El suelo es esencial para la
vida: más del 95 % de nuestros alimentos y la mayoría de los elementos básicos
para las plantas provienen de él. Sin embargo, el cambio climático y la
actividad humana han llevado a que un 33 % de los suelos del planeta esté
degradado.
Las prácticas sostenibles
permiten frenar este deterioro: reducen erosión y contaminación, mejoran la
infiltración del agua, preservan la biodiversidad y ayudan a almacenar carbono,
siendo claves en la lucha contra el cambio climático.
La World Reference Base (#WRB) clasifica los suelos en dos
niveles:
un primer nivel con 32 Grupos de
Suelos de Referencia (#GSR),
un segundo nivel que añade al
GSR un conjunto de calificadores principales y suplementarios.
El Mapa de Suelos de España
(2025), basado en datos del European Soil Data Centre (#ESDAC) y adaptado a la última WRB,
muestra los 18 Grupos de Suelos de Referencia dominantes en nuestro país, junto
con sus calificadores, ofreciendo una visión sintetizada de la diversidad
edáfica española.
Consulta el mapa recientemente actualizado en el #geoportal del #ANE
OPINIÓN Transición energética: avanzar sí, pero no a costa del territorio
Son Bonet es una oportunidad para demostrar que España puede hacer una transición energética sin repetir el viejo hábito de ocupar primero lo más fácil, aunque sea lo más valioso.
Olivia Cerdeiriña Bióloga especializada en gestión del territorio y agroecología
1 dic 2025 06:00
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España corre hacia la descarbonización con una velocidad inédita. Surgen macroplantas fotovoltaicas que ocupan miles de hectáreas, grandes sistemas de almacenamiento empiezan a expandirse sobre suelos agrícolas, y nuevas líneas de evacuación atraviesan comarcas enteras. Todo urgente. Todo necesario. Todo “por el clima”.
Pero una pregunta incómoda emerge en municipios de toda la Península: ¿Puede la transición energética generar impactos irreversibles si no se planifica con criterios territoriales, ecológicos y sociales?
Vivimos una paradoja inquietante. Mientras Europa protege suelos fértiles, restaura ecosistemas y renaturaliza ciudades, aquí aumenta la presión para ocupar campos vivos, corredores ecológicos y espacios urbanos esenciales con proyectos que a menudo llegan antes que la planificación, antes que la ciencia y, en demasiados casos, antes que la ciudadanía.
Estamos ante una disyuntiva histórica: acelerar sí, pero no a cualquier precio. Transformar sí, pero sin destruir lo que nos protege del propio cambio climático
El riesgo es claro: repetir los errores del urbanismo expansivo, pero envueltos en un discurso verde. La transición energética no puede convertirse en un pelotazo verde ni avanzar sin gestión territorial, análisis de alternativas o una apuesta real por la agrivoltaica y la descentralización. No hay transición sostenible si el territorio vuelve a ser “lo barato donde todo cabe”
El caso de Son Bonet
Son Bonet es un ejemplo pequeño que contiene un problema mayor. Un aeródromo nacido de expropiaciones forzosas (muchas durante la Guerra Civil), que arrebató a Marratxí parte de su territorio y fracturó comunidades enteras. Familias desplazadas, pérdida de arraigo, miedo… Un impacto histórico del que todavía queda memoria en el municipio.
Como compensación social, desde hace más de 40 años unas 12,5 hectáreas se han consolidado como corredor verde de acceso libre: un espacio donde miles de personas caminan, corren, pasean a sus perros, aprenden a montar en bicicleta o participan en actividades de voluntariado ambiental, reforestación y custodia del territorio.
Esto no es un rechazo a las renovables. Es una exigencia de planificación inteligente, criterio científico y justicia territorial
Algunos lo llaman “descampado”, pero es infraestructura climática esencial: suelo vivo que infiltra agua en un municipio cada vez más impermeable; vegetación que mitiga calor y captura CO2; un reservorio de biodiversidad urbana sorprendentemente resiliente; bienestar comunitario que reduce estrés, sedentarismo y soledad; un espacio que mejora la salud física y mental para miles de vecinos. Un pulmón pequeño en tamaño, gigantesco en valor.
Frente a ello, AENA (empresa con un 51% de capital público, por tanto, dependiente del Gobierno de España) plantea una macroplanta fotovoltaica “de autoconsumo” en el recinto aeroportuario. Y la pregunta vuelve con fuerza: ¿Debe instalarse sacrificando uno de los pocos espacios verdes que aún prestan servicios ecosistémicos esenciales a miles de ciudadanos? ¿Estamos realmente construyendo una transición energética o simplemente repitiendo el viejo patrón de ocupar primero lo más barato, lo más fácil y lo más vulnerable, aunque sea lo más valioso?
El debate no es local. Es el mismo que viven Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura o Andalucía. El mapa energético avanza más rápido que el mapa ecológico.
Esto no es un rechazo a las renovables. Es una exigencia de planificación inteligente, criterio científico y justicia territorial.
