¿Transición ecológica o especulación energética? Renovables Sí, pero no Así
6 de octubre de 2025 · Congreso de los Diputados · Sala Campoamor · Madrid
La Alianza Energía y Territorio – ALIENTE – junto a la Fundación SAVIA y el Observatorio de la Sostenibilidad, organizan esta III Jornada de “Escucha a la Ciencia y al Territorio: ¿Transición ecológica o especulación energética? Renovables Sí, pero no Así” en el corazón de nuestra democracia, el Congreso de Diputados de Madrid.
El objetivo de la Jornada es demostrar el actual proceso del despliegue de energías renovables en nuestro país y los daños que está ocasionando al mundo rural y natural. Así, se pretende hacer oír la voz de la ciencia (científicos y técnicos) y de los territorios (asociaciones, plataformas, ayuntamientos y de ciudadanos de la España rural). Distintos colectivos de los “territorios de sacrificio” tendrán voz para exponer sus problemas y propuestas.
En las mesas se abordará una amplia gama de problemas relativos al impacto ambiental, el deterioro del paisaje, el empleo, las expropiaciones, la producción y la eficiencia energética. Posteriormente, se explorarán propuestas de soluciones mostrando casos de éxito que van desde la planificación/ordenación del territorio, a las ubicaciones en suelos degradados/humanizados y el desarrollo de comunidades energéticas.
Las jornadas se llevarán a cabo de forma presencial en el Congreso de Diputados, Sala Campoamor, desde las 09:30 h hasta las 15:00 h. La jornada terminará en el Ateneo de Madrid donde a las 16:30 h, se hará un coloquio entre todos los asistentes (ciudadanos, plataformas y asociaciones) para ver los próximos pasos a seguir y las herramientas para lograr un despliegue renovable democrático y justo.
“La transición energética necesita parar y corregir el rumbo”: ALIENTE presenta alegaciones al nuevo Decreto anti apagón
La Alianza, energía y territorio, ALIENTE, colectivo al que pertenece ANA y que agrupa a más de 200 plataformas que luchan contra la especulación de proyectos de macro-renovables, ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un documento de alegaciones al Proyecto del nuevo Real Decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, en el que denuncia los graves fallos estructurales del actual modelo de transición energética en España. La organización reclama una moratoria inmediata y temporal en la tramitación de nuevas macro-instalaciones renovables hasta que se garantice una planificación ordenada, ambientalmente rigurosa y socialmente justa, además de la implantación de medidas para fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas que el Estado lleva años evitando.
En el documento, de más de 20
páginas, ALIENTE repasa los principales problemas derivados de una implantación
acelerada de energías renovables que, desde 2020, “ha sido impulsada por
un marco legal altamente desregulado y marcado por la urgencia.
Lejos de responder a criterios de interés general, el modelo ha
favorecido los intereses de grandes empresas y fondos de inversión, con
impactos desproporcionados sobre el medio rural, la biodiversidad y la cohesión
territorial.”
ALIENTE destaca que el
MITECO ha retirado las medidas para el autoconsumo que incluía el decreto
derogado, “medidas que eran insuficientes y a las que deberían añadirse
otras más ambiciosas porque España tiene un potencial tremendo en sus tejados
que beneficiaria a el conjunto de la sociedad y las pymes, y se está
paralizando por las políticas del Gobierno”,
Del apagón al
colapso: el 28 de abril como síntoma
El apagón eléctrico del 28 de
abril de 2025 fue, para ALIENTE, un aviso grave sobre la fragilidad
estructural del sistema eléctrico. “Lejos de ser un fallo puntual, puso en
evidencia un sistema sobredimensionado en generación además de descoordinado
con la red de transporte y distribución, sin planificación técnica ni control
democrático”. El Real Decreto 7/2025, que no fue convalidado en el Congreso,
consideran que pretendía continuar y profundizar ese modelo, lo que ha motivado
una nueva propuesta del Gobierno que está hasta el día 11 de agosto en fase de
alegaciones.
