POR UNA MORATORIA INMEDIATA A LA INSTALACIÓN DE NUEVAS PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES DE GRANDES DIMENSIONES. MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PAISAJE RURAL, LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA.

INTRODUCCIÓN.-

La necesaria e imparable expansión de la energía fotovoltaica y eólica como consecuencia de la transición energética impulsada no solo a nivel estatal, sino comunitario e internacional, desde las energías fósiles hacia las energías de fuentes renovables, responde a diferentes finalidades: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y así la lucha contra el cambio climático y el aumento de fenómenos extremos, transitar el descenso de los recursos fósiles, o el incremento de la independencia energética y la garantía de suministro.

Fruto del marco normativo favorable para este tipo de fuentes de producción energética, como lo es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, existen en la actualidad gran cantidad de proyectos de energía renovable en tramitación o a punto de ser solicitados, proyectos que también tienen sus propias limitaciones y generan impactos medioambientales.

La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas solares y eólicas. Muchas de estas plantas de energía renovables afectan a áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de una singular comunidad de flora y fauna en buena medida exclusiva de estos espacios andaluces. Proyectos, que en su mayoría afectan a zonas y espacios donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión Europea.

Es necesario recordar que la conservación de la biodiversidad es una política prioritaria de la UE, es decir, el impulso y la obligatoriedad del cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats (LIC) y la Directiva 2009/147/CE sobre Aves (ZEPA) deben considerarse al mismo nivel que las Directivas que rigen la lucha contra el cambio climático y el impulso de las energías renovables.

JUSTIFICACIÓN.-

En Andalucía, más de 600 proyectos fotovoltaicos están en proceso de tramitación. Se están promoviendo unos 21.000 MW de renovables y en un futuro próximo se podrían promover otros 11.000 MW. Antes de la aprobación y desarrollo de estos proyectos, consideramos necesario establecer áreas de exclusión para la instalación de proyectos de renovables a gran escala teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola, y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios.

Urge un proceso planificado y racional, sin malas prácticas habituales como el fraccionamiento de proyectos, y basado en el mejor conocimiento técnico y científico disponible, generado y contrastado, con independencia de empresas y promotores. La planificación del desarrollo e implantación de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas en la Comunidad Autónoma es una medida necesaria, y aún más, diríamos que imprescindible, con miras a evitar o minimizar los impactos sociales y ambientales en el entorno, evitar los movimientos especulativos en el sector, garantizar la adecuada protección de los ecosistemas y amparar el derecho de la ciudadanía al acceso a las redes para poner en marcha instalaciones ligadas al consumo.

Es prioritario que la implantación y desarrollo en el ámbito territorial autonómico de las instalaciones de energía renovables se someta a su previa planificación energética estratégica a escala regional, a fin tanto de garantizar la integración de políticas sectoriales, como muy especialmente incluir la consideración de un medio ambiente bien conservado de forma transversal y la protección de los recursos naturales. Con la imperativa necesidad de que las energías renovables sean un éxito, es preciso que, entre otras circunstancias, se evite a toda costa la fragmentación

de los megaproyectos. Esto puede lograrse al implementar medidas que garanticen la utilización del territorio mediante la planificación, la ordenación y la necesaria participación ciudadana.

Una planificación, regulación y control adecuados son los que deben establecer las zonas donde instalar estos nuevos proyectos, para así además evaluar con exactitud los impactos y repercusiones ambientales, sinérgicos y combinados, originados por este cúmulo de instalaciones, más allá de la evaluación en concreto del impacto ambiental de cada instalación fotovoltaica o eólicas aisladamente.

Por otra parte, la zonificación de los proyectos es uno de los principales aspectos a tener en cuenta en la evaluación ambiental, delimitándolos no solamente a espacios degradados, sino realizando un seguimiento efectivo a los impactos en la biodiversidad del territorio, contemplando además de la instalación, todas las actividades necesarias para su desmantelamiento. El requerimiento de la zonificación permite que además de verificar que el proyecto se encuentre delimitado dentro de las zonas compatibles para su desarrollo, al margen de las zonas de exclusión, se pueda evidenciar la distancia de otras fases o etapas del mismo proyecto que hayan sido indebidamente fragmentadas por sus promotores, sea a efectos evaluatorios o aún para evitar que la competencia para la tramitación, evaluación ambiental y ulterior aprobación recaiga en la Secretaría de Estado de Energía.

Con el objetivo de alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, y que se tengan en cuenta cuestiones medioambientales a la hora de elaborar, adoptar y ejecutar planes y programas, fue aprobada la Directiva 2001/42/CE de Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (EAE) por la que se supedita a una comprobación y evaluación previa la elaboración y aprobación de determinados planes y programas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente, aunque éstos determinen el uso de pequeñas zonas a escala local, si es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente. El margen de discreción de los países de la UE está limitado por los criterios de significación del Anexo II de la Directiva, agrupados en dos categorías relativas a los propios planes o las repercusiones o influencia en la zona.

