La nueva e importante Ley de Residuos, un recurso para el cambio
La nueva Ley de Residuos aporta mejoras, como la ampliación de responsabilidades de los productores, aunque no incide lo suficiente en lo fundamental: la reducción y prevención de residuos en origen.
Ángel Encinas Carazo Coordinador del área de Consumo de Ecologistas en Acción 29 AGO 2022
De los residuos, como de la muerte, en esta sociedad de hiperconsumo suicida no se quiere hablar. Se mira para otro lado o, los más conscientes, nos lavamos la mala conciencia separándolos y llevándolos al contenedor correspondiente. Del resto del proceso, el antes y el después, nos desentendemos: «no está en nuestras manos».
Y así nos va. Muchos analistas y ciudadanos se preguntan con las manos en la cabeza dónde estaría nuestro país en materia medioambiental si no fuese por la Unión Europea y sus directivas de obligado cumplimiento. Incluso así, España está siempre en el punto de mira por sus incumplimientos. Es más, según un informe de SEO/BIRDLIFE, en 2018 nuestro país se situaba a la cabeza de los expedientes abiertos por infracciones en este terreno. Con los Gobiernos que siguieron a partir de entonces las cosas han mejorado notablemente, pero no deja de ponerse en evidencia que nuestro país sigue evolucionando a rastras a partir de directivas que, por otra parte, nada tienen de revolucionarias.
El ejemplo lo tenemos con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. «Agridulce» es el término con el que resume su valoración la Alianza Residuos Cero, de la que forman parte, además de Ecologistas en Acción, Greenpeace, Surfrider España, Rezero, Retorna y Amigos de la Tierra. Para la ARC se ha perdido la oportunidad de reforzar y apuntalar lo fundamental, la reducción de residuos, un paso imprescindible en la lucha frente a la crisis ecosocial y la emergencia climática.
LO MEJOR DE LA LEY
- Su propia existencia. Contar por fin con una ley de referencia fundamental para el desarrollo de normativas.
- Prohibición de 10 productos de plástico de un solo uso como vasos, cubiertos, platos, pajitas, bastoncillos, etc.
- Prohibición de los principales disruptores endocrinos en los envases.
- Fomento de la venta a granel y aceptación de recipientes reutilizables de los consumidores.
- Prohibición de la destrucción de excedentes no perecederos como textiles, juguetes y electrónica.
- Fomento del consumo de agua no embotellada. Bares y restaurantes deberán ofrecerla de manera gratuita.
- Se obliga a los ayuntamientos a implantar el contenedor marrón de restos orgánicos (antes del 30 de junio de 2022 para municipios de más de 5000 habitantes; para el resto, hasta del comienzo de 2024)
- Organización urgente de la retirada del amianto por parte de los ayuntamientos.
- Se abre la puerta, por fin, al sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), lo que antes conocíamos como «devolución del casco», aunque no incluye, atención, los cascos de vidrio, el origen del término.
- Se avanza en la responsabilización de los productores, que se verán obligados a asumir los costes del tratamiento de residuos que generan, lo que supone que la ciudadanía, por fin, dejará de asumir estos costes. Desafortunadamente se dejan fuera sectores importantes (higiene íntima, monodosis, juguetes, etc.)
- Aumenta la fiscalidad ambiental de los vertidos, incineración, etc. con un nuevo impuesto que desanime estas prácticas.
LO MEJORABLE DE LA LEY
- No incide lo suficiente en lo fundamental: la reducción y prevención de residuos en origen. Sin esto, la insistencia en el reciclaje es un error porque no garantiza un uso eficiente de los recursos y la energía. No se contempla siquiera el fomento de los envases reutilizables.
- La implantación del SDDR se dilata demasiado en el tiempo, seguramente hasta 2027. Ecoembes se encargará de que sea así.
