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Correo a Teresa Ribera
Tras la noticia de que la reunión del Consejo extraordinario de Energía, previsto para el 24 de noviembre, se posponía para más adelante, desde ANA hemos vuelto a insistir, en este caso de forma directa, remitiendo un correo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
ANA, ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NATURALEZA, con Código de Identificación Fiscal: GXXXXXXXX, cuyo ámbito de actuación es la comarca de LA JANDA, con domicilio a efectos de notificación en el apartado de correos número 21 de Medina Sidonia, código postal 11170 y en la dirección de correo electrónico info@analajanda.org
EXPONE:
Que, enterados de que el 20 y 21 de octubre de 2022, se celebró un Consejo Europeo que trató diversos temas como el conflicto en Ucrania, las infraestructuras críticas, la crisis energética y medidas económicas, y las relaciones exteriores. En sus conclusiones pidió a la Comisión que respecto de la crisis energética presentara «urgentemente» decisiones y propuestas relativas a ciertas medidas adicionales de carácter económico, entre las que incluyó «la agilización de la simplificación de los procedimientos de concesión de permisos con el fin de acelerar el despliegue de las energías renovables y las redes, por ejemplo con medidas de emergencia sobre la base del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Que como resultado, el 9 de noviembre de 2022, la Comisión presentó al Consejo de la Unión Europea una propuesta de reglamento para “acelerar el despliegue de las energías renovables” (COM(2022) 591 final 2022/0367), en la que se propone la declaración de interés público superior la planificación y operación de instalaciones renovables y de su conexión a la red y de la propia red y activos de almacenamiento, por lo que permite eliminar la evaluación de impacto ambiental de estos proyectos.
Que desde la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Plataforma para una Transición Ecológica Justa, plataforma de la que formamos parte, hemos presentado un informe que realiza un análisis jurídico utilizando el conocimiento científico más reciente disponible sobre el particular.
Que este informe concluye que la propuesta de reglamento para «acelerar el despliegue de las energías renovables» presentada el 9 de noviembre de 2022, por la Comisión al Consejo de la Unión Europea no se ajusta al Derecho de la Unión Europea por, al menos las siguientes razones:
- Falta de base jurídica, ya que no cabe entender razonablemente que las excepciones ambientales propuestas pueden considerarse incluidas en el concepto de ayuda financiera a los Estados miembros que se recoge en el artículo 122 del TFUE, elegido como fundamento de la propuesta.
- Vulnera el principio de no regresión ambiental contenido implícitamente en el objetivo de alcanzar una sostenibilidad basada en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y en el fomento de la solidaridad entre las generaciones establecido en el artículo 3.3 del TUE, pues reduce el grado de protección vigente al ampliar las excepciones.
- Contradice el principio de integración establecido en el artículo 11 del TFUE y el artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales al impedir exigencias fundamentales de la protección del medio ambiente se integre en la definición y realización de las políticas energéticas.
- Transgrede los límites establecidos en las principales directivas de la protección de la biodiversidad y los ecosistemas (artículo 6, apartado 4, y el artículo 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43/CEE, el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE y el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147/CE) y el principio de control caso por caso, abocando a importantes riesgos de deterioro que no han sido evaluados y, por tanto, contradicen el principio de cautela del artículo 191.2 del TFUE.
Que no es aceptable que, en una Comunidad de Derecho como la Unión Europea, las Instituciones no se ajusten a los Tratados Constitutivos y que establezcan normas que suponen una regresión de los niveles de protección ambiental alcanzados.
Que el estatus quo de la Unión en la protección de la biodiversidad y las aguas y sus ecosistemas no debe ver sometido por cualquier interés privado en la producción energética de renovables, sólo aquellos intereses públicos que realmente son «superiores» pueden considerarse legitimados para causar deterioro en los más altos valores de los ecosistemas que nos sostienen.
Por todo ello
PEDIMOS
Al Gobierno de España y, en especial, a la Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que no apruebe dicho Reglamento.
Medina Sidonia, 29 de noviembre de 2022
El despliegue de la energía solar a costa de….
El despliegue de la energía solar a costa de zonas importantes para la conservación de la biodiversidad impide su clasificación como actividad ambientalmente sostenible.
https://www.preprints.org/manuscript/202211.0405/v1
| Deployment of Solar Energy at the Expense of Conservation Sensitive Areas Precludes its Classification as an Environmentally Sustainable Activity – preprints.org Solar energy (SE) is essential for decarbonization of our economy and for energetic transition. Solar energy can be a sustainable economic activity as long as a balance is struck between the benefits it brings to climate change mitigation and the damage it can cause to biodiversity and ecosystems. Here we study this balance in an area with high biodiversity under pressure for installation of … www.preprints.org |
Un estudio de caso en #Almería de la #EEZA @#CSIC concluye que para que la energía solar fotovoltaica a gran escala sea una actividad ambientalmente sostenible es fundamental:
– Planificación energética con evaluación ambiental estratégica.- Participación pública en la evaluación de impacto ambiental.