La necesidad de planificación del desarrollo de energías renovables tanto a escala estatal, autonómica y local se está abordando recientemente de forma desigual e incompleta por las administraciones responsables, y en todo caso con retraso frente al rápido incremento de solicitudes de instalaciones al amparo de la necesidad de descarbonización de la economía y estímulos para este emprendimiento. Soluciones como la moratoria en las solicitudes de acceso, acordada por el Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, evidencia ese desacople entre planificación y actividad empresarial que están impidiendo un desarrollo justo y sostenible de las energías renovables, con infracción del mandato del artículo 45 de nuestra Constitución de hacer un uso racional de los recursos naturales. Es precisa una mayor y mejor concreción de la planificación, así como criterios para hacer un uso racional del territorio y recursos naturales, y no trasladar el problema del cambio climático a otro lugar u otro ámbito, como es la pérdida acrecentada de la biodiversidad, según vienen denunciando los científicos, con consecuencias tan perjudiciales como la aparición del virus del Nilo en nuestra región o la propia pandemia de la COVID-19.

El estado de las poblaciones de muchas aves y murciélagos ni siquiera se conoce. Es el caso de las poblaciones de aves esteparias, de las cuales se desconoce sus poblaciones y las zonas más sensibles, debido a la carencia de estudios detallados y de planes de recuperación para estas especies. En concreto, los planes de estos nuevos megaproyectos de energías renovables afectarán a miles de hectáreas de terrenos de tradición cerealista y de estepas leñosas, de menor valor económico, pero de gran valor para las aves esteparias. Se necesita un compromiso más fuerte, con políticas energéticas más distribuidas y descentralizadas, donde se prioricen las pequeñas instalaciones e inversiones locales, con eficiencia, gestión de la demanda, ahorro de energía, autoconsumo y la mejora del rendimiento energético de los edificios, que reduzcan los impactos ambientales directos sobre la biodiversidad, el territorio y el patrimonio natural y cultural. Sirvan como instrumentos y amparo legal para acometer una adecuada planificación los siguientes:

− El artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurren en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. Dado que según el artículo 21 de la misma Ley la producción de energía incluye las infraestructuras de evacuación (transformación y conexión a red de transporte) por aplicación analógica, las instalaciones de producción de energía que alimentan, y deben emplazarse lo más próximas posibles a dichas líneas de transporte, también deberían estar contempladas en la planificación territorial y urbanística.

− El artículo 53 de la misma Ley, a la hora de regular el procedimiento de autorización de la producción de energía, exige que la iniciativa contemple las características del emplazamiento (no vale en cualquier lugar), pues las autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las autorizaciones necesarias que resulten aplicables en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, pudiéndose denegar la autorización por incumplimiento de tal legislación.

− La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible contempla en el artículo 78 la obligación de aprobar planes nacionales de ahorro de energía y planes de renovables que contemplen “MEDIDAS DE ORIENTACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN” y fomento de la oferta y el consumo. Medidas de orientación para impedir que se generen TERRITORIOS SATURADOS DE RENOVABLES o la pérdida de suelos agrícolas y hábitats de especies.

− Más adelante en el artículo 79, al hablar de la planificación energética indicativa establece la obligación de llevar a cabo una planificación en la que se establezca un modelo de generación y distribución, con “previsiones útiles para la toma de decisiones en la inversión por la iniciativa privada y para las decisiones de política energética fomentando un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad de suministro y la protección del medio ambiente”. No cabe duda que sería de utilidad para promotores (y afectados) contar con criterios ambientales y de capacidad territorial para la toma de decisiones en cuanto al emplazamiento, máxime cuando según se establece en el apartado 3.d) de dicho artículo, a la hora de tomar en cuenta la competitividad de las diversas energías, se ha de tomar en cuenta no solo los costes de la cadena de generación, sino también los costes ambientales y los intergeneracionales, y eso solo se consigue si los proyectos que se autoricen se corresponden con una planificación real y eficaz.

− Lamentablemente, el Plan Nacional de Energía y clima 2021-2030 recientemente aprobado, no ha dado respuesta a los problemas de burbuja de energías renovables, ni ha fijado criterios o medidas que permitan una planificación responsable y sostenible a escala local, que permita hacer un uso racional y ético de los recursos naturales. El problema de la afección ambiental es inexistente en esta planificación y no recoge las recomendaciones. De acuerdo con la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, propone, para reducir “la elevada incidencia territorial”: su integración en espacios urbanos e industriales; la optimización de instalaciones ya existentes gracias a los avances tecnológicos; por la integración ambiental y territorial mediante la implementación de medidas específicas para la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y por el aumento de la participación pública”. Y todo eso solo se consigue con una planificación previa a escala nacional, regional y local.

− La Directiva (UE) 2019/944 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, en su artículo 8, a la hora de regular los procedimientos de autorización de nuevas instalaciones de generación, obliga a los Estados a adoptar procedimientos con criterios objetivo sobre utilización del suelo público y protección del medio ambiente, ordenación del territorio, eficiencia energética y alternativas a la creación de nuevas instalaciones, criterios que deberán ser incorporados a la planificación.

Por todo ello, Los abajo firmantes SOLICITAMOS:

1.- Que se acuerde la suspensión de cuantos procedimientos de instalación de autorización y evaluación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, que se estuvieran tramitando, que no incluyan pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria.

2.- La moratoria inmediata de su tramitación, aprobación y construcción en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición Energética en Andalucía, ya que el Plan de Acción por el Clima de Andalucía no incluye esta necesaria planificación.

3.- Que se organice una Asamblea Ciudadana en relación a la Transición Energética en Andalucía, que asegure una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones tal y como exige la normativa comunitaria en materia de participación e información pública relativa al medio ambiente.

Firmas:

ANA (Asociación Amigos de la Naturaleza) y otras más de ciento treinta organizaciones.