“La respuesta no puede limitarse a
medidas técnicas o de emergencia”, sostiene ALIENTE. “Es urgente revisar el
modelo de despliegue renovable, aplicar criterios de evaluación ambiental
reales, garantizar la participación pública efectiva y priorizar el interés
general”.
Una
transición sin justicia ni planificación
Desde 2020, el Gobierno ha
aprobado al menos diez normas para acelerar el despliegue de renovables,
amparándose en la emergencia climática y geopolítica. Sin embargo, las
plataformas siempre han denuncias que estas medidas han ido acompañadas de una
“progresiva pérdida de garantías ambientales, ausencia de ordenación
territorial y exclusión de la ciudadanía en los procesos de decisión.”
Entre los impactos ya documentados
por ALIENTE destacan la fragmentación del territorio por miles de proyectos no
coordinados, la ocupación de espacios de alto valor ecológico y agrícola, la
saturación de zonas rurales sin evaluación acumulativa de impactos, una gran
pérdida de biodiversidad y paisaje, además de la generación de conflictos
sociales en los pueblos, desplazamiento de actividades económicas del medio
rural y una creciente desconfianza institucional.
El modelo, denuncian, ha
convertido la despoblación rural en “ventaja competitiva” para las grandes
promotoras, según llegó a reconocer el propio Ministerio en una orden publicada
en el BOE en 2023.
Europa, a
conveniencia: se ignora lo esencial y no se aplica lo que interesa a la
sociedad
Las alegaciones critican duramente
la transposición parcial e interesada de las directivas europeas sobre renovables.
ALIENTE denuncia que España aplica las disposiciones que permiten acelerar
proyectos o eximir evaluaciones ambientales, y a su vez omite los
requisitos clave de planificación, participación y protección ambiental.
En particular, recuerdan que no se
han delimitado formalmente las “zonas de aceleración” renovable que exige la
Directiva (UE) 2023/2413, que consideran que deberían ser solo las zonas
antropizadas y con menos impacto, pero en la práctica se está tratando todo el
territorio como si lo fuera. Tampoco se han implementado las directivas sobre
comunidades energéticas, gobernanza participativa o transparencia de acceso a
red, y con ello permiten que las empresas distribuidoras energéticas frenen las
comunidades energéticas y bloqueen el vertido de excedentes en el autoconsumo
de empresas.
“El resultado es un modelo
desequilibrado que fomenta la especulación, la concentración de poder y la
exclusión social, contraviniendo el derecho europeo y degradando los
fundamentos de la transición justa”, concluye el documento.
Una moratoria
para corregir: no todo vale, ni a cualquier precio
ALIENTE propone una moratoria
parcial o total en la tramitación de nuevos proyectos de renovables a
gran escala, hasta que se cumplan al menos estas condiciones:
Delimitación pública y participada de
zonas de aceleración renovable.
Evaluación ambiental estratégica del
despliegue acumulado.
Mecanismos efectivos de participación y
consulta vinculante.
Control institucional del cumplimiento
de condiciones y retorno social.
Impulso real al autoconsumo en la
ciudadanía, pymes y administraciones, y a las comunidades energéticas.
“No se trata de parar la
transición, sino de reorientarla con justicia, transparencia y sostenibilidad.
Una moratoria es una herramienta democrática para frenar un modelo que ha
perdido legitimidad y que pone en riesgo los propios objetivos climáticos”,
afirma la plataforma.
ALIENTE denuncia también que,
durante la tramitación del Real Decreto-ley 7/2025, el Gobierno ha promovido un
relato de consenso ambiental apoyándose solo en determinadas organizaciones
ecologistas afines, excluyendo a las más críticas y a los colectivos afectados.
Esta estrategia, a juicio de la asociación, ha generado una fractura en el
movimiento ecologista y ha servido como “coartada política” para justificar una
norma profundamente desequilibrada. Alertan de que con esta transición
energética “se está produciendo el mayor daño al medioambiente de la historia
en nuestro país”, y que según el IPCC evitar la pérdida de biodiversidad es una
de las principales herramientas para frenar la emergencia climática.
