Los últimos 11 años han sido los más cálidos jamás registrados.
Una tendencia continuada que confirma que el cambio climático avanza, con un planeta cada vez más desequilibrado e impactos que ya afectan a ecosistemas y sociedades
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo para concienciar sobre la importancia del agua dulce y promover su gestión sostenible. La edición de 2026 se centra en el agua y el género: Donde fluye el agua, crece la igualdad.
La UNESCO lidera los esfuerzos mundiales para comprender, proteger y gestionar de forma sostenible este recurso vital. A través del Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI) y el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (PMAH), la UNESCO conecta la ciencia de vanguardia con soluciones prácticas, ayudando a los países a monitorear las aguas subterráneas, adaptarse al cambio climático y compartir las aguas transfronterizas de manera más eficaz.
Donde fluye el agua, crece la igualdad
La crisis mundial del agua nos afecta a todos, aunque de forma desigual.
En lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias.
Son ellas las que se encargan de recolectar el agua.
Son ellas las que gestionan el agua.
Son ellas las que cuidan a quienes enferman debido al consumo de agua insalubre.
Son ellas las que sacrifican su tiempo, salud, seguridad y oportunidades.
Sin embargo, con demasiada frecuencia, las mujeres y las niñas quedan excluidas de la toma de decisiones, el liderazgo, la financiación y la representación en los sistemas de gobernanza del agua.
Esto convierte la crisis del agua en una crisis con rostro de mujer.
Para afrontar estos desafíos, debemos adoptar un enfoque transformador y basado en los derechos, en el que se escuchen las voces de las mujeres y se reconozca su capacidad de acción.
Es fundamental que las mujeres estén representadas de manera equitativa en todos los niveles de liderazgo relacionados con el agua, y que participen en el diseño de cada tubería y en la formulación de cada política.
Asimismo, las mujeres deben impulsar el cambio en las cuestiones hídricas, en calidad de ingenieras, agricultoras, científicas, trabajadoras del saneamiento y líderes comunitarias.
En un contexto marcado por los riesgos crecientes a que nos enfrentamos —desde un clima cambiante y los desastres relacionados con el agua hasta la falta de financiación, sin olvidar ciertas normas sociales y las deficiencias en materia de gobernanza— es crucial que todo el mundo pueda desempeñar plenamente su papel en la gestión del agua como un bien común para fortalecer nuestra resiliencia de cara al futuro.
Esto implica, entre otras cosas, involucrar a los hombres y los niños como aliados en la promoción del agua potable, el saneamiento y la higiene para todos, así como en la lucha contra las normas y los comportamientos que impiden a las mujeres y las niñas alcanzar su pleno potencial.
Solo entonces, los servicios de agua potable podrán satisfacer las necesidades de todas las personas, lo que permitirá a las mujeres y niñas llevar vidas más saludables y plenas, y hará del agua una fuerza impulsora del desarrollo sostenible y la igualdad de género que nos beneficie a todos.
En este Día Mundial del Agua 2026, indagamos en la relación vital entre la mujer, el agua y la igualdad de género.
Mensajes clave para el Día Mundial del Agua 2026
ANA ha firmado el manifiesto, junto con varias organizaciones de todo el territorio español, reclamando al gobierno que cumpla el cierre acordado de Almaraz.
ANA junto con otras muchas organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales y sociales hemos firmado un manifiesto para reclamar al Gobierno de España que cumpla el calendario de cierre nuclear. Según el plan de cierre acordado por el ejecutivo y las eléctricas, los reactores I y II de Almaraz serían los primeros en cerrarse, en 2027 y 2028, respectivamente. La prórroga de Almaraz hasta 2030 supondría 3.818 millones de euros para el bolsillo de la ciudadanía y pondría en riesgo 26.129 millones de inversión en renovables.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes de este manifiesto nos movilizamos para reclamar el cumplimiento del calendario que pone fin a la energía nuclear en la Península Ibérica, comenzando por la central nuclear de Almaraz en 2027 y 2028.
Queremos un presente y un futuro con fuentes de energía renovables, locales y más democráticas, para frenar el cambio climático, garantizar la seguridad de suministro y alcanzar la soberanía energética. La energía nuclear es un obstáculo para un futuro más estable, fiable y seguro. Exigimos que, al acabar 2035, no haya ninguna central nuclear funcionando en la Península Ibérica, y que Almaraz sea la primera en cerrar en 2027.
No queremos seguir soportando los costes y los riesgos que conllevan las centrales nucleares en funcionamiento.
No queremos un sistema energético basado en la nuclear que perpetúa el poder en unas pocas manos.
No queremos ser cómplices de la guerra de Putin comprando combustible nuclear.
