


https://www.boe.es/boe/dias/2025/08/30/pdfs/BOE-A-2025-17389.pdf
Desde ANA presentamos alegaciones a estos proyectos:



https://www.boe.es/boe/dias/2025/08/30/pdfs/BOE-A-2025-17389.pdf
Desde ANA presentamos alegaciones a estos proyectos:
Rolando Rodríguez Muñoz y Hugo Robles Díez, biólogos, profesores de la Universidad de Oviedo/Uviéu y de Exeter.
Existen formas de explotar el monte que permiten reducir de manera muy notable el impacto sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y la hidrología.
Un monte es un terreno no cultivado, cubierto de árboles, arbustos, matas o hierbas. Si incluimos las zonas ocupadas por cultivos forestales, en Asturias, el monte ocupa en la actualidad alrededor de tres cuartas partes de la superficie regional. Todos estamos de acuerdo en la importancia de los montes para conservar la biodiversidad, y en que la explotación forestal (la explotación del monte) debe ser sostenible. Los problemas llegan a la hora de plantear la gestión más apropiada para alcanzar ambos objetivos.
La ciencia de la “Biología de la Conservación” es muy clara al respecto, de modo que para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, esa gestión no debería resultar difícil de planificar. Sin embargo, la realidad es muy distinta, y el resultado es casi siempre el mismo: Los montes se van deteriorando paulatinamente, y lejos de ser sostenibles, las explotaciones esquilman el paisaje y el recurso, poniendo en jaque su propio futuro y el de las generaciones posteriores.
El origen de esta discrepancia entre objetivos y gestión está en dos factores fáciles de entender, pero muy difíciles de corregir. Por un lado está el hecho de que, desde el punto de vista de las empresas del sector forestal, cualquier medida que ponga límites a su actividad extractiva, supone una merma en los beneficios (conflicto de intereses entre explotar y conservar). Por otro, está el desconocimiento profundo sobre lo que significan conservación y sostenibilidad, por parte de muchos de los profesionales encargados de planificar la gestión del monte, que a menudo están también afectados por un conflicto de intereses entre explotación y conservación. La combinación de ambos factores supone una presión constante para explotar el monte con mayor intensidad y así aumentar el beneficio, dando como resultado su degradación. En definitiva, pérdida de biodiversidad y sobreexplotación.
Como consecuencia de estos dos factores, la sociedad lleva décadas sometida a un bombardeo continuo e interesado de falacias sobre qué debemos hacer para conservar el monte. Los medios repiten sin cesar que el monte se deteriora cuando se “abandona”, y que debemos “cuidarlo” para cambiar esa situación. En las próximas líneas intentaré explicar qué nos dice la evidencia científica sobre qué es conservar un monte, y cómo la gestión forestal enfocada en la intervención y la explotación, demuestran que esas evidencias son ciertas.
CÓMO SE CONSERVA UN BOSQUE
Un bosque es un monte cubierto de árboles, bajo los cuales crecen arbustos, matorrales y hierbas. Los bosques mejor conservados, con mayor biodiversidad, son aquellos que nunca han sido manejados por el hombre, lo que se conoce como bosques primarios. Este tipo de bosques cada vez son más escasos en todo el mundo, y en Asturias probablemente ya no quedan más que algunos minúsculos retazos muy difíciles de identificar. Esto no significa que la región no disponga de bosques en buen estado de conservación.
Cuando se detiene el manejo o la explotación de un bosque que ha sido intervenido por el hombre durante un tiempo, su desarrollo pasa a estar regulado exclusivamente por factores naturales. Hay que tener en cuenta que la decisión de dejar de intervenir, también es gestión; en este caso con el objetivo de devolver su control a la naturaleza. Si la perturbación causada durante el periodo en que el bosque fue manejado por el hombre no ha sido excesiva, y las especies que vivían en el lugar siguen estando presentes en él o en sus inmediaciones, el ecosistema tiene una enorme capacidad de recuperación. Con el paso de los años, la ausencia de manejo puede dar lugar a un bosque secundario semejante a lo que fue el bosque original. Por eso, la mejor manera de conservar o recuperar un bosque, es abandonarlo. Dependiendo de las circunstancias, el monte puede evolucionar hacia una formación de matorral o arbustiva, igualmente valiosa desde un punto de vista de conservación.