Además:
– Las administraciones por sí solas no parecen ser capaces de evitar que los proyectos originen importantes perjuicios mediambientales.
– Las zonificaciones ambientales realizadas por las administraciones para la implantación de renovables tienen importantes carencias debidas fundamentalmente a la falta de información actualizada y fiable de especies y hábitats amenazados y/o de interés.
– Los recientes cambios normativos propuestos y/o aprobados por las diferentes administraciones (estatal y europea), no solucionarán estos problemas, sino que redundarán en ellos.
Para más info:
El Reglamento para acelerar el despliegue de….
El Reglamento para acelerar el despliegue de las energías renovables no se ajusta al Derecho de la Unión Europea
El 20 y 21 de octubre de 2022, se celebró un Consejo Europeo que trató diversos temas como el conflicto en Ucrania, las infraestructuras críticas, la crisis energética y medidas económicas, y las relaciones exteriores. En sus conclusiones pidió a la Comisión que respecto de la crisis energética presentara «urgentemente» decisiones y propuestas relativas a ciertas medidas adicionales de carácter económico, entre las que incluyó «la agilización de la simplificación de los procedimientos de concesión de permisos con el fin de acelerar el despliegue de las energías renovables y las redes, por ejemplo con medidas de emergencia sobre la base del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Como resultado, el 9 de noviembre de 2022, la Comisión presentó al Consejo de la Unión Europea una propuesta de reglamento para “acelerar el despliegue de las energías renovables” (COM(2022) 591 final 2022/0367), en la que se propone la declaración de interés público superior la planificación y operación de instalaciones renovables y de su conexión a la red y de la propia red y activos de almacenamiento, por lo que permite eliminar la evaluación de impacto ambiental de estos proyectos.
Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Plataforma para una Transición Ecológica Justa, de la que analajanda.org forma parte, hemos presentado un informe que realiza un análisis jurídico utilizando el conocimiento científico más reciente disponible sobre el particular.
Este informe concluye que la propuesta de reglamento para «acelerar el despliegue de las energías renovables» presentada el 9 de noviembre de 2022, por la Comisión al Consejo de la Unión Europea no se ajusta al Derecho de la Unión Europea por, al menos las siguientes razones:
- Falta de base jurídica, ya que no cabe entender razonablemente que las excepciones ambientales propuestas pueden considerarse incluidas en el concepto de ayuda financiera a los Estados miembros que se recoge en el artículo 122 del TFUE, elegido como fundamento de la propuesta.
- Vulnera el principio de no regresión ambiental contenido implícitamente en el objetivo de alcanzar una sostenibilidad basada en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y en el fomento de la solidaridad entre las generaciones establecido en el artículo 3.3 del TUE, pues reduce el grado de protección vigente al ampliar las excepciones.
- Contradice el principio de integración establecido en el artículo 11 del TFUE y el artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales al impedir exigencias fundamentales de la protección del medio ambiente se integre en la definición y realización de las políticas energéticas.
- Transgrede los límites establecidos en las principales directivas de la protección de la biodiversidad y los ecosistemas (artículo 6, apartado 4, y el artículo 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43/CEE, el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE y el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147/CE) y el principio de control caso por caso, abocando a importantes riesgos de deterioro que no han sido evaluados y, por tanto, contradicen el principio de cautela del artículo 191.2 del TFUE.
No es aceptable que, en una Comunidad de Derecho como la Unión Europea, las Instituciones no se ajusten a los Tratados Constitutivos y que establezcan normas que suponen una regresión de los niveles de protección ambiental alcanzados.
El estatus quo de la Unión en la protección de la biodiversidad y las aguas y sus ecosistemas no debe ver sometido por cualquier interés privado en la producción energética de renovables, sólo aquellos intereses públicos que realmente son «superiores» pueden considerarse legitimados para causar deterioro en los más altos valores de los ecosistemas que nos sostienen.
Por todo ello pedimos al Gobierno de España y, en especial, a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que no apruebe dicho Reglamento en el próximo Consejo extraordinario de Energía del 24 de noviembre.
BOJA Núm. 221 – 17 de noviembre de 2022
ANA firma un convenio para la recuperación y puesta en valor de caminos vecinales en Medina Sidonia
En concreto hemos firmado el ANEXO II CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA, LA ASOCIACIÓN “AMIGOS DE LA NATURALEZA” Y EL I.E.S. “SAN JUAN DE DIOS” DE MEDINA SIDONIA.
El objeto del convenio es establecer un marco de colaboración en actividades de mutuo interés por su trascendencia educativa y la realización de acciones formativas de los ciclos de formación profesional que se imparten en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES).