La memoria y el territorio
El caso de Son Bonet revela algo más profundo. Habla de cómo un país gestiona la memoria, el territorio y la justicia. ¿Qué nos dice de nuestra cultura política que un espacio nacido de expropiaciones forzosas vuelva a considerarse “disponible” sin una conversación social honesta, sin mirar qué heridas reabre y qué valor ha construido durante décadas de uso comunitario?
¿Qué sentido tiene llamar “autoconsumo” a una instalación que produciría cientos de veces más energía de la que necesita el aeródromo, vertiendo casi toda su generación a la red, contradiciendo incluso su propio Plan Director? ¿Dónde queda el principio de proporcionalidad?
Y hay otra cuestión desde mi punto de vista clave: ¿qué validez tiene un Estudio de Impacto Ambiental que solo calcula el CO₂ evitado, pero no incorpora el CO₂ emitido, embebido o destruido durante el proceso? Sin contabilizar la fabricación de los paneles, el transporte, la pérdida del sumidero natural del suelo, la desaparición de la vegetación, la subida de temperaturas locales (que incrementan la demanda energética) o la pérdida de suelo fértil (que obliga a importar más alimentos), la contabilidad climática deja de ser rigurosa.
Cada hectárea fértil perdida reduce nuestra capacidad de alimentarnos, adaptarnos y ser resilientes, y España no puede permitirse debilitar sus suelos vivos en plena crisis climática y geopolítica
Tampoco debería evaluarse el impacto climático sin considerar la evapotranspiración y la alteración del ciclo del agua, el balance radiativo, el albedo, la isla térmica fotovoltaica o la biodiversidad urbana, factores documentados por la ciencia y que determinan la resiliencia de un territorio.
Surge entonces la pregunta de fondo: ¿qué clase de transición energética estamos construyendo si no es capaz de proteger ni el territorio, ni la historia, ni la salud, ni la convivencia de quienes ya lo habitan? ¿Puede un país defender la justicia territorial si los impactos siempre recaen en los mismos lugares mientras los beneficios se concentran en otros?
¿Cómo encaja este modelo con los compromisos europeos —Green Deal, Estrategia de Suelos, Biodiversidad 2030, Adaptación Climática— que exigen priorizar suelos degradados y proteger espacios verdes urbanos? Si Europa marca el camino, ¿por qué España permite proyectos que lo contradicen?
Hacia una transición energética coherente y justa
Si queremos evitar una fractura social y ambiental y hacer una transición energética sólida, se deben cumplir tres principios. El primero es priorizar suelos ya degradados o antropizados: polígonos industriales, cubiertas públicas, carreteras, aparcamientos… El segundo es proteger los espacios verdes urbanos que sostienen la salud y la adaptación climática. Por último, hay que evaluar todos los impactos reales, no solo el CO₂ evitado (suelo, paisaje, biodiversidad, hidrología y riesgo de inundación, contaminación lumínica y acústica, movilidad, estructura social, memoria histórica, soberanía alimentaria, salud pública…).
Cada hectárea fértil perdida reduce nuestra capacidad de alimentarnos, adaptarnos y ser resilientes, y España no puede permitirse debilitar sus suelos vivos en plena crisis climática y geopolítica. La seguridad energética sin seguridad alimentaria es un espejismo.
¿Qué clase de transición energética estamos construyendo si no es capaz de proteger ni el territorio, ni la historia, ni la salud, ni la convivencia de quienes ya lo habitan?
Estamos ante una disyuntiva histórica: acelerar sí, pero no a cualquier precio. Transformar sí, pero sin destruir lo que nos protege del propio cambio climático.
La emergencia no puede convertirse en excusa para comprometer el territorio que necesitamos para sobrevivir. España necesita renovables. Pero también necesita criterio, ciencia, planificación territorial, memoria y un respeto profundo por el suelo vivo, ese aliado silencioso que regula el clima, secuestra carbono, sostiene la biodiversidad, alimenta comunidades y da identidad a un lugar.
Si la transición energética arrasa los ecosistemas que permiten la adaptación, deja de ser transición para convertirse en una sustitución empobrecedora.
Son Bonet lo demuestra. El futuro dependerá de si aprendemos de estos conflictos… o si los repetimos. Son Bonet es una oportunidad para demostrar que España puede hacer una transición energética sin repetir el viejo hábito de ocupar primero lo más fácil, aunque sea lo más valioso.
Los
olmos de Medina Sidonia desaparecen y crece la indignación ciudadana
Publicado: Martes, 25 Noviembre 2025 01:21 – Escrito por Jesús M. López
La Asociación Naturalista Alcornocales (ANA) ha expresado su desolación e indignación por la eliminación de varios ejemplares de olmos (Ulmus minor) en la Plaza de la Pedrera de Medina Sidonia. Según la organización, el Ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida, “es incapaz de mostrar el más mínimo respeto al arbolado urbano, incapaz de proteger y conservar el patrimonio natural y cultural de la ciudad”.
La asociación considera
“inaceptable lo que se ha hecho con unos ejemplares de Olmos”, calificando la
eliminación de árboles sanos como “un crimen”, y cuestiona que, incluso en el
caso de que fuera necesaria su supresión, “no se entiende cómo éstos no hayan
sido trasplantados a otro lugar”.
