñada para acelerar la aprobación y el desarrollo de proyectos de gran envergadura e impacto, como los data centers.

El pelotazo es tal que “el país cuenta, además, con un “horizonte de crecimiento sin precedentes”: la demanda de este tipo de infraestructuras de datos se incrementará un 90% hasta 2028, y España multiplicará por diez su capacidad instalada en los próximos siete años. El resultado: 8.000 millones de euros previstos de inversión directa solo en 2026 y un impacto estimado en el PIB que podría alcanzar los 60.000 millones en tres años.

Sin embargo, el 85% de los nodos de la red eléctrica está saturado y el 92% de la capacidad de acceso a potencia ya está adjudicada. Cada vez más proyectos reciben un “no” a su conexión: la red no da más de sí y la demanda por inteligencia artificial triplica o quintuplica la densidad energética por rack. Mientras tanto, Barcelona crece al 38% interanual y Aragón al 24%, pero Madrid se estanca precisamente por el cuello de botella energético.

Merlin Properties ha anunciado 260 MW refrigerados sin agua y 100% renovable, pero admite que los permisos de la fase 2 van retrasados. Blackstone invertirá 7.500 millones en Aragón, pero el proyecto “Rodes” partirá con 150 MW que podrán escalar a 300 MW si la red aguanta.

La premisa es simple: la digitalización no puede ser la excusa para la desdigitalización del planeta

Así que tenemos el crecimiento más explosivo de Europa, con ninguna participación ciudadana y, al mismo tiempo, el riesgo de repetir el modelo antiguo: campus de hormigón y acero en suelo rural, refrigeración por evaporación que consume millones de litros de agua potable, y compensaciones de CO₂ en papel mientras la generación eléctrica real se apoya en el gas cuando baja el viento o simplemente es de noche.

La premisa es simple: la digitalización no puede ser la excusa para la desdigitalización del planeta. Construir “así” es más barato a corto plazo, pero externaliza costes que pagaremos en sequías, huracanes y migraciones climáticas. Construir bien es más caro hoy, pero amortiza el futuro que queremos habitar.

Otras grandes burbujas

Hay que recordar otras “grandes ideas transformadas en burbujas por la codicia inmediata y la falta de planificación”. Es el caso de las granjas de cerdos (somos el tercer productor mundial), que han supuesto una gran cantidad de acuíferos y aguas superficiales contaminadas —por no hablar de los riesgos de la Peste Porcina Africana—; la producción de eucaliptus globulus (tenemos más extensión de estos árboles que la propia Australia) que posicionan y posicionarán a España como lugar récord de incendios forestales; o el reciente boom de las renovables, de cualquier forma y en cualquier sitio, ocupando paisajes prodigiosos, zonas protegidas o tierras fértiles en un escenario de bajos precios y disminución de la demanda.

A estas hay que añadir la ultimísima burbuja de las plantas de biometano, también llevada a cabo de cualquier forma y en cualquier sitio. No dejemos que vuelva a pasar.

España puede ser el Silicon Valley de los datos del sur, pero también puede convertirse en el Desierto de los Datos del sur

Los monocultivos suelen presentar bastantes riesgos, ya sean de placas solares, eucaliptos, cerdos, plantas de biometano o centros de datos. Seamos serios. Estudiemos casos a caso, veamos lo que hacen países mas avanzados y tomemos decisiones que no impliquen caer en “cuanto más grande, mejor” y en “cuanto antes tomemos la decisión, mejor”. Y no se trata solo de exigir transparencia real, sino de transparencia en la planificación: ¿de dónde va a salir el agua en un escenario de cambio climático? ¿Cuál es la prioridad en el uso del agua? ¿Primero la agricultura, el estado ecológico de las aguas, los caudales ecológicos o los centros de datos? ¿Cuál es la energía renovable que se utilizará? Y cuando no haya energía renovable, ¿se quemará gas? ¿Cuáles son las estimaciones de aumento de emisiones del país por los centros de datos? ¿Afectará el aumento de precio de la energía a los ciudadanos? ¿Va a haber algún tipo de participación ciudadana en las decisiones?

Alternativa sostenible

La alternativa es idéntica que en el resto de los sectores: planificación, planificación y planificación basada en la mejor ciencia disponible, lo que se podría traducir en una moratoria temporal y no en la codicia de unos cuantos fondos de inversión internacionales y basado en las condiciones de abaratar suelo y olvidar los impactos ambientales, unido a enormes subvenciones, para luego permitir el “laisse faire” de los fondos e inversión mientras la administración mira hacia otro lado.

Existen otros entornos donde los impactos son menores, zonas con mucha más agua disponible y menores temperaturas donde las necesidades de refrigeración serán menores y las posibilidades de utilizar el calor residual mas grandes. Sin embargo, se venden las condiciones de agua ilimitada y disponibilidad de energía para refrigeración olvidando que tiene sus impactos en suelos, biodiversidad, paisajes y comunidades y en más emisiones de cambio climático.

España puede ser el Silicon Valley de los datos del sur, pero también puede convertirse en el Desierto de los Datos del sur si repetimos los errores de los data-center parks de Virginia o Singapur: crecer primero y preguntar después.

Centros de datos sí, (y solo algunos), pero no así. Porque el mundo necesita bits, pero sobre todo necesita suelo, agua y aire para los que vendrán después de los bits.

https://www.elsaltodiario.com/tecnologia/centros-datos-asi-no?fbclid=IwY2xjawOnzWRleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe9jVzvfP_AoLweAqoUMjYiKpF-5TKOCHFw10DF3yiZf24YIn2kbf4cTEdnwE_aem_CzenOm2OPrmlcmluZHcRgQ

Transición energética:

OPINIÓN
Transición energética: avanzar sí, pero no a costa del territorio

Son Bonet es una oportunidad para demostrar que España puede hacer una transición energética sin repetir el viejo hábito de ocupar primero lo más fácil, aunque sea lo más valioso.


