ANA forma parte de ALIENTE y desde este colectivo hemos lanzado hoy 30
de junio, a nivel de toda España, la campaña #STOPFragmentación
Basta de ver cómo las empresas
buscan atajos en la tramitación de
megaproyectos renovables, presentándolos troceados para no superar los 50 MW
y disimular su impacto ambiental.
Basta de callar mientras ocupan nuestros territorios con instalaciones a gran escala,
que se llevan la energía y los beneficios sin dejar ninguna posibilidad de desarrollo en el entorno
local.
Basta de permanecer impasibles ante
la complicidad de las administraciones, que hacen la vista
gorda mientras las grandes empresas trampean la
legislación a su antojo.
La
fragmentación es un fraude de ley y ha llegado el momento de ponerle freno.
En ALIENTE
estamos uniendo los territorios rurales, para evitar que acaben troceados,
empobrecidos y despoblados. Defendemos las energías renovables, pero según un modelo
distribuido, justo y adaptado a las necesidades energéticas reales en cada
territorio, como alternativa al modelo actual centralizado,
invasivo y especulativo, en manos de pocas y poderosas empresas, junto a grupos
de inversión internacionales, que sólo buscan mantener el
control del mercado y el máximo beneficio en el menor plazo, sin considerar
el daño ambiental ni los perjuicios para las personas.
#RenovablesSíPeroNoAsí
¡¡SE ACABÓ LA TRAMPA DE FRAGMENTAR MEGAPROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES!!
Presentar subproyectos por debajo de 50 MW, con el fin de eludir su tramitación ante el Ministerio, de camuflar el impacto ambiental y facilitar la tramitación en el ámbito autonómico, es un presunto fraude de ley que tiene los días contados.
Desde ALIENTE denunciamos
esta situación y disponemos de la herramienta legal para exigir a la
Administración y a los promotores que sigan los cauces correctos, midan de
forma adecuada los efectos acumulados en el entorno y cumplan rigurosamente la
normativa europea.
En ALIENTE estamos
uniendo los territorios rurales, para evitar que acaben troceados, empobrecidos
y despoblados.
Defendemos las energías
renovables, pero en un modelo distribuido, justo, sostenible y adaptado a las
necesidades energéticas reales en cada territorio.
Es la alternativa al modelo actual centralizado, invasivo y especulativo, en manos de pocas y poderosas empresas, junto a grupos de inversión internacionales, que sólo buscan mantener el control del mercado y el máximo beneficio en el menor plazo, sin considerar el daño ambiental ni los perjuicios para las personas.
Dirigido a ciudadanos preocupados y alcaldes bienintencionados pero desinformados
Francisco Valera Hernández
Luis Bolonio
3 de junio de 2021 20:38 h
La actual transición energética desde los combustibles fósiles a las
energías renovables es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La
instalación de plantas de producción de energías “verdes”, como la eólica o la
solar, es por tanto necesaria. Sin embargo, el desarrollo de estas energías en
nuestro país está siendo tan rápido que el ciudadano medio carece de
información básica que le permita evaluar las ventajas e inconvenientes de los
distintos tipos de plantas. De forma similar, los ayuntamientos de las zonas
afectadas (los primeros responsables de otorgar informes de compatibilidad a
los proyectos presentados por las empresas) pueden tomar decisiones no
adecuadamente estudiadas que pueden tener importantes consecuencias para los
vecinos del municipio. Por ello, y de forma muy resumida, resaltamos aquí 10
puntos que consideramos de especial interés para ciudadanos y para alcaldes
bien intencionados, pero posiblemente desinformados.
1.- Renovable, no
significa necesariamente sinónimo de sostenible ni de “verde”. Las plantas de
producción de energía renovable a gran escala tienen un gran impacto sobre la
biodiversidad, el paisaje, y los recursos hídricos.
