ALIENTE PIDE UNA MORATORIA TEMPORAL EN LA AUTORIZACIÓN DE RENOVABLES A GRAN ESCALA EN ANDALUCÍA, HASTA QUE SE HAGA UNA PLANIFICACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON AMPLIO APOYO DE EMPRESAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y COLECTIVOS SOCIALES.
Las más de 130 adhesiones, entre colectivos, empresas, sindicatos,
partidos políticos y movimientos ecosociales, de Andalucía y estatales abajo
firmantes, suscriben la demanda de esta moratoria temporal. Entre las
adhesiones con que cuenta esta iniciativa, se encuentran más de una decena de
fuerzas políticas. Se han recibido igualmente apoyos de personalidades del ámbito
científico y académico, y de entidades como la Plataforma Social del Campo de
Gibraltar y la Mesa por el Clima-Granada, que representan entre ambas cerca de
50 organizaciones sociales y medioambientales.
Dicha moratoria supondría la suspensión temporal de las
autorizaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables de más de 5MW, así como de sus infraestructuras de evacuación, que
se estuvieran tramitando y que no estén vinculadas al autoconsumo o a proyectos
de energía comunitaria.
Nuestro objetivo es que en un plazo de entre 6 y 12 meses se pueda
hacer una correcta planificación, con participación de la ciudadanía, como
exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública
relativa al medio ambiente.
Esta iniciativa -ya desarrollada en otras comunidades autónomas-
está promovida por la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), que agrupa a casi
150 entidades y asociaciones de todo el estado. ALIENTE presenta un
posicionamiento de 13 medidas para defender un modelo energético distribuido y
justo, que garantice la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Dicho manifiesto cuenta con el
apoyo de más de 270 docentes y profesionales de la investigación.
La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la
ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas solares y eólicas.
Muchas de estas plantas de energías renovables afectan a áreas de alto valor
ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio
de especies de flora y fauna exclusivas de estos espacios andaluces, donde se
da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea.
Dichas instalaciones supondrían, además, la pérdida de tierra
cultivable y de actividad agro-ganadera, la expulsión de población local y el
agravamiento de la despoblación, dada la nula creación de empleo y contribución
a la economía local, lo que llevaría a aumentar el desequilibrio estructural de
nuestro territorio. Por otra parte, este modelo de instalaciones a gran escala
conllevaría graves problemas de generación de residuos y extractivismo, ocasionando
a la larga un mayor deterioro ambiental, totalmente contradictorio con los objetivos
de la transición ecológica.
En Andalucía hay proyectos presentados por un total de 22 GW,
cuando los objetivos nacionales de potencia fotovoltaica a 2030 según el PNIEC
son de 39 GW. Sólo en el Campo de Tabernas en Almería, la potencia fotovoltaica proyectada es
equivalente al 5,4% de la planeada en toda España.
La propia Fundación Renovables percibe la necesidad de reflexionar
sobre la manera de conseguir los objetivos establecidos por el PNIEC sin contar
con el necesario apoyo social, porque se permite un modelo en el que predominan
los grandes inversores sin ningún vínculo con el territorio y por su
consideración extractiva. Propone que todos los proyectos renovables a gran
escala, incluidos los que están en tramitación en la actualidad, se reevalúen
bajo los parámetros definidos de ordenación y con la nueva zonificación socioeconómica
a escala local.
Cada día es mayor la oposición a esta carrera desordenada que
tanto afecta al medio rural y a nuestra riqueza ambiental, lo que exige un
compromiso más fuerte, con políticas energéticas que prioricen las pequeñas
instalaciones e inversiones locales, en el modelo distribuido y justo propuesto
por ALIENTE y en el cual se incluyen aspectos como la gestión de la demanda, el
ahorro de energía, un apoyo decidido al autoconsumo y la mejora del rendimiento
energético de los edificios, con el fin de reducir la proliferación de
megaplantas y sus impactos ambientales directos sobre la biodiversidad, el
territorio y el patrimonio natural y cultural.
La presente iniciativa ciudadana incluye el llamamiento a los
ayuntamientos afectados, para que aprueben moratorias
de licencias municipales a la instalación de este tipo de
plantas, y a todas las entidades sociales, ambientales y rurales de nuestra comunidad,
para que se sumen a la demanda de Moratoria.