El comunicado detalla que
“por la tarde (tarde noche), nos llegó la noticia de que se pensaban arrancar
los árboles, y al día siguiente por la mañana nos pusimos en contacto con la
Concejala de Medio Ambiente, preguntándole si era cierto lo que nos habían
dicho”. La edil, según ANA, respondió “que no lo sabía pero que preguntaría
para enterarse”. Más tarde, comunicó que “efectivamente había que quitarlos por
molestias a la pista deportiva anexa”, aunque aseguró que “ella se encargaría
personalmente de que fueran convenientemente trasplantados a otro lugar”.
Sin embargo, la asociación
lamenta que “al día siguiente, un socio informa que los árboles han sido
talados… ni trasplante ni siquiera el intento… y, rellenado los hoyos con
grava, rápidamente, para evitar miradas curiosas”. ANA afirma que no pudo “dar
crédito, imposible de creer pero desgraciadamente cierto”.
La entidad critica
duramente la gestión municipal y plantea interrogantes sobre la responsabilidad
de la actuación: “No entendemos, y lamentamos profundamente, que en zonas
urbanas se puedan plantar, podar, arrancar árboles sin el conocimiento del
concejal o concejala de Medio Ambiente y peor aún, en contra de sus políticas.
En este caso, ¿ha sido por orden del alcalde? o ¿es que Medina Global está por
‘encima del bien y del mal’? ¿Quién decide, quién gobierna el ayuntamiento de
Medina Sidonia?”.
ANA recuerda que lleva
“muchos años pidiéndole al ayuntamiento de Medina Sidonia, también a otros de
la Comarca de La Janda, un cambio de comportamiento en la gestión de las zonas
verdes y del arbolado urbano”. En su escrito subraya que ya habían solicitado
“que se cambiaran comportamientos propios de arboricidas”, reclamando civismo y
respeto “por la biodiversidad, por la flora, por los árboles y más aún, si
cabe, sabiéndose que estamos en una emergencia climática”.
La asociación sostiene que “es inaceptable, que en una obra
donde el coste del trasplante es irrisorio por las características de la misma
(ya que anteriormente ya habían levantado la pista y las zonas anexas a los
árboles) se actúe cortando árboles sanos y adultos”.
Asimismo, ANA reitera su
disposición a colaborar con el Ayuntamiento para mejorar la gestión de las
zonas verdes: “Desde ANA, también hace años, nos hemos ofrecido públicamente
para asesorar, en temas de jardinería urbana, como asociación con conocimientos
en la materia estamos dispuestos a impartir un taller totalmente gratuito para
que tanto los miembros del gobierno, como técnicos municipales y operarios de
jardinería, puedan adquirir unos conocimientos mínimos necesarios antes de
afrontar una actuación en relación con el arbolado de la ciudad”.
El comunicado añade
que “una elección equivocada de árbol para un lugar determinado, un alcorque
insuficiente o un suelo deficiente, conducen de forma inevitable a problemas
propios de quienes no tienen ni idea en el manejo de la jardinería, problemas
propios y consecuencia de una mala gestión anterior del árbol”. La organización
resume su preocupación con una frase contundente: “Una calle sin árboles es un
erial”.
ANA concluye destacando que “muchos árboles están debilitados
justamente por las podas salvajes practicadas, por lo inadecuado de su
ubicación, por ignorancia o por desidia”. También señala los criterios que
deben tenerse en cuenta para elegir especies adecuadas en entornos urbanos:
• La capacidad secuestradora de dióxido de carbono de cada especie.
• El gasto asociado de agua que conlleva.
• El tipo de función que se espera con el árbol.
• La zona de la ciudad en la que se pretende instalar.
• El tipo de sustrato a emplear y tipo de alcorque que requiera.
• La necesidad de la poda.
El comunicado concluye recordando que “la poda debe ejercerse, con criterios científicos relativos a la biología del árbol”.
Publicado: Lunes, 17 Noviembre 2025 14:12 – Escrito por Jesús M. López
La Asociación Naturalista de la Janda (ANA) ha vuelto a expresar su malestar por las prácticas de poda que, según denuncian, se están llevando a cabo en los naranjos de plazas y calles de Medina Sidonia por parte de la empresa municipal Medina Global. El colectivo sostiene que estas intervenciones se realizan en fechas inadecuadas y sin criterios técnicos apropiados para el mantenimiento del arbolado urbano.
“No es la primera vez que ANA se dirige al
Ayuntamiento de Medina Sidonia sobre el malestar ocasionado por las ‘técnicas’
empleadas en la gestión de las zonas verdes, ‘técnicas’ que de manera
sistemática, generan un daño importante en nuestro arbolado”,
señala el comunicado difundido por la asociación.
El grupo naturalista ha
advertido de que en estos días “hemos vuelto a ver cómo empleados
de la empresa municipal Medina Global están podando naranjos de plazas y vías
públicas, a pesar de nuestras comunicaciones en años anteriores”.
ANA recuerda que los cítricos deben podarse “justo al final
del invierno o al principio de la primavera (en marzo), antes de que el árbol
despierte del todo”, y añade que “en caso de ser
necesario, otra fecha posible para podar es en la parada vegetativa del verano;
pero no se pueden podar los naranjos en el mes de noviembre”.