No queremos seguir acumulando residuos radiactivos cuya gestión acabaremos pagando.
No queremos subvencionar la energía nuclear bajándole los impuestos ni que se nos fuerce a incluirla en el sistema aunque sea más cara y más sucia.
A partir de hoy, 12 de enero de 2026, los países miembros de la Unión Europea están obligados a monitorear y controlar los niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en el agua potable, según establece la Directiva (UE) 2020/2184 sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
Estas sustancias, conocidas como «químicos eternos» por su persistencia en el medio ambiente y su capacidad para acumularse en el organismo, representan un riesgo significativo para la salud pública debido a sus posibles efectos tóxicos, como impactos en el sistema inmunológico, reproductivo y endocrino, así como en el medio ambiente al contaminar fuentes de agua de manera duradera.
La normativa requiere que los Estados miembros cumplan con valores paramétricos específicos: la «suma de PFAS» (que incluye 20 sustancias concretas, como ácidos perfluoroalquil carboxílicos y sulfónicos con longitudes de cadena de 4 a 13 carbonos) no debe exceder los 0,10 μg/l, mientras que el «total de PFAS» (que abarca todas las PFAS, incluidas las de cadena ultracorta como el TFA) se limita a 0,50 μg/l. Los métodos de monitoreo deben cumplir con límites de cuantificación (LOQ) inferiores al 30% de estos valores, utilizando técnicas validadas como la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS) para la suma de PFAS, y enfoques indirectos como el análisis TOP o EOF-CIC para el total de PFAS.
Además, se insta a los países a realizar evaluaciones de riesgo en cuencas y sistemas de suministro, y a informar públicamente sobre los resultados analíticos, incluyendo el método utilizado y la contribución de sustancias como el TFA. Los Estados pueden adoptar valores nacionales más estrictos o parámetros adicionales para reforzar la protección.
La frecuencia de muestreo dependerá del volumen diario de agua distribuida, con posibles ajustes basados en evaluaciones de riesgo. Estas nuevas normas establecen límites armonizados en toda la UE y requieren un monitoreo sistemático de los PFAS por primera vez, obligando a los Estados miembros a informar a la Comisión Europea sobre los resultados de las mediciones, las excedencias de límites, los incidentes relevantes y cualquier derogación concedida.
En caso de que se superen los límites, los países deben tomar medidas inmediatas para reducir los niveles de PFAS, como cerrar pozos contaminados, implementar tratamientos adicionales o restringir el uso del agua, al tiempo que protegen la salud pública e informan a los consumidores afectados.
Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Resiliencia del Agua de la UE, que garantiza el derecho a un agua potable segura y responde a la urgencia de actuar contra contaminantes que amenazan las fuentes hídricas europeas. En 2024, la Comisión Europea publicó directrices técnicas (C/2024/4910) sobre métodos analíticos para medir el ´PFAS Total´ y la ´Suma de PFAS´ en el agua potable, desarrolladas en consulta con los Estados miembros para asegurar una implementación uniforme.
La Directiva fue adoptada en 2020 y transpuesta al derecho nacional en enero de 2023, alineándose con el Plan de Acción de Cero Contaminación y la mencionada Estrategia de Resiliencia del Agua. Según la comisaria de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Jessika Roswall, «estas normas proporcionan a los Estados miembros reglas y herramientas claras para detectar y abordar rápidamente la contaminación por PFAS, protegiendo así la salud pública».
ALIENTE DENUNCIA LA CORRUPCIÓN ASOCIADA AL SISTEMA DE IMPLANTACIÓN MASIVA DE RENOVABLES EN ESPAÑA
La implantación masiva de renovables continúa en nuestro país mientras se desperdicia un porcentaje considerable de la electricidad generada.
Desafortunadamente, al mismo tiempo llevamos semanas conociendo datos alarmantes sobre los posibles casos de corrupción en Aragón, que se unen al que salió a la luz en Castilla y León hace ya diez años, y a ciertos favores otorgados en el entorno del exministro Cristóbal Montoro en beneficio de determinados proyectos de renovables.
En las últimas semanas de 2025 se han conocido las investigaciones de la UCO (Unidad Central Operativa del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil) sobre FORESTALIA respecto al controvertido parque eólico del Maestrazgo, y sobre otras empresas como ACCIONA. En ellas se revelan las relaciones corruptas en los sistemas de evaluación, asignación y ejecución de proyectos de implantación de renovables en España. Esta corrupción se ha ido extendiendo en el tiempo y en el espacio. Recordemos que la “trama eólica” desarrollada en Castilla y León hace ya 10 años, es el caso más grave de corrupción en esa comunidad autónoma, que actualmente está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Valladolid y que están comprometidos en la causa cientos de millones de euros. También está abierto el caso del exministro Cristóbal Montoro, que presuntamente favorecía la aprobación de ciertos proyectos de renovables si se encargaban a su propio despacho, Equipo Económico y, lo que es incluso más alarmante, se beneficiaba supuestamente a esas empresas de renovables con cambios normativos a medida, que posteriormente se publicaban en el BOE (Boletín Oficial del Estado).
