ALIENTE PIDE UNA MORATORIA

COMUNICADO DE PRENSA 28-07-2021

ALIENTE PIDE UNA MORATORIA TEMPORAL EN LA AUTORIZACIÓN DE RENOVABLES A GRAN ESCALA EN ANDALUCÍA, HASTA QUE SE HAGA UNA PLANIFICACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON AMPLIO APOYO DE EMPRESAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y COLECTIVOS SOCIALES.

Las más de 130 adhesiones, entre colectivos, empresas, sindicatos, partidos políticos y movimientos ecosociales, de Andalucía y estatales abajo firmantes, suscriben la demanda de esta moratoria temporal. Entre las adhesiones con que cuenta esta iniciativa, se encuentran más de una decena de fuerzas políticas. Se han recibido igualmente apoyos de personalidades del ámbito científico y académico, y de entidades como la Plataforma Social del Campo de Gibraltar y la Mesa por el Clima-Granada, que representan entre ambas cerca de 50 organizaciones sociales y medioambientales.

Dicha moratoria supondría la suspensión temporal de las autorizaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de más de 5MW, así como de sus infraestructuras de evacuación, que se estuvieran tramitando y que no estén vinculadas al autoconsumo o a proyectos de energía comunitaria.

Nuestro objetivo es que en un plazo de entre 6 y 12 meses se pueda hacer una correcta planificación, con participación de la ciudadanía, como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente.

Esta iniciativa -ya desarrollada en otras comunidades autónomas- está promovida por la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), que agrupa a casi 150 entidades y asociaciones de todo el estado. ALIENTE presenta un posicionamiento de 13 medidas para defender un modelo energético distribuido y justo, que garantice la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Dicho manifiesto cuenta con el apoyo de más de 270 docentes y profesionales de la investigación.

La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas solares y eólicas. Muchas de estas plantas de energías renovables afectan a áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de especies de flora y fauna exclusivas de estos espacios andaluces, donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea.

Dichas instalaciones supondrían, además, la pérdida de tierra cultivable y de actividad agro-ganadera, la expulsión de población local y el agravamiento de la despoblación, dada la nula creación de empleo y contribución a la economía local, lo que llevaría a aumentar el desequilibrio estructural de nuestro territorio. Por otra parte, este modelo de instalaciones a gran escala conllevaría graves problemas de generación de residuos y extractivismo, ocasionando a la larga un mayor deterioro ambiental, totalmente contradictorio con los objetivos de la transición ecológica.

En Andalucía hay proyectos presentados por un total de 22 GW, cuando los objetivos nacionales de potencia fotovoltaica a 2030 según el PNIEC son de 39 GW. Sólo en el Campo de Tabernas en Almería, la potencia fotovoltaica proyectada es equivalente al 5,4% de la planeada en toda España.

La propia Fundación Renovables percibe la necesidad de reflexionar sobre la manera de conseguir los objetivos establecidos por el PNIEC sin contar con el necesario apoyo social, porque se permite un modelo en el que predominan los grandes inversores sin ningún vínculo con el territorio y por su consideración extractiva. Propone que todos los proyectos renovables a gran escala, incluidos los que están en tramitación en la actualidad, se reevalúen bajo los parámetros definidos de ordenación y con la nueva zonificación socioeconómica a escala local.

Cada día es mayor la oposición a esta carrera desordenada que tanto afecta al medio rural y a nuestra riqueza ambiental, lo que exige un compromiso más fuerte, con políticas energéticas que prioricen las pequeñas instalaciones e inversiones locales, en el modelo distribuido y justo propuesto por ALIENTE y en el cual se incluyen aspectos como la gestión de la demanda, el ahorro de energía, un apoyo decidido al autoconsumo y la mejora del rendimiento energético de los edificios, con el fin de reducir la proliferación de megaplantas y sus impactos ambientales directos sobre la biodiversidad, el territorio y el patrimonio natural y cultural.

La presente iniciativa ciudadana incluye el llamamiento a los ayuntamientos afectados, para que aprueben moratorias de licencias municipales a la instalación de este tipo de plantas, y a todas las entidades sociales, ambientales y rurales de nuestra comunidad, para que se sumen a la demanda de Moratoria.