La
comunidad científica española ha mostrado de forma clara y unánime su gran preocupación por cómo
se está realizando la implantación de plantas eólicas y fotovoltaicas a gran
escala, y ha alertado de que este proceso puede suponer una pérdida de
biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles.
Lamentablemente, esta clara advertencia no ha sido escuchada por las
autoridades ambientales ni a nivel estatal ni autonómico. Estas grandes
instalaciones introducen gran cantidad de elementos antrópicos en una matriz
con alto grado de naturalidad. De hecho, la mayoría de ellas se localizan en
terrenos no urbanizables, convirtiendo los paisajes naturales en polígonos
industriales. A mayor tamaño y mayor número de plantas, más difícil es
implementar medidas correctoras y, por tanto, más impacto.
Respecto
al consumo de agua, se estima que las plantas
fotovoltaicas pierden en torno a un 5% de producción cada 3 meses por culpa de
la suciedad, el polvo… Por cada metro cuadrado de paneles fotovoltaicos es
necesario gastar un litro de agua de buena calidad en su limpieza, al menos 3
veces al año. Por ejemplo, para las 2700 hectáreas actualmente proyectadas en
el Campo de Tabernas (Almería), serían necesarios 80 millones de litros de agua
al año. Con las previsiones del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para
2030, estaríamos hablando de 2 billones de litros de agua al año en toda
España.
2.- El procedimiento de
Estudio y Evaluación Ambiental no garantiza la independencia de los consultores
ni la eficacia y rigor de la supervisión de las administraciones participantes.
El
proceso administrativo para la instalación de plantas de energías renovables
requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).
Desgraciadamente, éstos suelen ser muy deficientes en algunos aspectos y a
menudo omiten información importante, tal y como ha señalado entre otros, el
colectivo científico antes mencionado. Por ejemplo, ninguno de los proyectos
presentados en el Campo de Tabernas informa del origen del agua para limpiar
los paneles fotovoltaicos, algo fundamental para que las plantas sean productivas.
Desafortunadamente, tampoco se puede asegurar una evaluación adecuada de estos
estudios por parte de las administraciones ambientales autonómicas y estatal,
ya sea por saturación de trabajo (cientos de proyectos presentados) o por
presiones políticas y económicas. Buen ejemplo de esto último es la retirada por parte de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de una guía para el análisis de la
ubicación de estas grandes instalaciones de energías renovables. Esta guía
pretendía poner cierto orden en la implantación, pero tras presiones de la
patronal andaluza de energía fotovoltaica ha sido retirada.
3.- Colonialismo
energético: los riesgos del sobredimensionamiento y concentración de proyectos
energéticos en un mismo territorio.
Uno
de los aspectos peor abordados por los EsIA es la evaluación de los impactos
acumulativos y sinérgicos de las sucesivas plantas. Éstas suelen concentrarse
en ciertas zonas en función de la existencia de subestaciones eléctricas,
relieves llanos, tierras baratas… Al impacto de cada planta construida en una
zona ha de sumarse el de las plantas vecinas. Pero, además, el impacto final
puede ser mayor (y a menudo lo es) que la suma de los impactos individuales de
cada planta. Son muy pocas las empresas que presentan estudios adecuados de los
impactos sinérgicos, con lo que no se informa de las consecuencias reales de la
concentración de plantas. Toda esta falta de rigor en la evaluación de impactos
sinérgicos incumple la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (Artículo 35, punto
1c).