Toda esta información pone de manifiesto que el sistema actual de tramitación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas adolece de una serie de defectos que, de una manera u otra, es preciso eliminar. Desde la plataforma ALIENTE, Alianza Energía y Territorio, consideramos que para erradicar cualquier atisbo de corrupción es necesaria la mayor transparencia posible en todas las fases de tramitación.
Esta corrupción en la implantación masiva de macroproyectos renovables se compone de tres variables íntimamente relacionadas entre sí. Por una parte, la corrupción técnica. Se han valorado positivamente, considerándolos como casos con mínimo impacto ambiental, proyectos que en realidad tenían un impacto grave en el medio ambiente, maquillándolos a sabiendas con medidas compensatorias completamente inútiles. Para poder sacar adelante estas anómalas valoraciones ambientales se prescinde del criterio de los técnicos críticos, funcionaros públicos, que se oponen a las mismas, y cuyos informes desfavorables basados en datos objetivos son modificados o anulados por cargos jerárquicamente superiores, sometidos a presiones políticas, para atender a los deseos de los promotores. Por desgracia, la sombra de esta mala praxis afecta ya tanto a las administraciones autonómicas y provinciales como al mismo MITECO. Conviene recordar aquí que la denominada “externalización de las evaluaciones ambientales” está prohibida por ley. Son incontables también las ocasiones en las que se ha recurrido al muy denunciado procedimiento de fraccionar los proyectos para eludir la evaluación ambiental ordinaria.
Otra práctica permitida ha sido la creación por parte de los mismos propietarios de una pléyade de pequeñas empresas, una por cada proyecto, para eludir controles en la presentación, en la tramitación y en las posibles responsabilidades posteriores que pudieran generarse en los mismos. Y porque, no nos engañemos, el fin último de los mismos no es otro que el de ser vendidos, puesto que estamos hablando de un negocio de naturaleza abiertamente especulativa.
Como resultado de este contexto permisivo, no se ha impedido que se instalaran proyectos en zonas con protección ambiental o de alto valor agrícola, ecológico y/o paisajístico, y se ha hecho una interpretación espuria de la figura de utilidad pública, tanto como herramienta de presión para que los propietarios de las tierras accedieran a la firma de los contratos de arrendamiento, como para ejecutar de facto expropiaciones que favorecen intereses estrictamente privados con el argumento de una más que dudosa utilidad social.
Los datos recientemente publicados muestran que los vertidos de la eólica y la solar, “en conjunto supondrían un 12% del consumo de electricidad del año”; o explicado de otra forma, que “se ha reducido la capacidad de producción anual casi un 25% en fotovoltaica y del 20% en eólica” por los excesos de producción. A pesar de ello, sigue el proceso masivo de instalación de proyectos renovables, muchos de ellos con importantes impactos ecológicos y sociales. No se puede justificar ya de ninguna manera que se sigan autorizando cada vez más macroproyectos de esta forma tan acelerada, y acompañada además de tal cantidad de irregularidades.
Por otra parte, está la posible corrupción económica, donde podría haber empresas a las que se beneficia con las políticas de implantación, tanto en la asignación de ofertas como con los sistemas de fijación de precios, adecuándolos a los intereses de las mismas a pesar de la falta de rentabilidad real de muchos de esos proyectos, algunos de los cuales se han regado generosamente con ayudas y subvenciones públicas procedentes de los fondos europeos. También se observa con excesiva frecuencia el efecto pernicioso de las denominadas “puertas giratorias”: políticos o altos cargos de la Administración que acaban en los consejos de administración o en los lobbies de las empresas energéticas; técnicos de organizaciones ecologistas o de ONGs ambientalistas que se incorporan igualmente a estos grupos de presión; contratos entre este tipo de organizaciones y las grandes eléctricas en una estrategia indisimulada de greenwashing, etc.
Está finalmente la posible corrupción política, donde determinados políticos, como es el caso de Aragón o de la trama eólica de Castilla y León, han podido supuestamente haber estado implicados en procesos de concesión de proyectos a ciertas empresas que no cumplían los necesarios criterios técnicos, presionando a funcionarios públicos que no eran partidarios de seguir esos procedimientos irregulares. Esas políticas no benefician al conjunto de la ciudadanía, sino a determinados colectivos, lo que se materializa en la persistencia de la pobreza energética a pesar del aumento de renovables y en la casi imposibilidad en la práctica de desarrollar de manera ágil las comunidades energéticas.