Los bosques mejor conservados, con mayor biodiversidad, son aquellos que nunca han sido manejados por el hombre, lo que se conoce como bosques primarios
En Asturias, procesos de regeneración de este tipo llevan produciéndose varias décadas gracias a las políticas de conservación que se iniciaron hace 50 años. Por este motivo, la región cuenta actualmente con numerosos bosques secundarios con un buen estado de conservación, y con un gran futuro potencial como reservas naturales. Estos bosques tienen suelos maduros que favorecen la retención y descontaminación del agua de lluvia, así como descomposición y retorno de nutrientes. Capturan y almacenan carbono y protegen las laderas de la erosión.
El ejemplo más emblemático es el de Muniellos. Este bosque estuvo sometido a una explotación muy intensiva durante 200 años, hasta que ésta cesó en 1973. Estas décadas de evolución completamente natural, han convertido a Muniellos en un verdadero símbolo de la conservación de los bosques cantábricos. Bosques secundarios como Muniellos se caracterizan por tener un sotobosque muy desarrollado, árboles de todas las edades, desde los recién germinados hasta los más gruesos, en muchos casos ya secos y colonizados por multitud de animales, plantas y hongos que dependen de la madera muerta para sobrevivir o para cobijarse.
El monte incluye no sólo los bosques, sino también las áreas desarboladas pero no cultivadas, cubiertas de matorrales y arbustos, que cumplen funciones similares a las de un bosque y que a menudo son un paso previo al mismo. Al igual que ocurre con los bosques, la ausencia de manejo es la que determina su estado de conservación, es decir, el abandono favorece su recuperación y conservación.
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COMO BASE PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE
Si nos atenemos a las evidencias, la conclusión es muy clara: Para cuidar un monte sólo hay que dejar de manipularlo, dejar que la naturaleza tome el control. Tomando esa premisa como base, está claro que no tiene sentido pensar que todos los montes de la región pueden destinarse expresamente a conservación. Nuestra sociedad necesita recursos para sobrevivir, y eso incluye la explotación de una parte del monte. Con una superficie forestal que actualmente ronda el 75 % del total regional, en Asturias hay espacio para todo.
La ciencia también ofrece abundante información sobre cómo se deben delimitar y organizar las áreas destinadas a conservación, para evitar la pérdida de biodiversidad. También disponemos de conocimientos sobre el tipo y la intensidad de usos que se puede dar a esas áreas, sin que ello vaya en detrimento de su conservación. Es posible crear diversos niveles de uso, desde zonas en las que el acceso se limite sólo a labores de estudio, hasta otras en las que se puedan establecer rutas que permitan a la gente conocer la naturaleza y aprender a valorarla.
De igual modo, sabemos qué pautas de explotación permiten extraer recursos de manera sostenible, es decir, sin degradar el territorio, y cuáles no. La labor de un buen gestor consiste en regular los usos del territorio, delimitando áreas libres de intervención destinadas a conservar el monte, y otras sometidas a explotación, donde el objetivo principal sea la extracción sostenible de recursos naturales.
NATURALIZAR LOS CULTIVOS FORESTALES PARA HACERLOS MÁS SOSTENIBLES Y BIODIVERSOS
Existen formas de explotar el monte que permiten reducir de manera muy notable el impacto sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y la hidrología, además de hacerlo menos propenso a plagas, gracias a la acción de los depredadores y parasitoides naturales.
En Asturias, la mayor parte del sector forestal está basado en el cultivo de especies exóticas, en su mayoría pinos y eucaliptos. Existe abundante documentación científica que evidencia el fuerte impacto negativo de este tipo de cultivos sobre la biodiversidad. La explotación se efectúa además de manera muy agresiva, con talas a matarrasa (se talan todos los árboles) en las que a menudo se retiran todas las ramas, dejando el suelo completamente desnudo. La eliminación de toda la cubierta vegetal, unida a la apertura de pistas y el trasiego de maquinaria pesada, conlleva una erosión muy intensa tras la tala.
