SUGERENCIAS AL PROYECTO «PSFV ARCOS DE LA FRONTERA 1»

ANA PRESENTA SUGERENCIAS  AL PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “PSFV ARCOS DE LA FRONTERA 1” PROMOVIDO POR LA EMPRESA ABEI ENERGY CSPV TWO, S.L.  EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MEDINA SIDONIA

ANA -Asociación Amigos  de  la  Naturaleza- ha presentado ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz un escrito de Sugerencias e Información de carácter ambiental a la Memoria Resumen del proyecto PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “PSFV ARCOS DE LA FRONTERA 1″ de 49.990,00 kWp, 40.200,00 kWn, promovido por la empresa ABEI ENERGY CSPV TWO, S.L. en el término municipal de Medina Sidonia y que se ha presentado para Consulta Previa.

Socios de ANA hemos examinado detenidamente la documentación presentada por la empresa, también hemos visitado la finca en cuestión, y como consecuencia de todo ello hemos elaborado nuestro escrito de sugerencias e información de carácter ambiental que tendrán que ser tenidas  en cuenta en la elaboración del Proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental.

En ANA entendemos que es inadecuado y metodológicamente imposible asegurar la viabilidad ambiental de esta instalación si no se une al efecto combinado y sinérgico que proyectos paralelos van a tener en la comarca de La Janda..

Hemos dejado claro que la contribución de la energía solar fotovoltaica a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es algo necesario y que por tanto debemos fomentar, pero es del todo necesaria una planificación territorial y tecnológica que regule la implantación de este imprescindible recurso energético, su distribución ordenada, corregir impactos ambientales y sociales. Por ello desde ANA pedimos una moratoria hasta en tanto y en cuanto no se apruebe por parte de la Junta de Andalucía un Plan de Ordenación Territorial y Tecnológico.

Manifestamos que la ubicación elegida nada tiene que ver con el nombre, este dato y otros nos hace pensar que se estén tramitando proyectos tan importantes como éste con unas memorias técnicas que da la impresión que los técnicos que la suscriben ni siquiera han pisado la finca y tampoco se han preocupado nada por conocer datos esenciales de los terrenos, es más, parece que todo es un “Corta y Pega” de una “Memoria Tipo” que lo mismo sirve para una finca que para otra.

También tenemos muy claro que el documento que hemos podido consultar tiene una preocupante falta de contenidos e Informaciones básicas, e incluso se pueden encontrar algunas contradicciones. Otra cuestión es que hay una ausencia total de referencias a las determinaciones y afecciones del POTA,  POT La Janda y PGOU de Medina Sidonia.

Los problemas detectados en el documento son muy evidentes; La cartografía que se incluye es insuficiente y tiene muy poca calidad / detalle; No se localiza la subestación de conexión y se desconoce totalmente cual será el trazado de la línea soterrada de alta tensión. Hemos observado una contradicción entre las coordenadas que aparecen y su localización real. Se habla de una serie de áreas que no están suficientemente localizadas y delimitadas en el esquema incluido en la memoria.

Hemos informado sobre la necesidad de cumplir con todas y cada una de las disposiciones fijadas en la normativa urbanística de ámbito municipal: NNSS/PGOU. Y hemos pedido que el vallado perimetral de las instalaciones debe ser altamente permeable a la fauna silvestre y a los procesos ecológicos.

También hemos dejado constancia de nuestra preocupación por las cuestiones legales referente a la vida útil de la planta y hemos manifestado que sería necesario el cambio de clasificación urbanística de los terrenos de Suelo No Urbanizable a Suelo Industrial.

Para ANA es muy importante y así lo hemos plasmado en nuestro escrito que la instalación fotovoltaica debe compatibilizarse con la conservación de la biodiversidad y los usos tradicionales, como el pastoreo controlado y en especial permitir la recolección de espárragos, tagarninas, caracoles, etc., por parte de la población local que desde tiempo inmemorial ha estado realizado estas labores. También hemos dicho que se debe tener en cuenta la Estrategia de Paisaje de Andalucía que pone un énfasis especial en el paisaje como un activo para el desarrollo sostenible y la competitividad de Andalucía, capaz de contribuir a la creación de renta y empleo.

Finalmente hemos recordado en nuestro escrito, por su interés, las recomendaciones hechas públicas por la UNEF, Unión Española Fotovoltaica, manifestando que en la redacción definitiva de este proyecto se cumplan todas y cada una de ellas ya que, por lo que hemos visto, en la Memoria presentada la mayoría no se cumplen.

