POR UNA MORATORIA INMEDIATA A LA INSTALACIÓN DE NUEVAS PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES DE GRANDES DIMENSIONES. MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PAISAJE RURAL, LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA.

INTRODUCCIÓN.-

La necesaria e imparable expansión de la energía fotovoltaica y eólica como consecuencia de la transición energética impulsada no solo a nivel estatal, sino comunitario e internacional, desde las energías fósiles hacia las energías de fuentes renovables, responde a diferentes finalidades: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y así la lucha contra el cambio climático y el aumento de fenómenos extremos, transitar el descenso de los recursos fósiles, o el incremento de la independencia energética y la garantía de suministro.

Fruto del marco normativo favorable para este tipo de fuentes de producción energética, como lo es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, existen en la actualidad gran cantidad de proyectos de energía renovable en tramitación o a punto de ser solicitados, proyectos que también tienen sus propias limitaciones y generan impactos medioambientales.

La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas solares y eólicas. Muchas de estas plantas de energía renovables afectan a áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de una singular comunidad de flora y fauna en buena medida exclusiva de estos espacios andaluces. Proyectos, que en su mayoría afectan a zonas y espacios donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea.

Es necesario recordar que la conservación de la biodiversidad es una política prioritaria de la UE, es decir, el impulso y la obligatoriedad del cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats (LIC) y la Directiva 2009/147/CE sobre Aves (ZEPA) deben considerarse al mismo nivel que las Directivas que rigen la lucha contra el cambio climático y el impulso de las energías renovables.

JUSTIFICACIÓN.-

En Andalucía, más de 600 proyectos fotovoltaicos están en proceso de tramitación. Se están promoviendo unos 21.000 MW de renovables y en un futuro próximo se podrían promover otros 11.000 MW. Antes de la aprobación y desarrollo de estos proyectos, consideramos necesario establecer áreas de exclusión para la instalación de proyectos de renovables a gran escala teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola, y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios.

Urge un proceso planificado y racional, sin malas prácticas habituales como el fraccionamiento de proyectos, y basado en el mejor conocimiento técnico y científico disponible, generado y contrastado, con independencia de empresas y promotores. La planificación del desarrollo e implantación de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas en la Comunidad Autónoma es una medida necesaria, y aún más, diríamos que imprescindible, con miras a evitar o minimizar los impactos sociales y ambientales en el entorno, evitar los movimientos especulativos en el sector, garantizar la adecuada protección de los ecosistemas y amparar el derecho de la ciudadanía al acceso a las redes para poner en marcha instalaciones ligadas al consumo.

Es prioritario que la implantación y desarrollo en el ámbito territorial autonómico de las instalaciones de energía renovables se someta a su previa planificación energética estratégica a escala regional, a fin tanto de garantizar la integración de políticas sectoriales, como muy especialmente incluir la consideración de un medio ambiente bien conservado de forma transversal y la protección de los recursos naturales. Con la imperativa necesidad de que las energías renovables sean un éxito, es preciso que, entre otras circunstancias, se evite a toda costa la fragmentación

de los megaproyectos. Esto puede lograrse al implementar medidas que garanticen la utilización del territorio mediante la planificación, la ordenación y la necesaria participación ciudadana.

Una planificación, regulación y control adecuados son los que deben establecer las zonas donde instalar estos nuevos proyectos, para así además evaluar con exactitud los impactos y repercusiones ambientales, sinérgicos y combinados, originados por este cúmulo de instalaciones, más allá de la evaluación en concreto del impacto ambiental de cada instalación fotovoltaica o eólicas aisladamente.

Por otra parte, la zonificación de los proyectos es uno de los principales aspectos a tener en cuenta en la evaluación ambiental, delimitándolos no solamente a espacios degradados, sino realizando un seguimiento efectivo a los impactos en la biodiversidad del territorio, contemplando además de la instalación, todas las actividades necesarias para su desmantelamiento. El requerimiento de la zonificación permite que además de verificar que el proyecto se encuentre delimitado dentro de las zonas compatibles para su desarrollo, al margen de las zonas de exclusión, se pueda evidenciar la distancia de otras fases o etapas del mismo proyecto que hayan sido indebidamente fragmentadas por sus promotores, sea a efectos evaluatorios o aún para evitar que la competencia para la tramitación, evaluación ambiental y ulterior aprobación recaiga en la Secretaría de Estado de Energía.