En su día, el “impuesto al sol” ralentizó la implantación de tejados solares por parte de ciudadanos particulares y empresas, pero incluso ahora, paradójicamente, no se incentiva de una forma adecuada el autoconsumo mientras se permite instalar renovables en zonas protegidas, o simplemente se es incapaz de zonificar el país para realizar un despliegue de una manera razonable.
Las lecciones del apagón de 2025 sobre la falta de estabilidad de sistema, con el que tanto tiene que ver este despliegue desordenado de las renovables, se ha traducido en un mayor uso del gas, un aumento de las emisiones de CO2 y un encarecimiento de la factura de la luz. ¿Era este el objetivo?. La única respuesta oficial ha sido el anuncio de más inversiones en la red que volveremos a pagar entre todos.
Por todo ello ALIENTE y sus asociados exigen:
En definitiva, que la transición energética sea de verdad democrática, ecológica y justa.
Desolación e indignación por la eliminación de arbolado urbano en Medina Sidonia
ANA muestra desolación e indignación por la eliminación del arbolado urbano en la Plaza de la Pedrera de Medina Sidonia
Definitivamente el Ayuntamiento de Medina Sidonia gobernado por Izquierda Unida, es incapaz de mostrar el más mínimo respeto al arbolado urbano, incapaz de proteger y conservar el patrimonio natural y cultural de la ciudad.
No es aceptable lo que se ha hecho con unos ejemplares de Olmos (Ulmus minor) de la Plaza de la Pedrera, eliminar árboles sanos es un “crimen”, que aún, en el caso de que fuera totalmente necesario suprimirlos por algún motivo, no se entiende cómo éstos no hayan sido trasplantados a otro lugar.
Por la tarde (tarde noche), nos llegó la noticia de que se pensaban arrancar los árboles, y al día siguiente por la mañana nos pusimos en contacto con la Concejala de Medio Ambiente, preguntándole si era cierto lo que nos habían dicho. La respuesta fue, «que no lo sabía pero que preguntaría para enterarse». Más tarde nos informó que «efectivamente había que quitarlos por molestias a la pista deportiva anexa», pero que no nos preocupáramos porque ella se «encargaría personalmente de que fueran convenientemente trasplantados a otro lugar». Al día siguiente, un socio informa que los árboles han sido talados… ni trasplante ni siquiera el intento… y, rellenado los hoyos con grava, rápidamente, para evitar miradas curiosas. No pudimos dar crédito, imposible de creer pero desgraciadamente cierto.
No entendemos, y lamentamos profundamente, que en zonas urbanas se puedan plantar, podar, arrancar árboles sin el conocimiento del concejal o concejala de Medio Ambiente y peor aún, en contra de sus políticas. En este caso, ¿ha sido por orden del alcalde? o ¿es que Medina Global está por “encima del bien y del mal”?, ¿quién decide, quién gobierna el ayuntamiento de Medina Sidonia?
Son ya muchos los años que llevamos pidiéndole al ayuntamiento de Medina Sidonia, también a otros de la Comarca de La Janda, un cambio de comportamiento en la gestión de las zonas verdes y del arbolado urbano. Pedíamos hace unos años en un escrito que se cambiaran comportamientos “propios de arboricidas”, pedíamos y seguimos pidiendo civismo, respeto por la biodiversidad, por la flora, por los árboles y más aún, si cabe, sabiéndose que estamos en una emergencia climática, sentido común.
Es inaceptable, que en una obra donde el coste del trasplante es irrisorio por las características de la misma (ya que anteriormente ya habían levantado la pista y las zonas anexas a los árboles) se actúe cortando arboles sanos y adultos.
Desde ANA, también hace años, nos hemos ofrecido públicamente para asesorar, en temas de jardinería urbana, como asociación con conocimientos en la materia estamos dispuestos a impartir un taller totalmente gratuito para que tanto los miembros del gobierno, como técnicos municipales y operarios de jardinería, puedan adquirir unos conocimientos mínimos necesarios antes de afrontar una actuación en relación con el arbolado de la ciudad.
Una elección equivocada de árbol para un lugar determinado, un alcorque insuficiente o un suelo deficiente, conducen de forma inevitable a problemas propios de quienes no tienen ni idea en el manejo de la jardinería, problemas propios y consecuencia de una mala gestión anterior del árbol. Una calle sin árboles es un erial.