Así mismo y acogiéndonos al derecho de cualquier persona andaluza inscrita en el censo electoral a formular peticiones razonadas por escrito que se desprende del derecho constitucional a la participación efectiva en los asuntos públicos, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía andaluza, para que ejerciendo el derecho de peticiones, solicite a la Junta de Andalucía la Moratoria Temporal de la aprobación de renovables a gran escala, y la planificación y ordenación urgente de la implantación de estas instalaciones industriales en Andalucía. Para ellos, ALIENTE ha puesto a su disposición un documento específico.

renovablesSÍperoNOasi #moratoriaandaluzaYA @AlienteOrg

POR UNA MORATORIA INMEDIATA

POR UNA MORATORIA INMEDIATA A LA INSTALACIÓN DE NUEVAS PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES DE GRANDES DIMENSIONES. MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PAISAJE RURAL, LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA.

INTRODUCCIÓN.-

La necesaria e imparable expansión de la energía fotovoltaica y eólica como consecuencia de la transición energética impulsada no solo a nivel estatal, sino comunitario e internacional, desde las energías fósiles hacia las energías de fuentes renovables, responde a diferentes finalidades: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y así la lucha contra el cambio climático y el aumento de fenómenos extremos, transitar el descenso de los recursos fósiles, o el incremento de la independencia energética y la garantía de suministro.

Fruto del marco normativo favorable para este tipo de fuentes de producción energética, como lo es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, existen en la actualidad gran cantidad de proyectos de energía renovable en tramitación o a punto de ser solicitados, proyectos que también tienen sus propias limitaciones y generan impactos medioambientales.

La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas solares y eólicas. Muchas de estas plantas de energía renovables afectan a áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de una singular comunidad de flora y fauna en buena medida exclusiva de estos espacios andaluces. Proyectos, que en su mayoría afectan a zonas y espacios donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea.

Es necesario recordar que la conservación de la biodiversidad es una política prioritaria de la UE, es decir, el impulso y la obligatoriedad del cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats (LIC) y la Directiva 2009/147/CE sobre Aves (ZEPA) deben considerarse al mismo nivel que las Directivas que rigen la lucha contra el cambio climático y el impulso de las energías renovables.

JUSTIFICACIÓN.-

En Andalucía, más de 600 proyectos fotovoltaicos están en proceso de tramitación. Se están promoviendo unos 21.000 MW de renovables y en un futuro próximo se podrían promover otros 11.000 MW. Antes de la aprobación y desarrollo de estos proyectos, consideramos necesario establecer áreas de exclusión para la instalación de proyectos de renovables a gran escala teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola, y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios.

Urge un proceso planificado y racional, sin malas prácticas habituales como el fraccionamiento de proyectos, y basado en el mejor conocimiento técnico y científico disponible, generado y contrastado, con independencia de empresas y promotores. La planificación del desarrollo e implantación de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas en la Comunidad Autónoma es una medida necesaria, y aún más, diríamos que imprescindible, con miras a evitar o minimizar los impactos sociales y ambientales en el entorno, evitar los movimientos especulativos en el sector, garantizar la adecuada protección de los ecosistemas y amparar el derecho de la ciudadanía al acceso a las redes para poner en marcha instalaciones ligadas al consumo.

Es prioritario que la implantación y desarrollo en el ámbito territorial autonómico de las instalaciones de energía renovables se someta a su previa planificación energética estratégica a escala regional, a fin tanto de garantizar la integración de políticas sectoriales, como muy especialmente incluir la consideración de un medio ambiente bien conservado de forma transversal y la protección de los recursos naturales. Con la imperativa necesidad de que las energías renovables sean un éxito, es preciso que, entre otras circunstancias, se evite a toda costa la fragmentación

de los megaproyectos. Esto puede lograrse al implementar medidas que garanticen la utilización del territorio mediante la planificación, la ordenación y la necesaria participación ciudadana.

Una planificación, regulación y control adecuados son los que deben establecer las zonas donde instalar estos nuevos proyectos, para así además evaluar con exactitud los impactos y repercusiones ambientales, sinérgicos y combinados, originados por este cúmulo de instalaciones, más allá de la evaluación en concreto del impacto ambiental de cada instalación fotovoltaica o eólicas aisladamente.