El ANEXO II trata de Actuaciones en Hijuelas, Caminos y Senderos Municipales en Medina Sidonia y es ahí donde desde ANA vamos a colaborar para la recuperación y puesta en valor de las hijuelas, caminos vecinales y senderos de propiedad pública municipal.
El Instituto IES San Juan de Dios imparte las enseñanzas Formación Profesional de grado superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, grado medio de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, grado superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, grado superior en Paisajismo y Medio Rural, grado medio en Actividades Ecuestres y Formación Profesional de Grado Básico en Aprovechamientos Forestales.
Tanto la Asociación Amigos de la Naturaleza como el IES San Juan de Dios a través de este proyecto, se comprometen a realizar un inventario y localización de todos y cada uno de los caminos, hijuelas, senderos y carriles, para proceder a su recuperación, ponerlos en valor desde el punto de vista forestal e histórico y hacer posible su tránsito y uso por los vecinos y visitantes de la localidad.
En concreto, la ANA se compromete a facilitar al centro, materiales y mapas para localizar y realizar un inventario de los distintos senderos e hijuelas, programar campañas y jornadas para dar a conocer a vecinos y usuarios los distintos senderos del municipio, denunciar las usurpaciones ilegales y publicitar los senderos e hijuelas recuperados y puestos en valor.
El IES San Juan de Dios, por su parte, se compromete a desarrollar el proyecto “Senderos” durante los próximos cuatro cursos, con los siguientes objetivos:
✗ Recuperación de los senderos e hijuelas del municipio a través de su desbroce y limpieza para hacer posible el tránsito de caminantes y ciclistas.
✗ Plantación de especies vegetales autóctonas que aporten sombra y potencien el uso deportivo, de ocio y turístico de estos senderos a lo largo de todo el año.
✗ Recuperar los nombres y usos tradicionales de estos senderos (cómo se llamaban, para qué se utilizaban, qué puntos unían, qué historias, leyendas y costumbres estaban vinculados a ellos…) a través de entrevistas con ancianos/as y residentes en hogares para mayores del municipio.
✗ Recuperar y actualizar la documentación existente sobre los caminos vecinales e hijuelas con el fin de poder clasificarlos posteriormente, determinando su anchura, trazado, dificultad, uso, especies vegetales que se encuentran en su recorrido, monumentos y paisajes visibles, avistamiento de aves y demás características.
✗ Actuaciones forestales que se realizarán en los senderos:
- – Repoblaciones forestales: plantaciones y mantenimiento.
- – Podas.
- – Desbroces.
- – Apeo, desrame y tronzado.
- – Cubicación de trozas y leñas.
- – Inventario del arbolado y de otras especies vegetales.
- – Control de plagas y enfermedades.
- – Actividades de Educación Ambiental.
- – Recogida de material vegetal, cultivo y propagación.
- – Eliminación de residuos por trituración y por quema.
Con el fin de procurar el máximo consenso de todos los grupos políticos integrados en la Corporación Municipal, el Convenio deberá ser ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Medina Sidonia.
BOJA Núm. 207 de 27 de octubre de 2022
¿Está en peligro la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat de la Z.E.C. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz?
Hoy miércoles 26 de octubre hemos participado en el encuentro “Experiencias de modelos de gestión por los sectores económicos y usuarios en Zonas de Especial Conservación (ZEC)” – Z.E.C. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz convocado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, encuentro al que expresamente se había invitado a ANA.
La reunión ha tenido lugar en el salón de actos del Museo de Historia y Arqueología de Vejer de la Frontera; en horario de 17:00h a 20:00h., con el objetivo de comenzar a trabajar en los modelos de gestión participativa y la puesta en marcha de mecanismos basados en la comunicación y la trasferencia de conocimiento y en técnicas de custodia del territorio de la Z.E.C. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz.
La reunión comenzó con la intervención del responsable de la asistencia técnica contratada por la Junta de Andalucía para este proceso que establece como objetivo principal favorecer el proceso de “escucha activa” motivando a los participantes a trasladar a la Administración cuáles son sus demandas en relación a la participación en la gestión de la ZEC en el marco de los objetivos que establece el Plan de Gestión de la Z.E.C. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, que desde hace unos meses se ha estado llevando a cabo en las distintas provincias andaluzas en las que se ha escogido una ZEC en cada una de ellas.
Parece, que la Junta de Andalucía pretende abordar la puesta en marcha y seguimiento de los correspondientes planes de gestión para aquellos espacios sobre los que no recae otra figura de protección, configurando y asentando un modelo de gestión propio que atienda a sus particularidades (naturales y jurídicas) y a la heterogeneidad de los mismos, a la vez que dé continuidad y garantice la participación activa de todos los actores sociales y económicos.