Como
ejemplo de desmesura de la acumulación de proyectos en un solo territorio
pongamos el Campo de Tabernas. El PNIEC tiene como objetivos instalar en España
39 GW de energía fotovoltaica hasta 2030, de los cuales 9 GW ya están instalados,
y otros 10 GW se instalarán en autoconsumo. Por lo tanto, quedan 20 GW de
fotovoltaica a gran escala. En el Campos de Tabernas están ya planeados 1084
MW, lo que supone que el 5,42% de la potencia fotovoltaica de toda España se
instalará en esta comarca, que alberga el 0,01% de la población española y un
0,13% de la superficie del país. La energía renovable a gran escala se
convierte así en una nueva forma de colonialismo energético que aprovecha las
debilidades de aquellos territorios rurales, periféricos, menos poblados y con
mayor vulnerabilidad socioeconómica, y los somete a un modelo extractivista que
los reduce al papel de producir bienes y servicios baratos (energía) para los
grandes centros de consumo urbanos, sufriendo las consecuencias e impactos
sociales, económicos y ambientales que de ello se derivan.
4.- El fraccionamiento de
proyectos, presunto fraude de Ley.
La
Ley del Sector Eléctrico, en su artículo 3 establece que las instalaciones de
más de 50 MW deben ser evaluadas y autorizadas por el Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) y no por las Comunidades Autónomas. La
fragmentación de proyectos es práctica habitual de muchas empresas para eludir
la tramitación de permisos por parte del Ministerio, en principio más estricto
que las autoridades ambientales autonómicas. Por lo tanto, esta fragmentación
intencionada puede suponer un evidente fraude de Ley y expone estos proyectos a
denuncias, con lo que puede que nunca sean terminados.
5.- Las grandes plantas
fotovoltaicas no son una gran fuente de puestos de trabajo.
Como
señala el Director General de la Unión Española Fotovoltaica:
“Es una actividad muy intensiva en mano de obra durante el proceso de
construcción, pero genera poco empleo en operativa, mantenimiento y seguridad.
Nunca vamos a ser una gran fuente de generación de empleo directo, y quien diga
lo contrario miente, por lo que el impacto viene por otro lado”.
De
hecho, las plantas fotovoltaicas de menos de 10 MW son las que más trabajo
producen tanto durante la fase de construcción como de operatividad y
mantenimiento. A este respecto la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) cree
esencial considerar la dimensión óptima de las instalaciones
fotovoltaicas en cuanto a generación de empleo y beneficios para las economías
locales. Por ejemplo, la instalación de los 20 GW previstos por el PNIEC
mediante parques de menos de 5 MW, generaría 820.000 empleos en los dos
años de construcción y 20.800 empleos fijos en operación y mantenimiento en los
30 años de vida útil de las instalaciones. En cambio, las plantas fotovoltaicas
a gran escala que se están implantando actualmente generarán unos 120.000
puestos de trabajo en la construcción, empleo coyuntural durante dos años,
y 2.600 puestos de trabajo fijos en la operación y el mantenimiento.
Así mismo, ya existen investigaciones universitarias que demuestran que, a largo plazo, las grandes instalaciones de plantas de energía no han creado empleo ni fijado población allí donde se han instalado.
6.- Los
proyectos de renovables a gran escala y los tendidos eléctricos favorecen el
despoblamiento, hacen que disminuya el valor inmobiliario de viviendas y fincas
y perjudican las actividades económicas locales.
El
crecimiento descontrolado de plantas fotovoltaicas supone, de facto, la pérdida
de suelo agrícola y de actividades económicas que producen riqueza a nivel
local. Las consecuencias
sociales y económicas de la instalación masiva de grandes
plantas son, entre otras: la dificultad de arrendamientos o trasmisiones de
parcelas agrícolas para
su cultivo, la dificultad de incorporación de jóvenes
agricultores por el motivo anterior, el incremento de los
precios de las tierras agrícolas, la destrucción del paisaje y las posibilidades
de un turismo sostenible asociado a la actividad agraria. Por otro lado,
quienes perciban rentas por el arrendamiento de parcelas para generación de
energía solar, no van a trabajar la tierra ni tienen por qué vivir en el
territorio y los vecinos que no alquilen sus tierras se verán rodeados por
grandes extensiones de placas, viendo reducida su calidad de vida y provocando
el éxodo hacia otros lugares.