Muchos árboles están debilitados justamente por las podas salvajes practicadas, por lo inadecuado de su ubicación, por ignorancia, o por desidia. A la hora de elegir los arboles apropiados para una ciudad o pueblo hay que considerar:
• La capacidad secuestradora de dióxido de carbono de cada especie
• El gasto asociado de agua que conlleva
• El tipo de función que se espera con el árbol
• La zona de la ciudad en la que se pretende instalar
• El tipo de sustrato a emplear y tipo de alcorque que requiera
• Necesidad de la poda
La poda debe ejercerse, con criterios científicos relativos a la biología del árbol
No es la primera vez que ANA se dirige al Ayuntamiento de Medina Sidonia sobre el malestar ocasionado por las “técnicas” empleadas en la gestión de las zonas verdes, “técnicas” que de manera sistemática, generan un daño importante en nuestro arbolado.
En estos días, hemos vuelto a ver cómo empleados de la empresa Municipal Medina Global, están podando naranjos de plazas y vías públicas, a pesar de nuestras comunicaciones en años anteriores. Siempre le hemos dicho al Ayuntamiento que los cítricos deben podarse justo al final del invierno/principio de la primavera (en marzo), antes de que el árbol despierte del todo y en caso de ser necesario, otra fecha posible para podar es en la parada vegetativa del verano; pero no se pueden podar los naranjos en el mes de noviembre.
Concretamente en Andalucía y zonas con un clima de inviernos suaves, la poda se puede adelantar un poco respecto a zonas más frías, pero nunca antes de enero. Además, en zonas con menos agua o suelos pobres, como es el caso, es recomendable una poda más ligera para no estimular un crecimiento excesivo, que el árbol no pueda sostener.
Podar cítricos en el mes de noviembre, con las temperaturas que tenemos, implica mala cicatrización y un posible aumento de plagas y enfermedades, que mermará el estado fitosanitario de los árboles.
En agricultura se hacen podas agresivas con intereses productivos, para obtener fruta, madera o comida para el ganado. Esas técnicas no tienen sentido en los árboles ornamentales de la ciudad. Desde ANA, nos preguntamos por los objetivos de la poda ¿Por qué poda los naranjos el ayuntamiento de Medina Sidonia?
Está claro que los únicos motivos posibles serian los de una poda de tipo mecánico, urbano o de seguridad. La razón principal podría ser la de Seguridad Pública y Limpieza (los naranjos amargos producen frutos muy pesados, una poda después de que ha caído la mayor parte de la fruta, evita que las naranjas maduras se desprendan y golpeen a peatones o dañen coches aparcados), pero no es el caso. Otro motivo podría ser el de reducir el volumen de la copa para que los árboles no invadan el espacio de farolas, señales de tráfico, cableado o fachadas, pero tampoco es el caso. Y un tercer motivo podría ser el de eliminar ramas bajas que puedan molestar el paso de peatones por aceras o la visibilidad de conductores, y tampoco es el caso. Por tanto: ¿Por qué poda los naranjos el ayuntamiento de Medina Sidonia?
Y lo único que provoca esta poda de naranjos en el mes de noviembre es:
– Un más que probable riesgo de brotación prematura, emitiendo nuevos brotes tiernos, que si luego llega una helada invernal esos brotes se helarán, dañando al árbol y malgastando sus reservas.
– Unas heridas más expuestas, las heridas de la poda estarán abiertas y sin cicatrizar durante todo el invierno, lo que las hace más vulnerables a la entrada de hongos y enfermedades, especialmente si hay periodos de lluvia.
– Pérdida de Reservas, ya que el árbol ha gastado energía en crear yemas y reservas para la primavera, una poda ahora elimina parte de esas reservas.
El árbol urbano vive prácticamente fuera de su ambiente natural y no resiste siempre los malos tratos que recibe, como el descopado, la contaminación por los vehículos, la compactación excesiva del suelo, las podas abusivas, etc., todo esto en detrimento del vigor y el estado fitosanitario de los árboles, reducen su esperanza de vida a medida que no recibe un mantenimiento apropiado, lo que se traduce en tener que plantar nuevos árboles cada poco tiempo, impidiendo el que podamos disfrutar en el pueblo de árboles maduros, con los beneficios que éstos aportan.
En ANA apostamos por promover una “Nueva Cultura del Arbolado Urbano”.
ANA ha presentado alegaciones y reparos a las solicitudes de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental, de los proyectos eólicos «Chicuco» de 57 MW y «Chiquera» de 52,66 MW, EXPDTE. PEol-928 y EXPDTE. PEol-930.