Por otra parte, la zonificación de los proyectos es uno de los principales aspectos a tener en cuenta en la evaluación ambiental, delimitándolos no solamente a espacios degradados, sino realizando un seguimiento efectivo a los impactos en la biodiversidad del territorio, contemplando además de la instalación, todas las actividades necesarias para su desmantelamiento. El requerimiento de la zonificación permite que además de verificar que el proyecto se encuentre delimitado dentro de las zonas compatibles para su desarrollo, al margen de las zonas de exclusión, se pueda evidenciar la distancia de otras fases o etapas del mismo proyecto que hayan sido indebidamente fragmentadas por sus promotores, sea a efectos evaluatorios o aún para evitar que la competencia para la tramitación, evaluación ambiental y ulterior aprobación recaiga en la Secretaría de Estado de Energía.

Con el objetivo de alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, y que se tengan en cuenta cuestiones medioambientales a la hora de elaborar, adoptar y ejecutar planes y programas, fue aprobada la Directiva 2001/42/CE de Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (EAE) por la que se supedita a una comprobación y evaluación previa la elaboración y aprobación de determinados planes y programas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente, aunque éstos determinen el uso de pequeñas zonas a escala local, si es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente. El margen de discreción de los países de la UE está limitado por los criterios de significación del Anexo II de la Directiva, agrupados en dos categorías relativas a los propios planes o las repercusiones o influencia en la zona.

La necesidad de planificación del desarrollo de energías renovables tanto a escala estatal, autonómica y local se está abordando recientemente de forma desigual e incompleta por las administraciones responsables, y en todo caso con retraso frente al rápido incremento de solicitudes de instalaciones al amparo de la necesidad de descarbonización de la economía y estímulos para este emprendimiento. Soluciones como la moratoria en las solicitudes de acceso, acordada por el Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, evidencia ese desacople entre planificación y actividad empresarial que están impidiendo un desarrollo justo y sostenible de las energías renovables, con infracción del mandato del artículo 45 de nuestra Constitución de hacer un uso racional de los recursos naturales. Es precisa una mayor y mejor concreción de la planificación, así como criterios para hacer un uso racional del territorio y recursos naturales, y no trasladar el problema del cambio climático a otro lugar u otro ámbito, como es la pérdida acrecentada de la biodiversidad, según vienen denunciando los científicos, con consecuencias tan perjudiciales como la aparición del virus del Nilo en nuestra región o la propia pandemia de la COVID-19.

El estado de las poblaciones de muchas aves y murciélagos ni siquiera se conoce. Es el caso de las poblaciones de aves esteparias, de las cuales se desconoce sus poblaciones y las zonas más sensibles, debido a la carencia de estudios detallados y de planes de recuperación para estas especies. En concreto, los planes de estos nuevos megaproyectos de energías renovables afectarán a miles de hectáreas de terrenos de tradición cerealista y de estepas leñosas, de menor valor económico, pero de gran valor para las aves esteparias. Se necesita un compromiso más fuerte, con políticas energéticas más distribuidas y descentralizadas, donde se prioricen las pequeñas instalaciones e inversiones locales, con eficiencia, gestión de la demanda, ahorro de energía, autoconsumo y la mejora del rendimiento energético de los edificios, que reduzcan los impactos ambientales directos sobre la biodiversidad, el territorio y el patrimonio natural y cultural. Sirvan como instrumentos y amparo legal para acometer una adecuada planificación los siguientes:

− El artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurren en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. Dado que según el artículo 21 de la misma Ley la producción de energía incluye las infraestructuras de evacuación (transformación y conexión a red de transporte) por aplicación analógica, las instalaciones de producción de energía que alimentan, y deben emplazarse lo más próximas posibles a dichas líneas de transporte, también deberían estar contempladas en la planificación territorial y urbanística.

− El artículo 53 de la misma Ley, a la hora de regular el procedimiento de autorización de la producción de energía, exige que la iniciativa contemple las características del emplazamiento (no vale en cualquier lugar), pues las autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las autorizaciones necesarias que resulten aplicables en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, pudiéndose denegar la autorización por incumplimiento de tal legislación.