Estudios
de la Universidad de
Granada indican que estas grandes infraestructuras
energéticas disminuirían en un 34,7% el valor de las viviendas y afectarían muy
negativamente al turismo rural. Todo ello agravará aún más la despoblación de
las zonas rurales.
7.- Las grandes plantas de
energías renovables no redundan en la economía local.
ANPIER indica
que, en función de la tipología de parque, los ingresos por la actividad serían
para grandes fondos de inversión, que suelen tener la propiedad de las
mega-instalaciones, mientras que las Pymes y autónomos locales se beneficiarían
si se tratara de plantas pequeñas, accesibles para este tipo de empresas
locales. La apuesta en España por las grandes plantas fotovoltaicas contrasta
con la realizada en el resto de Europa, donde asistimos a una revolución
fotovoltaica mejor dimensionada, distribuida en pequeñas y medianas potencias,
que se integran mejor en los entornos rurales y están en propiedad de
iniciativas locales. Los grandes proyectos bloquean el acceso a las iniciativas
fotovoltaicas locales, de tal manera que buena parte del patrimonio solar de
nuestro país se aprovechará por entidades foráneas sin dejar riqueza ni empleo
en nuestros municipios.
8.- El riesgo de apostarlo
todo a las renovables a gran escala: la inversión en el actual modelo
especulativo puede acabar en fracaso.
La
implantación de las renovables a gran escala enmarcada en la burbuja
especulativa actual hace que hipotecar territorios y
grandes porcentajes de algunos municipios a esta actividad, perjudicando al
resto de actividades económicas y posibilidades de futuro, sea un gran riesgo
cuando la burbuja estalle y las empresas promotoras se arruinen, se acojan a
concursos de acreedores y dejen de pagar rentas a los particulares e impuestos
municipales. Respecto a la energía fotovoltaica ya existen casos de este tipo
en Extremadura y Castilla-La
Mancha, a pesar de que la implantación de este tipo de plantas
es muy reciente.
Las
recientes dudas del
mercado sobre las renovables y los malos resultados en la
salida a Bolsa de algunas empresas indican que los valores de estas compañías
están sobrevalorados y auguran un próximo estallido que puede suponer un gran
fiasco para los municipios que hayan hipotecado su territorio en esta apuesta
por las renovables a gran escala.
9.- Los ayuntamientos
tiene mucho que decir y decidir sobre la implantación de estos proyectos en su
territorio.
Si
bien los ayuntamientos no son el órgano sustantivo (el que decide la viabilidad
de los proyectos), sí tienen herramientas a su alcance para poder ordenar de
manera adecuada el desarrollo renovable en sus municipios. Aunque las leyes de
ordenación urbana prevén la instalación de este tipo de proyectos en suelo no
urbanizable, los ayuntamientos pueden establecer
suspensiones temporales sobre estos proyectos para realizar
estudios de ordenación que permitan una implantación armónica de estas plantas.
También pueden emitir informes de incompatibilidad urbanística. De hecho, es
cada vez más frecuente que los alcaldes de
distintas localidades aúnen fuerzas para «defenderse ante
una posible implantación masiva» de huertos solares.
10.- Beneficios económicos
Un
Ayuntamiento recibirá de media unos 10.000 euros por
MW y año. Para la mayoría de los municipios unas pocas
plantas de pequeño tamaño serían suficientes para sanear sus cuentas y poder
ofrecer servicios a los vecinos, generando más empleo y beneficios económicos
de manera local sin hipotecar su paisaje y biodiversidad por varias decenas de
años, y sin correr el riesgo de apostar todo el futuro del municipio a un
negocio especulativo que, en caso de ruina de los promotores, supondrá que esa
hipoteca será a cambio de nada.