El documento de las alegaciones
ALIENTE incluye propuestas técnicas y jurídicas para reformular artículos clave
del proyecto normativo. Algunas de las medidas destacadas incluyen:
Cómputo real de la potencia instalada
para evitar fraude y fragmentación de proyectos.
Evaluación ambiental obligatoria para
instalaciones de almacenamiento, incluso en zonas previamente intervenidas.
Revisión ambiental y social en casos de
repotenciación de instalaciones existentes.
Control riguroso en el paso de
explotación provisional a definitiva.
Regulación específica para prototipos de
I+D+i con nuevas tecnologías.
Planificación participativa y evaluación
acumulativa de las infraestructuras de red.
Transmiten que todas las
propuestas están orientadas a “recuperar el control público, evitar la especulación
y asegurar que la transición energética beneficie a las personas y al
territorio, no solo a los grandes inversores”.
El “No” ganó la votación en el Congreso, con una diferencia de 18 votos. Pero la derogación del decreto antiapagones no se puede entender sin el activismo de varios cientos de asociaciones, plataformas, miles de voluntarios y campañas.
Tractorada en Baza (Granada) contra los megaproyectos de energía renovable | Foto cedida por ‘Di no a las torres’
Para sorpresa de algunos, y esperanza de muchos, el
popularizado como decreto antiapagones (Real Decreto-ley 7 / 2025) no fue
convalidado en el Congreso el pasado 22 de julio. Había sido aprobado en
Consejo de Ministros un mes antes y voces aparentemente dispares, como las de
Greenpeace y las de la patronal energética coincidían en el llamado a votar a
favor. Pero no alcanzó.
El “No” ganó la votación en el Congreso, con una
diferencia de 18 votos. Pero la derogación del decreto antiapagones no se puede
entender sin el activismo de varios cientos de asociaciones, plataformas, miles
de voluntarios y campañas como “Pedimos paralización y decretan aceleración” de
MACROrenovablesNO y “Sean responsables, voten NO al RDL” de ALIENTE. Las voces
de quienes habitan los territorios de sacrificio llegaron, por fin, a sus
señorías. Incluso hablando en primera persona y en ruptura con mandatos
partidarios. Y así, por una vez, la acumulación de decretos con que se
“gestiona” la transición energética corporativa fue tímidamente interrumpida.
El intento de debate sobre si el decreto estaba escrito
a medida del lobby energético o no, todavía no se cierra. Quienes defienden el
decreto (y preparan su resurrección) dicen que el rechazo a la norma
perjudicaría al autoconsumo y a las comunidades energéticas. Lo cierto es que
quienes perdieron luego de la votación la friolera de 6,500 millones de euros,
fueron las energéticas del Ibex 35.
También hubo lamentaciones, como las de Greenpeace, y
argumentarios tan contradictorios como difíciles de comprender. En el mismo
artículo que afirmaron que el rechazo al decreto antiapagones es un obstáculo
para la transición energética y “una pérdida de oportunidad vergonzosa”…“para
acercarnos a un sistema 100% renovable, descentralizado, justo y eficiente”,
reconocían que es “urgente minimizar los impactos sobre la biodiversidad y el
territorio” ¿Se puede acelerar la expansión de macro proyectos relajando los
requisitos ambientales y minimizar los daños? ¿Se puede lograr un sistema 100%
renovable sólo aumentando la potencia instalada, cuando la electricidad ronda
la quinta parte del consumo eléctrico? ¿Qué clase de transición justa resulta
de expandir los territorios de sacrificio?
Pareciera que para
algunos, incluidas muchas de sus señorías, es muy difícil diferenciar una
transición de una burbuja especulativa, Sandra Bettina.
Pareciera que para algunos, incluidas muchas de sus
señorías, es muy difícil diferenciar una transición de una burbuja
especulativa. Algo tan obvio como que una transición implica pasar de un estado
a otro permanece oculto, innombrable. Lo mismo que la idea de que en una
burbuja no hay ningún cambio de estados y que las posibilidades son inflar (más
o menos rápido) o explotar (más o menos estrepitosamente).