− La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible contempla en el artículo 78 la obligación de aprobar planes nacionales de ahorro de energía y planes de renovables que contemplen “MEDIDAS DE ORIENTACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN” y fomento de la oferta y el consumo. Medidas de orientación para impedir que se generen TERRITORIOS SATURADOS DE RENOVABLES o la pérdida de suelos agrícolas y hábitats de especies.

− Más adelante en el artículo 79, al hablar de la planificación energética indicativa establece la obligación de llevar a cabo una planificación en la que se establezca un modelo de generación y distribución, con “previsiones útiles para la toma de decisiones en la inversión por la iniciativa privada y para las decisiones de política energética fomentando un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección del medio ambiente”. No cabe duda que sería de utilidad para promotores (y afectados) contar con criterios ambientales y de capacidad territorial para la toma de decisiones en cuanto al emplazamiento, máxime cuando según se establece en el apartado 3.d) de dicho artículo, a la hora de tomar en cuenta la competitividad de las diversas energías, se ha de tomar en cuenta no solo los costes de la cadena de generación, sino también los costes ambientales y los intergeneracionales, y eso solo se consigue si los proyectos que se autoricen se corresponden con una planificación real y eficaz.

− Lamentablemente, el Plan Nacional de Energía y clima 2021-2030 recientemente aprobado, no ha dado respuesta a los problemas de burbuja de energías renovables, ni ha fijado criterios o medidas que permitan una planificación responsable y sostenible a escala local, que permita hacer un uso racional y ético de los recursos naturales. El problema de la afección ambiental es inexistente en esta planificación y no recoge las recomendaciones. De acuerdo con la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, propone, para reducir “la elevada incidencia territorial”: su integración en espacios urbanos e industriales; la optimización de instalaciones ya existentes gracias a los avances tecnológicos; por la integración ambiental y territorial mediante la implementación de medidas específicas para la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y por el aumento de la participación pública”. Y todo eso solo se consigue con una planificación previa a escala nacional, regional y local.

− La Directiva (UE) 2019/944 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, en su artículo 8, a la hora de regular los procedimientos de autorización de nuevas instalaciones de generación, obliga a los Estados a adoptar procedimientos con criterios objetivo sobre utilización del suelo público y protección del medio ambiente, ordenación del territorio, eficiencia energética y alternativas a la creación de nuevas instalaciones, criterios que deberán ser incorporados a la planificación.

Por todo ello, Los abajo firmantes SOLICITAMOS:

1.- Que se acuerde la suspensión de cuantos procedimientos de instalación de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, que se estuvieran tramitando, que no incluyan pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria.

2.- La moratoria inmediata de su tramitación, aprobación y construcción en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición Energética en Andalucía, ya que el Plan de Acción por el Clima de Andalucía no incluye esta necesaria planificación.

3.- Que se organice una Asamblea Ciudadana en relación a la Transición Energética en Andalucía, que asegure una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones tal y como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente.

Firmas:

ANA (Asociación Amigos de la Naturaleza) y otras más de ciento treinta organizaciones.

Movilización contra la fragmentación

Movilización contra la fragmentación de proyectos de parques solares

La plataforma Aliente denuncia la argucia de promotores, como Repsol, para eludir la tramitación del Gobierno, más estricta, en favor de la autonómica

Daniel Barea   

PROVINCIA DE CÁDIZ

Publicado: 16/07/2021

Si la proliferación sin control de parques solares en el conjunto del territorio nacional ha hecho saltar las alarmas en el mundo rural y entre colectivos conservacionistas, la argucia que han encontrado los promotores para facilitar la tramitación en el ámbito autonómico ha llevado a organizar finalmente una respuesta coordinada para poner freno a un modelo energético “centralizado, invasivo y especulativo”.

La Alianza Energía y Territorio Aliente, integrada por más de 140 organizaciones, ha puesto en marcha una campaña en contra de la fragmentación de los megaproyectos, con un requerimiento dirigido a los gobiernos regionales a disposición de cualquier ciudadano para que se inhiban de tramitar dichos expedientes

Luis Bolonio, portavoz de la organización, explica que, “si la potencia de una planta supera los 50 megavatios, la competencia para su autorización corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; si no los supera, la competencia para su tramitación es de la comunidad”, cuyos controles son menos estrictos. De manera que, “para acceder a la lluvia de licencias y subvenciones millonarias”, numerosas empresas están presentando subproyectos por debajo del límite para llevar a cabo el procedimiento con la administración autonómica y camuflar el impacto medioambiental, en lo que consideran un presunto fraude de ley.