La entidad explica que en
regiones como Andalucía, donde los inviernos son suaves, la poda puede
adelantarse ligeramente “pero nunca antes de enero”.
También advierte de que “en zonas con menos agua o suelos
pobres, como es el caso, es recomendable una poda más ligera para no estimular
un crecimiento excesivo que el árbol no pueda sostener”.
Según ANA, la poda de cítricos en noviembre “implica
mala cicatrización y un posible aumento de plagas y enfermedades, que mermará
el estado fitosanitario de los árboles”. La asociación
diferencia las prácticas agrícolas, que pueden ser más agresivas por motivos
productivos, de las que deben aplicarse en el ámbito urbano: “En
agricultura se hacen podas agresivas con intereses productivos, para obtener fruta, madera o comida para el ganado. Esas técnicas no
tienen sentido en los árboles ornamentales de la ciudad”.
Desde la organización se
preguntan por los motivos que llevan al Ayuntamiento a realizar estas
actuaciones: “¿Por qué poda los naranjos el Ayuntamiento de Medina
Sidonia?”. Y continúan: “Está claro que los únicos motivos
posibles serían los de una poda de tipo mecánico, urbano o de seguridad. La
razón principal podría ser la de seguridad pública y limpieza (…) pero no es
el caso”.
ANA descarta también otras
razones habituales en este tipo de labores, como la reducción del volumen de
las copas para evitar interferencias con farolas o fachadas, o la eliminación
de ramas bajas que obstaculicen el paso de peatones: “Tampoco es el
caso”, insiste la nota, que reitera la falta de justificación
para la intervención.
El comunicado enumera los efectos
negativos que, según la asociación, conlleva una poda en noviembre:
“Un más que probable riesgo de brotación prematura,
emitiendo nuevos brotes tiernos, que si luego llega una helada invernal esos
brotes se helarán, dañando al árbol y malgastando sus reservas.”
“Unas heridas más expuestas, las heridas de la poda
estarán abiertas y sin cicatrizar durante todo el invierno, lo que las hace más
vulnerables a la entrada de hongos y enfermedades.”
“Pérdida de reservas, ya que el árbol ha gastado
energía en crear yemas y reservas para la primavera, una poda ahora elimina
parte de esas reservas.”
La asociación alerta de que el árbol
urbano “vive
prácticamente fuera de su ambiente natural y no resiste siempre los malos
tratos que recibe, como el descopado, la contaminación por los vehículos, la
compactación excesiva del suelo o las podas abusivas”, prácticas que, según sostienen, “reducen su esperanza de vida y obligan a
plantar nuevos árboles cada poco tiempo, impidiendo que el pueblo disfrute de
ejemplares maduros”.
Por todo ello, ANA concluye reafirmando su postura: “En ANA apostamos por promover una nueva cultura del arbolado urbano”, una gestión más respetuosa con los ciclos biológicos y las necesidades de cada especie.
FOTODELDIA BELÉM (BRASIL), 15/11/2025. – Personas participan en la Marcha Global por el Clima en protesta por la defensa de los bosques, los derechos territoriales indígenas y la responsabilidad climática global, en Belém (Brasil) este sábado. EFE/Andre Borges
Miles de manifestantes alzan su voz en la COP30 en una protesta contra «falsas soluciones»
Belém (Brasil).-
Decenas de miles de personas se congregaron este sábado en la Marcha Global por
la Justicia Climática con una masiva protesta por las calles de la ciudad
amazónica de Belém, en defensa de una transición energética justa y contra «las
falsas soluciones que dominan la agenda oficial de la COP30».
Según la
organización, casi 30.000 personas caminaron durante cerca de cinco kilómetros
hasta llegar a las puertas del recinto oficial donde se desarrollan las
negociaciones de la COP30, para pedir que sus demandas sean incorporadas a la
agenda climática global y a las negociaciones en curso.
La llamada
Cumbre de los Pueblos, una especie de contrapunto a las cumbres climáticas, es
el evento más importante que reúne de la sociedad civil, que reúne año tras año
a ONG, pueblos originarios y activistas ambientales de todo el mundo.
Entre las
principales demandas, la movilización exigió que las negociaciones climáticas
oficiales se enfoquen en el financiamiento a la adaptación, la transición justa
y la eliminación total e inmediata de la dependencia de los combustibles
fósiles, especialmente en la Amazonía.
Además, los
manifestantes rechazaron las denominadas «falsas soluciones» que dominan la
agenda oficial de la COP30, como los mercados de carbono, la bioeconomía sin control
de las comunidades y otras estrategias de compensación, que, según ellos, son
utilizadas para eludir la responsabilidad de las naciones industrializadas y
las grandes corporaciones en la crisis climática.
Este domingo, el comité organizador de la Cumbre de los Pueblos entregará una carta al presidente de la trigésima cumbre climática, el diplomático André Corrêa do Lago, con una síntesis de reivindicaciones, como el reconocimiento del saber ancestral indígena en las cuestiones del clima y la mitigación de las emisiones de gases que causan el calentamiento global. EFE
A las renovables no les salen las cuentas: la rentabilidad se desploma y el sector pide ayuda al Gobierno
Mientras el Ejecutivo saca pecho del auge de la energía verde, en los pasillos empresariales se habla cada vez más de crisis y quiebras en el horizonte de los proyectos fotovoltaicos.