Sustituir estas especies por otras autóctonas y cambiar el modo en que se desarrollan los aprovechamientos forestales, supondría un cambio drástico en lo referente al impacto ambiental. Por ejemplo, la producción de pulpa para papel se podría hacer a partir de madera de abedul, una especie muy común en Asturias, y que hace mucho tiempo que se utilizan en el norte de Europa con esa finalidad. Mezclar diferentes especies autóctonas, en lugar de una sola, permitir que haya un porcentaje de árboles viejos que nunca se talen, reducir al mínimo las pistas y dejar el ramaje sobre el terreno, son prácticas que permitirían el regreso de muchas especies de fauna y flora autóctona a las zonas cultivadas, y reducirían los niveles de erosión.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y USO DE BIOMASA
El papel que juegan los incendios en los ecosistemas forestales varía mucho de unas regiones a otras. En el caso de Asturias, el fuego no forma parte de los procesos naturales; sólo uno de cada cien incendios se producen por causas naturales. Por ese motivo, las medidas principales de prevención deberían ser educativas, de concienciación, de vigilancia y de persecución del delito cada vez que este se produzca. Desarrollar campañas bajo el eufemismo “limpieza del monte” para evitar que el monte arda, es un contrasentido, ya que implica destruir aquello que se pretende proteger.
Otro problema que está aumentando con rapidez, es el uso de madera como fuente de energía a escala industrial con la intención de reducir la huella de carbono. Es un planteamiento paradójico. La madera libera más carbono por unidad de energía producida que muchos combustibles fósiles. Junto al carbono, la quema de madera emite muchos contaminantes y micropartículas altamente perjudiciales para la salud. En definitiva, quemar árboles para producir energía no sólo contribuye a incrementar la huella de carbono, sino que conlleva la deforestación de extensas áreas tanto en Asturias como en las regiones limítrofes, o incluso en otros países, si la madera termina siendo importada del exterior. Algo que no tiene sentido si el objetivo final es fomentar la captura y almacenamiento de carbono y la conservación de la biodiversidad.
Rolando Rodríguez Muñoz y Hugo Robles Díez
“La transición energética necesita parar y corregir el rumbo”: ALIENTE presenta alegaciones al nuevo Decreto anti apagón
La Alianza, energía y territorio, ALIENTE, colectivo al que pertenece ANA y que agrupa a más de 200 plataformas que luchan contra la especulación de proyectos de macro-renovables, ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un documento de alegaciones al Proyecto del nuevo Real Decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, en el que denuncia los graves fallos estructurales del actual modelo de transición energética en España. La organización reclama una moratoria inmediata y temporal en la tramitación de nuevas macro-instalaciones renovables hasta que se garantice una planificación ordenada, ambientalmente rigurosa y socialmente justa, además de la implantación de medidas para fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas que el Estado lleva años evitando.
En el documento, de más de 20 páginas, ALIENTE repasa los principales problemas derivados de una implantación acelerada de energías renovables que, desde 2020, “ha sido impulsada por un marco legal altamente desregulado y marcado por la urgencia. Lejos de responder a criterios de interés general, el modelo ha favorecido los intereses de grandes empresas y fondos de inversión, con impactos desproporcionados sobre el medio rural, la biodiversidad y la cohesión territorial.”
ALIENTE destaca que el MITECO ha retirado las medidas para el autoconsumo que incluía el decreto derogado, “medidas que eran insuficientes y a las que deberían añadirse otras más ambiciosas porque España tiene un potencial tremendo en sus tejados que beneficiaria a el conjunto de la sociedad y las pymes, y se está paralizando por las políticas del Gobierno”,
Del apagón al colapso: el 28 de abril como síntoma
El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 fue, para ALIENTE, un aviso grave sobre la fragilidad estructural del sistema eléctrico. “Lejos de ser un fallo puntual, puso en evidencia un sistema sobredimensionado en generación además de descoordinado con la red de transporte y distribución, sin planificación técnica ni control democrático”. El Real Decreto 7/2025, que no fue convalidado en el Congreso, consideran que pretendía continuar y profundizar ese modelo, lo que ha motivado una nueva propuesta del Gobierno que está hasta el día 11 de agosto en fase de alegaciones.