Así mismo y acogiéndonos al derecho de cualquier persona andaluza inscrita en el censo electoral a formular peticiones razonadas por escrito que se desprende del derecho constitucional a la participación efectiva en los asuntos públicos, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía andaluza, para que ejerciendo el derecho de peticiones, solicite a la Junta de Andalucía la Moratoria Temporal de la aprobación de renovables a gran escala, y la planificación y ordenación urgente de la implantación de estas instalaciones industriales en Andalucía. Para ellos, ALIENTE ha puesto a su disposición un documento específico.
POR UNA MORATORIA INMEDIATA A LA INSTALACIÓN DE NUEVAS PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES DE GRANDES DIMENSIONES. MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PAISAJE RURAL, LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA.
INTRODUCCIÓN.-
La necesaria e imparable expansión de la energía
fotovoltaica y eólica como consecuencia de la transición energética impulsada
no solo a nivel estatal, sino comunitario e internacional, desde las energías
fósiles hacia las energías de fuentes renovables, responde a diferentes
finalidades: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y así
la lucha contra el cambio climático y el aumento de fenómenos extremos,
transitar el descenso de los recursos fósiles, o el incremento de la
independencia energética y la garantía de suministro.
Fruto del marco normativo favorable para este tipo de
fuentes de producción energética, como lo es el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, existen en la actualidad gran cantidad de
proyectos de energía renovable en tramitación o a punto de ser solicitados,
proyectos que también tienen sus propias limitaciones y generan impactos
medioambientales.
La expansión masiva y desordenada de energías
renovables supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas
solares y eólicas. Muchas de estas plantas de energía renovables afectan a
áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son
hábitat y refugio de una singular comunidad de flora y fauna en buena medida
exclusiva de estos espacios andaluces. Proyectos, que en su mayoría afectan a
zonas y espacios donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la
Unión Europea.
Es necesario recordar que la conservación de la
biodiversidad es una política prioritaria de la UE, es decir, el impulso y la
obligatoriedad del cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats (LIC)
y la Directiva 2009/147/CE sobre Aves (ZEPA) deben considerarse al mismo nivel
que las Directivas que rigen la lucha contra el cambio climático y el impulso
de las energías renovables.
JUSTIFICACIÓN.-
En Andalucía, más de 600 proyectos fotovoltaicos están
en proceso de tramitación. Se están promoviendo unos 21.000 MW de renovables y
en un futuro próximo se podrían promover otros 11.000 MW. Antes de la
aprobación y desarrollo de estos proyectos, consideramos necesario establecer
áreas de exclusión para la instalación de proyectos de renovables a gran escala
teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de
alto valor agrícola, y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y
etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos
territorios.
Urge un proceso planificado y racional, sin malas
prácticas habituales como el fraccionamiento de proyectos, y basado en el mejor
conocimiento técnico y científico disponible, generado y contrastado, con
independencia de empresas y promotores. La planificación del desarrollo e
implantación de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas en la Comunidad
Autónoma es una medida necesaria, y aún más, diríamos que imprescindible, con
miras a evitar o minimizar los impactos sociales y ambientales en el entorno,
evitar los movimientos especulativos en el sector, garantizar la adecuada protección
de los ecosistemas y amparar el derecho de la ciudadanía al acceso a las redes
para poner en marcha instalaciones ligadas al consumo.
Es prioritario que la implantación y desarrollo en el
ámbito territorial autonómico de las instalaciones de energía renovables se
someta a su previa planificación energética estratégica a escala regional, a
fin tanto de garantizar la integración de políticas sectoriales, como muy
especialmente incluir la consideración de un medio ambiente bien conservado de
forma transversal y la protección de los recursos naturales. Con la imperativa
necesidad de que las energías renovables sean un éxito, es preciso que, entre
otras circunstancias, se evite a toda costa la fragmentación
de los megaproyectos. Esto puede lograrse al
implementar medidas que garanticen la utilización del territorio mediante la
planificación, la ordenación y la necesaria participación ciudadana.
Una planificación, regulación y control adecuados son
los que deben establecer las zonas donde instalar estos nuevos proyectos, para
así además evaluar con exactitud los impactos y repercusiones ambientales,
sinérgicos y combinados, originados por este cúmulo de instalaciones, más allá
de la evaluación en concreto del impacto ambiental de cada instalación
fotovoltaica o eólicas aisladamente.