Según se nos ha dicho, la Junta de Andalucía entiende que la gestión participativa puede ayudar a resolver en cierta medida las incertidumbres y desafíos, con la puesta en marcha de mecanismos basados en la comunicación y la trasferencia de conocimiento y en técnicas de custodia del territorio, con el objeto de reforzar el compromiso ciudadano en el mantenimiento y la mejora efectiva de los valores naturales de estos espacios.
Y, el responsable de la asistencia técnica que ha monitorizado la reunión, nos ha trasladado el convencimiento de que la consecución de los objetivos planteados en los planes de gestión de estos espacios mediante la adopción de modelos de gestión participativa permitiría incluir a los ciudadanos en general, y a los propietarios, ganaderos, agricultores y empresarios en particular, en las acciones de conservación del entorno como agentes activos.
Por nuestra parte le hemos trasladado la necesidad de que se cumpla con la normativa y legislación vigente en todo momento y le hemos mostrado nuestra preocupación por la presión que reciben funcionarios y responsables políticos para incumplir la Ley y favorecer actividades y proyectos concretos que son incompatibles con la pertenencia de estos espacios a la RED NATURA 2000 (una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad).
Hay que tener en cuenta que las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) han sido establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y que su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
La Z.E.C. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, también otras muchas, está en el punto de mira de empresas y fondos de inversión para llevar a cabo cambios de cultivos y proyectos, en algunos casos industriales, que no son compatibles con el fin principal <<asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat>> y es, precisamente, este fin el que los responsables de la Junta de Andalucía tienen la OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR en todo momento, por mucha presión que puedan recibir de “gente poderosa y con medios” que en muchas ocasiones van con la fachada de la creación de empleo y riqueza pero que a la postre el empleo es inapreciable y la riqueza es sólo para ellos.
En la reunión hemos dado nuestra opinión de que estas amenazas que hoy tienen estas ZECs tienen, en parte, su origen en el cambio de propiedad de las grandes fincas que componen estos territorios ya que hoy en día muchas de ellas son sociedades anónimas con domicilios fiscales muy alejados del territorio y cuyo fin principal es el aumento año tras año de beneficios en sus cuentas de resultado.
Y hemos dicho que es la Ley quien regula y garantiza el poder y la actividad de los Estados de Derecho, donde cada persona está sujeta a la ley, incluidos los encargados de hacerla cumplir. Y, por lógica, la ley siempre establecerá límites que no pueden sobrepasarse, pero que siempre habrá quién no los cumpla sean cualesquiera que sean esos límites. Y habrá otros que insistentemente pedirán bajar esos límites, pero toda decisión de las administraciones públicas y sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos.
En definitiva, la Z.E.C. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, también otras muchas, están en peligro por las amenazas que soportan que, de llevarse a cabo, daría como resultado una pérdida de biodiversidad que tendría efectos negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad energética y el acceso al agua limpia y a las materias primas. También afecta a la salud del hombre, las relaciones sociales y la libertad de elección. La sociedad suele tener varios objetivos en conflicto, muchos de ellos dependientes de la biodiversidad. Cuando el hombre altera un ecosistema para mejorar uno de los servicios que éste proporciona, su acción suele acarrear también cambios para otros servicios de los ecosistemas y esto suele ocurrir porque los mercados financieros desconocen la importancia de la biodiversidad y los procesos naturales en cuanto representan beneficios para el hombre. En términos generales, se puede decir que, el principal factor que desencadena la pérdida de biodiversidad es: la modificación del hábitat, de ahí la importancia de las ZECs, su mantenimiento y su conservación con todos y cada uno de sus valores naturales.
Alegaciones Planta Solar «Zumajo Solar 2»
ANA ha presentado alegaciones al proyecto: Planta Solar «Zumajo Solar 2» de 18,009 MWp de potencia (Benalup – Casas Viejas y Medina Sidonia) para que sean tenidas en cuenta en la Autorización Administrativa Previa y Autorización Ambiental Unificada de Instalación Eléctrica (PP. 1208/2022).
El documento de Alegaciones (20 páginas) se ha presentado el lunes 5 de septiembre ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, atendiendo a los anuncios publicados en el BOJA núm. 134, de 14 de julio de 2022, y en el BOP de Cádiz núm. 140, de 22 de julio de 2022, con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario: Arneb Solar, S.L., con domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Emplazamiento de la instalación en Benalup-Casas Viejas, pero la Línea de Evacuación afecta a los términos municipales de: Benalup-Casas Viejas y Medina Sidonia.
Características fundamentales: Planta Solar «Zumajo Solar 2» de 18,009 MWp de potencia (AT-14359/20). Generador fotovoltaico sobre estructura con sistema de seguidor monofila con 2 módulos en vertical. 31.050 módulos fotovoltaicos de 580 Wp de potencia máxima. Centros de potencia: 2 centros de potencia de 6.008 kVA y 1 centro de potencia de 3.004 kVA, formado por transformador y protecciones. Red de media tensión. 1 circuito subterráneo de media tensión en anillo de conductor 30 kV de entre 240 y 500 mm² que une los Centros de Potencia. Red de Media Tensión desde Centros de Potencia hasta SET Navuelos de 30/220 kV – Subterráneo. Longitud: 11,238 Km.