Días atrás, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Santiago Muiño, retrató la incongruencia energética de la ultraderecha con una intervención en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso que se volvió viral. El antropólogo le reprochó a una diputada de Vox el apoyo a Donald Trump en su ataque a las renovables. Recordó que mientras Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y gas, España carece de recursos propios de estos combustibles fósiles, por lo que defender esta industria es, además de un suicidio climático, ir en contra de los intereses del país. “En la península Ibérica, soberanía es igual a renovables, prosperidad es igual a renovables, seguridad climática es igual a renovables”, resumió.
Las palabras de Muiño tuvieron un éxito comunicativo en todas las plataformas de redes sociales, con millones de reproducciones, un terreno que suele ser bastante hostil para los discursos científicos. En pocos segundos, el investigador logró transmitir que además de ser la gran llave para descarbonizar las economías, las renovables son los huevos de la gallina de oro de España, tanto a nivel económico como geopolítico.
Esta visión, compartida por el mercado y por la mayoría de los analistas internacionales —el FMI ha mejorado su previsión de crecimiento para España, en parte, por la consolidación de su transición energética—, choca con las dudas y preocupaciones de quienes están invirtiendo en este sector. Mientras Pedro Sánchez saca pecho en cada visita al extranjero del auge de la energía verde en España, en los pasillos empresariales se habla cada vez más de “rentabilidad a la baja”, “quiebras en el horizonte” y “necesidad de una ayuda” sobre el futuro de los proyectos fotovoltaicos. “Las cuentas no salen y si seguimos así nos vamos a la ruina”, coinciden muchos empresarios de plantas de energía verde.
“Lo que no me vale es que yo juegue al mercado cuando los precios están disparados y luego quiera una retribución regulada, pida intervención, cuando los precios están jodidos”, destaca Ferrando
¿Qué está pasando? Que la mayoría de las plantas solares están teniendo un retorno muy por debajo de lo proyectado cuando trazaron sus planes de negocio, explica Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, un think thank que tiene como misión ayudar a impulsar y acelerar el cambio de modelo energético. Esto se debe a que la demanda no está acompañando a una oferta que se sigue incrementando. “La fotovoltaica ha crecido por tres y la demanda a la que se enfrenta ha bajado”, describe.
Es decir, se proyectó un escenario —con una alta demanda por los coches eléctricos, las bombas de calor, el hidrógeno verde, etcétera— que, a octubre de 2025, dista mucho de la realidad. Entonces, ante una demanda que retrocede en lugar de crecer, cada vez hay un mayor número de horas en las que el precio de la electricidad verde se paga a cero. Por lo tanto, los activos renovables se están desvalorizando en hasta un 60%, según el estudio de una consultora publicado esta semana.
“Muchos promotores pensaron que el negocio iba a ser mejor de lo que está siendo. No es descabellado que entremos en un proceso de venta de plantas con grandes fondos absorbiendo a inversores más pequeños y sacando tajada a esta situación”, aventura Ferrando. El panorama es tan delicado que los portavoces del sector ya le han trasladado al Gobierno la necesidad de “fijar un suelo”: una intervención estatal para romper los precios cero y garantizar un precio mínimo de producción. “Lo que no me vale es que yo juegue al mercado cuando los precios están disparados y luego quiera una retribución regulada, pida intervención, cuando los precios están jodidos”, aclara el director de esta fundación.
La demanda eléctrica viene cayendo en los últimos años. Un 3,7% en los últimos doce meses, según el informe difundido estos días por la consultora Alvarez & Marsal
La Unión Fotovoltaica Española (UNEF) es uno de los actores que presiona para que el Gobierno fije este “precio suelo” para evitar los precios negativos. Días atrás, su presidente, Rafael Benjumea, se lo pidió cara a cara al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien rechazó la solicitud. “La situación es delicada y provoca problemas financieros importantes”, reclamó Benjumea en la actividad que compartieron.
La catarsis
A finales de septiembre, El Periódico de la Energía organizó su tercer Foro de Energía Renovable, un punto de encuentro que suele servir de termómetro para conocer la “temperatura” del sector. “Las cuentas no salen” fue la frase empresarial más escuchada. “Lo mejor es que ya peor no se puede estar, y tenemos que ir a mejor sí o sí”, dijo Raúl Rodríguez, director de Desarrollo de Renovables de Engie, dejando entrever proyectos en quiebra, rescates, refinanciamientos o quitas de deudas para poder salir adelante.
“Estamos viendo como la rentabilidad de los proyectos ha bajado drásticamente”, advirtió Belén López, directora de Renovables de Nostrum Group. ¿Los motivos? Precios bajos, un volumen de vertido (excedentes) que sigue creciendo y una demanda que no despega. En la misma línea, Daniel Garrido, director de Energías Renovables de Eiffage Energía Sistemas, aseguró que el ritmo de instalación se ha parado por esta escasa rentabilidad y vaticinó “quiebras en algunos proyectos y plantas”. “Al fin y al cabo es un problema de demanda. Hay que atraer demanda”, pidió Rodríguez.