Por otra parte, la zonificación de los proyectos es uno
de los principales aspectos a tener en cuenta en la evaluación ambiental,
delimitándolos no solamente a espacios degradados, sino realizando un
seguimiento efectivo a los impactos en la biodiversidad del territorio,
contemplando además de la instalación, todas las actividades necesarias para su
desmantelamiento. El requerimiento de la zonificación permite que además de
verificar que el proyecto se encuentre delimitado dentro de las zonas
compatibles para su desarrollo, al margen de las zonas de exclusión, se pueda evidenciar
la distancia de otras fases o etapas del mismo proyecto que hayan sido indebidamente
fragmentadas por sus promotores, sea a efectos evaluatorios o aún para evitar
que la competencia para la tramitación, evaluación ambiental y ulterior aprobación
recaiga en la Secretaría de Estado de Energía.
Con el objetivo de alcanzar un alto nivel de protección
del medio ambiente, y que se tengan en cuenta cuestiones medioambientales a la
hora de elaborar, adoptar y ejecutar planes y programas, fue aprobada la
Directiva 2001/42/CE de Evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente (EAE) por la que se supedita a una comprobación
y evaluación previa la elaboración y aprobación de determinados planes y
programas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente, aunque éstos
determinen el uso de pequeñas zonas a escala local, si es probable que tengan
efectos significativos en el medio ambiente. El margen de discreción de los países
de la UE está limitado por los criterios de significación del Anexo II de la Directiva,
agrupados en dos categorías relativas a los propios planes o las repercusiones
o influencia en la zona.
La necesidad de planificación del desarrollo de
energías renovables tanto a escala estatal, autonómica y local se está
abordando recientemente de forma desigual e incompleta por las administraciones
responsables, y en todo caso con retraso frente al rápido incremento de
solicitudes de instalaciones al amparo de la necesidad de descarbonización de
la economía y estímulos para este emprendimiento. Soluciones como la moratoria
en las solicitudes de acceso, acordada por el Decreto-ley 23/2020, de 23 de
junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos
para la reactivación económica, evidencia ese desacople entre planificación y
actividad empresarial que están impidiendo un desarrollo justo y sostenible de
las energías renovables, con infracción del mandato del artículo 45 de nuestra Constitución
de hacer un uso racional de los recursos naturales. Es precisa una mayor y mejor
concreción de la planificación, así como criterios para hacer un uso racional
del territorio y recursos naturales, y no trasladar el problema del cambio
climático a otro lugar u otro ámbito, como es la pérdida acrecentada de la
biodiversidad, según vienen denunciando los científicos, con consecuencias tan
perjudiciales como la aparición del virus del Nilo en nuestra región o la
propia pandemia de la COVID-19.
El estado de las poblaciones de muchas aves y
murciélagos ni siquiera se conoce. Es el caso de las poblaciones de aves
esteparias, de las cuales se desconoce sus poblaciones y las zonas más
sensibles, debido a la carencia de estudios detallados y de planes de recuperación
para estas especies. En concreto, los planes de estos nuevos megaproyectos de
energías renovables afectarán a miles de hectáreas de terrenos de tradición
cerealista y de estepas leñosas, de menor valor económico, pero de gran valor
para las aves esteparias. Se necesita un compromiso más fuerte, con políticas energéticas
más distribuidas y descentralizadas, donde se prioricen las pequeñas instalaciones
e inversiones locales, con eficiencia, gestión de la demanda, ahorro de energía,
autoconsumo y la mejora del rendimiento energético de los edificios, que reduzcan
los impactos ambientales directos sobre la biodiversidad, el territorio y el patrimonio
natural y cultural. Sirvan como instrumentos y amparo legal para acometer una
adecuada planificación los siguientes:
− El artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico establece que La planificación de las instalaciones de
transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurren en
cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el
correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual
deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los
terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para
la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.
Dado que según el artículo 21 de la misma Ley la producción de energía incluye
las infraestructuras de evacuación (transformación y conexión a red de
transporte) por aplicación analógica, las instalaciones de producción de
energía que alimentan, y deben emplazarse lo más próximas posibles a dichas
líneas de transporte, también deberían estar contempladas en la planificación
territorial y urbanística.