Los Anuncios fueron publicados el Boletín Oficial del Estado Núm. 228 y 229, de 22 y 23 de septiembre de 2025, por parte del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por el que se sometían a información pública ambos expedientes que fueron admitidos por la Dirección General de Política Energética y Minas, que también será el órgano sustantivo competente para resolver las solicitudes de autorización administrativa previa, mientras que el órgano competente para resolver las declaraciones de impacto ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ambas pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las características de los proyectos son:
– P.E. CHICUCO – Expediente número: PEol-928. – Peticionario: Manzanilla Wind, S.L. – Finalidad del proyecto: La generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables. – Términos municipales: Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules. Formado por 9 aerogeneradores repartidos en dos módulos: Chata (31,8 MW) y Chicuco (25,20MW).
– P.E. CHIQUERA – Expediente número: PEol-930. – Peticionario: Chiquera Wind, S.L. – Finalidad del proyecto: La generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables. – Términos municipales: Paterna de Rivera, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, San José del Valle y Jerez de la Frontera. Formado por 9 aerogeneradores repartidos en tres módulos: Chido (7,6 MW), Chicuela (6,2 MW) y Chiquillo (39,2 MW).
En ambos proyectos los aerogeneradores llegarían hasta una altura de 220 metros sobre el nivel del terreno, con fustes de 135 metros y palas de 170 metros de diámetro.
Además, y en proyectos tramitados en paralelo, se incluye una Subestación (SE) Concentradora denominada LIMPIZUL (30/132 KV), común a ambos parques, situada en Medina Sidonia, y conectada mediante líneas subterráneas de 30 KV. Desde allí parte una línea de evacuación subterránea de 21,442 km hasta la denominada SE concentradora JANDALO (30/132/220), objeto de otro proyecto tramitado anteriormente, que discurre íntegramente por el municipio de Medina Sidonia. En otros proyectos se desarrolla la conexión subterránea de 220 KV con la SE compensadora LA MARCHENILLA, situada en Jerez de la Frontera y su conexión a la Red en la SE CARTUJA.
Las alegaciones se han presentado a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado, Subdelegación del Gobierno en Sevilla – Área Funcional de Industria y Energía. Para ambos proyectos hemos presentado las mismas alegaciones que, de forma muy resumida, han sido las siguientes:
Alegación 1.- Sobre los Acuerdos Plenarios del Ayuntamiento de Medina Sidonia de 16 de Septiembre de 2021 y de 19 de mayo de 2022, en los que entre otras cuestiones se solicitó una moratoria temporal en la tramitación, aprobación y construcción de los proyectos de Energías Renovables en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición Energética en Andalucía. Hemos dicho que en estas circunstancias, por ahora, no se debería tramitar ningún proyecto de estas características en el término municipal de Medina Sidonia, hasta que no se cumplan las condiciones acordadas.
Alegación 2.- Falta de Planificación Territorial y Tecnológica. Es necesario disponer de una normativa para la correcta ordenación e implantación de estas instalaciones de Energía Renovables, la ausencia de planificación y ordenación puede dar al traste con el apoyo a esta energía limpia y generar un sentimiento de rechazo en las poblaciones afectadas.
Alegación 3.- Se debería tramitar como una actividad industrial; sería necesario realizar un cambio en la clasificación urbanística de los terrenos afectados, de Suelo No Urbanizable común a Suelo compatible con instalaciones Industriales, o directamente como suelo industrial.
Alegación 4.- Sobre el Convenio Europeo de Florencia. Hay que cumplir el Convenio Europeo de Florencia en su totalidad, la instalación de macro-plantas fotovoltaicas o eólicas incumplen los Art.1 y siguientes, incluyendo el preámbulo del antedicho Convenio y ratificación del mismo.
Alegación 5.- Impacto sobre el paisaje. Calidad visual. El paisaje contribuye a la formación de las culturas locales, siendo un componente fundamental del patrimonio natural y cultural, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad.
Alegación 6.- Calidad de vida de la población y patrimonio cultural. La calidad de vida de la población es un parámetro de difícil cuantificación, pues influyen parámetros subjetivos y variables dependientes del individuo. Para evaluar la calidad de vida se tomaran como indicadores: los efectos sobre la salud, los cambios en la percepción del entorno, molestias asociadas a los parques eólicos, y los cambios socio económicos. Estas afecciones están relacionadas directamente con el ruido, la calidad del paisaje y las sinergias que se produzcan con otras industrias.
Alegación 7.- Vías Pecuarias. En ANA entendemos que es necesario darle la máxima protección a las vías pecuarias que pudieran resultar afectadas por estos proyectos, ya sea por ocupaciones temporales, más o menos duraderas, como a las vías pecuarias que puedan servir como accesos.