Y hemos terminado SOLICITANDO

– Una moratoria hasta en tanto y en cuanto no se apruebe por parte de la Junta de Andalucía un Plan de Ordenación Territorial y Tecnológico y así poder proteger dos bienes básicos que pueden estar amenazados: el suelo y el paisaje.

Que para la elaboración del Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental del  proyecto Planta Solar Fotovoltaica “PSFV ARCOS DE LA FRONTERA 1”, ubicado en el término municipal de Medina Sidonia, se tengan en cuenta las sugerencias e información que aportamos en nuestro escrito.

Y nos hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía en Cádiz para cualquier aclaración o explicación complementaria sobre las Sugerencias e Información que hemos expresado.

IIª Marcha por la recuperación de las lagunas de La Janda

Próximo domingo: IIª Marcha por la recuperación de las lagunas de La Janda

El próximo domingo 2 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales, tendrá lugar la “IIª Marcha por la recuperación de las lagunas de La Janda”.

La Janda fue la laguna más extensa de España y uno de los humedales de mayor importancia ecológica de Europa, auténtico paraíso para las aves migradoras, pero poderosos intereses económicos condujeron a que fuese desecada para usos agrícolas en los años 60 del pasado siglo.

Estudios jurídicos realizados tanto por la Universidad de Extremadura como por las administraciones han desvelado recientemente que estas lagunas, pese a su actual uso agrícola, siguen manteniendo su carácter de dominio público y que se hallan ocupadas sin que exista concesión alguna a favor de sus actuales ocupantes. Son más de 9.000 hectáreas de terrenos públicos, que cuentan con deslindes cuya validez ha sido ratificada de modo firme por el Tribunal Supremo por lo que, tras sucesivos requerimientos de las entidades convocantes de la marcha, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España han iniciado en 2019 sendos expedientes de investigación y recuperación del dominio público.

La Marcha puede realizarse a pie o en bicicleta por dos itinerarios que partirán simultáneamente a las 10,15 h, el pedestre desde la pedanía vejeriega del Poblado Varelo, y el ciclista desde Benalup-Casas Viejas. Ambas marchas confluirán sobre las 12:00 h en el Puente de San Fernando sobre el Río Barbate, al borde de la antigua laguna de La Janda, donde se procederá a la lectura del “Manifiesto por la Recuperación de las lagunas de la Janda” que ha sido suscrito por más de una veintena de entidades medioambientalistas de la provincia de Cádiz y el resto de España.

La recuperación de La Janda está en marcha, esperemos que pronto sea una realidad. 

Entidades firmantes del manifiesto y que se suman a la Marcha:

14KM Tarifa
AEMS-Ríos con Vida
AGADEN-Ecologistas en Acción
Amigos de Gallocanta
Amigos de la Laguna de la Janda
ANA, Asociación Amigos de la Naturaleza, Comarca de La Janda
Asociación de Amigos del Parque Natural de los Aiguamolls de l`Empordà
Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza (AGAFONA)
Asociación para la defensa del camaleón y su entorno (ADECA)
Ayuntamiento de Conil de la Frontera
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra
Comunes de Conil
Ecoágora
Ecologistas en Acción
Fundación Savia por el compromiso y los valores
GOSUR
Greenpeace
Grus Extremadura
Plataforma Ciudadana Somos Tarifa
Proyecto Lagunero
Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua
SEO/Birdlife
Sociedad Andaluza de Entomología
Sociedad Gaditana de Historia Natural
Solidaridad Internacional Andalucía
Tumbabuey Grupo de anillamiento

“La actividad eólica no fija población, sino lo contrario; a más densidad, más despoblación”

Sergi Saladié, profesor de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona: “La actividad eólica no fija población, sino lo contrario; a más densidad, más despoblación”

21/1/2020
Maribel S. Timoneda

Sergi Saladié es profesor del departamento de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Autor de una tesis doctoral titulada Paisaje y conflictos territoriales en las comarcas meridionales de Cataluña, ha analizado en profundidad el impacto económico generado en los presupuestos municipales por las centrales eólicas implantadas en Cataluña. Su investigación concluye que el beneficio económico que los parques eólicos dejan en España en los territorios donde se ponen en marcha ronda el 3,4% -frente al 33% de algunos países europeos como Francia- mientras que el impacto laboral es “prácticamente nulo”. 

-Como experto fue invitado a una charla organizada en Fuentespalda por Omezyma sobre los proyectos eólicos que se proyectan en la provincia de Teruel. ¿Qué visión aportó?