Esta misma semana, Francisco C. Aleu advertía en las páginas de VIVA JEREZ que solo dos firmas, Repsol y Magtel, se reparten por igual dos tercios del negocio de las plantas fotovoltaicas que se están desarrollando actualmente en el municipio. Concretamente, citaba hasta tres sociedades propiedad de Magtel y con idéntico domicilio fiscal (Odin Solar, Hermod Solar o Loki Solar) con proyectos previstos para la localidad por debajo de los 50 megavatios. En el caso de Repsol, la compañía tramita, por medio de la filial Arco Energía 1 S. L, hasta cinco instalaciones, según la documentación facilitada por Mariano Maestu, representante de la Asociación Amigos de la Naturaleza (Analajanda).

Maestu explica que, en el conjunto de la provincia de Cádiz, hay muchos más ejemplos con empresas como Solar Century Holding España S. L, con cinco plantas entre San José del Valle y Jerez; o Abei Energy CSPV TWO S. L, con otras cinco entre Arcos y El Puerto de Santa María. En el caso de Alcalá de los Gazules, los proyectos Alamak y PSF Alya Solar, ambos de 49,93 megavatios inicialmente, están promovidos por Alamak solar S. L. y Alya Solar S. L, con el mismo domicilio fiscal; PSF Gazules I y PSF Gazules II, también rozando los 50 megavatios, están impulsados por Fotovoltaica S. L, y Gazules II Solar S. L, con idéntica dirección; y también teme que se haya troceado un proyecto de cien megavatios en dos con el nombre PSF OPD Gazules I y PSF OPD Gazules II.

El patrón se repite en el resto de provincias andaluzas. Especialmente, apunta Bolonio, en Málaga o Granada. Aunque Almería es una de las zonas más calientes por la incidencia mediambiental de los planes de las grandes empresas.

Francisco Valera, científico titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, explica que “la notable riqueza de la flora y la fauna del Campo de Tabernas y su riqueza arqueológica” están amenazadas por la ocupación de placas en una extensión de hasta 2.700 hectáreas. “Es un cambio de uso del suelo brutal en muy poco tiempo -advierte- con serias consecuencias para el ecosistema”, que sufre desde hace unos años igualmente con la implantación de cultivos de regadío. Precisamente, se hacen necesarios cuantiosos recursos hídricos: por cada metro cuadrado de paneles fotovoltaicos es necesario gastar un litro de agua de buena calidad en su limpieza al menos tres veces al año; en Tabernas harán falta 80 millones de litros de agua al año.

Por otro lado, si bien el área afectada, poco productiva de llanura, con terrenos agrarios de baja productividad y zonas esteparias, podría ser considerada marginal, lo cierto es que “alberga valores naturales únicos, con comunidades de aves esteparias” exclusivas en Europa y el mundo que podrían verse mermadas a causa de los accidentes provocados por las instalaciones de las líneas de alta tensión o las corrientes cálidas generadas por las placas solares.

Además, los proyectos tienen un considerable impacto paisajístico, muy especialmente en el entorno del yacimiento arqueológico de Los Millares. Sin embargo, los estudios de impacto ambiental elaborados por la administración autonómica al respecto“son muy deficientes y demasiados sesgados”, lamenta. Y, al hilo, plantea que la Junta tampoco considera el efecto acumulado de cada proyecto entre sí y con los ya realizados.

En un reciente artículo, Valera apuntaba que “dada la cantidad de proyectos que pretenden desarrollarse en el Campo de Tabernas (y otras zonas peculiares de España), el problema al que nos enfrentamos se puede resumir entonces en la conocida frase la dosis hace el veneno”.  Y añade: “Queda preguntarse, ¿tienen los responsables de la ordenación del territorio una planificación previa? ¿Se tendrá en cuenta el espacio dedicado ya a cultivos y a otras infraestructuras? ¿Se ha previsto dejar algo de nuestro paisaje natural?”.