“La respuesta no puede limitarse a medidas técnicas o de emergencia”, sostiene ALIENTE. “Es urgente revisar el modelo de despliegue renovable, aplicar criterios de evaluación ambiental reales, garantizar la participación pública efectiva y priorizar el interés general”.
Una transición sin justicia ni planificación
Desde 2020, el Gobierno ha aprobado al menos diez normas para acelerar el despliegue de renovables, amparándose en la emergencia climática y geopolítica. Sin embargo, las plataformas siempre han denuncias que estas medidas han ido acompañadas de una “progresiva pérdida de garantías ambientales, ausencia de ordenación territorial y exclusión de la ciudadanía en los procesos de decisión.”
Entre los impactos ya documentados por ALIENTE destacan la fragmentación del territorio por miles de proyectos no coordinados, la ocupación de espacios de alto valor ecológico y agrícola, la saturación de zonas rurales sin evaluación acumulativa de impactos, una gran pérdida de biodiversidad y paisaje, además de la generación de conflictos sociales en los pueblos, desplazamiento de actividades económicas del medio rural y una creciente desconfianza institucional.
El modelo, denuncian, ha convertido la despoblación rural en “ventaja competitiva” para las grandes promotoras, según llegó a reconocer el propio Ministerio en una orden publicada en el BOE en 2023.
Europa, a conveniencia: se ignora lo esencial y no se aplica lo que interesa a la sociedad
Las alegaciones critican duramente la transposición parcial e interesada de las directivas europeas sobre renovables. ALIENTE denuncia que España aplica las disposiciones que permiten acelerar proyectos o eximir evaluaciones ambientales, y a su vez omite los requisitos clave de planificación, participación y protección ambiental.
En particular, recuerdan que no se han delimitado formalmente las “zonas de aceleración” renovable que exige la Directiva (UE) 2023/2413, que consideran que deberían ser solo las zonas antropizadas y con menos impacto, pero en la práctica se está tratando todo el territorio como si lo fuera. Tampoco se han implementado las directivas sobre comunidades energéticas, gobernanza participativa o transparencia de acceso a red, y con ello permiten que las empresas distribuidoras energéticas frenen las comunidades energéticas y bloqueen el vertido de excedentes en el autoconsumo de empresas.
“El resultado es un modelo desequilibrado que fomenta la especulación, la concentración de poder y la exclusión social, contraviniendo el derecho europeo y degradando los fundamentos de la transición justa”, concluye el documento.
Una moratoria para corregir: no todo vale, ni a cualquier precio
ALIENTE propone una moratoria parcial o total en la tramitación de nuevos proyectos de renovables a gran escala, hasta que se cumplan al menos estas condiciones:
“No se trata de parar la transición, sino de reorientarla con justicia, transparencia y sostenibilidad. Una moratoria es una herramienta democrática para frenar un modelo que ha perdido legitimidad y que pone en riesgo los propios objetivos climáticos”, afirma la plataforma.
ALIENTE denuncia también que, durante la tramitación del Real Decreto-ley 7/2025, el Gobierno ha promovido un relato de consenso ambiental apoyándose solo en determinadas organizaciones ecologistas afines, excluyendo a las más críticas y a los colectivos afectados. Esta estrategia, a juicio de la asociación, ha generado una fractura en el movimiento ecologista y ha servido como “coartada política” para justificar una norma profundamente desequilibrada. Alertan de que con esta transición energética “se está produciendo el mayor daño al medioambiente de la historia en nuestro país”, y que según el IPCC evitar la pérdida de biodiversidad es una de las principales herramientas para frenar la emergencia climática.
El documento de las alegaciones ALIENTE incluye propuestas técnicas y jurídicas para reformular artículos clave del proyecto normativo. Algunas de las medidas destacadas incluyen:
Transmiten que todas las propuestas están orientadas a “recuperar el control público, evitar la especulación y asegurar que la transición energética beneficie a las personas y al territorio, no solo a los grandes inversores”.