-En Fuentespalda hablé de las conclusiones generales a las que llegó en el estudio realizado en la tesis doctoral y en otro previo en el que analicé la repercusión económica y laboral que tienen las centrales eólicas en los municipios donde están instaladas. En esas conclusiones explico cómo ha sido el proceso de implantación llevado a cabo en Cataluña, pero muy especialmente en la provincia de Tarragona. Aunque, en general, el procedimiento ha sido similar en todo el Estado, porque la legislación apenas varía entre unas comunidades autónomas y otras.

-Usted ha estudiado dos casos de la provincia de Tarragona como son los proyectos eólicos de las comarcas del Priorat y de la Terra Alta. ¿Tan distintos son?

– En la comarca del Priorat la primera central eólica se puso en marcha en 1998. Fue la segunda o la tercera que se puso en marcha en Cataluña. En aquellos años incluso se vio a los parques eólicos como proyectos singulares, aunque enseguida se puso en evidencia que era un modelo que no convenía al territorio. Así fue como en el año 2000, en un momento en el que se estaba proyectando la generación de otros 400 MW de energía eólica en la zona, la gente de la comarca del Priorat se empezó a organizar. En ese momento se dieron cuenta de que les iban a llenar las montañas de molinos. 

-¿Qué proceso siguieron desde el año 2000?

– En primer lugar, tomaron conciencia de que querían una agricultura de calidad, un turismo y un paisaje de calidad y que ese modelo de masificación eólica no encajaba con lo que querían. En 2001 hubo un acuerdo comarcal que limitaba la implantación de parques eólicos en una zona concreta. Impulsaron su propia Carta del paisaje dejando claro dónde no querían que hubiera centrales, hubo un reconocimiento de patrimonio de la humanidad de su paisaje, etc . Y hubo también concienciación en todo el territorio para que todos fueran unidos defendiendo un modelo de paisaje en el que no entran los molinos. A pesar de todo eso, no ha habido un reconocimiento normativo, pero ni así  siquiera se ha acabado instalado ninguna central eólica más. 

-¿Por qué?

– Eso refuerza el hecho de que, aunque en el Priorat se pueda realizar un parque eólico, cualquier empresa promotora ve que hay demasiado enredo y demasiada organización social. Y es en esos momentos en los que las empresas se retiran del territorio.

-Todo lo contrario que en la Terra Alta.

-En la Terra Alta no hubo esta organización, sino que la oposición fue fragmentada y aislada, el Consejo comarcal y las denominaciones de origen no se posicionaron y las empresas tuvieron un campo abonado para desarrollar sus proyectos. Así que, como conclusión podemos decir que, más allá de las tramitaciones administrativas, los movimientos políticos, sociales e institucionales son los que ayudan a que se implanten o no proyectos de generación eólica.

-¿Qué diferencias ve con los proyectos de energía solar?

-Los procedimientos son parecidos, pero el impacto es menor, porque las placas van en la tierra y los agentes que intervienen en estos proyectos no son grandes compañías eléctricas. En la eólica, el 66% de esta energía está en manos de la patronal eléctrica, es decir, de las seis compañías eléctricas más grandes, las de siempre. En la solar está todo más atomizado, hay más iniciativas, muchísimo más pequeñas, de particulares y alguna empresa que ha ido invirtiendo.

-¿Qué características comunes tienen los proyectos eólicos que se han implantado en Cataluña y que ha estudiado en su tesis?

-En el caso de Cataluña, podemos decir que el 80% de los pueblos que han recibido proyectos eólicos son municipios con menos de 1.000 habitantes, donde no hay  impulso económico, con una tasa envejecimiento elevada, pueblos de base agraria, con rentas bajas… Es un patrón que se repite. Y este es uno de los argumentos que no dicen las empresas promotoras pero que les sirve para justificar porqué proyectan implantarse en determinados lugares: son zonas poco pobladas, envejecidas, con rentas bajas, que discutirán poco, que debatirán y lucharán poco, porque entienden que cualquier cosa que venga de fuera será aceptada sin conflicto. Este mismo patrón se repite en el Matarraña y en el Maestrazgo.

-¿Los proyectos eólicos generan empleo?

-De todos los estudios hechos, se ve que las repercusiones en generación de empleo en Cataluña son escasas. Esas empresas aportaron en torno al 3,4% de su facturación. Si eso lo comparamos con otros países de Europa,  vemos que el porcentaje es bajo. Por ejemplo, en Dinamarca, la ley obliga a que en cada proyecto eólico haya una participación del 25% de los municipios o territorios donde se instalan los parques, mientras que en Francia las empresas están obligadas a repercutir el 33% de su facturación de forma directa en las zonas receptoras de parques eólicos.

-Nada que ver con lo que ocurre en España.