En
definitiva, podemos concluir que a mayor tamaño y concentración de plantas de
energías renovables, mayor impacto en la biodiversidad y en el paisaje, menores
garantías de una adecuada evaluación ambiental de los proyectos, menos trabajo
y oportunidades para los residentes y economía local, más despoblamiento y más
riesgos por apostar a todo a un solo recurso, que además es fruto de una
especulación desmesurada de grandes fondos de inversión que aprovechan las
debilidades de nuestras administraciones y la falta de información del
ciudadano. Todo esto provocará que el patrimonio solar de nuestro país sea
aprovechado por empresas foráneas sin dejar empleo ni riqueza en nuestros
municipios.
Obviamente,
ciudadanos y sus representantes pueden no estar de acuerdo en las ventajas e
inconvenientes de un proyecto dado. Conviene saber que cualquier residente en
la zona afectada puede tener acceso a la información sobre el proyecto en los
boletines oficiales de la Comunidad Autónoma o del Estado, dependiendo del
proyecto. Los Ayuntamientos deberían facilitar esta información a los vecinos
interesados. Y si se puede acreditar que se es parte interesada, los vecinos
pueden realizar alegaciones. A este respecto, la Alianza Energía y Territorio
(ALIENTE) ha elaborado un protocolo de
actuación administrativo que puede ser de gran utilidad
para la ciudadanía y corporaciones locales.
Esperamos
que con esta información ciudadanos y regidores puedan evaluar más precisamente
las ventajas e inconvenientes de la instalación de plantas de energías
renovables a gran escala en sus territorios.
La
Junta prohíbe usar fuego y la circulación de vehículos en espacios forestales
andaluces
31 de mayo de 2021 – (Noticias, Incendios Forestales)
Desarrollo Sostenible aplicará esta medida durante el período de alto riesgo de incendios forestales, que abarca del 1 de junio al 15 de octubre
La Junta prohíbe usar fuego y la circulación de vehículos en espacios forestales andaluces
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible recuerda que durante el período de alto riesgo de
incendios forestales, comprendido desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre,
está prohibido el uso del fuego y la circulación de vehículos a motor en los
espacios forestales y de influencia forestal; es decir, en aquellos terrenos
ubicados en una franja de 400 metros alrededor de estas zonas. En cuanto al
fuego, la prohibición incluye tanto las quemas agrícolas como la realización de
barbacoas, incluso en las áreas recreativas.
Entre las excepciones a esta orden, que deben contar
siempre con la aprobación previa de la delegación territorial de la provincia
correspondiente, pueden encontrarse la preparación de alimentos en campamentos
infantiles y el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo.
Asimismo, también podrían realizarse barbacoas en establecimientos de alojamientos
turísticos y en restaurantes rurales que, en ambos casos, estén previamente
autorizados para ello.
Respecto al tránsito de vehículos a motor, entre los
pocos casos contemplados como excepcionales se encuentran, por ejemplo, el uso
de las servidumbres de paso, los servicios de emergencia o extinción de
incendios y las actividades ecoturísticas autorizadas.
Las altas temperaturas registradas en Andalucía durante
las últimas semanas, especialmente entre el 16 y el 22 de mayo, han elevado el
estrés hídrico de la vegetación y, por consiguiente, han aumentado el riesgo de
incendio forestal.
Desde la dirección operativa del dispositivo Infoca,
dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se solicita la
colaboración ciudadana, además, en la importante labor de extinción de
incendios que lleva a cabo este equipo del Gobierno andaluz. Para ello, ante cualquier
avistamiento de humo o llama es conveniente informar a los servicios de
emergencias a través del teléfono único de emergencias 112 para, de esta
manera, cooperar en la puesta en marcha del operativo de la forma más rápida
posible desde la detección del fuego.
Asimismo, desde la Junta se hace un llamamiento a la
prudencia y a la responsabilidad de la ciudadanía durante su estancia en el
medio natural y se le solicita una actitud responsable cuando se encuentren en
contacto con la masa forestal. De esta forma, podrán evitarse incendios que
puedan poner en peligro a núcleos urbanos, a la naturaleza y a los propios
equipos de extinción.