Olivia Cerdeiriña 
Bióloga especializada en gestión del territorio y agroecología

1 dic 2025 06:00

Menos del 1% de las personas que nos lee nos apoya económicamente.Imagina lo que podríamos hacer si tú también nos apoyas.
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España corre hacia la descarbonización con una velocidad inédita. Surgen macroplantas fotovoltaicas que ocupan miles de hectáreas, grandes sistemas de almacenamiento empiezan a expandirse sobre suelos agrícolas, y nuevas líneas de evacuación atraviesan comarcas enteras. Todo urgente. Todo necesario. Todo “por el clima”.

Pero una pregunta incómoda emerge en municipios de toda la Península: ¿Puede la transición energética generar impactos irreversibles si no se planifica con criterios territoriales, ecológicos y sociales?

Vivimos una paradoja inquietante. Mientras Europa protege suelos fértiles, restaura ecosistemas y renaturaliza ciudades, aquí aumenta la presión para ocupar campos vivos, corredores ecológicos y espacios urbanos esenciales con proyectos que a menudo llegan antes que la planificación, antes que la ciencia y, en demasiados casos, antes que la ciudadanía.

Estamos ante una disyuntiva histórica: acelerar sí, pero no a cualquier precio. Transformar sí, pero sin destruir lo que nos protege del propio cambio climático

El riesgo es claro: repetir los errores del urbanismo expansivo, pero envueltos en un discurso verde. La transición energética no puede convertirse en un pelotazo verde ni avanzar sin gestión territorial, análisis de alternativas o una apuesta real por la agrivoltaica y la descentralización. No hay transición sostenible si el territorio vuelve a ser “lo barato donde todo cabe”

El caso de Son Bonet

Son Bonet es un ejemplo pequeño que contiene un problema mayor. Un aeródromo nacido de expropiaciones forzosas (muchas durante la Guerra Civil), que arrebató a Marratxí parte de su territorio y fracturó comunidades enteras. Familias desplazadas, pérdida de arraigo, miedo… Un impacto histórico del que todavía queda memoria en el municipio.

Como compensación social, desde hace más de 40 años unas 12,5 hectáreas se han consolidado como corredor verde de acceso libre: un espacio donde miles de personas caminan, corren, pasean a sus perros, aprenden a montar en bicicleta o participan en actividades de voluntariado ambiental, reforestación y custodia del territorio.

Esto no es un rechazo a las renovables. Es una exigencia de planificación inteligente, criterio científico y justicia territorial 

Algunos lo llaman “descampado”, pero es infraestructura climática esencial: suelo vivo que infiltra agua en un municipio cada vez más impermeable; vegetación que mitiga calor y captura CO2; un reservorio de biodiversidad urbana sorprendentemente resiliente; bienestar comunitario que reduce estrés, sedentarismo y soledad; un espacio que mejora la salud física y mental para miles de vecinos. Un pulmón pequeño en tamaño, gigantesco en valor.

Frente a ello, AENA (empresa con un 51% de capital público, por tanto, dependiente del Gobierno de España) plantea una macroplanta fotovoltaica “de autoconsumo” en el recinto aeroportuario. Y la pregunta vuelve con fuerza: ¿Debe instalarse sacrificando uno de los pocos espacios verdes que aún prestan servicios ecosistémicos esenciales a miles de ciudadanos? ¿Estamos realmente construyendo una transición energética o simplemente repitiendo el viejo patrón de ocupar primero lo más barato, lo más fácil y lo más vulnerable, aunque sea lo más valioso?

El debate no es local. Es el mismo que viven Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura o Andalucía. El mapa energético avanza más rápido que el mapa ecológico.

Esto no es un rechazo a las renovables. Es una exigencia de planificación inteligente, criterio científico y justicia territorial. 

La memoria y el territorio

El caso de Son Bonet revela algo más profundo. Habla de cómo un país gestiona la memoria, el territorio y la justicia. ¿Qué nos dice de nuestra cultura política que un espacio nacido de expropiaciones forzosas vuelva a considerarse “disponible” sin una conversación social honesta, sin mirar qué heridas reabre y qué valor ha construido durante décadas de uso comunitario?

¿Qué sentido tiene llamar “autoconsumo” a una instalación que produciría cientos de veces más energía de la que necesita el aeródromo, vertiendo casi toda su generación a la red, contradiciendo incluso su propio Plan Director? ¿Dónde queda el principio de proporcionalidad?

Y hay otra cuestión desde mi punto de vista clave: ¿qué validez tiene un Estudio de Impacto Ambiental que solo calcula el CO₂ evitado, pero no incorpora el CO₂ emitido, embebido o destruido durante el proceso? Sin contabilizar la fabricación de los paneles, el transporte, la pérdida del sumidero natural del suelo, la desaparición de la vegetación, la subida de temperaturas locales (que incrementan la demanda energética) o la pérdida de suelo fértil (que obliga a importar más alimentos), la contabilidad climática deja de ser rigurosa.

Cada hectárea fértil perdida reduce nuestra capacidad de alimentarnos, adaptarnos y ser resilientes, y España no puede permitirse debilitar sus suelos vivos en plena crisis climática y geopolítica

Tampoco debería evaluarse el impacto climático sin considerar la evapotranspiración y la alteración del ciclo del agua, el balance radiativo, el albedo, la isla térmica fotovoltaica o la biodiversidad urbana, factores documentados por la ciencia y que determinan la resiliencia de un territorio.

Surge entonces la pregunta de fondo: ¿qué clase de transición energética estamos construyendo si no es capaz de proteger ni el territorio, ni la historia, ni la salud, ni la convivencia de quienes ya lo habitan? ¿Puede un país defender la justicia territorial si los impactos siempre recaen en los mismos lugares mientras los beneficios se concentran en otros?

¿Cómo encaja este modelo con los compromisos europeos —Green Deal, Estrategia de Suelos, Biodiversidad 2030, Adaptación Climática— que exigen priorizar suelos degradados y proteger espacios verdes urbanos? Si Europa marca el camino, ¿por qué España permite proyectos que lo contradicen?