− El artículo 53 de la misma Ley, a la hora de regular
el procedimiento de autorización de la producción de energía, exige que la
iniciativa contemple las características del emplazamiento (no vale en
cualquier lugar), pues las autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las
autorizaciones necesarias que resulten aplicables en materia de ordenación del
territorio y medio ambiente, pudiéndose denegar la autorización por incumplimiento
de tal legislación.
− La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
contempla en el artículo 78 la obligación de aprobar planes nacionales de
ahorro de energía y planes de renovables que contemplen “MEDIDAS DE ORIENTACIÓN
EN LA PLANIFICACIÓN” y fomento de la oferta y el consumo. Medidas de
orientación para impedir que se generen TERRITORIOS SATURADOS DE RENOVABLES o
la pérdida de suelos agrícolas y hábitats de especies.
− Más adelante en el artículo 79, al hablar de la
planificación energética indicativa establece la obligación de llevar a cabo
una planificación en la que se establezca un modelo de generación y
distribución, con “previsiones útiles para la toma de decisiones en la
inversión por la iniciativa privada y para las decisiones de política energética
fomentando un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad
de suministro y la protección del medio ambiente”. No cabe duda que sería de
utilidad para promotores (y afectados) contar con criterios ambientales y de capacidad
territorial para la toma de decisiones en cuanto al emplazamiento, máxime cuando
según se establece en el apartado 3.d) de dicho artículo, a la hora de tomar en
cuenta la competitividad de las diversas energías, se ha de tomar en cuenta no
solo los costes de la cadena de generación, sino también los costes ambientales
y los intergeneracionales, y eso solo se consigue si los proyectos que se
autoricen se corresponden con una planificación real y eficaz.
− Lamentablemente, el Plan Nacional de Energía y clima
2021-2030 recientemente aprobado, no ha dado respuesta a los problemas de
burbuja de energías renovables, ni ha fijado criterios o medidas que permitan
una planificación responsable y sostenible a escala local, que permita hacer un
uso racional y ético de los recursos naturales. El problema de la afección
ambiental es inexistente en esta planificación y no recoge las recomendaciones.
De acuerdo con la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración
ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030,
propone, para reducir “la elevada incidencia territorial”: su integración en espacios
urbanos e industriales; la optimización de instalaciones ya existentes gracias
a los avances tecnológicos; por la integración ambiental y territorial mediante
la implementación de medidas específicas para la conservación del patrimonio
natural y de la biodiversidad y por el aumento de la participación pública”. Y
todo eso solo se consigue con una planificación previa a escala nacional,
regional y local.
− La Directiva (UE) 2019/944 Del Parlamento Europeo y
del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior
de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, en su
artículo 8, a la hora de regular los procedimientos de autorización de nuevas
instalaciones de generación, obliga a los Estados a adoptar procedimientos con
criterios objetivo sobre utilización del suelo público y protección del medio
ambiente, ordenación del territorio, eficiencia energética y alternativas a la creación
de nuevas instalaciones, criterios que deberán ser incorporados a la
planificación.
Por todo ello, Los abajo firmantes SOLICITAMOS:
1.- Que se acuerde la suspensión de cuantos
procedimientos de instalación de autorización y evaluación de instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus
infraestructuras de evacuación, que se estuvieran tramitando, que no incluyan
pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y
a proyectos de energía comunitaria.
2.- La moratoria inmediata de su tramitación,
aprobación y construcción en tanto no se apruebe un marco de planificación en
el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición
Energética en Andalucía, ya que el Plan de Acción por el Clima de Andalucía no
incluye esta necesaria planificación.
3.- Que se organice una Asamblea Ciudadana en relación a la Transición Energética en Andalucía, que asegure una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones tal y como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente.
Firmas:
ANA (Asociación Amigos de la Naturaleza) y otras más de ciento treinta organizaciones.
Si
la proliferación
sin control de parques solares en el conjunto del
territorio nacional ha hecho saltar las alarmas en
el mundo rural y entre colectivos conservacionistas, la
argucia que han encontrado los promotores para facilitar la tramitación en
el ámbito autonómico ha llevado a organizar finalmente una respuesta coordinada
para poner freno a un modelo energético “centralizado, invasivo
y especulativo”.