Con el objetivo de alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, y que se tengan en cuenta cuestiones medioambientales a la hora de elaborar, adoptar y ejecutar planes y programas, fue aprobada la Directiva 2001/42/CE de Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (EAE) por la que se supedita a una comprobación y evaluación previa la elaboración y aprobación de determinados planes y programas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente, aunque éstos determinen el uso de pequeñas zonas a escala local, si es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente. El margen de discreción de los países de la UE está limitado por los criterios de significación del Anexo II de la Directiva, agrupados en dos categorías relativas a los propios planes o las repercusiones o influencia en la zona.

La necesidad de planificación del desarrollo de energías renovables tanto a escala estatal, autonómica y local se está abordando recientemente de forma desigual e incompleta por las administraciones responsables, y en todo caso con retraso frente al rápido incremento de solicitudes de instalaciones al amparo de la necesidad de descarbonización de la economía y estímulos para este emprendimiento. Soluciones como la moratoria en las solicitudes de acceso, acordada por el Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, evidencia ese desacople entre planificación y actividad empresarial que están impidiendo un desarrollo justo y sostenible de las energías renovables, con infracción del mandato del artículo 45 de nuestra Constitución de hacer un uso racional de los recursos naturales. Es precisa una mayor y mejor concreción de la planificación, así como criterios para hacer un uso racional del territorio y recursos naturales, y no trasladar el problema del cambio climático a otro lugar u otro ámbito, como es la pérdida acrecentada de la biodiversidad, según vienen denunciando los científicos, con consecuencias tan perjudiciales como la aparición del virus del Nilo en nuestra región o la propia pandemia de la COVID-19.

El estado de las poblaciones de muchas aves y murciélagos ni siquiera se conoce. Es el caso de las poblaciones de aves esteparias, de las cuales se desconoce sus poblaciones y las zonas más sensibles, debido a la carencia de estudios detallados y de planes de recuperación para estas especies. En concreto, los planes de estos nuevos megaproyectos de energías renovables afectarán a miles de hectáreas de terrenos de tradición cerealista y de estepas leñosas, de menor valor económico, pero de gran valor para las aves esteparias. Se necesita un compromiso más fuerte, con políticas energéticas más distribuidas y descentralizadas, donde se prioricen las pequeñas instalaciones e inversiones locales, con eficiencia, gestión de la demanda, ahorro de energía, autoconsumo y la mejora del rendimiento energético de los edificios, que reduzcan los impactos ambientales directos sobre la biodiversidad, el territorio y el patrimonio natural y cultural. Sirvan como instrumentos y amparo legal para acometer una adecuada planificación los siguientes:

− El artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurren en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. Dado que según el artículo 21 de la misma Ley la producción de energía incluye las infraestructuras de evacuación (transformación y conexión a red de transporte) por aplicación analógica, las instalaciones de producción de energía que alimentan, y deben emplazarse lo más próximas posibles a dichas líneas de transporte, también deberían estar contempladas en la planificación territorial y urbanística.

− El artículo 53 de la misma Ley, a la hora de regular el procedimiento de autorización de la producción de energía, exige que la iniciativa contemple las características del emplazamiento (no vale en cualquier lugar), pues las autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las autorizaciones necesarias que resulten aplicables en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, pudiéndose denegar la autorización por incumplimiento de tal legislación.

− La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible contempla en el artículo 78 la obligación de aprobar planes nacionales de ahorro de energía y planes de renovables que contemplen “MEDIDAS DE ORIENTACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN” y fomento de la oferta y el consumo. Medidas de orientación para impedir que se generen TERRITORIOS SATURADOS DE RENOVABLES o la pérdida de suelos agrícolas y hábitats de especies.

− Más adelante en el artículo 79, al hablar de la planificación energética indicativa establece la obligación de llevar a cabo una planificación en la que se establezca un modelo de generación y distribución, con “previsiones útiles para la toma de decisiones en la inversión por la iniciativa privada y para las decisiones de política energética fomentando un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección del medio ambiente”. No cabe duda que sería de utilidad para promotores (y afectados) contar con criterios ambientales y de capacidad territorial para la toma de decisiones en cuanto al emplazamiento, máxime cuando según se establece en el apartado 3.d) de dicho artículo, a la hora de tomar en cuenta la competitividad de las diversas energías, se ha de tomar en cuenta no solo los costes de la cadena de generación, sino también los costes ambientales y los intergeneracionales, y eso solo se consigue si los proyectos que se autoricen se corresponden con una planificación real y eficaz.