Hacia una transición energética coherente y justa

Si queremos evitar una fractura social y ambiental y hacer una transición energética sólida, se deben cumplir tres principios. El primero es priorizar suelos ya degradados o antropizados: polígonos industriales, cubiertas públicas, carreteras, aparcamientos… El segundo es proteger los espacios verdes urbanos que sostienen la salud y la adaptación climática. Por último, hay que evaluar todos los impactos reales, no solo el CO₂ evitado (suelo, paisaje, biodiversidad, hidrología y riesgo de inundación, contaminación lumínica y acústica, movilidad, estructura social, memoria histórica, soberanía alimentaria, salud pública…).

Cada hectárea fértil perdida reduce nuestra capacidad de alimentarnos, adaptarnos y ser resilientes, y España no puede permitirse debilitar sus suelos vivos en plena crisis climática y geopolítica. La seguridad energética sin seguridad alimentaria es un espejismo.

¿Qué clase de transición energética estamos construyendo si no es capaz de proteger ni el territorio, ni la historia, ni la salud, ni la convivencia de quienes ya lo habitan?

Estamos ante una disyuntiva histórica: acelerar sí, pero no a cualquier precio. Transformar sí, pero sin destruir lo que nos protege del propio cambio climático.

La emergencia no puede convertirse en excusa para comprometer el territorio que necesitamos para sobrevivir. España necesita renovables. Pero también necesita criterio, ciencia, planificación territorial, memoria y un respeto profundo por el suelo vivo, ese aliado silencioso que regula el clima, secuestra carbono, sostiene la biodiversidad, alimenta comunidades y da identidad a un lugar.

Si la transición energética arrasa los ecosistemas que permiten la adaptación, deja de ser transición para convertirse en una sustitución empobrecedora.

Son Bonet lo demuestra. El futuro dependerá de si aprendemos de estos conflictos… o si los repetimos. Son Bonet es una oportunidad para demostrar que España puede hacer una transición energética sin repetir el viejo hábito de ocupar primero lo más fácil, aunque sea lo más valioso.

https://www.elsaltodiario.com/energias-renovables/transicion-energetica-avanzar-costa-territorio?fbclid=IwY2xjawObDyZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeivwXNmQo-CA7y9AqGrn_4cixoVl6hJRWy0d1KVxEUlwXPge3uaHBhBSoy7w_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Los olmos de Medina Sidonia

Los olmos de Medina Sidonia desaparecen y crece la indignación ciudadana

Publicado: Martes, 25 Noviembre 2025 01:21 –  Escrito por Jesús M. López

La Asociación Naturalista Alcornocales (ANA) ha expresado su desolación e indignación por la eliminación de varios ejemplares de olmos (Ulmus minor) en la Plaza de la Pedrera de Medina Sidonia. Según la organización, el Ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida, “es incapaz de mostrar el más mínimo respeto al arbolado urbano, incapaz de proteger y conservar el patrimonio natural y cultural de la ciudad”.

La asociación considera “inaceptable lo que se ha hecho con unos ejemplares de Olmos”, calificando la eliminación de árboles sanos como “un crimen”, y cuestiona que, incluso en el caso de que fuera necesaria su supresión, “no se entiende cómo éstos no hayan sido trasplantados a otro lugar”.

El comunicado detalla que “por la tarde (tarde noche), nos llegó la noticia de que se pensaban arrancar los árboles, y al día siguiente por la mañana nos pusimos en contacto con la Concejala de Medio Ambiente, preguntándole si era cierto lo que nos habían dicho”. La edil, según ANA, respondió “que no lo sabía pero que preguntaría para enterarse”. Más tarde, comunicó que “efectivamente había que quitarlos por molestias a la pista deportiva anexa”, aunque aseguró que “ella se encargaría personalmente de que fueran convenientemente trasplantados a otro lugar”.

Sin embargo, la asociación lamenta que “al día siguiente, un socio informa que los árboles han sido talados… ni trasplante ni siquiera el intento… y, rellenado los hoyos con grava, rápidamente, para evitar miradas curiosas”. ANA afirma que no pudo “dar crédito, imposible de creer pero desgraciadamente cierto”.

La entidad critica duramente la gestión municipal y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de la actuación: “No entendemos, y lamentamos profundamente, que en zonas urbanas se puedan plantar, podar, arrancar árboles sin el conocimiento del concejal o concejala de Medio Ambiente y peor aún, en contra de sus políticas. En este caso, ¿ha sido por orden del alcalde? o ¿es que Medina Global está por ‘encima del bien y del mal’? ¿Quién decide, quién gobierna el ayuntamiento de Medina Sidonia?”.

ANA recuerda que lleva “muchos años pidiéndole al ayuntamiento de Medina Sidonia, también a otros de la Comarca de La Janda, un cambio de comportamiento en la gestión de las zonas verdes y del arbolado urbano”. En su escrito subraya que ya habían solicitado “que se cambiaran comportamientos propios de arboricidas”, reclamando civismo y respeto “por la biodiversidad, por la flora, por los árboles y más aún, si cabe, sabiéndose que estamos en una emergencia climática”.

La asociación sostiene que “es inaceptable, que en una obra donde el coste del trasplante es irrisorio por las características de la misma (ya que anteriormente ya habían levantado la pista y las zonas anexas a los árboles) se actúe cortando árboles sanos y adultos”.

Asimismo, ANA reitera su disposición a colaborar con el Ayuntamiento para mejorar la gestión de las zonas verdes: “Desde ANA, también hace años, nos hemos ofrecido públicamente para asesorar, en temas de jardinería urbana, como asociación con conocimientos en la materia estamos dispuestos a impartir un taller totalmente gratuito para que tanto los miembros del gobierno, como técnicos municipales y operarios de jardinería, puedan adquirir unos conocimientos mínimos necesarios antes de afrontar una actuación en relación con el arbolado de la ciudad”.