-Estamos a años luz de este desarrollo avanzado, aparte de que en los países europeos se promueve una energía eólica descentralizada en la que cada territorio es dueño de sus parques eólicos. Las tasas de reversión económica allí son más altas que aquí. En los casos que he estudiado en Cataluña, el impacto que tiene la energía eólica sobre los presupuestos municipales cubre el 15% de los ingresos, y eso no es una aportación excesivamente alta. Más bien es testimonial. Y los ayuntamientos que han registrado crecimientos presupuestarios que representaban el 50% de sus ingresos son aquellos en los que más instalaciones se han puesto en marcha 

-¿Cuánto empleo se puede esperar de los proyectos eólicos?

-El impacto en empleo es cero. Desde el momento en el que se ponen en marcha las centrales eólicas, la gente que trabaja en ellas representa el 0,3% de la población ocupada y haciendo una estimación de los proyectos presentados en la Comarca del Matarraña, en el mejor de los casos saldrían 10 empleos. No son suficientes empleos para compensar el impacto que puedan provocar en el paisaje. Por tanto, tienen una repercusión en generación de puestos de trabajo  muy  baja, con un impacto testimonial. 

-¿No ayuda entonces a terminar con el problema de la despoblación?

-En esta cuestión de la despoblación insisten mucho tanto los promotores como las administraciones públicas, que dicen que la energía eólica contribuirá al reequilibrio territorial. Bien, pues a raiz de los casos estudiados en Cataluña y en la provincia de Tarragona podemos decir que la actividad eólica no fija población, sino más bien al contrario, puesto que incluso hay una relación entre más densidad eólica y más despoblación. Los pueblos que tienen más molinos pierden más población, por tanto los proyectos eólicos no contribuyen a fijar los mínimos poblaciones por ponerse en marcha.

-¿Tiene datos concretos que demuestren esa correlación?

-Sí. La comarca de la Terra Alta, al lado del Matarraña, es la que tiene más potencia eólica instalada de toda Cataluña, en torno al 25% del total. Esa comarca es la que desde 2008, cuando se pusieron en marcha los parques, a 2018 ha perdido más población. Actualmente, tiene un 10,7% menos de habitantes que hace una década. Su pérdida de habitantes es incluso superior a comarcas del Pirineo o del Prepirineo que solían ser las que más población perdían y que están en niveles del 8-10%. Si esa actividad fuera tan buena para el territorio, la gente no se marcharía. Igualmente, podemos decir que el municipio que más densidad de aerogeneradores tiene, Caseres, es el que más habitantes ha perdido desde 2008: un 20%. De esta manera, si el municipio con más aerogeneradores y con más potencia eólica instalada de todos pierde más población que otros, se puede decir que las grandes centrales eólicas no contribuyen al equilibrio territorial.

-Los aerogeneradores que se proyectan instalar en la Comarca del Matarraña son de 6 MW de potencia y de unos 115 metros de altura. ¿Cómo pueden repercutir en el paisaje?

-Los que se proyectan para el Matarraña son más potentes que los instalados en la Terra Alta, que tienen de 2,5 MW, y más altos, el doble. En cualquier caso, habrá que ver si los acaban colocando, porque lo que se ha presentado es una previsión de futuro. La empresa promotora está previendo la puesta en marcha del proyecto eólico para un plazo de cuatro a seis años, un tiempo suficiente para que esos aerogeneradores estén  en el mercado. Si fueran estos, con menos molinos, la empresa tendría la misma potencia instalada. Lo que pasa es que son más altos, así que el campo de afección visual es mucho mayor.

-¿Ha analizado los beneficios a particulares?

-No me he centrado en esa cuestión. Las empresas, aparte del IBI y del IAE a los Ayuntamientos, así como los eventuales convenios que puedan firmar, hacen también contratos con los propietarios particulares de las fincas en los que van colocados. No he estudiado esta parte, pero sé que suele ser la mitad de lo que ingresan los ayuntamientos. En mi estudio, si un ayuntamiento solía ingresar unos 5.000 euros por megavatio, un particular podía estar en torno a los 2.500 o 3.000 euros por megavatio. 

-Beneficios brutos, en todo caso.

-Sí, son beneficios en bruto  a los que hay que restar los impuestos correspondientes, el IVA, el cambio de tributación en la declaración de la renta debido a esos ingresos extraordinarios, etc. Sería interesante que se hiciera ese estudio para ver cuál es el beneficio real que estas centrales eólicas generan sobre la población. De hecho, normalmente los propietarios son gente mayor que se tiene que acabar buscando un gestor que le haga las declaraciones trimestrales, así que a todo lo anterior hay que añadirle también ese gasto.

-¿Y si un propietario no está interesado en alquilar?