La Alianza
Energía y Territorio Aliente, integrada por más de 140
organizaciones, ha puesto en marcha una campaña en contra de la
fragmentación de los megaproyectos, con un requerimiento
dirigido a los gobiernos regionales a disposición de cualquier ciudadano para
que se inhiban de tramitar dichos expedientes
Luis
Bolonio, portavoz de la organización, explica que, “si la potencia de una
planta supera los 50 megavatios, la
competencia para su autorización corresponde al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico; si no los supera, la
competencia para su tramitación es de la comunidad”,
cuyos controles
son menos estrictos. De manera que, “para acceder a la lluvia
de licencias y subvenciones millonarias”, numerosas empresas están presentando
subproyectos por debajo del límite para llevar a cabo el procedimiento con la
administración autonómica y camuflar el impacto medioambiental, en lo que
consideran un presunto
fraude de ley.
Esta misma
semana, Francisco
C. Aleu advertía en las páginas de VIVA JEREZ que solo dos firmas, Repsol
y Magtel, se reparten por igual dos tercios del negocio de las
plantas fotovoltaicas que se están desarrollando actualmente en el municipio.
Concretamente, citaba hasta tres sociedades propiedad de Magtel y con idéntico
domicilio fiscal (Odin Solar, Hermod Solar o Loki Solar) con proyectos
previstos para la localidad por debajo de los 50 megavatios. En el caso de
Repsol, la compañía tramita, por medio de la filial Arco Energía 1 S. L, hasta cinco instalaciones,
según la documentación facilitada por Mariano Maestu, representante de la Asociación
Amigos de la Naturaleza (Analajanda).
Maestu
explica que, en el conjunto de la provincia de Cádiz, hay muchos
más ejemplos con empresas como Solar
Century Holding España S. L, con cinco plantas entre San
José del Valle y Jerez; o Abei Energy CSPV TWO S. L, con
otras cinco entre Arcos y El Puerto de Santa María.
En el caso de Alcalá de los Gazules, los proyectos
Alamak y PSF Alya Solar, ambos de 49,93 megavatios inicialmente, están
promovidos por Alamak solar S. L. y Alya Solar S. L,
con el mismo domicilio fiscal; PSF Gazules I y PSF Gazules II, también rozando
los 50 megavatios, están impulsados por Fotovoltaica S. L, y Gazules II Solar S. L, con
idéntica dirección; y también teme que se haya troceado un proyecto de cien
megavatios en dos con el nombre PSF OPD Gazules I y PSF OPD Gazules II.
El patrón se repite en el resto de provincias andaluzas. Especialmente, apunta Bolonio, en Málaga
o Granada. Aunque Almería es una de las zonas más
calientes por la incidencia mediambiental de los planes de
las grandes empresas.
Francisco Valera, científico titular de la Estación
Experimental de Zonas Áridas del CSIC, explica que “la notable riqueza de la flora y la
fauna del Campo de Tabernas y su riqueza
arqueológica” están amenazadas por la ocupación de placas en una extensión de
hasta 2.700 hectáreas. “Es un cambio de uso del suelo brutal en muy poco tiempo
-advierte- con serias consecuencias para el ecosistema”,
que sufre desde hace unos años igualmente con la implantación de cultivos de
regadío. Precisamente, se hacen necesarios cuantiosos recursos hídricos: por
cada metro cuadrado de paneles fotovoltaicos es necesario gastar un litro de
agua de buena calidad en su limpieza al menos tres veces al año; en
Tabernas harán falta 80 millones de litros de agua al año.
Por otro
lado, si bien el área afectada, poco productiva de llanura, con terrenos
agrarios de baja productividad y zonas esteparias, podría ser considerada
marginal, lo cierto es que “alberga valores naturales únicos, con comunidades
de aves esteparias” exclusivas en Europa y el mundo que podrían verse mermadas
a causa de los accidentes provocados por las instalaciones de las líneas de
alta tensión o las corrientes cálidas generadas por las placas solares.
Además, los
proyectos tienen un considerable impacto paisajístico,
muy especialmente en el entorno del yacimiento arqueológico de Los Millares.