El comunicado añade que “una elección equivocada de árbol para un lugar determinado, un alcorque insuficiente o un suelo deficiente, conducen de forma inevitable a problemas propios de quienes no tienen ni idea en el manejo de la jardinería, problemas propios y consecuencia de una mala gestión anterior del árbol”. La organización resume su preocupación con una frase contundente: “Una calle sin árboles es un erial”.

ANA concluye destacando que “muchos árboles están debilitados justamente por las podas salvajes practicadas, por lo inadecuado de su ubicación, por ignorancia o por desidia”. También señala los criterios que deben tenerse en cuenta para elegir especies adecuadas en entornos urbanos:
• La capacidad secuestradora de dióxido de carbono de cada especie.
• El gasto asociado de agua que conlleva.
• El tipo de función que se espera con el árbol.
• La zona de la ciudad en la que se pretende instalar.
• El tipo de sustrato a emplear y tipo de alcorque que requiera.
• La necesidad de la poda.

El comunicado concluye recordando que “la poda debe ejercerse, con criterios científicos relativos a la biología del árbol”.

https://www.portaldecadiz.com/provinciacadiz/144828-los-olmos-de-medina-sidonia-desaparecen-y-crece-la-indignacion-ciudadana

ANA acusa al Ayuntamiento de Medina Sidonia….

ANA acusa al Ayuntamiento de Medina Sidonia de dañar los naranjos por podarlos en noviembre

 Publicado: Lunes, 17 Noviembre 2025 14:12 –  Escrito por Jesús M. López

La Asociación Naturalista de la Janda (ANA) ha vuelto a expresar su malestar por las prácticas de poda que, según denuncian, se están llevando a cabo en los naranjos de plazas y calles de Medina Sidonia por parte de la empresa municipal Medina Global. El colectivo sostiene que estas intervenciones se realizan en fechas inadecuadas y sin criterios técnicos apropiados para el mantenimiento del arbolado urbano.

No es la primera vez que ANA se dirige al Ayuntamiento de Medina Sidonia sobre el malestar ocasionado por las ‘técnicas’ empleadas en la gestión de las zonas verdes, ‘técnicas’ que de manera sistemática, generan un daño importante en nuestro arbolado”, señala el comunicado difundido por la asociación.

El grupo naturalista ha advertido de que en estos días “hemos vuelto a ver cómo empleados de la empresa municipal Medina Global están podando naranjos de plazas y vías públicas, a pesar de nuestras comunicaciones en años anteriores”. ANA recuerda que los cítricos deben podarse “justo al final del invierno o al principio de la primavera (en marzo), antes de que el árbol despierte del todo”, y añade que “en caso de ser necesario, otra fecha posible para podar es en la parada vegetativa del verano; pero no se pueden podar los naranjos en el mes de noviembre”.

La entidad explica que en regiones como Andalucía, donde los inviernos son suaves, la poda puede adelantarse ligeramente “pero nunca antes de enero”. También advierte de que “en zonas con menos agua o suelos pobres, como es el caso, es recomendable una poda más ligera para no estimular un crecimiento excesivo que el árbol no pueda sostener”.

Según ANA, la poda de cítricos en noviembre “implica mala cicatrización y un posible aumento de plagas y enfermedades, que mermará el estado fitosanitario de los árboles”. La asociación diferencia las prácticas agrícolas, que pueden ser más agresivas por motivos productivos, de las que deben aplicarse en el ámbito urbano: “En agricultura se hacen podas agresivas con intereses productivos, para obtener  fruta, madera  o comida para el ganado. Esas técnicas no tienen sentido en los árboles ornamentales de la ciudad”.

Desde la organización se preguntan por los motivos que llevan al Ayuntamiento a realizar estas actuaciones: “¿Por qué poda los naranjos el Ayuntamiento de Medina Sidonia?”. Y continúan: “Está claro que los únicos motivos posibles serían los de una poda de tipo mecánico, urbano o de seguridad. La razón principal podría ser la de seguridad pública y limpieza (…) pero no es el caso”.

ANA descarta también otras razones habituales en este tipo de labores, como la reducción del volumen de las copas para evitar interferencias con farolas o fachadas, o la eliminación de ramas bajas que obstaculicen el paso de peatones: “Tampoco es el caso”, insiste la nota, que reitera la falta de justificación para la intervención.

El comunicado enumera los efectos negativos que, según la asociación, conlleva una poda en noviembre:

  • Un más que probable riesgo de brotación prematura, emitiendo nuevos brotes tiernos, que si luego llega una helada invernal esos brotes se helarán, dañando al árbol y malgastando sus reservas.
  • Unas heridas más expuestas, las heridas de la poda estarán abiertas y sin cicatrizar durante todo el invierno, lo que las hace más vulnerables a la entrada de hongos y enfermedades.
  • Pérdida de reservas, ya que el árbol ha gastado energía en crear yemas y reservas para la primavera, una poda ahora elimina parte de esas reservas.

La asociación alerta de que el árbol urbano “vive prácticamente fuera de su ambiente natural y no resiste siempre los malos tratos que recibe, como el descopado, la contaminación por los vehículos, la compactación excesiva del suelo o las podas abusivas”, prácticas que, según sostienen, “reducen su esperanza de vida y obligan a plantar nuevos árboles cada poco tiempo, impidiendo que el pueblo disfrute de ejemplares maduros”.