ALEGACIÓN 1.- SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS DOCUMENTOS SOMETIDOS A INFORMACIÓN PÚBLICA. Está siendo habitual que se tramiten numerosos proyectos de Plantas Solares Fotovoltaicas en los que, tanto los técnicos que redactan los proyectos técnicos, como los que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), lo hacen casi “en serie” aunque sean para localizaciones muy diversas. A nuestro entender esto no es serio y, aunque alguien pudiera justificar esta situación, se debería tener más cuidado en la elaboración de los documentos, evitando los procesos de “corta y pega”.
ALEGACIÓN 2.- SOBRE LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN. Tambiénes demasiado habitual que en la evaluación de Alternativas de Localización se utilicen ubicaciones bastante más problemáticas, para así justificar mejor la localización sobre la que finalmente se pretende desarrollar el proyecto, pero que ya había sido seleccionada de antemano. En general se trata de evaluaciones claramente manipuladas, no solo en este proyecto, sino en casi todos ellos, para justificar la implantación de la Planta Solar sobre parcelas que ya se tienen decididas y negociadas. En esta línea de falta de rigor también venimos observando que diferentes proyectos comparten en su evaluación las mismas localizaciones alternativas desechadas.
ALEGACIÓN 3.- FALTA DE PLANIFICACIÓN. Es necesario disponer de una normativa para la correcta ordenación e implantación de estas instalaciones solares, de forma que se puedan evaluar los efectos ambientales de manera racional y poder asociar la consideración de los impactos a una referencia común. Por tanto, es del todo necesaria una planificación territorial y tecnológica. Hay que regular la implantación de este imprescindible recurso energético, su distribución ordenada, corrigiendo impactos ambientales y sociales.
ALEGACIÓN 4.- VIABILIDAD AMBIENTAL. Se agradece y valora positivamente que se aporte un documento que tiene por objeto el análisis de las sinergias de proyectos que coinciden en ubicaciones próximas. Pero desde ANA consideramos del todo insuficiente que, al margen de su contenido, solo se haya tenido en cuenta las infraestructuras existentes en un radio de 10 Km desde el centro geométrico de las 6 PSFV consideradas, No se entiende este ámbito, que debería ser el territorio comarcal. La comarca de La Janda cuenta con un Plan de Ordenación Territorial, y por ello un estudio de las sinergias de proyectos debería como mínimo alcanzar este territorio perfectamente delimitado, aunque sería mucho más oportuno y necesario un estudio a nivel provincial.
Además este documento no incluye a otros proyectos de infraestructuras energéticas que coinciden en ubicación próxima, como proyectos eólicos, múltiples líneas eléctricas y varias subestaciones. Es metodológicamente imposible asegurar la viabilidad ambiental de esta instalación si no se analiza el efecto combinado, acumulativo y sinérgico que los numerosos proyectos paralelos van a tener en el territorio.
ALEGACIÓN 5.- SE DEBERÍA TRAMITAR COMO UNA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Para la implantación de este tipo de instalaciones de producción eléctrica sería necesario realizar un cambio en la clasificación urbanística de los terrenos afectados, de Suelo No Urbanizable común a Suelo compatible con instalaciones Industriales, o directamente como suelo industrial.
ALEGACIÓN 6.- ACUERDOS PLENARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA. A este proyecto le afecta dos acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Medina Sidonia que, preocupado por la proliferación indiscriminada de este tipo de proyectos, por la falta de planificación en su implantación y por los efectos negativos que muchos de ellos pueden tener en el paisaje y en el medio ambiente, aprobó en el Pleno Municipal del 16 de Septiembre de 2021, una mociónpidiendo a la Junta de Andalucía … que establezca una moratoria en la concesión de autorizaciones para la instalación de parques solares fotovoltaicos. Y más recientemente, el 19 de mayo de 2022, también en Pleno se acordó: PRIMERO.- Solicitar que se acuerde la suspensión de cuantos procedimientos de instalación de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, se estuvieran tramitando… SEGUNDO.- Solicitar, además, la moratoria temporal inmediata de su tramitación, aprobación y construcción en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico… TERCERO.- Que se abra un periodo de participación pública en relación a la Transición Energética en Andalucía, que asegure una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones tal y como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente.