-Si el proyecto va hacia adelante y un propietario se niega a alquilar puede acabar expropiado y el trozo de terreno pasar a manos de la empresa. 

-Entonces, ¿ante qué contexto se encuentran los ayuntamientos y particulares?

-En los últimos días no se han discutido los beneficios de la energía eólica. Nadie está en contra de las renovables y de la eólica, sino que el debate está en el modelo de energía renovable que conviene a cada territorio. Determinados modelos económicos como la actividad eólica industrial entran en contradicción con aquellos que apuestan por una agricultura y por un paisaje de calidad.

-¿Qué modelo de energía renovable eólica sería compatible con la provincia?

– Hay modelos muy interesantes como la generación distribuida a partir de diferentes aerogeneradores que pueden poner en marcha agrupaciones de ciudadanos o de ayuntamientos. Ejemplos tenemos. En el caso de Cataluña, el Ayuntamiento de La Llacuna, que, con 900 habitantes, tiene un aerogenerador que con lo que factura paga la luz de todos los edificios municipales. Eso permite a ese ayuntamiento destinar el dinero que pagaría en electricidad a otras necesidades.

-¿Y en Europa?

-En Europa hay casos muy interesantes como el de una isla de Dinamarca que en 2007 instaló 11 aerogeneradores de 1 MW, una sexta parte de los que se quieren colocar en el Matarraña. Con esas 11 torres cubren el 100% de su consumo energético anual y con lo que les sobra, con la luz que generan como excedente, hacen negocio, porque la venden al mercado. También tienen cubierta la calefacción con plantas de biomasa y  disponen de placas solares térmicas. Son autosuficientes y hacen negocio con la venta de electricidad. En 2007 pusieron 10 aerogeneradores más que están en el mar y cuya electricidad destinan a la venta a través de un cable submarino. Hacen negocio con un recurso que es del territorio. Eso no es imposible, lo ha hecho una isla de 11.000 habitantes, más o menos el mismo número de habitantes que tiene la comarca del Matarraña. Los aerogeneradores se integran en el paisaje y la gente puede pagarlos. Esa inversión cuesta unos 100 millones de euros, lo que son 12.000 euros por persona en el caso de la comarca del Matarraña.

-Un modelo más sostenibles que el español. 

– Estos modelos más descentralizados son los que se tienen que enfrentar al modelo de España, un modelo basado en grandes centrales eólicas promovidas por pocas empresas y con beneficios que van a las grandes compañías en lugar de a los territorios. El modelo europeo determina qué molinos se quieren y dónde se pueden poner. Además de que los beneficios no van a empresas que no tributan en el territorio. En Alemania, por ejemplo el 50% de toda la energía eólica está en manos de la ciudadanía con modelos descentralizados y que estimulan la creación de más proyectos. Si se aplicara ese modelo, seguramente saldrían más iniciativas desde los territorios.

-¿Cree que los proyectos eólicos de grandes centrales eólicas en Teruel y más concretamente en el Matarraña o en el Maestrazgo van a prosperar?

– Cualquier tramitación, la haga el Estado (proyectos de más de 50 MW de potencia) o la comunidad autónoma (los de menos de 50 MW) ha de cumplir, en primer lugar, con todo lo que establece la normativa, incluidas las Directrices de la comarca del Matarraña en el caso de este territorio. Otra cosa es que esa normativa sea suficiente para prohibir o condicionar la colocación de estos artefactos. Lo que está claro es que si una empresa quiere poner en marcha un proyecto y la oposición no es muy grande, a veces, muchos de estos trámites se pueden pasar por alto. 

-¿Y desde un punto de vista social?

–  Todo el proceso de tramitación administrativa de cualquier proyecto tiene algún fallo, en la tramitación industrial, en la ambiental o en la urbanística. Pero quien puede condicionar o paralizar un proyecto es la organización política y social del territorio, que debe exponer su modelo de comarca. Si es así, las empresas dejan de tramitar. Cuando encuentran un territorio que debate, que tiene claro su modelo de desarrollo, al final lo dejan estar porque saben que en cualquier momento se les encontrará el fallo que siempre hay en cualquier proyecto. Ahora, las empresas lo que hacen es testar, hablar con alcaldes por separado y sopesar cómo respira el territorio. Y en función de como lo vean se acabarán posicionando y avanzando o no. Puede condicionar más un proyecto esa organización social y política que la mera tramitación administrativa.

https://www.diariodeteruel.es/movil/noticia.asp?notid=1021000&secid=2

MANIFIESTO PLATAFORMA #SOSbiodiversidad #SOSabejas

Plataforma SOSbiodiversidad SOSabejas

ANA, en su condición de miembro de la Plataforma SOSbiodiversidad SOSabejas, ha firmado y hace público el siguiente