Por todo ello, ANA concluye reafirmando su postura: “En ANA apostamos por promover una nueva cultura del arbolado urbano”, una gestión más respetuosa con los ciclos biológicos y las necesidades de cada especie.

https://www.portaldecadiz.com/provinciacadiz/144214-ana-acusa-al-ayuntamiento-de-medina-sidonia-de-danar-los-naranjos-por-podarlos-en-noviembre

Miles de manifestantes alzan su voz

FOTODELDIA BELÉM (BRASIL), 15/11/2025. – Personas participan en la Marcha Global por el Clima en protesta por la defensa de los bosques, los derechos territoriales indígenas y la responsabilidad climática global, en Belém (Brasil) este sábado. EFE/Andre Borges

Miles de manifestantes alzan su voz en la COP30 en una protesta contra «falsas soluciones»

  • Publicado por: jfcheca – 15 noviembre, 2025

Belém (Brasil).- Decenas de miles de personas se congregaron este sábado en la Marcha Global por la Justicia Climática con una masiva protesta por las calles de la ciudad amazónica de Belém, en defensa de una transición energética justa y contra «las falsas soluciones que dominan la agenda oficial de la COP30».

Según la organización, casi 30.000 personas caminaron durante cerca de cinco kilómetros hasta llegar a las puertas del recinto oficial donde se desarrollan las negociaciones de la COP30, para pedir que sus demandas sean incorporadas a la agenda climática global y a las negociaciones en curso.

La llamada Cumbre de los Pueblos, una especie de contrapunto a las cumbres climáticas, es el evento más importante que reúne de la sociedad civil, que reúne año tras año a ONG, pueblos originarios y activistas ambientales de todo el mundo.

Entre las principales demandas, la movilización exigió que las negociaciones climáticas oficiales se enfoquen en el financiamiento a la adaptación, la transición justa y la eliminación total e inmediata de la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente en la Amazonía.

Además, los manifestantes rechazaron las denominadas «falsas soluciones» que dominan la agenda oficial de la COP30, como los mercados de carbono, la bioeconomía sin control de las comunidades y otras estrategias de compensación, que, según ellos, son utilizadas para eludir la responsabilidad de las naciones industrializadas y las grandes corporaciones en la crisis climática.

Este domingo, el comité organizador de la Cumbre de los Pueblos entregará una carta al presidente de la trigésima cumbre climática, el diplomático André Corrêa do Lago, con una síntesis de reivindicaciones, como el reconocimiento del saber ancestral indígena en las cuestiones del clima y la mitigación de las emisiones de gases que causan el calentamiento global. EFE

https://efeverde.com/miles-de-manifestantes-alzan-su-voz-en-la-cop30-en-una-protesta-contra-falsas-soluciones/?fbclid=IwY2xjawOHFllleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyCGNhbGxzaXRlAjMwAAEe15QGBPgqjaIZAZrEziAFLE48MsY_dBu8O7x0cA8slS5oX0xVKX-pNgyK6R4_aem_it02tXAVdXwwpI0JPofxAg

A las renovables no les salen las cuentas

A las renovables no les salen las cuentas: la rentabilidad se desploma y el sector pide ayuda al Gobierno

Mientras el Ejecutivo saca pecho del auge de la energía verde, en los pasillos empresariales se habla cada vez más de crisis y quiebras en el horizonte de los proyectos fotovoltaicos.

Paneles Solares A40 Cuenca
David F. Sabadell Paneles solares en la provincia de Cuenca


Andrés Actis –
@ActisAndres – 24 oct 2025 06:00

Días atrás, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Santiago Muiño, retrató la incongruencia energética de la ultraderecha con una intervención en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso que se volvió viral. El antropólogo le reprochó a una diputada de Vox el apoyo a Donald Trump en su ataque a las renovables. Recordó que mientras Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y gas, España carece de recursos propios de estos combustibles fósiles, por lo que defender esta industria es, además de un suicidio climático, ir en contra de los intereses del país. “En la península Ibérica, soberanía es igual a renovables, prosperidad es igual a renovables, seguridad climática es igual a renovables”, resumió.

Las palabras de Muiño tuvieron un éxito comunicativo en todas las plataformas de redes sociales, con millones de reproducciones, un terreno que suele ser bastante hostil para los discursos científicos. En pocos segundos, el investigador logró transmitir que además de ser la gran llave para descarbonizar las economías, las renovables son los huevos de la gallina de oro de España, tanto a nivel económico como geopolítico.

Esta visión, compartida por el mercado y por la mayoría de los analistas internacionales —el FMI ha mejorado su previsión de crecimiento para España, en parte, por la consolidación de su transición energética—, choca con las dudas y preocupaciones de quienes están invirtiendo en este sector. Mientras Pedro Sánchez saca pecho en cada visita al extranjero del auge de la energía verde en España, en los pasillos empresariales se habla cada vez más de “rentabilidad a la baja”, “quiebras en el horizonte” y “necesidad de una ayuda” sobre el futuro de los proyectos fotovoltaicos. “Las cuentas no salen y si seguimos así nos vamos a la ruina”, coinciden muchos empresarios de plantas de energía verde.

“Lo que no me vale es que yo juegue al mercado cuando los precios están disparados y luego quiera una retribución regulada, pida intervención, cuando los precios están jodidos”, destaca Ferrando

¿Qué está pasando? Que la mayoría de las plantas solares están teniendo un retorno muy por debajo de lo proyectado cuando trazaron sus planes de negocio, explica Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, un think thank que tiene como misión ayudar a impulsar y acelerar el cambio de modelo energético. Esto se debe a que la demanda no está acompañando a una oferta que se sigue incrementando. “La fotovoltaica ha crecido por tres y la demanda a la que se enfrenta ha bajado”, describe.

Es decir, se proyectó un escenario —con una alta demanda por los coches eléctricos, las bombas de calor, el hidrógeno verde, etcétera— que, a octubre de 2025, dista mucho de la realidad. Entonces, ante una demanda que retrocede en lugar de crecer, cada vez hay un mayor número de horas en las que el precio de la electricidad verde se paga a cero. Por lo tanto, los activos renovables se están desvalorizando en hasta un 60%, según el estudio de una consultora publicado esta semana.