“No”, responde a todos estos interrogantes el portavoz de Aliente, razón por la que la entidad, adelanta Luis Bolonio, pedirá al Gobierno andaluz una moratoria. La plataforma la ha cursado ya en Castilla-La Mancha para “paralizar la autorización de mega parques fotovoltaicos (en un único proyecto o fragmentados) hasta que no dispongamos de un marco regulatorio global que redirija la transición energética y sus instalaciones, estudiando las medidas de reducción, localización, generación comunitaria e impactos ambientales y económicos”. Se trata, en definitiva de poner freno a una burbuja que “mantiene el actual monopolio de las grandes energéticas y grupos de inversión”, que favorece la especulación, tal y como advirtió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dado que “hay empresas que piden licencia sin intención de instalar nada”, y que todo el empleo que genera “se puede contar con los dedos de una mano”.

Frente a todo ello, propone la transposición de las directivas europeas de energía limpia, denominada Paquete de Invierno, que obligan a desarrollar un modelo energético que prime el ahorro y eficiencia energéticos y el autoconsumo, regulando la capacidad máxima de producción e incluyendo la integración de las energías renovables en la ordenación y planificación del territorio.

https://andaluciainformacion.es/andalucia/985873/movilizacion-contra-la-fragmentacion-de-proyectos-de-parques-solares/

Pacto Verde Europeo

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA


COMUNICADO DE PRENSA


Pacto Verde Europeo: la Comisión propone una nueva estrategia para proteger y restaurar los bosques de la UE

Bruselas, 16 de julio de 2021

La Comisión Europea ha adoptado hoy la nueva Estrategia forestal de la UE para 2030, una iniciativa emblemática del Pacto Verde Europeo que se basa en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030. La estrategia se incluye en el paquete de medidas propuesto para lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55 % de aquí a 2030 y la neutralidad climática en 2050 en la UE. También ayuda a la UE a cumplir su compromiso de aumentar las absorciones de carbono a través de los sumideros naturales de conformidad con la Ley del Clima. Al abordar conjuntamente los aspectos sociales, económicos y medioambientales, la estrategia forestal pretende garantizar la multifuncionalidad de los bosques de la UE y destaca el papel fundamental que desempeñan los silvicultores.

Los bosques son aliados esenciales en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Funcionan como sumideros de carbono y nos ayudan a reducir las repercusiones del cambio climático, por ejemplo, enfriando las ciudades, protegiéndonos de inundaciones importantes y reduciendo los efectos de la sequía. Desgraciadamente, los bosques europeos están sometidos a un gran número de presiones diferentes, incluido el cambio climático.

Protección, restauración y gestión sostenible de los bosques

La estrategia forestal establece una visión y unas acciones concretas para aumentar la cantidad y la calidad de los bosques en la UE y reforzar su protección, su restauración y su resiliencia. Las acciones propuestas aumentarán la captura de carbono gracias a la mejora de los sumideros y las reservas, contribuyendo de este modo a la mitigación del cambio climático. La estrategia se compromete a proteger estrictamente los bosques primarios y maduros, a restaurar los bosques degradados y a garantizar su gestión sostenible, con el fin de preservar los servicios ecosistémicos esenciales que ofrecen los bosques y de los que depende la sociedad.

La estrategia promueve las prácticas de gestión forestal más respetuosas con el clima y la biodiversidad, hace hincapié en la necesidad de mantener el uso de la biomasa leñosa dentro de los límites de la sostenibilidad y fomenta una utilización eficaz de la madera como recurso en consonancia con el principio de explotación en cascada.

Garantizar la multifuncionalidad de los bosques de la UE

La estrategia también prevé el desarrollo de sistemas de pago a los propietarios y gestores forestales a cambio de la prestación de servicios ecosistémicos alternativos, por ejemplo el mantenimiento de algunas partes de sus bosques intactas. La nueva política agrícola común (PAC), entre otras, brindará la oportunidad de prestar un apoyo más específico a los silvicultores y al desarrollo sostenible de los bosques. La nueva estructura de gobernanza de los bosques creará un espacio más inclusivo que permitirá a los Estados miembros, a los propietarios y gestores forestales, a la industria, al mundo académico y a la sociedad civil debatir sobre el futuro de los bosques en la UE y ayudará a mantener estos valiosos activos para las generaciones venideras.