José Donoso, director general de UNEF, sobre el sistema de fijación de precios: “No es el adecuado para un proyecto renovable”
Pero la realidad, como describe Ferrando, es que la demanda eléctrica viene cayendo en los últimos años. Un 3,7% en los últimos doce meses, según el informe difundido estos días por la consultora Alvarez & Marsal. Este retroceso está aumentando el número de horas en las que el precio de la electricidad se paga a cero. El año pasado, se registraron casi 696 horas cero o negativas, más del 20% del tiempo de producción fotovoltaica. Ferrando adelanta que esta cifra récord se va a superar en 2025. En septiembre ya se habían registrado 759 horas cero.
Esta capacidad verde está desvalorizando los activos. Entre 2021 y 2023, las transacciones de instalaciones en estas fases tempranas se cerraban en el rango de 150.000 a 250.000 euros por megavatio (MW). Hoy, estas valoraciones han caído hasta un rango entre 50.000 y 90.000 euros/MW. “Esta corrección refleja el incremento del riesgo percibido y la dificultad de asegurar ingresos estables”, sintetiza el informe de la consultora, que reconoce una “oferta energética sobredimensionada y una demanda más débil de lo previsto”.
El almacenamiento, una solución (pero con ayuda pública)
Para poder revertir esta situación, muchos desarrolladores están buscando soluciones dentro del mercado, como el almacenamiento en baterías. Esta tecnología permitirá “guardar” los picos de producción solar de las horas centrales del día, cuando todas las instalaciones generan electricidad a la vez, y emplearla en horas en las que el precio de la electricidad sea mayor.
El gran objetivo de los promotores es lograr almacenar electricidad solar barata y ofertarla al mercado en las horas punta —a las diez de la noche, por ejemplo— para, de esta manera, obtener una ventaja competitiva.
Sin embargo, en el foro organizado por El Periódico de la Energía, Marta Fernández, directora de Desarrollo de Negocio de Acciona Energía, reconoció que los altos precios de las baterías impiden que salgan las cuentas para avanzar de forma masiva en esta solución. “Sin ayudas, nosotros aún no lo vemos, por eso se está retrasando el desarrollo de los proyectos”, señaló.
Belén López, de Nostrum Group, señaló por su parte que, “pese a que ha bajado un 70% el precio de la batería”, las empresas necesitan que se “optimice un poco más”. “A día de hoy seguimos necesitando ayudas y financiación para poder afrontar estos precios”, afirmó sobre el desarrollo del almacenamiento.
Un futuro incierto
José Donoso, director general de la UNEF, atiende desde el extranjero la llamada de El Salto para hablar de lo que puede pasar en los próximos años con la energía solar. Su primer análisis es que el sistema de fijación de precios “no es el adecuado para un proyecto renovable”, ya que está pensado para establecer precios en función de los costes marginales, cuando las energías renovables no tienen estos costes.
“Con ese sistema, cuando hay mucha producción de energía fotovoltaica, los precios son muy bajos. Una opción, por tanto, es corregir este sistema, que al depender de la Unión Europea es muy difícil de retocar. Fijar “un suelo” es otra solución, explica Donoso, aunque el Gobierno no lo tiene por ahora en carpeta. El almacenamiento es la tercera herramienta a mano, coincide el dirigente. Reconoce que hay avances y que los precios de las baterías han bajado, pero aún falta tiempo para que esta tecnología se coloque de forma masiva.
Este escenario, de soluciones difíciles de plasmar, hace que las renovables estén hoy un “momento de encrucijada” y de “toma de decisiones importante”. “Si el análisis parte de lo que está pasando y de lo que ha pasado en los últimos años, la verdad es que el panorama es muy complicado y el futuro incierto. Pero confiamos en las proyecciones del Gobierno de que la demanda va a crecer, que se vienen años mejores”, asegura Donoso.
Lo que puede hacer el Gobierno
Ferrando revisa las proyecciones que el Gobierno hizo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y poniendo el ejemplo de los dedos de una mano lamenta que solo uno está hoy levantado: el crecimiento fotovoltaico. Los otros dedos, el crecimiento eólico, el almacenamiento, la actualización de las redes y el crecimiento de la demanda, están bajados. “Esto es como una orquesta. Si tú solo agregas 200 clarinetes y no pones más violines, más pianos, más flautas, al final se transforma en un grupo de clarinetes. Esto está pasando con la energía renovable. Los clarinetes son los paneles solares. Del resto, poco y nada”, explica.
¿Qué puede hacer el Gobierno para apuntalar un sector que considera estratégico? Un marco regulatorio que ayude a corregir estas desviaciones. Lo intentó con el Real Decreto-ley 7/2025, una normativa que prometía reforzar el sistema eléctrico español tras el apagón del pasado abril, derogado a finales de julio por el Congreso. La norma tenía “disposiciones muy necesarias” como la ampliación de la radio para autoconsumo compartido, la creación de la figura del gestor de autoconsumo y la declaración de utilidad pública del almacenamiento de energía, entre otras.