“Muchos promotores pensaron que el negocio iba a ser mejor de lo que está siendo. No es descabellado que entremos en un proceso de venta de plantas con grandes fondos absorbiendo a inversores más pequeños y sacando tajada a esta situación”, aventura Ferrando. El panorama es tan delicado que los portavoces del sector ya le han trasladado al Gobierno la necesidad de “fijar un suelo”: una intervención estatal para romper los precios cero y garantizar un precio mínimo de producción. “Lo que no me vale es que yo juegue al mercado cuando los precios están disparados y luego quiera una retribución regulada, pida intervención, cuando los precios están jodidos”, aclara el director de esta fundación.

La demanda eléctrica viene cayendo en los últimos años. Un 3,7% en los últimos doce meses, según el informe difundido estos días por la consultora Alvarez & Marsal

La Unión Fotovoltaica Española (UNEF) es uno de los actores que presiona para que el Gobierno fije este “precio suelo” para evitar los precios negativos. Días atrás, su presidente, Rafael Benjumea, se lo pidió cara a cara al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien rechazó la solicitud. “La situación es delicada y provoca problemas financieros importantes”, reclamó Benjumea en la actividad que compartieron.

La catarsis

A finales de septiembre, El Periódico de la Energía organizó su tercer Foro de Energía Renovable, un punto de encuentro que suele servir de termómetro para conocer la “temperatura” del sector. “Las cuentas no salen” fue la frase empresarial más escuchada. “Lo mejor es que ya peor no se puede estar, y tenemos que ir a mejor sí o sí”, dijo Raúl Rodríguez, director de Desarrollo de Renovables de Engie, dejando entrever proyectos en quiebra, rescates, refinanciamientos o quitas de deudas para poder salir adelante.

“Estamos viendo como la rentabilidad de los proyectos ha bajado drásticamente”, advirtió Belén López, directora de Renovables de Nostrum Group. ¿Los motivos? Precios bajos, un volumen de vertido (excedentes) que sigue creciendo y una demanda que no despega. En la misma línea, Daniel Garrido, director de Energías Renovables de Eiffage Energía Sistemas, aseguró que el ritmo de instalación se ha parado por esta escasa rentabilidad y vaticinó “quiebras en algunos proyectos y plantas”. “Al fin y al cabo es un problema de demanda. Hay que atraer demanda”, pidió Rodríguez.

José Donoso, director general de UNEF, sobre el sistema de fijación de precios: “No es el adecuado para un proyecto renovable”

Pero la realidad, como describe Ferrando, es que la demanda eléctrica viene cayendo en los últimos años. Un 3,7% en los últimos doce meses, según el informe difundido estos días por la consultora Alvarez & Marsal. Este retroceso está aumentando el número de horas en las que el precio de la electricidad se paga a cero. El año pasado, se registraron casi 696 horas cero o negativas, más del 20% del tiempo de producción fotovoltaica. Ferrando adelanta que esta cifra récord se va a superar en 2025. En septiembre ya se habían registrado 759 horas cero.

Esta capacidad verde está desvalorizando los activos. Entre 2021 y 2023, las transacciones de instalaciones en estas fases tempranas se cerraban en el rango de 150.000 a 250.000 euros por megavatio (MW). Hoy, estas valoraciones han caído hasta un rango entre 50.000 y 90.000 euros/MW. “Esta corrección refleja el incremento del riesgo percibido y la dificultad de asegurar ingresos estables”, sintetiza el informe de la consultora, que reconoce una “oferta energética sobredimensionada y una demanda más débil de lo previsto”.

El almacenamiento, una solución (pero con ayuda pública)

Para poder revertir esta situación, muchos desarrolladores están buscando soluciones dentro del mercado, como el almacenamiento en baterías. Esta tecnología permitirá “guardar” los picos de producción solar de las horas centrales del día, cuando todas las instalaciones generan electricidad a la vez, y emplearla en horas en las que el precio de la electricidad sea mayor.

El gran objetivo de los promotores es lograr almacenar electricidad solar barata y ofertarla al mercado en las horas punta —a las diez de la noche, por ejemplo— para, de esta manera, obtener una ventaja competitiva.

Sin embargo, en el foro organizado por El Periódico de la Energía, Marta Fernández, directora de Desarrollo de Negocio de Acciona Energía, reconoció que los altos precios de las baterías impiden que salgan las cuentas para avanzar de forma masiva en esta solución. “Sin ayudas, nosotros aún no lo vemos, por eso se está retrasando el desarrollo de los proyectos”, señaló.

Belén López, de Nostrum Group, señaló por su parte que, “pese a que ha bajado un 70% el precio de la batería”, las empresas necesitan que se “optimice un poco más”. “A día de hoy seguimos necesitando ayudas y financiación para poder afrontar estos precios”, afirmó sobre el desarrollo del almacenamiento.

Un futuro incierto

José Donoso, director general de la UNEF, atiende desde el extranjero la llamada de El Salto para hablar de lo que puede pasar en los próximos años con la energía solar. Su primer análisis es que el sistema de fijación de precios “no es el adecuado para un proyecto renovable”, ya que está pensado para establecer precios en función de los costes marginales, cuando las energías renovables no tienen estos costes.

“Con ese sistema, cuando hay mucha producción de energía fotovoltaica, los precios son muy bajos. Una opción, por tanto, es corregir este sistema, que al depender de la Unión Europea es muy difícil de retocar. Fijar “un suelo” es otra solución, explica Donoso, aunque el Gobierno no lo tiene por ahora en carpeta. El almacenamiento es la tercera herramienta a mano, coincide el dirigente. Reconoce que hay avances y que los precios de las baterías han bajado, pero aún falta tiempo para que esta tecnología se coloque de forma masiva.

Este escenario, de soluciones difíciles de plasmar, hace que las renovables estén hoy un “momento de encrucijada” y de “toma de decisiones importante”. “Si el análisis parte de lo que está pasando y de lo que ha pasado en los últimos años, la verdad es que el panorama es muy complicado y el futuro incierto. Pero confiamos en las proyecciones del Gobierno de que la demanda va a crecer, que se vienen años mejores”, asegura Donoso.