Polémico y agudo como siempre, el investigador del CSIC
Antonio Turiel señaló hace unas semanas “que este modelo de transición es una
enorme burbuja especulativa, es básicamente la burbuja del ladrillo 2.0”, algo
que no es novedad sino que se sabe desde hace muchos años. En esa misma
entrevista, también puntualizó que el apagón del 28 de abril debería alertarnos
sobre el fracaso del modelo de transición actual y las consecuencias de haber
permitido “un exceso de sistemas de producción no estabilizados de renovables
instaladas de cualquier manera”. Es una voz experta pero no traspasa la sordera
de quienes gobiernan.
Y así el simulacro de transición continúa, se expande.
A pocos les importa que se llame descarbonización a producir en China los
módulos solares o extraer en Chile el cobre del mallado electrico. Como si las
emisiones de gases frenaran ante fronteras atmosféricas. El modelo de
transición actual no se distingue del simple agregado de potencia eléctrica
(eso sí “renovable”) sin considerar que el consumo de electricidad permanece
estable y es mínimo dentro del total de usos energéticos. Y mucho peor aún,
desestimando que España ya cuenta con 130 GW de potencia instalada, mientras
que el consumo medio ronda los 26,5 GW. No se está transitando, se está
inflando la burbuja.
La burbuja especulativa crece al ritmo de las demandas
de la patronal del sector eléctrico y de la de los centros de datos. La primera
reclama que se construya infraestructura en redes para agregar 60 GW de
potencia que esperan conexión. La segunda poco dice de que además de energía
requerirá agua en cantidad suficiente para generar nuevos conflictos. Parece
surrealista. Y mientras tanto, en algunos nudos del sistema eléctrico se
“desperdicia” (vía curtailments) más del 30% de la generación renovable. Pero
frenar es de irresponsables o negacionistas y hay que seguir instalando.
Según los ofendidos por el rechazo al decreto
antiapagones, hay que seguir adelante sin importar el sacrificio territorial
(que si no se nombra parece que no existe). Y da igual que haya más de
trescientas mil hectáreas disponibles para instalaciones renovables que
permitirían cubrir toda la demanda sin afectar un sólo bancal ni arrancar un
sólo olivo más. Lo importante es que las eléctricas ahorren costos (o querrán
decir que los externalicen impunemente). De tanto ahorrar no instalaron los
sistemas de estabilización que hubieran podido evitar el apagón. Pero de eso no
se habla.
“Si acaso sobra
electricidad, se agrega almacenamiento. Y así se puede saltar de burbuja en
burbuja. ¿Qué podría ser más ecológico que ante la sobre oferta, agregar
demanda?”, Sandra Bettina.
Si acaso sobra electricidad, se agrega almacenamiento.
Y así se puede saltar de burbuja en burbuja. ¿Qué podría ser más ecológico que
ante la sobre oferta, agregar demanda? Y para acelerar, las leyes son lentas
pero los decretos cuando no se derogan son muy útiles para eximir de evaluación
ambiental a cualquier proyecto de baterías que se ubique junto a instalaciones
eólicas o fotovoltaicas. Y si hace falta se expropia, faltaba más. Del riesgo
de incendios hablamos otro día.
Por enésima vez, a muchas de sus señorías, a las
energéticas del IBEX35, a la patronal renovable y sorprendentemente a las bien
intencionadas grandes ecologistas, se les vio el plumero. Deja un sabor amargo
que se usaran las demandas de decenas de comunidades energéticas agrupadas en
la Alianza por el Autoconsumo para intentar dotar de sentido social un decreto
que en gran parte pretendía rescatar al sector macrorenovable y al modelo
fallido de Renovable Eléctrica Industrial. Si el apoyo al autoconsumo doméstico
y colectivo fuera genuino, ¿no sería mejor ofrecer legislación específica en
vez extorsiones?