Sin embargo, los
estudios de impacto ambiental elaborados por la
administración autonómica al respecto“son muy deficientes y demasiados
sesgados”, lamenta. Y, al hilo, plantea que la Junta tampoco
considera el efecto acumulado de cada proyecto entre sí y con los ya
realizados.
En un
reciente artículo, Valera apuntaba que “dada la cantidad de proyectos que
pretenden desarrollarse en el Campo de Tabernas (y otras zonas peculiares de
España), el problema al que nos enfrentamos se puede resumir entonces en la
conocida frase la dosis hace el veneno”. Y
añade: “Queda preguntarse, ¿tienen los responsables de la ordenación del
territorio una planificación previa? ¿Se tendrá en
cuenta el espacio dedicado ya a cultivos y a otras
infraestructuras? ¿Se
ha previsto dejar algo de nuestro paisaje natural?”.
“No”,
responde a todos estos interrogantes el portavoz de Aliente, razón por la que
la entidad, adelanta Luis Bolonio, pedirá al Gobierno andaluz una
moratoria. La plataforma la ha cursado ya en Castilla-La Mancha
para “paralizar la autorización de mega parques fotovoltaicos (en un único
proyecto o fragmentados) hasta que no dispongamos de un marco regulatorio
global que redirija la transición energética y sus instalaciones, estudiando
las medidas
de reducción, localización, generación comunitaria e impactos ambientales y
económicos”. Se trata, en definitiva de poner freno a una
burbuja que “mantiene el actual monopolio de las grandes energéticas y grupos
de inversión”, que favorece la especulación, tal y como advirtió la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, dado que “hay empresas que piden
licencia sin intención de instalar nada”, y que todo el empleo
que genera “se puede contar con los dedos de una mano”.
Frente a todo ello, propone la transposición de las directivas europeas de energía limpia, denominada Paquete de Invierno, que obligan a desarrollar un modelo energético que prime el ahorro y eficiencia energéticos y el autoconsumo, regulando la capacidad máxima de producción e incluyendo la integración de las energías renovables en la ordenación y planificación del territorio.
Pacto Verde Europeo: la Comisión propone una nueva estrategia para proteger y restaurar los bosques de la UE
Bruselas, 16 de julio de 2021
La Comisión Europea ha adoptado hoy la nueva Estrategia forestal de la UE para 2030, una iniciativa emblemática del Pacto Verde Europeo que se basa en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030. La estrategia se incluye en el paquete de medidas propuesto para lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55 % de aquí a 2030 y la neutralidad climática en 2050 en la UE. También ayuda a la UE a cumplir su compromiso de aumentar las absorciones de carbono a través de los sumideros naturales de conformidad con la Ley del Clima. Al abordar conjuntamente los aspectos sociales, económicos y medioambientales, la estrategia forestal pretende garantizar la multifuncionalidad de los bosques de la UE y destaca el papel fundamental que desempeñan los silvicultores.
Los bosques son aliados esenciales en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Funcionan como sumideros de carbono y nos ayudan a reducir las repercusiones del cambio climático, por ejemplo, enfriando las ciudades, protegiéndonos de inundaciones importantes y reduciendo los efectos de la sequía. Desgraciadamente, los bosques europeos están sometidos a un gran número de presiones diferentes, incluido el cambio climático.
Protección, restauración y gestión sostenible de los bosques
La estrategia forestal establece una visión y unas acciones concretas para aumentar la cantidad y la calidad de los bosques en la UE y reforzar su protección, su restauración y su resiliencia. Las acciones propuestas aumentarán la captura de carbono gracias a la mejora de los sumideros y las reservas, contribuyendo de este modo a la mitigación del cambio climático. La estrategia se compromete a proteger estrictamente los bosques primarios y maduros, a restaurar los bosques degradados y a garantizar su gestión sostenible, con el fin de preservar los servicios ecosistémicos esenciales que ofrecen los bosques y de los que depende la sociedad.
La estrategia promueve las prácticas de gestión forestal más respetuosas con el clima y la biodiversidad, hace hincapié en la necesidad de mantener el uso de la biomasa leñosa dentro de los límites de la sostenibilidad y fomenta una utilización eficaz de la madera como recurso en consonancia con el principio de explotación en cascada.