Lo que puede hacer el Gobierno

Ferrando revisa las proyecciones que el Gobierno hizo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y poniendo el ejemplo de los dedos de una mano lamenta que solo uno está hoy levantado: el crecimiento fotovoltaico. Los otros dedos, el crecimiento eólico, el almacenamiento, la actualización de las redes y el crecimiento de la demanda, están bajados. “Esto es como una orquesta. Si tú solo agregas 200 clarinetes y no pones más violines, más pianos, más flautas, al final se transforma en un grupo de clarinetes. Esto está pasando con la energía renovable. Los clarinetes son los paneles solares. Del resto, poco y nada”, explica.

¿Qué puede hacer el Gobierno para apuntalar un sector que considera estratégico? Un marco regulatorio que ayude a corregir estas desviaciones. Lo intentó con el Real Decreto-ley 7/2025, una normativa que prometía reforzar el sistema eléctrico español tras el apagón del pasado abril, derogado a finales de julio por el Congreso. La norma tenía “disposiciones muy necesarias” como la ampliación de la radio para autoconsumo compartido, la creación de la figura del gestor de autoconsumo y la declaración de utilidad pública del almacenamiento de energía, entre otras.

Ferrando cuenta que, tras este revés político, el Ejecutivo ha “troceado” la norma y está empezando a redactar decretos para poder plasmar las modificaciones que necesita el sector, como que la tramitación de una planta de almacenamiento “no sea otro calvario”, como ocurre con los parques. “El problema es que el Gobierno llega tarde y lo sabe”, afirma.

La UNEF confía en que, tarde o temprano, Moncloa echará un cable para evitar que los huevos de la gallina de oro se rompan

Lo que el Ejecutivo no puede hacer, aclara este experto, es aceptar el “rescate” —el suelo— que pide una parte del sector. “Sería una barbaridad. Aquí no ha habido ningún cisne negro. Es una actividad privada que funciona con la lógica del mercado. Nadie puede decir, oiga, es que en el PNIEC decía que la demanda iba a crecer y no ha crecido. No hay nada vinculante que de pie a reclamos”, aclara. En este sentido, pide no confundir las plantas que operan en el mercado —la mayoría— con aquellas que tiene reguladas su rentabilidad —lo que se denomina Régimen Económico para instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (Recore)—, que en estos días sí han recibido un cable del Gobierno para evitar posibles quiebras.

Las instalaciones del Recore tienen garantizada una rentabilidad razonable por Ley desde 2019 hasta 2031, pero sus ingresos se reducen si el número de horas equivalentes de funcionamiento —el cociente entre la energía vendida y la potencia instalada— se encuentran por debajo de un mínimo fijado para cada tipo de instalación.

Como había un error regulatorio en la confección de este acuerdo —no se contemplaban los precios cero— el Gobierno lo ha corregido para que estas instalaciones mantengan sus ingresos estipulados por ley, independientemente del contexto del mercado. “No supone un gran cambio para las renovables en general, sino para aquellas que están sujetas al Recore. Hay una adaptación, no una mejora”, coincide el director general de APPA Renovables, José María González Moya.

“No implica ningún rescate a las energías renovables”, aclaran desde esta organización ante malas interpretaciones. “Tiene que quedar claro que el Gobierno no ha subvencionado ni ha dado una milonga al sector fotovoltaico. Decir lo contrario, es falaz”, agrega Ferrando. Sin embargo, la UNEF confía en que, tarde o temprano, Moncloa echará un cable para evitar que los huevos de la gallina de oro se rompan.

https://www.elsaltodiario.com/energias-renovables/salen-cuentas-rentabilidad-desploma-sector-pide-ayuda-gobierno

Las plantas de biogás no son viables

Antonio Turiel, físico del CSIC: “Las plantas de biogás no son viables ni técnica ni económicamente”

  • El científico ha pasado por Ciudad Real para participar en una charla organizada por Ecologistas en Acción bajo el lema ‘La burbuja del biometano“. En su opinión, ”se están contando milongas“ que algunos ”avispados“ aprovecharán en nombre de un modelo de transición energética que el investigador considera fallido

— El Gobierno de Page inicia un segundo proceso público para implantar el Plan de Biometano de Castilla-La Mancha

El físico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel (izda), junto a Toni Jorge, miembro de Ecologistas en Acción y María Manzano, miembro de la plataforma Stop Biometano de Torralba de Calatrava. EFE/Beldad

Este jueves, el grupo Verdalia Bioenergy ha celebrado un acto simbólico de inicio de obras de la que será su primera planta de biometano en España. Quiere construirla en Villaluenga de la Sagra (Toledo), aunque proyecta hasta 25 en toda España.

Se lo compró a Enerfree y cuenta con todas las autorizaciones para producir unos 84 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo anual de gas de unos 11.000 hogares, creando siete empleos.

Este es solo un ejemplo de lo que colectivos como Ecologistas en Acción denomina la “burbuja del biometano” que también llega a Castilla-La Mancha, con las bendiciones del Gobierno regional, que prepara un plan regional para “ordenar” un sector al que augura un crecimiento exponencial (y necesario), con horizonte 2030.

“Lo que se están contando son milongas”, asegura Antonio Turiel. El físico del CSIC y divulgador -conocido por su blog The Oil Crash– ha participado junto a Toni Jorge de Ecologistas en Acción, en una charla informativa en Ciudad Real esta semana bajo el lema, ‘La burbuja del biometano’.

El físico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel (izda), junto a Toni Jorge, miembro de Ecologistas en Acción y María Manzano, miembro de la plataforma Stop Biometano de Torralba de Calatrava. EFE/Beldad

“No en viable técnica ni económicamente”, asegura el científico, al referirse al actual “interés renovado” por el biometano, en nombre de la transición energética. “Se lleva intentando rentabilizar económicamente las grandes plantas de producción desde hace unos 30 años. No lo serán nunca”.