Manifiesto Plataforma

  1. Prohibición lo antes posible de todos los plaguicidas tóxicos para los polinizadores y se tenga en cuenta el principio de precaución tanto para la salud humana como de las abejas, es necesario fechas límite de 1 año desde la elaboración del Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Polinizadores para la prohibición de todos los plaguicidas autorizados en España en cuya ficha de registro se establezca que es peligroso para las abejas y demás polinizadores.
  2. Prohibición sin excepciones de todas las fumigaciones aéreas por cualquier medio (avionetas, drones, etc) y todas las fumigaciones en cunetas de carreteras y otras vías. Y mientras se da esa prohibición solicitamos que sea fácil conseguir la información sobre las aplicaciones autorizadas ya que la ley obliga a su vista pública y a un Registro de Aplicaciones Aéreas, concretamente el artículo 29 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de Septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
  3. Prohibición total del uso del glifosato como ya han prohibido varios países de la Unión Europea y del resto del mundo. Este producto ha sido declarado como cancerígeno categoría 2A por el IARC Agencia Internacional para la investigación del cáncer y a día de hoy es muy usado por la industria agroalimentaria y en parques y jardines en muchos municipios de España. El producto a su vez es altamente peligroso para los polinizadores.
  4. Inversión para la investigación universitaria de las causas de la alta mortandad de polinizadores a nivel estatal. Creación de una base de datos de muestras analizadas para determinar las causas y poder mejorar su resilencia en el futuro. Estableciendo un canon sobre el uso de los pesticidas hasta su prohibición total para hacer viable tal inversión.
  5. Restaurar los ecosistemas naturales en las zonas agrícolas para que la agricultura contribuya a la recuperación de la biodiversidad. Apoyar a los agricultores en la transición, reformando la agricultura priorizando: pequeña escala, diversidad, sostenibilidad y prácticas agroecológicas, así como formación e investigación independientes en el ámbito de la agricultura libre de plaguicidas y de organismos modificados genéticamente.

Manifestación 31 de enero Madrid

La plataforma SOSBiodiversidad SOSAbejas (de la que ANA forma parte), junto con la Asociación Española de Apicultores, las plataformas Etiquetado Claro y StopVespaVelutina, han organizado una gran manifestación con el lema por la supervivencia de las abejas y cuyos hashtags para las redes sociales son:

#SOSbiodiversidad

#SOSabejas

#SaveBeesAndFarmers

#StopVespaVelutina

#EtiquetadoClaroYA

#EtiquetadoClaro

#Miel

En el cartel que compartimos aparece la información de la convocatoria, de la cuál también se puede obtener más información por las redes sociales de las plataformas.

Manifiesto de la Plataforma para una Transición Ecológica Justa

ANA se adhiere y firma el Manifiesto elaborado por la Plataforma para una Transición Ecológica Justa, también ánima a sus socios a que lo apoyen al igual que hasta el momento han hecho más de 1200 personas, incluidos más de 250 investigadores y profesores universitarios, y por más de 150 organizaciones, asociaciones y colectivos. Estamos seguros que tras su difusión el apoyo será aún mayor.

El Manifiesto

Atravesamos una verdadera crisis global y la Emergencia Climática es únicamente uno de sus elementos, así como la pérdida de biodiversidad, agotamiento de los combustibles fósiles, erosión de suelos, escasez de agua… Hoy es más imprescindible que nunca luchar por una transición ecológica que nos podrá ayudar a construir un mejor punto de partida para la resistencia y la transformación de nuestras sociedades. Esta transición no puede limitarse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tiene que abordar un profundo cambio en lo económico, en lo político y en lo relativo a los modos de vida hoy hegemónicos.

Es en ese contexto en el que pretende enmarcarse el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 (en adelante PNIEC), que están llevando a cabo la Oficina Española de Cambio Climático y la Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio para la Transición Ecológica) como órganos de la Administración Pública española. Sin embargo, tras analizar el borrador disponible del PNIEC, que se encuentra en fase de tramitación, las asociaciones ecologistas y ambientales, colectivos sociales, investigadores y ciudadanía firmantes del presente manifiesto, consideramos que en su forma actual es insuficiente. El texto no garantiza una transición ecológica justa y democrática para el conjunto de la sociedad,  el territorio y la biodiversidad.