ALEGACIÓN 7.- PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES. La planta solar fotovoltaica PSFV ZUMAJO SOLAR 2 se pretende construir en parcelas que se sitúan justo en el borde exterior del límite del Parque Natural Los Alcornocales, pero sin embargo esta circunstancia no ha sido tenida en cuenta en los estudios, análisis y valoraciones realizadas en los documentos a los que hemos tenido acceso, y en consecuencia no se han evaluado las posibles afecciones que, sobre el citado espacio natural protegido, tendrá la actuación proyectada. También alegamos la necesidad de que la Junta Rectora del Parque Natural tenga conocimiento y se pronuncie sobre este proyecto, y emita informe al respecto, ya que tiene competencias para promover el desarrollo sostenible tanto en el interior como en el entorno del Parque Natural, y es evidente que este proyecto afecta de lleno al entorno del Parque.
ALEGACIÓN 8.- HAY AUSENCIA DE REFERENCIAS AL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MUNICIPAL VIGENTE. Nos preocupa la ausencia de referencias a las determinaciones y afecciones del Planeamiento Territorial vigente. Por otra parte se hace alusión al cumplimiento de las Ordenanzas municipales de Benalup Casas Viejas y de Medina Sidonia, aunque sin concretar a cuáles se refiere, pero nada se dice sobre el cumplimiento de las determinaciones concretas de los Planeamientos Generales Municipales (PGOU/NNSS) de ambos municipios.
ALEGACIÓN 9.- CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO DE ÁMBITO MUNICIPAL de Benalup Casas Viejas y de Medina Sidonia (NNSS/PGOU).
Como se ha dicho en el apartado anterior la información que se facilita sobre las actuaciones a realizar es escasa ó inexistente. Entendemos por tanto que hay que informar y alegar de la necesidad de cumplir con todas y cada una de las disposiciones fijadas en la normativa urbanística de ámbito municipal. Hay que incluir en el proyecto que se procederá a arbolar perimetralmente toda la instalación de la planta solar, mediante doble hilera de árboles. Necesidad esta que NO está incluida en el proyecto.
ALEGACIÓN 10.- SOBRE EL VALLADO PARA EL CERRAMIENTO DE LA PARCELA. En cualquier caso, desde ANA pedimos que siempre haya permeabilidad a la fauna, por lo que el vallado perimetral de las instalaciones debe ser altamente permeable a la fauna silvestre y a los procesos ecológicos.
ALEGACIÓN 11.- VÍAS PECUARIAS. Es necesario garantizar el cumplimiento de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Igualmente es necesario aplicar el Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado mediante el Decreto 155/1998, de 21 de julio, el cual establece los mecanismos necesarios para proteger las vías pecuarias, vinculando este patrimonio público al desarrollo socioeconómico sostenible y a la política ambiental y territorial de Andalucía. También hemos querido dejar constancia de que no todas las vías pecuarias mencionadas corresponden, tal y como se indica, al término municipal de Medina Sidonia, sino que una parte de ellas corresponden al término municipal de Benalup-Casas Viejas. Por ello la información facilitada en los anuncios publicados en el BOJA y en el BOP de Cádiz es errónea y tiende a la confusión.
ALEGACIÓN 12.- NECESIDAD DE AGUA. El promotor debe de especificar y concretar cuáles van a ser las necesidades de agua de la planta en todo su periodo de vida útil, y al mismo tiempo justificar desde dónde y de qué forma se hará el suministro para cubrir estas necesidades, así como contar con los permisos y/o autorizaciones previas para que el suministro de esta cantidad de agua sea posible.
ALEGACIÓN 13.- CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. No entendemos y nos sorprende de manera alarmante que en un apartado denominado <Restauración paisajística y vegetal. Creación de corredores ecológicos> se diga textualmente: <Elección de especies: b. Zona 2: Pantalla vegetal. ii. Árboles: encina (Quercus ilex.) acebuche (olea europaea var sylvestris) y pino piñonero (Pinus pinea).>. Y nos preguntamos: ¿Realmente se ha hecho un estudio del tipo de suelo y su ph que permita la plantación de encinas? Pensamos que todo el documento no es más que un copia y pega de otros muchos documentos idénticos para multitud de proyectos repartidos por toda España sin tener en cuenta para nada el terreno en cuestión. Transición energética y biodiversidad forman un binomio indisoluble, de manera que procurar la primera sacrificando la segunda, con todas sus evidentes implicaciones hacia la salud y calidad de vida de las personas, es un objetivo peligroso e irresponsable.
ALEGACIÓN 14.- ESTRATEGIA DE PAISAJE DE ANDALUCÍA. No puede entenderse que el Patrimonio paisajístico y cultural de nuestra provincia esté sufriendo un maltrato y una transformación artificial de primer orden, sin parangón. Una ordenación del territorio coherente entiende que el espacio agrario, además de su valor productivo, tiene una función amortiguadora que preserva la identidad de cada núcleo de población y constituye una reserva para futuros usos, no necesariamente urbanos. La rápida expansión de las plantas fotovoltaicas podría llegar a suponer uno de los principales factores de transformación del paisaje en el territorio andaluz. Evitar o reducir los impactos sobre el paisaje de una actividad admisible por la sociedad, se convierte en un reto para la política de protección del paisaje. La acumulación de plantas fotovoltaicas puede hacer imposible alcanzar estos objetivos.
