ANA se dirige a los Ayuntamientos de la Janda ante la necesidad de modificar la gestión municipal de residuos para cumplir la Ley 7/2022

La entrada en vigor de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a los ayuntamientos a realizar cambios sustanciales en su gestión de los residuos municipales.

Ello exige un cambio en profundidad de toda la gestión municipal de los residuos sólidos urbanos, ahora denominados residuos municipales, para incorporar las obligaciones que determina la ley, sobre todo:

• La recogida separada de la fracción orgánica de las basuras (biorresiduos) a partir del 1 de julio del presente año, para municipios de más de 5.000 habitantes, bien mediante el sistema puerta a puerta o mediante el quinto contenedor con control de usuario.
• Disponer de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los residuos, tasa que debe tender hacia el pago por generación. Ello implica la elaboración de nuevas ordenanzas fiscales, en las que la tasa cubra todos los costes de la gestión correcta de los residuos.
• El pago de un nuevo impuesto por vertido, 40,00 € la tonelada, e incineración, 20,00 € la Tn, de los residuos que no hayan sido objeto de valorización, de forma que las tasas alcancen precios disuasorios para la eliminación de residuos.
• Aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población superior a 5.000 habitantes. Y adaptar todos los contratos de prestación de servicios a esta nueva normativa.

Además, los municipios deberán fijar un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas, aparte de los biorresiduos: textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. Llevar los residuos sin tratamiento previo a su depósito en vertedero queda completamente prohibido.

Sin embargo, la asunción del coste de recogida de los envases de la fracción resto y de la recogida viaria, a cargo injustamente hasta ahora de los ayuntamientos, tendrá que ser a partir de ahora a cargo de Ecoembes y demás Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, en base a este principio de la responsabilidad ampliada del productor.

Los ayuntamientos están obligados a adoptar los principios de la economía circular, para que el valor de los productos, materiales y demás recursos de la economía duren el mayor tiempo posible, reduciendo de este modo el impacto medioambiental y minimizando la generación de residuos.

Es por todo lo expuesto por lo que hemos emplazamos a los Alcaldes de nuestra comarca a asumir con presteza estas obligaciones legales, con programas ambiciosos de concienciación para los/as ciudadanos/as y revisiones en profundidad de todos los factores implicados en la gestión municipal de los residuos.

Finalmente, hemos dicho que, de no actuar con prontitud, las sanciones económicas, el encarecimiento de la prestación del servicio, el pago del impuesto por vertido e incineración y el colapso en las plantas de tratamiento mecánico biológico, es el nefasto horizonte que sucederá.