Garantizar la multifuncionalidad de los bosques de la UE
La estrategia también prevé el desarrollo de sistemas de pago a los propietarios y gestores forestales a cambio de la prestación de servicios ecosistémicos alternativos, por ejemplo el mantenimiento de algunas partes de sus bosques intactas. La nueva política agrícola común (PAC), entre otras, brindará la oportunidad de prestar un apoyo más específico a los silvicultores y al desarrollo sostenible de los bosques. La nueva estructura de gobernanza de los bosques creará un espacio más inclusivo que permitirá a los Estados miembros, a los propietarios y gestores forestales, a la industria, al mundo académico y a la sociedad civil debatir sobre el futuro de los bosques en la UE y ayudará a mantener estos valiosos activos para las generaciones venideras.
Por último, la estrategia forestal anuncia una propuesta legislativa para intensificar la vigilancia de los bosques, la transmisión de informes y la recopilación de datos forestales en la UE. La recopilación armonizada de datos a escala de la UE, junto con una planificación estratégica a nivel de los Estados miembros, proporcionará una visión global del estado, la evolución y las perspectivas de desarrollo futuro de los bosques en la UE. Esto resulta fundamental para garantizar que los bosques puedan cumplir sus múltiples funciones en favor del clima, la biodiversidad y la economía.
La estrategia va acompañada de una hoja de ruta para la plantación de tres mil millones de árboles adicionales en toda Europa de aquí a 2030, respetando plenamente los principios ecológicos; el árbol adecuado en el lugar adecuado para el fin adecuado.
Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios:
Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, ha declarado lo siguiente: «Los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad que encontramos en la Tierra. Para que nuestro agua sea limpia y nuestros suelos ricos, necesitamos bosques sanos. Los bosques europeos están en peligro. Por ello trabajaremos para protegerlos y restaurarlos, mejorar la gestión forestal y apoyar a los silvicultores y a los guardianes forestales. A fin de cuentas, todos formamos parte de la naturaleza. Lo que hacemos para luchar contra la crisis climática y de biodiversidad, lo hacemos por nuestra propia salud y nuestro futuro».
Janusz Wojciechowski, comisario de Agricultura, ha declarado lo siguiente: «Los bosques son los pulmones de nuestro planeta: son esenciales para nuestro clima, nuestra biodiversidad, nuestro suelo y para la calidad de nuestro aire. Los bosques son también los pulmones de nuestra sociedad y nuestra economía: garantizan medios de subsistencia en las zonas rurales, proporcionan productos esenciales a nuestros ciudadanos y tienen un valor social inestimable por su naturaleza. La nueva estrategia forestal reconoce esta multifuncionalidad y muestra cómo la ambición medioambiental puede ir acompañada de prosperidad económica. A través de esta estrategia, y con el apoyo de la nueva política agrícola común, nuestros bosques y nuestros silvicultores darán vida a una Europa sostenible, próspera y climáticamente neutra».
Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha manifestado lo siguiente: «Los bosques europeos son un valioso patrimonio natural que no puede darse por sentado. La protección, la restauración y el aumento de la resiliencia de los bosques europeos no solo es esencial para luchar contra las crisis climática y de biodiversidad, sino también para preservar las funciones socioeconómicas de los bosques. La fuerte participación en las consultas públicas pone de manifiesto que los europeos se preocupan por el futuro de nuestros bosques, por lo que debemos cambiar la forma en que los protegemos, los gestionamos y los cultivamos con el fin de obtener beneficios reales para todos».
Contexto
Los bosques son aliados esenciales en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad gracias a su función como sumideros de carbono, así como a su capacidad para reducir las repercusiones del cambio climático, por ejemplo, enfriando las ciudades, protegiéndonos de inundaciones importantes y reduciendo los efectos de la sequía. También son ecosistemas valiosos que albergan una parte importante de la biodiversidad europea. Sus servicios ecosistémicos contribuyen a nuestra salud y bienestar a través de la regulación del agua, el suministro de alimentos, medicamentos y materiales, la reducción y el control del riesgo de catástrofes, la estabilización del suelo y el control de la erosión, y la purificación del aire y del agua. Los bosques son lugares de ocio, relajación y aprendizaje, así como parte de los medios de subsistencia.