Por último, la estrategia forestal anuncia una propuesta legislativa para intensificar la vigilancia de los bosques, la transmisión de informes y la recopilación de datos forestales en la UE. La recopilación armonizada de datos a escala de la UE, junto con una planificación estratégica a nivel de los Estados miembros, proporcionará una visión global del estado, la evolución y las perspectivas de desarrollo futuro de los bosques en la UE. Esto resulta fundamental para garantizar que los bosques puedan cumplir sus múltiples funciones en favor del clima, la biodiversidad y la economía.

La estrategia va acompañada de una hoja de ruta para la plantación de tres mil millones de árboles adicionales en toda Europa de aquí a 2030, respetando plenamente los principios ecológicos; el árbol adecuado en el lugar adecuado para el fin adecuado.

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios:

Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, ha declarado lo siguiente: «Los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad que encontramos en la Tierra. Para que nuestro agua sea limpia y nuestros suelos ricos, necesitamos bosques sanos. Los bosques europeos están en peligro. Por ello trabajaremos para protegerlos y restaurarlos, mejorar la gestión forestal y apoyar a los silvicultores y a los guardianes forestales. A fin de cuentas, todos formamos parte de la naturaleza. Lo que hacemos para luchar contra la crisis climática y de biodiversidad, lo hacemos por nuestra propia salud y nuestro futuro».

Janusz Wojciechowski, comisario de Agricultura, ha declarado lo siguiente: «Los bosques son los pulmones de nuestro planeta: son esenciales para nuestro clima, nuestra biodiversidad, nuestro suelo y para la calidad de nuestro aire. Los bosques son también los pulmones de nuestra sociedad y nuestra economía: garantizan medios de subsistencia en las zonas rurales, proporcionan productos esenciales a nuestros ciudadanos y tienen un valor social inestimable por su naturaleza. La nueva estrategia forestal reconoce esta multifuncionalidad y muestra cómo la ambición medioambiental puede ir acompañada de prosperidad económica. A través de esta estrategia, y con el apoyo de la nueva política agrícola común, nuestros bosques y nuestros silvicultores darán vida a una Europa sostenible, próspera y climáticamente neutra».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha manifestado lo siguiente: «Los bosques europeos son un valioso patrimonio natural que no puede darse por sentado. La protección, la restauración y el aumento de la resiliencia de los bosques europeos no solo es esencial para luchar contra las crisis climática y de biodiversidad, sino también para preservar las funciones socioeconómicas de los bosques. La fuerte participación en las consultas públicas pone de manifiesto que los europeos se preocupan por el futuro de nuestros bosques, por lo que debemos cambiar la forma en que los protegemos, los gestionamos y los cultivamos con el fin de obtener beneficios reales para todos».

Contexto

Los bosques son aliados esenciales en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad gracias a su función como sumideros de carbono, así como a su capacidad para reducir las repercusiones del cambio climático, por ejemplo, enfriando las ciudades, protegiéndonos de inundaciones importantes y reduciendo los efectos de la sequía. También son ecosistemas valiosos que albergan una parte importante de la biodiversidad europea. Sus servicios ecosistémicos contribuyen a nuestra salud y bienestar a través de la regulación del agua, el suministro de alimentos, medicamentos y materiales, la reducción y el control del riesgo de catástrofes, la estabilización del suelo y el control de la erosión, y la purificación del aire y del agua. Los bosques son lugares de ocio, relajación y aprendizaje, así como parte de los medios de subsistencia.

Más información

Nueva Estrategia forestal de la UE para 2030

Preguntas y respuestas sobre la nueva Estrategia forestal de la UE para 2030

Ficha informativa sobre la naturaleza y los bosques

Ficha informativa – 3 000 millones de árboles adicionales

Sitio web 3 000 millones de árboles

Pacto Verde Europeo: la Comisión propone transformar la economía y la sociedad de la UE para alcanzar los objetivos climáticos

 

Reunión sobre PGOU Alcalá de los Gazules

El viernes 9 de julio tres miembros del Secretariado de ANA se reunieron con el arquitecto municipal, y al mismo tiempo encargado de la redacción del nuevo PGOU de Alcalá de los Gazules que está tramitando el Ayuntamiento.