Alegación 8.- Impacto considerable sobre el medio natural. En el escenario actual de desarrollo de la energía eólica se ha de tener en cuenta la importancia que tiene una adecuada planificación y la adopción de criterios ambientales para decidir el número, la ubicación y el diseño de las instalaciones eólicas que se pueden instalar en un ámbito territorial concreto al objeto de evitar impactos ambientales innecesarios.
Alegación 9.– Conservación de la Biodiversidad. Transición energética y biodiversidad forman un binomio indisoluble, de manera que procurar la primera sacrificando la segunda, con todas sus evidentes implicaciones hacia la salud y calidad de vida de las personas, es un objetivo peligroso e irresponsable. Más aún, en un momento en el que la comunidad científica ha establecido una relación directa entre la destrucción y el empobrecimiento de los ecosistemas naturales.
Alegación 10.- Biodiversidad. La instalación de proyectos eólicos debe regirse por el principio de no afectar a la pérdida de biodiversidad. Como indicadores de la afección producida sobre la fauna, aves y los murciélagos, las afecciones más frecuentes son las colisiones, las molestias, los cambios en los patrones de vuelo y desplazamientos a otras zonas, el efecto barrera y la destrucción de hábitat en los casos más extremos.
Alegación 11.- Murciélagos. Todos los murciélagos se encuentran legalmente protegidos, por ello es necesario que este grupo se tenga en cuenta de forma rigurosa en los estudios de impacto ambiental en las distintas fases del desarrollo del proyecto, especialmente en las fases previa y de explotación. Se deben de realizar estimas del uso que hacen los murciélagos durante la noche de la zona seleccionada para la localización del parque, zonas de caza y vías de desplazamiento.
Alegación 12.- Repercusiones sobre Especies se Avifauna Esteparia. Estas comunidades de aves se encuentran actualmente en una situación muy preocupante, con importantes declives poblacionales en los últimos años, y se considera uno de los grupos más amenazados a escala nacional, como lo atestiguan numerosas publicaciones científicas.
Alegación 13.- Indicadores de Salud Ambiental. Estos aerogeneradores van a ocasionar la mortandad de aves y murciélagos. Hay varias razones por las cuales es legalmente obligatorio proteger a las especies en peligro de extinción respetando su área de caza y vuelo: En resumen, proteger a la fauna en peligro de extinción es esencial para mantener la salud de los ecosistemas, preservar los beneficios que brindan a los seres humanos y conservar los valores culturales.
Alegación 14.- Repercusiones Ambientales. En estas circunstancias resulta del todo inadecuado proceder a evaluar las repercusiones ambientales de estos proyectos, de manera aislada y segregada de otros muchos proyectos que afectan a estos municipios, a otros municipios limítrofes, y al resto de la provincia de Cádiz.
Alegación 15.- Evaluación Ambiental Rigurosa. En ANA, pensamos que para estos tipos de proyectos es muy importante realizar estudios de impacto ambiental de calidad, objetivos y con consultores independientes por parte de los promotores.
Alegación 16.- Sobre Influencias Negativas. En primer lugar, consideramos el impacto visual ya que va alterar significativamente el paisaje natural, afectando la estética visual de áreas verdes agrícolas y ganaderas. Los aerogeneradores producen reflejos que alteren la percepción visual y sonora del entorno.
Alegación 17.- Afección Superficial. En general, el ritmo de la evolución biológica no permite a la fauna y la flora adaptarse a cambios tan bruscos como la implantación de murallas como las que suponen las alineaciones de aerogeneradores.
Alegación 18.– Contaminación Acústica. Los proyectos eólicos son instalados necesariamente en zonas afectadas por fuertes vientos y esto lleva consigo una, también elevada, contaminación acústica. El ruido es objeto de estudio desde la implantación de proyectos eólicos debido a las afecciones y disturbios que puede producir en la vida de la población cercana a dichas explotaciones.
Alegación 19.- Impactos Acumulativos y Sinérgicos. Dentro del estudio de alternativas se deben analizar ampliamente las posibles sinergias u otros efectos que se puedan producir por la interacción con otros proyectos eólicos, ya implantados o proyectados para el futuro, con actividades económicas de la zona, ya sean explotaciones agrícolas, ganaderas u otro tipo de industrias.
Alegación 20.- Programa de Vigilancia Ambiental. Estudios científicos aconsejan la necesidad de realizar programas continuados de seguimiento y vigilancia ambiental de las instalaciones eólicas, con seguimiento y control por parte de las administraciones ambientales, cuyos resultados deben de ser públicos.
Alegación 21.– Fase de Restauración Ambiental. Una vez finalizado el periodo de vida útil de la planta industrial eólica, será obligatorio el desmantelamiento de todas las infraestructuras, así como la restauración ambiental y paisajística de la zona, restableciendo las condiciones iniciales o mejorándolas.