− Lamentablemente, el Plan Nacional de Energía y clima 2021-2030 recientemente aprobado, no ha dado respuesta a los problemas de burbuja de energías renovables, ni ha fijado criterios o medidas que permitan una planificación responsable y sostenible a escala local, que permita hacer un uso racional y ético de los recursos naturales. El problema de la afección ambiental es inexistente en esta planificación y no recoge las recomendaciones. De acuerdo con la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, propone, para reducir “la elevada incidencia territorial”: su integración en espacios urbanos e industriales; la optimización de instalaciones ya existentes gracias a los avances tecnológicos; por la integración ambiental y territorial mediante la implementación de medidas específicas para la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y por el aumento de la participación pública”. Y todo eso solo se consigue con una planificación previa a escala nacional, regional y local.

− La Directiva (UE) 2019/944 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, en su artículo 8, a la hora de regular los procedimientos de autorización de nuevas instalaciones de generación, obliga a los Estados a adoptar procedimientos con criterios objetivo sobre utilización del suelo público y protección del medio ambiente, ordenación del territorio, eficiencia energética y alternativas a la creación de nuevas instalaciones, criterios que deberán ser incorporados a la planificación.

Por todo ello, Los abajo firmantes SOLICITAMOS:

1.- Que se acuerde la suspensión de cuantos procedimientos de instalación de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, que se estuvieran tramitando, que no incluyan pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria.

2.- La moratoria inmediata de su tramitación, aprobación y construcción en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición Energética en Andalucía, ya que el Plan de Acción por el Clima de Andalucía no incluye esta necesaria planificación.

3.- Que se organice una Asamblea Ciudadana en relación a la Transición Energética en Andalucía, que asegure una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones tal y como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente.

Firmas:

ANA (Asociación Amigos de la Naturaleza) y otras más de ciento treinta organizaciones.

ANA se adhiere y firma el Manifiesto elaborado por la Plataforma para una Transición Ecológica Justa, también ánima a sus socios a que lo apoyen al igual que hasta el momento han hecho más de 1200 personas, incluidos más de 250 investigadores y profesores universitarios, y por más de 150 organizaciones, asociaciones y colectivos. Estamos seguros que tras su difusión el apoyo será aún mayor.

El Manifiesto

Atravesamos una verdadera crisis global y la Emergencia Climática es únicamente uno de sus elementos, así como la pérdida de biodiversidad, agotamiento de los combustibles fósiles, erosión de suelos, escasez de agua… Hoy es más imprescindible que nunca luchar por una transición ecológica que nos podrá ayudar a construir un mejor punto de partida para la resistencia y la transformación de nuestras sociedades. Esta transición no puede limitarse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tiene que abordar un profundo cambio en lo económico, en lo político y en lo relativo a los modos de vida hoy hegemónicos.

Es en ese contexto en el que pretende enmarcarse el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 (en adelante PNIEC), que están llevando a cabo la Oficina Española de Cambio Climático y la Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio para la Transición Ecológica) como órganos de la Administración Pública española. Sin embargo, tras analizar el borrador disponible del PNIEC, que se encuentra en fase de tramitación, las asociaciones ecologistas y ambientales, colectivos sociales, investigadores y ciudadanía firmantes del presente manifiesto, consideramos que en su forma actual es insuficiente. El texto no garantiza una transición ecológica justa y democrática para el conjunto de la sociedad,  el territorio y la biodiversidad.

El PNIEC fomenta la industrialización del campo mediante la implantación de megacentrales de producción de energía renovable (solar y eólica), lo que implicaría convertir al mundo rural en productor de energía destinada a la exportación. De tomar esta decisión desde arriba e imponerla a través del PNIEC, estos territorios perderían la oportunidad de construir democráticamente un proyecto de futuro, además de ver cómo se destruiría su patrimonio natural y cultural. Los ejemplos de la Provincia de Guadalajara, del Norte de la Provincia de Granada o del istmo de Tehuantepec en el sur de México demuestran que los megaproyectos de energías renovables constituyen un nuevo extractivismo energético que castiga una vez más a las zonas menos favorecidas. Es profundamente injusto y paradójico que las comunidades campesinas, territorios periféricos y las comunidades rurales que son quienes menos se han beneficiado del desarrollo generado gracias a la utilización de sus recursos, (incluyendo los combustibles fósiles), tengan que llevarse (de nuevo) la peor parte de la transición energética que pretende ser sostenible pero que finalmente vuelve a reproducir las lógicas de expolio.

Además, este modelo beneficia a los grandes inversores y especuladores nacionales y extranjeros en detrimento de la eficiencia energética y del acceso a las energías limpias por parte de la ciudadanía. Y por si fuera poco limita el acceso a la red de las pequeñas instalaciones de autoconsumo. Todo esto para que ni siquiera se cumpla con los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París firmado por el Gobierno Español en 2018.