El viernes 9 de julio tres miembros del Secretariado de ANA se reunieron con el arquitecto municipal, y al mismo tiempo encargado de la redacción del nuevo PGOU de Alcalá de los Gazules que está tramitando el Ayuntamiento.
La reunión tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, y se
desarrolló durante algo más de dos horas. En ella se nos informó de la
tramitación que hasta ahora ha tenido el nuevo proyecto de PGOU, y la intención
del Ayuntamiento de abrir un nuevo periodo de información pública, aprovechando
para contactar con varios colectivos, al objeto de justificar las propuestas y
dar respuesta a interrogantes, así como recoger propuestas y sugerencias.
Para esta ronda de reuniones desde el Ayuntamiento se ha invitado a
diversas entidades y colectivos como el GDR de Los Alcornocales, ASAJA,
asociación de corcheros, asociación de comerciantes, Ecologistas en Acción,
AGADEN y ANA, aunque, que sepamos, solo nosotros y Ecologistas en Acción
habíamos presentado sugerencias en el correspondiente periodo de información
pública del Avance del PGOU.
Se habló de que el actual PGOU tiene su base en las NNSS de 1999, con una adaptación parcial a la LOUA del año 2010, y que el documento ha tenido 24 modificaciones puntuales. Entre ellas la adaptación al POT de La Janda para recoger las áreas de oportunidad de La Sacristana, El Aljibe y el Polígono Agroalimentario. El municipio cuenta con dos núcleos urbanos: el casco histórico y su entorno, y el polígono industrial de La Palmosa. Con este nuevo PGOU se quiere aprovechar para legalizar algunos crecimientos fuera de ordenación situados en entorno próximo del núcleo, mediante pequeños ámbitos de suelo urbano no consolidado (SUNC), pero con condiciones restrictivas, o integrándolos en los suelos urbanizables no sectorizados (SUNS).
Se nos informó de cuestiones que preocupan al Ayuntamiento como la compleja problemática existente con el polígono La Palmosilla, terrenos que al parecer se encuentran en una especie de “limbo legal”, y también de la problemática que impide el desarrollo del polígono Agroalimentario. Igualmente se dedicó tiempo a tratar los asuntos relativos a los sectores económicos del municipio, hablándose del sector Primario (agricultura y ganadería), del turismo, del sector energético (parques eólicos y sobre todo los numerosos proyectos de plantas solares fotovoltaicas), del sector minero (canteras de áridos) y también de algunas infraestructuras que contempla el POT de La Janda.
Por nuestra parte pudimos, además de plantear toda clase de cuestiones y preguntas, exponer el modelo de urbanismo que, a nuestro entender, es el más adecuado para el municipio, un urbanismo cuyo principal objetivo debe ser los fines sociales de la actividad urbanística para conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de la ciudad y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, vinculando los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, subordinando los usos del suelo y de las edificaciones al interés general, garantizando la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, para la adecuada dotación de equipamientos urbanos y el acceso de toda la población a una vivienda digna, así como la necesidad de adoptar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, y de protección de la biodiversidad del municipio. Hay que destacar la reiteración de nuestra total oposición a la inclusión en el PGOU del proyecto turístico de la finca La Sacristana, por entenderlo no solo como innecesario y perjudicial para los intereses generales del municipio, sino además por su ilegalidad al contemplar desarrollos urbanísticos dentro de la Red Natura 2000. Según lo allí dicho, y aunque siga existiendo interés por parte de los promotores, no parece haber compromisos firmes que obliguen al Ayuntamiento a mantenerlo.
El arquitecto municipal no solo nos informó y respondió a las
cuestiones planteadas, sino que se comprometió a mantener informada a ANA sobre
todos los trámites que se vayan dando tanto para la corrección del documento de
Avance, como para acometer los trabajos de elaboración de los sucesivos
documentos del Planeamiento General, y que se responderá a todas las cuestiones
planeadas en el documento de Sugerencias, Alegaciones, Alternativas y
Observaciones presentado en el Ayuntamiento a principios de marzo de este año
2021.
Al terminar la reunión, y en la despedida, quedamos ambas partes
con el compromiso de seguir en contacto, y por nuestra parte reiteramos nuestra
disposición para colaborar con el
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules en todo aquello que pueda necesitar de
nosotros, y siempre en defensa del interés general y de la protección
medioambiental.