Alegación 22.- Sobre Alternativas. Estos proyectos deben de considerar la ALTERNATIVA CERO, es decir la posibilidad de su NO construcción, la cual se menciona, pero apenas se ha estudiado, y se rechaza sin suficientes argumentos. Sin embargo, y dada la acumulación de Parques Eólicos y Solares en esta zona, con numerosas instalaciones en funcionamiento, y varios proyectos en tramitación, puede ser la MEJOR DE LAS ALTERNATIVAS POSIBLES.
Alegación 23.- Defensa de la Energía Renovable. Aun así, defendemos la energía renovable, siempre que se instale en el lugar adecuado y de la forma correcta, dando preferencia al autoconsumo y a las comunidades energéticas. Consideramos que existen suficientes alternativas en suelo urbano e industrial para instalar plantas y Comunidades Energéticas Locales (CEL), alternativas a las que no se está dando respaldo.
Alegación 24.- Petición de Avales. Solicitamos que antes de otorgar una licencia se exija a las compañías promotoras, presenten aval, con una cuantía suficiente en base a una proyección de un costo razonable y razonado del momento en que se realice el desmontaje de la misma. Si no se hace, así se ocasionará un grave perjuicio de la que la Administración tendrá responsabilidad patrimonial.
En base a todo lo anteriormente expuesto ANA HA SOLICITADO:
1º). Que se proceda a la paralización de la tramitación de la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto ambiental, de los dos proyectos eólicos, en base a los diferentes motivos contenidos en las alegaciones y reparos que se han hecho.
2º). Que se protejan los bienes básicos que pueden estar amenazados: el suelo y el paisaje. Una pérdida de diversidad en los usos del suelo y una disminución de la calidad paisajística pueden ser los efectos colaterales de una inadecuada o inexistente planificación. Por ello pedimos una moratoria hasta en tanto y en cuanto no se aprueben los imprescindibles Planes de Ordenación Territorial y Tecnológico.
3º). Que se incorpore el escrito de ALEGACIONES a los expedientes.
4º). Que se considere a la Asociación Amigos de la Naturaleza, como parte interesada en todo el procedimiento administrativo.
Y, finalmente, y como siempre hacemos, ANA se ha ofrecido al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Andalucía en Sevilla para cualquier aclaración o explicación complementaria sobre las Alegaciones y Reparos expresadas en los apartados anteriores.
Las IV Jornadas de Escucha a la Ciencia y al Territorio se celebran el jueves 16 y viernes 17 de octubre en la Universitat de València.
https://aliente.org/iv-jornadas-de-escucha-a-la-ciencia-y…
La Alianza Energía y Territorio -ALIENTE- (de la que forma parte ANA) junto a la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, la Associació Solidaritat Perifèries del Món y la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, organizan estas IV Jornadas “de Escucha a la Ciencia y al Territorio” con el título “¿Transición ecológica o especulación energética? Hagamos las cosas bien”
¿Transición ecológica o especulación energética? Renovables Sí, pero no Así
6 de octubre de 2025 · Congreso de los Diputados · Sala Campoamor · Madrid
La Alianza Energía y Territorio – ALIENTE – junto a la Fundación SAVIA y el Observatorio de la Sostenibilidad, organizan esta III Jornada de “Escucha a la Ciencia y al Territorio: ¿Transición ecológica o especulación energética? Renovables Sí, pero no Así” en el corazón de nuestra democracia, el Congreso de Diputados de Madrid.
El objetivo de la Jornada es demostrar el actual proceso del despliegue de energías renovables en nuestro país y los daños que está ocasionando al mundo rural y natural. Así, se pretende hacer oír la voz de la ciencia (científicos y técnicos) y de los territorios (asociaciones, plataformas, ayuntamientos y de ciudadanos de la España rural). Distintos colectivos de los “territorios de sacrificio” tendrán voz para exponer sus problemas y propuestas.
En las mesas se abordará una amplia gama de problemas relativos al impacto ambiental, el deterioro del paisaje, el empleo, las expropiaciones, la producción y la eficiencia energética. Posteriormente, se explorarán propuestas de soluciones mostrando casos de éxito que van desde la planificación/ordenación del territorio, a las ubicaciones en suelos degradados/humanizados y el desarrollo de comunidades energéticas.
Las jornadas se llevarán a cabo de forma presencial en el Congreso de Diputados, Sala Campoamor, desde las 09:30 h hasta las 15:00 h. La jornada terminará en el Ateneo de Madrid donde a las 16:30 h, se hará un coloquio entre todos los asistentes (ciudadanos, plataformas y asociaciones) para ver los próximos pasos a seguir y las herramientas para lograr un despliegue renovable democrático y justo.