¿Tan difícil es diferenciar una transición de una
burbuja? La ceguera es profunda y permea la mayoría de las instituciones. Y
para peor, a veces sólo se escuchan las voces de quienes son incapaces de
reconocer que, como afirmó el catedrático Federico Aguilera Klink, los
megaproyectos “verdes” están “secuestrando la democracia, saqueando lo público
y agravando la actual crisis civilizatoria”. Nada empeora tanto los problemas
como la aceleración de simulacros de soluciones.
Sabemos (porque lo anunciaron, con rabia y entre descalificaciones) que lo volverán a intentar después del verano. Dan por descontado que no es necesario contar la participación de quienes defienden el territorio frente al sacrificio, la especulación y el greenwashing. Posiblemente, estén cambiando cromos a cambio de promesas de apoyo. Lo que aún no ven es muchos más ojos los están viendo. Y que tumbar este decreto ha servido para destapar la olla donde se cuecen las mentiras sobre una “transición energética” que cada vez es menos verde, menos justa y menos sostenible.
El
apagón del pasado 28 de abril de 2025 NOS PASA FACTURA A TODOS LOS ESPAÑOLES
El
RDL 7/2025 fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 24 de Junio de 2025.
El
actual Consejo de Ministros en España está presidido por el Presidente del
Gobierno y 22 Ministros: 17 Ministros del PSOE y 5 Ministros de SUMAR.
Este Real Decreto Ley se hace, una vez más y como venimos denunciando ya años contra otros Decretos, a medida de la patronal de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos en nuestro país: cerca de 5 GW corrían peligro de perder avales y toda la tramitación, ya que la autorización administrativa de explotación vencía el pasado 26 de junio. Es decir, un día después de que entrara en vigor este Real Decreto. https://elpais.com/economia/2025-06-23/el-gobierno-plantea-un-balon-de-oxigeno-a-las-renovables-en-su-decreto-antiapagones.html
Recordemos que la EXPROPIACIÓN es una táctica habitual de estos fondos de inversión para “negociar” con propietarios de terrenos, que les permite la ley de 1954 de expropiación forzosa. Una ley que no ha sido modificada.
Mientras
tanto, las instalaciones acogidas al régimen retributivo
específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore), que antes recibían
ayudas en forma de primas por su producción, ahora cuentan con una rentabilidad
garantizada por ley, ligada a la inversión realizada. Si lo que ingresan los
megaproyectos industriales de “renovables” por la venta de su electricidad no
alcanza el mínimo para asegurar esa rentabilidad establecida, se les da un complemento con cargo al
recibo de la luz. El año pasado la factura del Recore fue de casi 4.400
millones de euros (a pagar por los consumidores).https://www.elperiodico.com/es/economia/20240906/renovables-precio-luz-ayudas-gobierno-recore-precios-negativos-107811574
Este Real Decreto Ley se hace, una vez más y como
venimos denunciando ya años contra otros Decretos, a medida de la patronal de
megaproyectos eólicos y fotovoltaicos en nuestro país.
El próximo 22 de julio, se lleva al Congreso para su ratificación.
Instamos a todos los partidos políticos a la NO aprobación del RDL 7/2025.
La Plataforma SOS Tendidos
Eléctricos reclama al gobierno la
aprobación urgente de un nuevo decreto que regule la corrección de líneas
eléctricas para proteger a las aves y reducir la mortalidad de fauna causada
por colisiones con aerogeneradores y electrocuciones en tendidos. Esta plataforma, con la que colabora ANA, considera que la
normativa actual es insuficiente y que es necesario medidas más ambiciosas para
proteger la fauna
La Plataforma SOS Tendidos
Eléctricos reconoce el avance que supone el borrador del nuevo real decreto que
regulará la corrección de tendidos eléctricos para la protección de la
avifauna, así como la reducción de la mortalidad de fauna por colisión con aerogeneradores,
difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO). Sin embargo, considera que se necesitan medidas más ambiciosas para
garantizar la mínima incidencia sobre la fauna de estas infraestructuras que se
encuentran repartidas por toda España
En concreto, la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, considera
que la nueva normativa prometida por el MITECO desde el comienzo de la
legislatura debe añadir algunas mejoras para reducir de manera eficaz la muerte
de millones de ejemplares de fauna, incluidas especies amenazadas, causadas por
las líneas eléctricas (electrocución y colisión) y los aerogeneradores
(colisión y barotrauma). Estas muertes no son accidentales, sino sucesos
previsibles y esperables que ocurren cuando la instalación es peligrosa para la
avifauna y no dispone de las apropiadas soluciones técnicas que garanticen su
total inocuidad.