RETOS QUE DEBERÁN ASUMIR LOS AYUNTAMIENTOS
Resulta muy habitual en los medios, cuando tratan sobre consumo y gestión de residuos, dejar caer todo el peso de la culpa sobre una ciudadanía descuidada que consume en exceso, derrocha energía, no recicla y desperdicia mercancías y alimentos sin control. Es una falaz manera de lavarle las manos a las grandes empresas y a un sistema que incitan como horizonte de felicidad y deseo a un hiperconsumo derrochador, y a unas Administraciones que les dejan hacer. Y es que tenemos que subrayar siempre que son las instituciones públicas democráticas las que con sus leyes y normativas pueden encauzar la responsabilidad y obligaciones de unos y otras.
La nueva Ley de Residuos, con sus luces y sombras, es un buen punto de partida para el cambio, empezando, como tiene que ser, por el de los productores que causan y fomentan la destrucción del medio ambiente.
La urgencia aprieta porque el balance de la gestión de residuos municipales en nuestro país es desastroso y no alcanza los objetivos establecidos por la UE: no llegamos al 50% de recuperación en 2020, y si no aplicamos con rigor la nueva Ley, tampoco conseguiremos la reutilización y el reciclado del 55% en 2025, ni del 60% en 2030. Y entonces seguirán viniendo las sanciones.
La correcta aplicación de la nueva Ley en cada territorio, dependerá en gran medida de los ayuntamientos, a los que ésta asigna las siguientes nuevas obligaciones:
- Establecimiento de las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de un 50% en peso de reutilización, reciclado y valoración de residuos. En 2025 el 55%; en 2030 el 60% y en 2035 el 65%.
- Adopción de los principios de la economía circular para que productos y materiales duren el mayor tiempo posible y se limiten los daños al medio.
- Aprobar planes y nuevas ordenanzas municipales adaptadas a la nueva ley.
- Adaptar todos los contratos de prestación de servicios a la nueva normativa.
- Establecer un sistema de recogida separada de los residuos orgánicos domésticos priorizando modelos de éxito comprobados (puerta a puerta o contenedor cerrado). En municipios de más de 5.000 habitantes a partir del 1 de julio 2022 y en pequeños municipios antes del comienzo de 2024.
- Promoción del compostaje doméstico y comunitario en especial en poblaciones con menos de 1000 habitantes.
- Elaboración, antes de 2025, de un calendario para la implantación de nuevas recogidas separadas de residuos: textiles, aceites de cocina, voluminosos, etc.
- Recogida de envases en el contenedor de restos y en las calles a cargo de los productores (Ecoembes).
- Establecimiento de una tasa municipal de residuos que refleje el coste real de la gestión. Antes de abril de 2025.
- Nuevo impuesto de 40€ por tonelada llevada al vertedero y de 20 € por tonelada incinerada.
- Elaboración de un inventario de instalaciones con amianto y establecimiento de un plan de retirada del mismo antes de abril de 2023.
¿Y LA CIUDADANÍA?
La correcta separación de residuos es fundamental para lograr su adecuada reutilización y reciclaje, aunque la clave para reducir las consecuencias ambientales de nuestro consumo está en la reducción, haciendo hincapié en que éste se debe basar en aquellos bienes que realmente necesitamos, y a ser posible mediante productos duraderos.
Pese al limitado impacto que pueden tener nuestros cambios de conducta, como bien nos hace ver Luis González Reyes, el cambio de los hábitos individuales es fundamental porque no hay cambios estructurales sin cambios personales, porque nos sirve de gimnasia ciudadana para empoderarnos frente a la deriva consumista, y porque comunicamos más con los actos que con los discursos.
Además, la ciudadanía es la que vota a los que hacen las leyes y a los que tienen que aplicarlas. La concienciación y el cambio personal y familiar es el necesario punto de partida para asumir actitudes de vigilancia y exigencia de prontitud en los compromisos que suponen la nueva ley.
El próximo año hay elecciones municipales.