ALEGACIÓN 15.- REPERCUSIONES DE LAS INSTALACIONES SOLARES SOBRE ESPECIES DE AVIFAUNA ESTEPARIA. Las afecciones más conocidas de las plantas solares fotovoltaicas son la destrucción y alteración de los hábitats por ocupación directa de grandes extensiones de terreno y la fragmentación de los mismos, debido a la propia instalación, pero también al vallado perimetral que la bordea y a las instalaciones accesorias necesarias (carriles de acceso, tendidos eléctricos, etc.). Algunos estudios demuestran que la pérdida de hábitat en especies esteparias genera un efecto negativo que puede condicionar sus poblaciones.
ALEGACIÓN 16.- RECOMENDACIONES DE LA UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA. Pedimos que, al menos, se cumplan todas y cada una de las recomendaciones hechas públicas por la UNEF, Unión Española Fotovoltaica.
En base a todas las alegaciones presentadas hemos SOLICITADO
1º). Que se proceda a la paralización de la tramitación del proyecto, ya que no es posible autorizar esta instalación eléctrica con sus actuales contenidos y circunstancias.
2º). Que se protejan los bienes básicos que pueden estar amenazados: el suelo y el paisaje. Pedimos una moratoria hasta en tanto y en cuanto no se apruebe por parte de la Junta de Andalucía un Plan de Ordenación Territorial y Tecnológico.
También pedimos que se incorpore el escrito de ALEGACIONES a los expedientes, y que se mantenga informada a esta Asociación sobre todos los trámites futuros relacionados con este proyecto.
Y como es habitual hemos concluido el escrito poniéndonos desde ANA a disposición de la Junta de Andalucía en Cádiz para cualquier aclaración o explicación complementaria sobre las Alegaciones presentadas.
La nueva e importante Ley de Residuos
La nueva e importante Ley de Residuos, un recurso para el cambio
La nueva Ley de Residuos aporta mejoras, como la ampliación de responsabilidades de los productores, aunque no incide lo suficiente en lo fundamental: la reducción y prevención de residuos en origen.
Ángel Encinas Carazo Coordinador del área de Consumo de Ecologistas en Acción 29 AGO 2022
De los residuos, como de la muerte, en esta sociedad de hiperconsumo suicida no se quiere hablar. Se mira para otro lado o, los más conscientes, nos lavamos la mala conciencia separándolos y llevándolos al contenedor correspondiente. Del resto del proceso, el antes y el después, nos desentendemos: «no está en nuestras manos».
Y así nos va. Muchos analistas y ciudadanos se preguntan con las manos en la cabeza dónde estaría nuestro país en materia medioambiental si no fuese por la Unión Europea y sus directivas de obligado cumplimiento. Incluso así, España está siempre en el punto de mira por sus incumplimientos. Es más, según un informe de SEO/BIRDLIFE, en 2018 nuestro país se situaba a la cabeza de los expedientes abiertos por infracciones en este terreno. Con los Gobiernos que siguieron a partir de entonces las cosas han mejorado notablemente, pero no deja de ponerse en evidencia que nuestro país sigue evolucionando a rastras a partir de directivas que, por otra parte, nada tienen de revolucionarias.
El ejemplo lo tenemos con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. «Agridulce» es el término con el que resume su valoración la Alianza Residuos Cero, de la que forman parte, además de Ecologistas en Acción, Greenpeace, Surfrider España, Rezero, Retorna y Amigos de la Tierra. Para la ARC se ha perdido la oportunidad de reforzar y apuntalar lo fundamental, la reducción de residuos, un paso imprescindible en la lucha frente a la crisis ecosocial y la emergencia climática.
LO MEJOR DE LA LEY
- Su propia existencia. Contar por fin con una ley de referencia fundamental para el desarrollo de normativas.
- Prohibición de 10 productos de plástico de un solo uso como vasos, cubiertos, platos, pajitas, bastoncillos, etc.
- Prohibición de los principales disruptores endocrinos en los envases.
- Fomento de la venta a granel y aceptación de recipientes reutilizables de los consumidores.
- Prohibición de la destrucción de excedentes no perecederos como textiles, juguetes y electrónica.
- Fomento del consumo de agua no embotellada. Bares y restaurantes deberán ofrecerla de manera gratuita.
- Se obliga a los ayuntamientos a implantar el contenedor marrón de restos orgánicos (antes del 30 de junio de 2022 para municipios de más de 5000 habitantes; para el resto, hasta del comienzo de 2024)
- Organización urgente de la retirada del amianto por parte de los ayuntamientos.
- Se abre la puerta, por fin, al sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), lo que antes conocíamos como «devolución del casco», aunque no incluye, atención, los cascos de vidrio, el origen del término.