En las alegaciones que han presentado durante el
periodo de información pública del nuevo real decreto, que se cerró el pasado
12 de abril, las entidades pertenecientes a la Plataforma SOS Tendidos
Eléctricos, ven imprescindible extender la obligación de aplicar las medidas de
corrección en los tendidos eléctricos peligrosos para las aves a todo el
territorio nacional.
Actualmente, esta obligación se centra en las llamadas
Zonas de Protección, una figura legal ya prevista en el real decreto de 2008
sobre avifauna y líneas eléctricas actualmente vigente, que se mantiene en el
borrador que ha salido a información pública y que incluye a las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, a los ámbitos
de aplicación de los planes de recuperación de las aves amenazadas y, en
general, a las áreas prioritarias para estas especies catalogadas. Sin embargo,
las aves se mueven por todo el territorio, por lo que limitar la adopción de
medidas a las Zona de Protección deja fuera de la cobertura del futuro real
decreto a un número inasumible de tendidos eléctricos que representan una grave
riesgo para la avifauna.
Además, la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos
considera que la creación de Zonas de Protección entra en contradicción con La
Ley de Responsabilidad Ambiental, norma de rango superior al real decreto, que
establece la obligación a los operadores, ante una amenaza inminente, de
adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia previa medidas preventivas
apropiadas. Una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2021 indica
expresamente que el riesgo de electrocución de aves es siempre inmediato,
independientemente de que la línea se encuentre fuera o dentro de las Zonas de
Protección.
En cualquier caso, las entidades que integran la
plataforma consideran que no basta con aplicar medidas correctoras a
posteriori y todos los nuevos tendidos eléctricos deben construirse ya con
criterios de diseño seguro para las aves, minimizando el riesgo desde el primer
momento.
En el nuevo real decreto se excluyen expresamente las
líneas eléctricas que suministran energía a trenes u otros medios de transporte
electrificados. Sin embargo, se ha comprobado una importante mortalidad de aves
en este tipo de líneas, por lo que la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos
considera que no deben quedar excluidas y se propone la inclusión de la nueva
norma de la obligación de aplicar las medidas técnicas para la protección de
avifauna ya establecidas por ADIF.
Parques eólicos: mejor prevenir
Una de las novedades más positivas en el borrador del
real decreto es que aborda el enorme problema de la gran mortalidad actual de
la fauna salvaje en los parques eólicos, tanto por colisión (por ejemplo, en
muchas aves) como por barotrauma (en el caso de los murciélagos), a través de
medidas como las paradas de aerogeneradores en situaciones de riesgo para estas
especies y el desmontaje de los aerogeneradores.
La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos aplaude la
importancia concedida a este problema en la nueva normativa, aunque propone
medidas adicionales. Así es preciso mejorar los sistemas de detección y parada,
ya que hasta ahora no están resultando eficaces, en especial para prevenir la
mortalidad de pequeñas aves y murciélagos que se está multiplicando por la
masiva instalación de grandes aerogeneradores. Asimismo, es preciso extender el
empleo de perros adiestrados para garantizar la detectabilidad de cadáveres y
restos de animales víctimas de este problema.