Las costuras en el ecologismo y el decreto antiapagones
XABIER VÁZQUEZ PUMARIÑO – 2025-08-06 – DESTACADO/REFLEXIO
(Publicado originalmente en gallego en Nós Diario. Esta versión, ligeramente ampliada, ha sido traducida por el autor.)
La Corte Internacional de Justicia acaba de emitir una sentencia histórica: los Estados que no cumplan los objetivos climáticos violan el derecho internacional. Así de claro. El derecho a la vida y a la salud se ve amenazado por la inacción frente al cambio climático. No actuar equivale a vulnerar derechos humanos fundamentales. Es algo más que una llamada de atención a la comunidad internacional.
Mientras tanto, en España, el RDL 7/2025, conocido como decreto antiapagones, cae en el Congreso por falta de apoyos, dejando al descubierto un problema serio: la falta de consenso tanto en la izquierda, en general, como en el propio ecologismo, en particular, sobre cómo afrontar el cambio climático, lo que se viene llamando transición ecológica.
El RDL contenía medidas necesarias, sin duda, como el refuerzo del sistema eléctrico para evitar apagones, el impulso del autoconsumo y de las comunidades energéticas, la recuperación de concesiones inactivas, etc. En definitiva, un avance hacia una matriz eléctrica limpia y descentralizada.
Ahora bien, había puntos mejorables —diría que incluso fácilmente mejorables— como la repotenciación de parques eólicos sin evaluación ambiental, la declaración de interés público para que los proyectos esquiven trámites, etc.
El RDL pone de manifiesto un daño colateral, independientemente de que haya sido rechazado o no: las contradicciones y la falta de una estrategia común en el ecologismo y, por extensión, en la izquierda recién subida al carro ecologista. Simplificando, por un lado, tenemos un ecologismo desconectado de la naturaleza —aunque pueda sonar extraño—, que tiene gran eco en la política y los medios de comunicación, y que, básicamente apuesta por un capitalismo verde, si bien quizás como una transición. Este grupo protagoniza incluso documentales en la televisión pública recogiendo el eco de determinados lobbies energéticos con llamamientos a la “esperanza” y, tras el rechazo del RDL, se apresuraron a calificar al otro grupo de “retardistas”.
En la otra banda, un ecologismo apegado a la tierra y con sensibilidad hacia la pérdida de biodiversidad y que nos recuerda que no todo vale en nombre de la lucha contra la emisión de CO2. La falta de criterio, en muchas ocasiones, y una ausencia de alternativas bien formuladas a la quema de combustibles fósiles que supone una amenaza global y no se resuelve con un mero discurso defensivo.
Entre ambos, el ecologismo posibilista intenta hacer equilibrios, en ocasiones, con poco respeto por los debates necesarios. Llamar “retardista” a quien simplemente reclama garantías ambientales o participación ciudadana es tan gratuito como inútil. No se construye consenso insultando. La transición ecológica necesita conflicto, sí, pero también necesita puentes.
La realidad es que ningún enfoque sobra. La magnitud y la extrema complejidad del desafío climático exige reducir radicalmente las emisiones sin destruir más biodiversidad y manteniendo una cierta calidad de vida de las comunidades locales. No se pueden destruir ecosistemas en nombre de la energía limpia, por muchas razones, pero también porque esos ecosistemas son sumideros de carbono atmosférico, cuestión que se olvida habitualmente. Al mismo tiempo, bloquear cualquier infraestructura mientras seguimos quemando gas y carbón importado tampoco tiene ningún sentido.
¿Cuál es, entonces, la salida acertada de semejante confusión? Pues el decrecimiento, la postura seria y necesaria. No se trata de hacer una simple sustitución de energías fósiles por renovables, sino de reducir drásticamente el consumo energético global. Al respecto, hay que señalar que históricamente ninguna fuente energética ha sustituido a la anterior, sino que se ha sumado, y eso es lo que permite el crecimiento económico y demográfico. Sin un cambio profundo de modelo, las renovables son un parche más.