El PNIEC no puede ser el mecanismo por el que los mismos actores (principalmente las grandes empresas energéticas) que nos han llevado a la actual emergencia climática, aprovechándose de las oportunidades que genera esta crisis, puedan enriquecerse más aún, sin solucionar realmente el problema, y generando otros nuevos con un impacto irreversible que compromete una vez más nuestro futuro.

Por lo tanto, consideramos que para una transición ecológica justa el PNIEC debe garantizar los siguientes objetivos:

• El desarrollo de un modelo energético distribuido que priorice el autoconsumo y las comunidades locales de renovables.
• Un modelo energético no especulativo que desligue la producción de energía de las dinámicas de máxima rentabilidad y que incentive la economía local.
• Un modelo basado en la reducción del consumo de materiales  y en el ahorro y eficiencia energéticos.
• El desarrollo de un nuevo diseño urbano a través de la integración de las renovables y la eficiencia energética en los edificios y el transporte.
• La preservación de los suelos agrícolas y ganaderos para asegurar la soberanía alimentaria. 
• La conservación de la biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en los espacios protegidos, asegurando la conectividad ecológica de las poblaciones y la integridad funcional de los ecosistemas.
• El mantenimiento del territorio, modos de gestión tradicionales y paisaje de la España Poco Poblada (mal llamada España vacía) ya que son un recurso de vital importancia para sus habitantes, para atraer a potenciales nuevos pobladores, y la base para dinamizar el territorio, desarrollar su tejido social y regenerar su autonomía material. Todo ello conservando su integridad ecológica.
• La concreción de las vías de financiación de las medidas que contiene el propio plan y la exposición pública de la concreción espacial del plan, que señale previamente los territorios que se verían afectados por su medida y que permita a los habitantes de los mismos decidir democráticamente sobre su pertinencia o deseabilidad.

Para conseguir el cumplimiento de estos objetivos el PNIEC debe:

• Fomentar un modelo distribuido basado en aproximar la generación de energía a los centros de consumo y en la gestión de la demanda, ahorrando inversiones, costes y abaratando el precio de la energía para la población.
• Favorecer proyectos de energía colaborativa con la participación de la ciudadanía en los mercados energéticos a través de las “comunidades de energías renovables”, de las “comunidades ciudadanas de energía” y de la municipalización de las redes de distribución de baja tensión.
• Fomentar la flexibilidad del sistema eléctrico a través del autoconsumo en los tejados de edificios públicos, de polígonos industriales y viviendas. Todo ello para lograr la descarbonización a través de la autosuficiencia energética.
• Fomentar la economía circular, priorizando el uso de materiales de larga vida útil, optimizando su reparación, reutilización y reciclaje máximos, así como  minimizando la generación de residuos en todas las fases de producción, distribución y consumo de los mismos y reduciendo la huella ecológica de todos los procesos implicados.   
• Garantizar la reducción del consumo energético de manera generalizada y los consumos básicos para que toda la población goce de una vida digna. Dado que la pobreza energética es el resultado de bajos ingresos y altos costes energéticos, la medida más efectiva para luchar contra ella es el fomento de la eficiencia energética de viviendas, mediante la puesta en marcha de un Plan Público de Rehabilitación y Eficiencia Energética, transformando nuestras viviendas y naves industriales en edificios de consumo casi nulo en 2050. Con los actuales objetivos del PNIEC esto se conseguiría dentro de 200 años.  
• Para evitar un mercado especulativo, el mecanismo de subastas de energía renovable no debe permitir a los adjudicatarios vender sus derechos sin instalar ni un solo kW. Se debería supervisar y regular que los adjudicatarios puedan asociarse con fondos de inversión, eléctricas o fabricantes, para financiar la inversión que sólo ellos no podrían ejecutar.  
• Asegurar el Derecho a que los pequeños proyectos de renovables queden exentos de participar en licitaciones, que se simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas se permita la participación no discriminatoria de pequeños actores y entes locales, sin medidas retroactivas.
• Hacer una planificación de áreas de exclusión para la instalación de energías renovables (solar, eólica, tendidos eléctricos asociados…) teniendo en cuenta los Territorios Agrarios Históricos (TAH) y los Suelos de Alto Valor Agrológico (SAVA). 
• Fomentar una agricultura y ganadería ecológica, sostenible, extensiva y no dependiente de inputs externos de fertilizantes y herbicidas, recuperando los usos tradicionales, mucho más eficientes, productivos y sostenibles en nuestro suelo y nuestro clima que la agricultura y ganadería industrial.
• Elaborar un Plan de Áreas de Exclusión para la instalación de energías renovables (principalmente eólica, solar y tendidos eléctricos asociados), con cartografía pormenorizada de todo el territorio en función de la distribución y abundancia de la biodiversidad, calidad paisajística, suelos de alto valor agrológico y otros aspectos patrimoniales potencialmente afectados, clasificando el territorio entre zonas aptas y no aptas, con criterios definidos y cuantificables que serán incluidos en el PNIEC.
• Para la elaboración del Plan de Áreas de Exclusión por motivo de biodiversidad es necesario la obtención de información ambiental actualizada y completa sobre la distribución, tendencia, abundancia y estatus de conservación de la biodiversidad potencialmente afectada por estas infraestructuras en todo el territorio estatal. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la información disponible actualmente está anticuada o incompleta debido a la falta de financiación de las administraciones públicas para el seguimiento de la Vida Silvestre.
• El PNIEC definitivo debe incluir este Plan de Áreas de Exclusión, implantando una moratoria en la aprobación en las Declaraciones de Impacto Ambiental hasta que la elaboración de la información ambiental actualizada esté realizada. Con ella se podrá diseñar y elaborar el Plan de Exclusión y finalmente aprobar el PNIEC.
• En ningún caso ha de ser un objetivo del PNIEC simplificar el proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental, sino al contrario. Dado que ya ha sido cuestionada su efectividad, se debe aumentar la exigencia en la calidad, duración e intensidad de los trabajos de campo de los Estudios de Impacto Ambiental.
• El PNIEC debe tener como objetivo garantizar la conservación de la biodiversidad existente, y no pretender compensar el daño causado por el plan mediante medidas compensatorias o medidas adicionales como la creación de nuevos espacios para la conservación.
• El PNIEC debe basarse en el Principio de Precaución (cautela), ya que consideramos que el riesgo de daño ambiental sobre la biodiversidad  no puede ser conocido previamente, porque no se pueden conocer los efectos a mediano y largo plazo, y por lo tanto, no se pueden adoptar las medidas para neutralizarlo. 