El PNIEC fomenta la industrialización del campo mediante la implantación de megacentrales de producción de energía renovable (solar y eólica), lo que implicaría convertir al mundo rural en productor de energía destinada a la exportación. De tomar esta decisión desde arriba e imponerla a través del PNIEC, estos territorios perderían la oportunidad de construir democráticamente un proyecto de futuro, además de ver cómo se destruiría su patrimonio natural y cultural. Los ejemplos de la Provincia de Guadalajara, del Norte de la Provincia de Granada o del istmo de Tehuantepec en el sur de México demuestran que los megaproyectos de energías renovables constituyen un nuevo extractivismo energético que castiga una vez más a las zonas menos favorecidas. Es profundamente injusto y paradójico que las comunidades campesinas, territorios periféricos y las comunidades rurales que son quienes menos se han beneficiado del desarrollo generado gracias a la utilización de sus recursos, (incluyendo los combustibles fósiles), tengan que llevarse (de nuevo) la peor parte de la transición energética que pretende ser sostenible pero que finalmente vuelve a reproducir las lógicas de expolio.

Además, este modelo beneficia a los grandes inversores y especuladores nacionales y extranjeros en detrimento de la eficiencia energética y del acceso a las energías limpias por parte de la ciudadanía. Y por si fuera poco limita el acceso a la red de las pequeñas instalaciones de autoconsumo. Todo esto para que ni siquiera se cumpla con los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París firmado por el Gobierno Español en 2018.

El PNIEC no puede ser el mecanismo por el que los mismos actores (principalmente las grandes empresas energéticas) que nos han llevado a la actual emergencia climática, aprovechándose de las oportunidades que genera esta crisis, puedan enriquecerse más aún, sin solucionar realmente el problema, y generando otros nuevos con un impacto irreversible que compromete una vez más nuestro futuro.

Por lo tanto, consideramos que para una transición ecológica justa el PNIEC debe garantizar los siguientes objetivos:

  • El desarrollo de un modelo energético distribuido que priorice el autoconsumo y las comunidades locales de renovables.
  • Un modelo energético no especulativo que desligue la producción de energía de las dinámicas de máxima rentabilidad y que incentive la economía local.
  • Un modelo basado en la reducción del consumo de materiales  y en el ahorro y eficiencia energéticos.
  • El desarrollo de un nuevo diseño urbano a través de la integración de las renovables y la eficiencia energética en los edificios y el transporte.
  • La preservación de los suelos agrícolas y ganaderos para asegurar la soberanía alimentaria. 
  • La conservación de la biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en los espacios protegidos, asegurando la conectividad ecológica de las poblaciones y la integridad funcional de los ecosistemas.
  • El mantenimiento del territorio, modos de gestión tradicionales y paisaje de la España Poco Poblada (mal llamada España vacía) ya que son un recurso de vital importancia para sus habitantes, para atraer a potenciales nuevos pobladores, y la base para dinamizar el territorio, desarrollar su tejido social y regenerar su autonomía material. Todo ello conservando su integridad ecológica.
  • La concreción de las vías de financiación de las medidas que contiene el propio plan y la exposición pública de la concreción espacial del plan, que señale previamente los territorios que se verían afectados por su medida y que permita a los habitantes de los mismos decidir democráticamente sobre su pertinencia o deseabilidad.

Para conseguir el cumplimiento de estos objetivos el PNIEC debe:

  • Fomentar un modelo distribuido basado en aproximar la generación de energía a los centros de consumo y en la gestión de la demanda, ahorrando inversiones, costes y abaratando el precio de la energía para la población.
  • Favorecer proyectos de energía colaborativa con la participación de la ciudadanía en los mercados energéticos a través de las “comunidades de energías renovables”, de las “comunidades ciudadanas de energía” y de la municipalización de las redes de distribución de baja tensión.
  • Fomentar la flexibilidad del sistema eléctrico a través del autoconsumo en los tejados de edificios públicos, de polígonos industriales y viviendas. Todo ello para lograr la descarbonización a través de la autosuficiencia energética.
  • Fomentar la economía circular, priorizando el uso de materiales de larga vida útil, optimizando su reparación, reutilización y reciclaje máximos, así como  minimizando la generación de residuos en todas las fases de producción, distribución y consumo de los mismos y reduciendo la huella ecológica de todos los procesos implicados.   
  • Garantizar la reducción del consumo energético de manera generalizada y los consumos básicos para que toda la población goce de una vida digna. Dado que la pobreza energética es el resultado de bajos ingresos y altos costes energéticos, la medida más efectiva para luchar contra ella es el fomento de la eficiencia energética de viviendas, mediante la puesta en marcha de un Plan Público de Rehabilitación y Eficiencia Energética, transformando nuestras viviendas y naves industriales en edificios de consumo casi nulo en 2050. Con los actuales objetivos del PNIEC esto se conseguiría dentro de 200 años.  
  • Para evitar un mercado especulativo, el mecanismo de subastas de energía renovable no debe permitir a los adjudicatarios vender sus derechos sin instalar ni un solo kW. Se debería supervisar y regular que los adjudicatarios puedan asociarse con fondos de inversión, eléctricas o fabricantes, para financiar la inversión que sólo ellos no podrían ejecutar.  
  • Asegurar el Derecho a que los pequeños proyectos de renovables queden exentos de participar en licitaciones, que se simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas se permita la participación no discriminatoria de pequeños actores y entes locales, sin medidas retroactivas.
  • Hacer una planificación de áreas de exclusión para la instalación de energías renovables (solar, eólica, tendidos eléctricos asociados…) teniendo en cuenta los Territorios Agrarios Históricos (TAH) y los Suelos de Alto Valor Agrológico (SAVA). 
  • Fomentar una agricultura y ganadería ecológica, sostenible, extensiva y no dependiente de inputs externos de fertilizantes y herbicidas, recuperando los usos tradicionales, mucho más eficientes, productivos y sostenibles en nuestro suelo y nuestro clima que la agricultura y ganadería industrial.
  • Elaborar un Plan de Áreas de Exclusión para la instalación de energías renovables (principalmente eólica, solar y tendidos eléctricos asociados), con cartografía pormenorizada de todo el territorio en función de la distribución y abundancia de la biodiversidad, calidad paisajística, suelos de alto valor agrológico y otros aspectos patrimoniales potencialmente afectados, clasificando el territorio entre zonas aptas y no aptas, con criterios definidos y cuantificables que serán incluidos en el PNIEC.
  • Para la elaboración del Plan de Áreas de Exclusión por motivo de biodiversidad es necesario la obtención de información ambiental actualizada y completa sobre la distribución, tendencia, abundancia y estatus de conservación de la biodiversidad potencialmente afectada por estas infraestructuras en todo el territorio estatal. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la información disponible actualmente está anticuada o incompleta debido a la falta de financiación de las administraciones públicas para el seguimiento de la Vida Silvestre.
  • El PNIEC definitivo debe incluir este Plan de Áreas de Exclusión, implantando una moratoria en la aprobación en las Declaraciones de Impacto Ambiental hasta que la elaboración de la información ambiental actualizada esté realizada. Con ella se podrá diseñar y elaborar el Plan de Exclusión y finalmente aprobar el PNIEC.
  • En ningún caso ha de ser un objetivo del PNIEC simplificar el proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental, sino al contrario. Dado que ya ha sido cuestionada su efectividad, se debe aumentar la exigencia en la calidad, duración e intensidad de los trabajos de campo de los Estudios de Impacto Ambiental.
  • El PNIEC debe tener como objetivo garantizar la conservación de la biodiversidad existente, y no pretender compensar el daño causado por el plan mediante medidas compensatorias o medidas adicionales como la creación de nuevos espacios para la conservación.
  • El PNIEC debe basarse en el Principio de Precaución (cautela), ya que consideramos que el riesgo de daño ambiental sobre la biodiversidad  no puede ser conocido previamente, porque no se pueden conocer los efectos a mediano y largo plazo, y por lo tanto, no se pueden adoptar las medidas para neutralizarlo. 

El grado de madurez actual de la sociedad española en materia medioambiental es el mayor de nuestra historia. Esto, unido al desarrollo y abaratamiento de la tecnología asociada a las energías renovables, hace que nos encontremos ante una oportunidad histórica para cambiar nuestro modelo energético y de consumo hacia un modelo descarbonizado, distribuido, barato y respetuoso con el medio ambiente en un sentido amplio, es decir, aspiramos a conseguir una Transición Ecológica Justa.  

Para ello se necesitan políticas valientes contra el cambio climático. La primera de ellas debe ser revisar el PNIEC incluyendo las medidas que establecen las Directivas Europeas de eficiencia energética de edificios, de energías renovables, del mercado interior de la electricidad y el Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción Climática y comprometerse a incorporarlas al ordenamiento jurídico. Pero además es absolutamente necesario que el PNIEC asegure nuestra soberanía alimentaria, la posibilidad de tomar decisiones sobre cómo vivir en el territorio, y la conservación de nuestro patrimonio cultural y natural.

Por todo ello y ante la ambigüedad y falta de concreción de la actual redacción del PNIEC, los abajo firmantes decimos que ASÍ NO se podrá conseguir llevar a cabo una Transición realmente Ecológica, Justa y Democrática.

Plataforma para una Transición Ecológica Justa

www.transicionecologicajusta.org

manifiesto@transicionecologicajusta.org

twitter: @Plat_T_EcoJusta