El decrecimiento exige corresponsabilidad, pero no solo por parte de los territorios de sacrificio. Las grandes ciudades pueden reducir su consumo energético, y ahí está el ejemplo de París, que reduce sus emisiones y gana calidad de vida. Mientras tanto, Madrid parece ir en la dirección contraria; Barcelona también: pretenden ampliar el aeropuerto sobre una zona húmeda (uno de los mejores sumideros de CO2). Mientras el BNG rechaza el RDL y el PSOE lo apoya, ambos apuestan por la construcción de una infraestructura que destruirá biodiversidad, paisaje, sumideros de carbono atmosférico y que está destinada, fundamentalmente, a la emisión de CO2: la A-76. Son solo ejemplos de contenidos que podrían formar parte de un hipotético RDL si realmente se quisiera reducir las emisiones de CO2.
La transición que necesitamos es profunda, incómoda y llena de contradicciones. Hace falta menos soberbia y más política, menos dogma y más diálogo, más reflexión y más conocimientos de ecología, física y matemáticas. Lo que está en juego no es cómo producimos la electricidad, sino la civilización humana tal y como la conocemos. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia no deja lugar a dudas: no actuar es ilegal y, moralmente, imperdonable.

El Ayuntamiento de Medina Sidonia ha hecho pública la “Consulta Previa del Avance del nuevo PGOM de Medina Sidonia”, asunto este tratado en el Pleno Ordinario del pasado 17 de julio.
ANA ya ha descargado todos los documentos y estamos leyéndolos, tenemos sugerencias que hacer y las haremos dentro del plazo dado, pedimos a nuestros socios, simpatizantes y seguidores que también hagan sus sugerencias y ofrecemos la posibilidad de incorporarlas al documento que hagamos desde nuestra asociación.
El Ayuntamiento, en su anuncio, dice: “se habilitarán medios para atender a las personas interesadas en realizar consultas o resolver dudas sobre el documento”, nosotros en ANA también ofrecemos esta posibilidad de atender consultas y resolver dudas, para ello se puede contactar con nosotros a través del correo electrónico analajanda@live.com
Repetimos nuestro comentario de una publicación anterior donde pedimos al Ayuntamiento que la Consulta Previa del Avance se pueda acompañar de algún tipo de actividades complementarias, que consideramos como imprescindibles, para la difusión, la información detallada y el debate sobre las alternativas propuestas, que puedan incentivar la participación, y la posterior presentación de Alternativas o Sugerencias.
Reproducimos a continuación la imagen y el texto publicado por el Ayuntamiento de Medina Sidonia, y aprovechamos para dar nuestra opinión sobre el poco acierto que han tenido las personas responsables del diseño de la imagen, a nuestro entender incluir una grúa de obra no solo no tiene sentido alguno sino que además puede confundir bastante a la ciudadanía, este Plan no es un plan de obras, este Plan es un plan de ordenación del territorio, es decir, de todo el término municipal, mayoritariamente suelo rústico.

Consulta Previa del Avance del nuevo PGOM de Medina Sidonia
Informamos a la ciudadanía que, desde hoy 1 de agosto y durante un plazo de dos meses, estará abierta la consulta previa del avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
Durante este periodo, se podrán presentar aportaciones y sugerencias a través del Registro General del Ayuntamiento. Además, se habilitarán medios para atender a las personas interesadas en realizar consultas o resolver dudas sobre el documento.
Toda la información está disponible en los siguientes enlaces y en el tablón de edictos del Ayuntamiento:
https://www.medinasidonia.es/…/261-consulta-previa-pgom
https://gobiernoabierto.dipucadiz.es/catalogo-de…
¡Tu participación es fundamental para construir el futuro de Medina Sidonia!
#MedinaSidonia #PGOM #ParticipaciónCiudadana #Urbanismo #GobiernoAbierto
ANA solicita a los ayuntamientos de: Barbate, Benalup Casas Viejas, Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, que se dirijan formalmente y por escrito al Secretario de Estado de Medio Ambiente – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, SOLICITANDO la inclusión de la Janda en el Life Humedales.