Ferrando cuenta que, tras este revés político, el Ejecutivo ha “troceado” la norma y está empezando a redactar decretos para poder plasmar las modificaciones que necesita el sector, como que la tramitación de una planta de almacenamiento “no sea otro calvario”, como ocurre con los parques. “El problema es que el Gobierno llega tarde y lo sabe”, afirma.
La UNEF confía en que, tarde o temprano, Moncloa echará un cable para evitar que los huevos de la gallina de oro se rompan
Lo que el Ejecutivo no puede hacer, aclara este experto, es aceptar el “rescate” —el suelo— que pide una parte del sector. “Sería una barbaridad. Aquí no ha habido ningún cisne negro. Es una actividad privada que funciona con la lógica del mercado. Nadie puede decir, oiga, es que en el PNIEC decía que la demanda iba a crecer y no ha crecido. No hay nada vinculante que de pie a reclamos”, aclara. En este sentido, pide no confundir las plantas que operan en el mercado —la mayoría— con aquellas que tiene reguladas su rentabilidad —lo que se denomina Régimen Económico para instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (Recore)—, que en estos días sí han recibido un cable del Gobierno para evitar posibles quiebras.
Las instalaciones del Recore tienen garantizada una rentabilidad razonable por Ley desde 2019 hasta 2031, pero sus ingresos se reducen si el número de horas equivalentes de funcionamiento —el cociente entre la energía vendida y la potencia instalada— se encuentran por debajo de un mínimo fijado para cada tipo de instalación.
Como había un error regulatorio en la confección de este acuerdo —no se contemplaban los precios cero— el Gobierno lo ha corregido para que estas instalaciones mantengan sus ingresos estipulados por ley, independientemente del contexto del mercado. “No supone un gran cambio para las renovables en general, sino para aquellas que están sujetas al Recore. Hay una adaptación, no una mejora”, coincide el director general de APPA Renovables, José María González Moya.
“No implica ningún rescate a las energías renovables”, aclaran desde esta organización ante malas interpretaciones. “Tiene que quedar claro que el Gobierno no ha subvencionado ni ha dado una milonga al sector fotovoltaico. Decir lo contrario, es falaz”, agrega Ferrando. Sin embargo, la UNEF confía en que, tarde o temprano, Moncloa echará un cable para evitar que los huevos de la gallina de oro se rompan.
Antonio Turiel, físico del CSIC: “Las plantas de biogás no son viables ni técnica ni económicamente”
El científico ha pasado por Ciudad Real
para participar en una charla organizada por Ecologistas en Acción bajo el lema
‘La burbuja del biometano“. En su opinión, ”se están contando milongas“ que
algunos ”avispados“ aprovecharán en nombre de un modelo de transición
energética que el investigador considera fallido
El físico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel (izda), junto a Toni Jorge, miembro de Ecologistas en Acción y María Manzano, miembro de la plataforma Stop Biometano de Torralba de Calatrava. EFE/Beldad
Este jueves, el grupo
Verdalia Bioenergy ha celebrado un acto simbólico de inicio de obras de la
que será su primera planta de biometano en España. Quiere construirla en
Villaluenga de la Sagra (Toledo), aunque proyecta hasta 25 en toda España.
Se lo compró a Enerfree y cuenta con todas las autorizaciones para
producir unos 84 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo anual de
gas de unos 11.000 hogares, creando siete empleos.
Este es
solo un ejemplo de lo que colectivos como Ecologistas en Acción denomina la
“burbuja del biometano” que también llega a Castilla-La Mancha, con las
bendiciones del Gobierno regional, que prepara un plan regional para “ordenar”
un sector al que augura un crecimiento exponencial (y necesario), con horizonte
2030.
“Lo que se están contando son milongas”, asegura Antonio Turiel. El físico del CSIC y divulgador -conocido por su blog The Oil Crash– ha participado junto a Toni Jorge de Ecologistas en Acción, en una charla informativa en Ciudad Real esta semana bajo el lema, ‘La burbuja del biometano’.
El físico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel (izda), junto a Toni Jorge, miembro de Ecologistas en Acción y María Manzano, miembro de la plataforma Stop Biometano de Torralba de Calatrava. EFE/Beldad
“No en viable técnica ni
económicamente”, asegura el científico, al referirse al actual “interés
renovado” por el biometano, en nombre de la transición energética. “Se lleva
intentando rentabilizar económicamente las grandes plantas de producción desde
hace unos 30 años. No lo serán nunca”.
¿Por qué?, preguntamos.
Argumenta que “con este tipo de tecnología no es tan sencillo. No basta con
decir que funcionan o no. La cuestión está en si puedes hacerlas económicamente
rentables. Ni lo fueron, ni lo serán ahora. Es imposible”, dice. Y lo explica.
En la
actualidad, el gas natural, metano, se extrae de los depósitos del subsuelo
compuestos por materia orgánica enterrada hace millones de años, que se
descompone y emite este tipo de gas. “El esfuerzo extractivo es mínimo, pero ni
siquiera algunos de ellos son rentables, por su
complicación a la hora de manipular este tipo de gas”.