La reunión tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, y se desarrolló durante algo más de dos horas. En ella se nos informó de la tramitación que hasta ahora ha tenido el nuevo proyecto de PGOU, y la intención del Ayuntamiento de abrir un nuevo periodo de información pública, aprovechando para contactar con varios colectivos, al objeto de justificar las propuestas y dar respuesta a interrogantes, así como recoger propuestas y sugerencias.  

Para esta ronda de reuniones desde el Ayuntamiento se ha invitado a diversas entidades y colectivos como el GDR de Los Alcornocales, ASAJA, asociación de corcheros, asociación de comerciantes, Ecologistas en Acción, AGADEN y ANA, aunque, que sepamos, solo nosotros y Ecologistas en Acción habíamos presentado sugerencias en el correspondiente periodo de información pública del Avance del PGOU.

Se habló de que el actual PGOU tiene su base en las NNSS de 1999, con una adaptación parcial a la LOUA del año 2010, y que el documento ha tenido 24 modificaciones puntuales. Entre ellas la adaptación al POT de La Janda para recoger las áreas de oportunidad de La Sacristana, El Aljibe y el Polígono Agroalimentario. El municipio cuenta con dos núcleos urbanos: el casco histórico y su entorno, y el polígono industrial de La Palmosa. Con este nuevo PGOU se quiere aprovechar para legalizar algunos crecimientos fuera de ordenación situados en entorno próximo del núcleo, mediante pequeños ámbitos de suelo urbano no consolidado (SUNC), pero con condiciones restrictivas, o integrándolos en los suelos urbanizables no sectorizados (SUNS).

Se nos informó de cuestiones que preocupan al Ayuntamiento como la compleja problemática existente con el polígono La Palmosilla, terrenos que al parecer se encuentran en una especie de “limbo legal”, y también de la problemática que impide el desarrollo del polígono Agroalimentario. Igualmente se dedicó tiempo a tratar los asuntos relativos a los sectores económicos del municipio, hablándose del sector Primario (agricultura y ganadería), del turismo, del sector energético (parques eólicos y sobre todo los numerosos proyectos de plantas solares fotovoltaicas), del sector minero (canteras de áridos) y también de algunas infraestructuras que contempla el POT de La Janda. 

Por nuestra parte pudimos, además de plantear toda clase de cuestiones y preguntas, exponer el modelo de urbanismo que, a nuestro entender, es el más adecuado para el municipio, un urbanismo cuyo principal objetivo debe ser los fines sociales de la actividad urbanística para conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de la ciudad y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, vinculando los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, subordinando los usos del suelo y de las edificaciones al interés general, garantizando la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, para la adecuada dotación de equipamientos urbanos y el acceso de toda la población a una vivienda digna, así como la necesidad de adoptar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, y de protección de la biodiversidad del municipio. Hay que destacar la reiteración de nuestra total oposición a la inclusión en el PGOU del proyecto turístico de la finca La Sacristana, por entenderlo no solo como innecesario y perjudicial para los intereses generales del municipio, sino además por su ilegalidad al contemplar desarrollos urbanísticos dentro de la Red Natura 2000. Según lo allí dicho, y aunque siga existiendo interés por parte de los promotores, no parece haber compromisos firmes que obliguen al Ayuntamiento a mantenerlo.

El arquitecto municipal no solo nos informó y respondió a las cuestiones planteadas, sino que se comprometió a mantener informada a ANA sobre todos los trámites que se vayan dando tanto para la corrección del documento de Avance, como para acometer los trabajos de elaboración de los sucesivos documentos del Planeamiento General, y que se responderá a todas las cuestiones planeadas en el documento de Sugerencias, Alegaciones, Alternativas y Observaciones presentado en el Ayuntamiento a principios de marzo de este año 2021. 

Al terminar la reunión, y en la despedida, quedamos ambas partes con el compromiso de seguir en contacto, y por nuestra parte reiteramos nuestra disposición para colaborar con el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules en todo aquello que pueda necesitar de nosotros, y siempre en defensa del interés general y de la protección medioambiental.