Esta petición ya se ha realizado por parte de José Manuel López Vázquez (presidente de la Asociación Amigos de la Laguna de La Janda), en representación de la plataforma de organizaciones en defensa de la recuperación de los humedales de la Janda.

En su escrito, José Manuel López dice “las organizaciones ambientales que llevamos años trabajando con este objetivo, solicitamos formalmente a ese Ministerio la incorporación de los humedales de la Janda a la lista de espacios a considerar dentro del Proyecto LIFE Integrado de Humedales, recientemente aprobado por la Unión Europea.”
José Manuel López en su escrito aprovecha para hacer otras peticiones y clarificar nuestra postura, textualmente dice:
“Sin duda, la inclusión de la Janda en dicho proyecto supondría un avance significativo por su simbolismo, pero consideramos que esta medida resulta claramente insuficiente para conseguir la necesaria recuperación del dominio público a restaurar. Esta valoración se basa tanto en la postura, expresamente manifestada por los actuales ocupantes de los terrenos durante la citada reunión, como en la Resolución que dio fin al expediente de investigación patrimonial instruido por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía. En ambos casos se sostiene la inexistencia de dominio público, la titularidad privada de los terrenos y la ausencia de voluntad para restaurar los humedales en su día desecados.
Por todo lo anterior, consideramos imprescindible que la Administración del Estado se implique más activamente en este proceso, marcando objetivos más ambiciosos que los contemplados en el proyecto LIFE.
El Estado, como titular de los terrenos de dominio público hidráulico, no puede ni debe permanecer impasible ante lo que consideramos una manifiesta dejación de funciones por parte de la Junta de Andalucía respecto a la defensa y protección del dominio público hidráulico en la demarcación hidrográfica del Guadalete y Barbate. En este sentido, y en cumplimiento de lo textualmente recogido en el punto tercero de la Resolución que puso fin al referido expediente de investigación patrimonial instruido por la Junta de Andalucía, el Estado debe “resolver sobre la existencia de dominio público hidráulico estatal en la zona” y comunicar oficialmente su resolución a la Junta, aportando para ello la documentación cartográfica actualizada y georeferenciada que delimite, con la mayor precisión técnicamente posible, los terrenos en su día deslindados como dominio público en la Janda.
Consideramos que solo una respuesta oficial inequívoca por parte del Estado que reafirme el dominio público, impulsará a la Junta de Andalucía a ejercer sus competencias en defensa y protección de dicho dominio. Solo entonces podrá abrirse una vía realista de restaurar humedales en la Janda. En nuestra opinión, si no se produce tal pronunciamiento, la Junta de Andalucía seguirá considerando los terrenos como de titularidad privada, lo que, sumado a la oposición de los actuales ocupantes de los terrenos, hará totalmente inviable la restauración de una sola hectárea de humedal.
Asimismo, reiteramos la necesidad de que el marco de participación de la sociedad y las administraciones para la restauración de los humedales, así como los instrumentos financieros necesarios para conseguir dichos fines, trasciendan el ámbito del proyecto LIFE.
Es imprescindible que el Ministerio asuma el liderazgo del proceso y designe, dentro de su organigrama, una persona o un equipo responsable que actúe como interlocutor y encargado de coordinar y catalizar todos los expedientes y acciones necesarias para la recuperación del dominio público y la restauración de humedales de la Janda. Esta restauración se ve cada vez más comprometida y resulta progresivamente más costosa, debido al acelerado ritmo de transformación de los antiguos lechos lagunares en cultivos superintensivos de aguacates y olivos, que además amenazan gravemente la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos.
Confiamos en que este Ministerio sabrá valorar la urgencia de actuar con decisión y eficacia para garantizar la recuperación de la laguna de La Janda. Quedamos a su disposición para colaborar en cuantas acciones sean necesarias y reiteramos nuestra voluntad de contribuir, desde la sociedad civil, a un proceso que consideramos esencial para la restauración de uno de los humedales más emblemáticos y degradados del sur peninsular.
Tarifa a 28 de julio de 2025”