- Se avanza en la responsabilización de los productores, que se verán obligados a asumir los costes del tratamiento de residuos que generan, lo que supone que la ciudadanía, por fin, dejará de asumir estos costes. Desafortunadamente se dejan fuera sectores importantes (higiene íntima, monodosis, juguetes, etc.)
- Aumenta la fiscalidad ambiental de los vertidos, incineración, etc. con un nuevo impuesto que desanime estas prácticas.
LO MEJORABLE DE LA LEY
- No incide lo suficiente en lo fundamental: la reducción y prevención de residuos en origen. Sin esto, la insistencia en el reciclaje es un error porque no garantiza un uso eficiente de los recursos y la energía. No se contempla siquiera el fomento de los envases reutilizables.
- La implantación del SDDR se dilata demasiado en el tiempo, seguramente hasta 2027. Ecoembes se encargará de que sea así.
RETOS QUE DEBERÁN ASUMIR LOS AYUNTAMIENTOS
Resulta muy habitual en los medios, cuando tratan sobre consumo y gestión de residuos, dejar caer todo el peso de la culpa sobre una ciudadanía descuidada que consume en exceso, derrocha energía, no recicla y desperdicia mercancías y alimentos sin control. Es una falaz manera de lavarle las manos a las grandes empresas y a un sistema que incitan como horizonte de felicidad y deseo a un hiperconsumo derrochador, y a unas Administraciones que les dejan hacer. Y es que tenemos que subrayar siempre que son las instituciones públicas democráticas las que con sus leyes y normativas pueden encauzar la responsabilidad y obligaciones de unos y otras.
La nueva Ley de Residuos, con sus luces y sombras, es un buen punto de partida para el cambio, empezando, como tiene que ser, por el de los productores que causan y fomentan la destrucción del medio ambiente.
La urgencia aprieta porque el balance de la gestión de residuos municipales en nuestro país es desastroso y no alcanza los objetivos establecidos por la UE: no llegamos al 50% de recuperación en 2020, y si no aplicamos con rigor la nueva Ley, tampoco conseguiremos la reutilización y el reciclado del 55% en 2025, ni del 60% en 2030. Y entonces seguirán viniendo las sanciones.
La correcta aplicación de la nueva Ley en cada territorio, dependerá en gran medida de los ayuntamientos, a los que ésta asigna las siguientes nuevas obligaciones:
- Establecimiento de las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de un 50% en peso de reutilización, reciclado y valoración de residuos. En 2025 el 55%; en 2030 el 60% y en 2035 el 65%.
- Adopción de los principios de la economía circular para que productos y materiales duren el mayor tiempo posible y se limiten los daños al medio.
- Aprobar planes y nuevas ordenanzas municipales adaptadas a la nueva ley.
- Adaptar todos los contratos de prestación de servicios a la nueva normativa.
- Establecer un sistema de recogida separada de los residuos orgánicos domésticos priorizando modelos de éxito comprobados (puerta a puerta o contenedor cerrado). En municipios de más de 5.000 habitantes a partir del 1 de julio 2022 y en pequeños municipios antes del comienzo de 2024.
- Promoción del compostaje doméstico y comunitario en especial en poblaciones con menos de 1000 habitantes.
- Elaboración, antes de 2025, de un calendario para la implantación de nuevas recogidas separadas de residuos: textiles, aceites de cocina, voluminosos, etc.
- Recogida de envases en el contenedor de restos y en las calles a cargo de los productores (Ecoembes).
- Establecimiento de una tasa municipal de residuos que refleje el coste real de la gestión. Antes de abril de 2025.
- Nuevo impuesto de 40€ por tonelada llevada al vertedero y de 20 € por tonelada incinerada.
- Elaboración de un inventario de instalaciones con amianto y establecimiento de un plan de retirada del mismo antes de abril de 2023.
¿Y LA CIUDADANÍA?
La correcta separación de residuos es fundamental para lograr su adecuada reutilización y reciclaje, aunque la clave para reducir las consecuencias ambientales de nuestro consumo está en la reducción, haciendo hincapié en que éste se debe basar en aquellos bienes que realmente necesitamos, y a ser posible mediante productos duraderos.
Pese al limitado impacto que pueden tener nuestros cambios de conducta, como bien nos hace ver Luis González Reyes, el cambio de los hábitos individuales es fundamental porque no hay cambios estructurales sin cambios personales, porque nos sirve de gimnasia ciudadana para empoderarnos frente a la deriva consumista, y porque comunicamos más con los actos que con los discursos.
Además, la ciudadanía es la que vota a los que hacen las leyes y a los que tienen que aplicarlas. La concienciación y el cambio personal y familiar es el necesario punto de partida para asumir actitudes de vigilancia y exigencia de prontitud en los compromisos que suponen la nueva ley.
El próximo año hay elecciones municipales.