¿Por qué?, preguntamos. Argumenta que “con este tipo de tecnología no es tan sencillo. No basta con decir que funcionan o no. La cuestión está en si puedes hacerlas económicamente rentables. Ni lo fueron, ni lo serán ahora. Es imposible”, dice. Y lo explica.

En la actualidad, el gas natural, metano, se extrae de los depósitos del subsuelo compuestos por materia orgánica enterrada hace millones de años, que se descompone y emite este tipo de gas. “El esfuerzo extractivo es mínimo, pero ni siquiera algunos de ellos son rentables, por su complicación a la hora de manipular este tipo de gas”.

Por otro lado, abunda, “hay que producir en cantidades masivas para que sea rentable y además se requiere cercanía la materia prima que es peligrosa y esto nos da una idea de las dificultades si lo aplicamos por ejemplo a los residuos de una granja”. 

Una cosa, dice, es que se realice en la propia explotación agraria a pequeña escala. “Eso puede tener sentido, pero si el proceso se masifica entran en juego un montón de costes y problemas. Nunca serán rentables”, insiste. “El transporte de las materias primas a las plantas de biogás hay que hacerlo en camión. Sacar el gas, lo mismo. No sale a cuenta”.  

“Es químicamente absurdo”

En el plano científico también advierte de las limitaciones en “la capacidad metanífera [energética] de los residuos que aspiran a procesarse, como los procedentes de la agricultura (viñas u otros cultivos), restos de mataderos, estiércoles… y que difícilmente -salvo con un elevado coste- generarán gas.

“Por ejemplo los purines de los cerdos son mayoritariamente agua”, recuerda Antonio Turiel. Tampoco cree que sea la solución para residuos vegetales, como los restos procedentes de cultivos leñosos como las viñas. “Es una estupidez y químicamente absurdo”, afirma tajante, porque “este tipo de restos vegetales tienen moléculas estructurales, principalmente ligninas, que son dificilísimas de descomponer. Son moléculas muy estables precisamente por eso”.

En su opinión, “decir que en el biodigestor de una de estas plantas de biometano vas a poder procesar toda esta materia es engañar a la gente. Se verán obligados a meter otras sustancias y dejarlo ‘digerir’ durante mucho tiempo para conseguir que se convierta en gas”.

Decir que en el biodigestor de una de estas plantas de biometano vas a poder procesar toda esta materia es engañar a la gente. Se verán obligados a meter otras sustancias y dejarlo ‘digerir’ durante mucho tiempo para conseguir que se convierta en gas

Y no solo eso, recuerda Antonio Turiel. “En general la materia leñosa o los cadáveres de animales lo que van a generar es carbón. Su contenido en hidrógeno es más pequeño, mientras que el metano tiene un contenido de hidrógeno. Químicamente, es una estupidez”, insiste.

El científico se pregunta “por qué no hay una planta de demostración de la tecnología que permita comprobar que todos esos problemas están resueltos. No. Directamente las abrimos. En Europa las hay y funcionan con subvención, si no, no es posible”.

Manifestación contra la planta de biometano en Carrión de Calatrava Stop Planta Biometano Carrión y Torralba de Calatrava

En Castilla-La Mancha hay una amplia contestación social ante el anuncio del Gobierno de Emiliano García-Page de diseñar un ‘Plan regional de Biometanización’ con horizonte 2030, que ha sido diseñado en colaboración con una de las empresas con intereses en el sector y ampliamente cuestionado con más de 13.000 alegaciones, entre ellas las de la Consejería de Sanidad que no tiene claro el impacto en la salud pública de este tipo de proyectos.

Esta semana la Consejería de Desarrollo Sostenible, que pilota el proceso, ha vuelto a someter a información pública su proyecto por segunda vez ante la avalancha de alegaciones en contra.

Sobre esta cuestión, la teoría de Ecologistas en Acción es que se intenta “contrarrestar” ese rechazo con una nueva consulta pública en la que no aparecen las 13.000 alegaciones presentadas por las plataformas ciudadanas ni las organizaciones ecologistas y además “se ha consultado a grandes patronales relacionadas con el porcino o el biogás para, de alguna forma, equilibrar la opinión pública buscando posiciones a favor.

En paralelo, en la provincia de Ciudad Real y a pesar de que todavía no se han autorizado plantas para la producción de biogás, ya se está trabajando para construir las tuberías que inyecten gas a la red general.

En aquel territorio, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya declaró varios proyectos como “prioritarios” para una comunidad autónoma que quiere ‘reutilizar’ unos 15 millones de toneladas de residuos de todo tipo.

La transición energética: de la “desesperación” al biogás

Cuando habla de transición energética, Antonio Turiel subraya tres cosas: la (todavía) dependencia energética de combustibles fósiles “que se agotan”, el “hundimiento del modelo industrial de energías renovables” o “la pérdida de fe” en el hidrógeno verde. Y sobre todo que, en su opinión, la transición “pasa más por el cambio social que económico”, con un necesario viraje en los hábitos de consumo. “Es un discurso que no mola, porque no hablamos de triunfo tecnológico, sino de retroceso”.

Un panorama pesimista que, en su opinión, ha llevado a la “desesperación” entre las administraciones públicas que miran ahora hacia el biogás. “Necesitamos desesperadamente alternativas. Entonces llegan los avispados que proponen producir gas natural de manera orgánica y sugieren además que eso le da una oportunidad a la España vaciada”.

El Gobierno de Page inicia un segundo proceso público para implantar el Plan de Biometano de Castilla-La Mancha

En realidad, dice que “de lo que se trata es de construir la infraestructura y cobrar por ello, aprovechando esa desesperación”. Frente a eso, un cambio climático que ya está aquí y que, subraya, “es mucho peor de lo que pensamos y está en pleno proceso de aceleración”. Lo peor de todo, advierte, es que “la inconsciencia con las renovables puede llevar a la población a pensar que el cambio climático es una estafa, con gente además que está agitando este mensaje”.

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