El grado de madurez actual de la sociedad española en materia medioambiental es el mayor de nuestra historia. Esto, unido al desarrollo y abaratamiento de la tecnología asociada a las energías renovables, hace que nos encontremos ante una oportunidad histórica para cambiar nuestro modelo energético y de consumo hacia un modelo descarbonizado, distribuido, barato y respetuoso con el medio ambiente en un sentido amplio, es decir, aspiramos a conseguir una Transición Ecológica Justa.  

Para ello se necesitan políticas valientes contra el cambio climático. La primera de ellas debe ser revisar el PNIEC incluyendo las medidas que establecen las Directivas Europeas de eficiencia energética de edificios, de energías renovables, del mercado interior de la electricidad y el Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción Climática y comprometerse a incorporarlas al ordenamiento jurídico. Pero además es absolutamente necesario que el PNIEC asegure nuestra soberanía alimentaria, la posibilidad de tomar decisiones sobre cómo vivir en el territorio, y la conservación de nuestro patrimonio cultural y natural.

Por todo ello y ante la ambigüedad y falta de concreción de la actual redacción del PNIEC, los abajo firmantes decimos que ASÍ NO se podrá conseguir llevar a cabo una Transición realmente Ecológica, Justa y Democrática.

Plataforma para una Transición Ecológica Justa

www.transicionecologicajusta.org

manifiesto@transicionecologicajusta.org

twitter: @Plat_T_EcoJusta

El próximo día 27 de septiembre se va a celebrar la primera huelga por el clima. Se trata de un evento de nivel mundial que pretende llamar la atención a los gobernantes, empresas, agentes socioeconómicos y ciudadanía en general sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para hacer frente al cambio climático. El momento en el que nos encontramos es crucial, ya que estamos a las puertas de una crisis climática sin precedentes en la historia de la humanidad y está en juego el futuro de las generaciones actuales y venideras.

En defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo, desde ANA nos sumamos a la convocatoria internacional de huelga mundial por el clima, una movilización que será, huelga estudiantil, huelga de consumo, movilizaciones en los centros de trabajo y en las calles, cierres en apoyo de la lucha climática,… e invitamos a todos nuestros socios, simpatizantes y seguidores a secundar esta convocatoria y a sumarse a las distintas movilizaciones que sucederán el 27 de septiembre, y en concreto a la manifestación convocada por los Colectivos de Cádiz por el Clima a las 19,00 horas en la Plaza San Juan de Dios en Cádiz capital.