Por otro lado, abunda, “hay que producir en cantidades masivas
para que sea rentable y además se requiere cercanía la materia prima que es
peligrosa y esto nos da una idea de las dificultades si lo aplicamos por
ejemplo a los residuos de una granja”.
Una cosa, dice, es que se realice en la propia explotación agraria
a pequeña escala. “Eso puede tener sentido, pero si el proceso se masifica
entran en juego un montón de costes y problemas. Nunca serán rentables”,
insiste. “El transporte de las materias primas a las plantas de biogás hay que
hacerlo en camión. Sacar el gas, lo mismo. No sale a cuenta”.
“Es químicamente absurdo”
En el plano científico también advierte de las limitaciones en “la
capacidad metanífera [energética]
de los residuos que aspiran a procesarse, como los procedentes de la
agricultura (viñas u otros cultivos), restos de mataderos, estiércoles… y que
difícilmente -salvo con un elevado coste- generarán gas.
“Por
ejemplo los purines de los cerdos son mayoritariamente agua”, recuerda Antonio
Turiel. Tampoco cree que sea la solución para residuos vegetales, como los
restos procedentes de cultivos leñosos como las viñas. “Es una estupidez y
químicamente absurdo”, afirma tajante, porque “este tipo de restos vegetales
tienen moléculas estructurales, principalmente ligninas, que son dificilísimas de
descomponer. Son moléculas muy estables precisamente por eso”.
En su opinión, “decir que en el biodigestor de una de estas
plantas de biometano vas a poder procesar toda esta materia es engañar a la
gente. Se verán obligados a meter otras sustancias y dejarlo ‘digerir’ durante
mucho tiempo para conseguir que se convierta en gas”.
Decir que en el biodigestor de una de estas plantas de biometano vas a poder procesar toda esta materia es engañar a la gente. Se verán obligados a meter otras sustancias y dejarlo ‘digerir’ durante mucho tiempo para conseguir que se convierta en gas
Y no solo eso, recuerda Antonio Turiel. “En general la materia
leñosa o los cadáveres de animales lo que van a generar es carbón. Su contenido
en hidrógeno es más pequeño, mientras que el metano tiene un contenido de
hidrógeno. Químicamente, es una estupidez”, insiste.
El científico se pregunta “por qué no hay una planta de demostración de la tecnología que permita comprobar que todos esos problemas están resueltos. No. Directamente las abrimos. En Europa las hay y funcionan con subvención, si no, no es posible”.
Manifestación contra la planta de biometano en Carrión de Calatrava Stop Planta Biometano Carrión y Torralba de Calatrava
En Castilla-La Mancha
hay una amplia contestación social ante el anuncio del Gobierno de Emiliano
García-Page de diseñar un ‘Plan regional de Biometanización’ con horizonte
2030, que ha sido diseñado en colaboración con una de las empresas con
intereses en el sector y ampliamente cuestionado con más de 13.000 alegaciones,
entre ellas las de la Consejería de Sanidad que no tiene claro el impacto en la
salud pública de este tipo de proyectos.
Sobre esta cuestión, la
teoría de Ecologistas en Acción es que se intenta “contrarrestar” ese rechazo
con una nueva consulta pública en la que no aparecen las 13.000 alegaciones presentadas por
las plataformas ciudadanas ni las organizaciones ecologistas y además “se ha
consultado a grandes patronales relacionadas con el porcino o el biogás para,
de alguna forma, equilibrar la opinión pública buscando posiciones a favor.
La transición energética: de la “desesperación” al
biogás
Cuando habla de
transición energética, Antonio Turiel subraya tres cosas: la (todavía)
dependencia energética de combustibles fósiles “que se agotan”, el “hundimiento
del modelo industrial de energías renovables” o “la pérdida de fe” en el
hidrógeno verde. Y sobre todo que, en su opinión, la transición “pasa más por
el cambio social que económico”, con un necesario viraje en los hábitos de consumo.
“Es un discurso que no mola, porque no hablamos de triunfo tecnológico, sino de
retroceso”.
Un panorama pesimista
que, en su opinión, ha llevado a la “desesperación” entre las administraciones
públicas que miran ahora hacia el biogás. “Necesitamos desesperadamente
alternativas. Entonces llegan los avispados que proponen producir gas natural
de manera orgánica y sugieren además que eso le da una oportunidad a la España
vaciada”.
En realidad, dice que “de lo que se trata es de construir la infraestructura y cobrar por ello, aprovechando esa desesperación”. Frente a eso, un cambio climático que ya está aquí y que, subraya, “es mucho peor de lo que pensamos y está en pleno proceso de aceleración”. Lo peor de todo, advierte, es que “la inconsciencia con las renovables puede llevar a la población a pensar que el cambio climático es una estafa, con gente además que está agitando este mensaje”.
«Miles de voces del mundo rural se alzan oponiéndose a la especulación y a las políticas territoriales sin planificación y en contra de sus habitantes y sus tradiciones. La España vaciada se levanta y hace frente a todas sus crecientes amenazas. Al abandono de sus territorios y la falta de servicios públicos, a los impactos de los grandes proyectos energéticos, al expolio de sus olivares, a la extinción de sus ecosistemas y hábitats.Así lo hemos visto, así lo hemos vivido.