Al mismo tiempo, la plataforma reclama que se aplique
el principio de prevención y evitar la instalación de aerogeneradores en zonas
de alta sensibilidad ambiental. Para ello, reclama que se utilicen y actualicen
los mapas de sensibilidad elaborados por el MITECO y organizaciones como
SEO/BirdLife o SECEMU, garantizando que la ubicación de nuevos proyectos no
ponga en riesgo poblaciones vulnerables de aves y murciélagos.
Aprobación sin más demora
La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos reclama al
Gobierno que se apruebe sin más demora este real decreto comprometido por el
MITECO desde el principio de la legislatura, incluyendo en el texto definitivo
los cambios propuestos en las alegaciones presentadas.
Además, para una correcta y eficaz implementación de
la nueva normativa, las entidades integradas en la plataforma reclaman
criterios homogéneos de evaluación y actuación en todo el territorio estatal en
cuanto al contenido del real decreto, ya que actualmente existen grandes
diferencias en la interpretación y aplicación de las obligaciones en esta
materia entre comunidades autónomas. Entre estos criterios piden que los
titulares de las instalaciones, ya sean líneas eléctricas o parques eólicos,
sean los responsables del mantenimiento y verificación periódica del estado de
las medidas anti-electrocución y anticolisión aplicadas.
Reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía
El Reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía se publica hoy 14 de febrero de 2025, mediante el Decreto 37/2025, de 11 de febrero.
Este reglamento tiene como objetivo principal adaptar el alumbrado exterior a criterios de eficiencia energética y conservación del medio ambiente, consolidando a Andalucía como referente en la lucha contra la contaminación lumínica.
Entre las medidas destacadas, se establecen niveles máximos de iluminación según los usos y franjas horarias, se limitan la luz intrusa y el flujo luminoso hemisférico superior, y se fijan horarios nocturnos para la reducción de la intensidad lumínica o el apagado de instalaciones innecesarias.
Además, se incorporan medidas específicas para proteger la oscuridad natural en entornos sensibles, como los espacios naturales protegidos y los observatorios astronómicos de relevancia internacional, incluyendo la declaración de los observatorios de Calar Alto (Almería) y Sierra Nevada (Granada) como puntos de referencia con zonas de influencia de máxima protección lumínica.
Este nuevo marco normativo sustituye al anterior Decreto 357/2010, que fue anulado en 2016 por el Tribunal Supremo debido a la falta del informe preceptivo del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, y viene a cubrir el vacío legal existente desde entonces en la regulación de la contaminación lumínica en Andalucía.
Con la implementación de este reglamento, Andalucía da un paso firme en la lucha contra la contaminación lumínica y el impulso de un modelo de iluminación más responsable. La regulación no solo busca mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo innecesario de electricidad, sino también proteger el entorno natural, preservar la calidad del cielo nocturno y mejorar la salud y el bienestar de la población.
Este nuevo marco normativo se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en especial aquellos relacionados con la eficiencia energética, la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático.
La correcta aplicación de estas medidas permitirá a Andalucía convertirse en un referente en la gestión sostenible de la iluminación, contribuyendo a un futuro más equilibrado entre el desarrollo urbano y la conservación del entorno natural.
El reglamento introduce una serie de medidas y directrices para reducir la contaminación lumínica en distintos ámbitos. Estas medidas se dividen en varias líneas de actuación clave:
Limitación de la iluminación nocturna
Se establecen niveles máximos de luminancia y flujo luminoso, diferenciados según el uso del suelo y las franjas horarias.
Se promueve el uso de tecnologías de iluminación que permitan la reducción progresiva del nivel de luz durante la noche, especialmente en horario de madrugada.
Se limita la luz intrusa, es decir, la luz que afecta a viviendas y entornos residenciales, garantizando el derecho al descanso y al bienestar de los ciudadanos.
Control del flujo luminoso hacia el cielo
Se establecen restricciones al uso de luminarias con una alta emisión de luz hacia el hemisferio superior, favoreciendo el uso de sistemas de iluminación dirigidos exclusivamente hacia el suelo.
Se fomenta el uso de tonalidades cálidas en la iluminación exterior, ya que la luz azul-blanca tiene un mayor impacto en la dispersión lumínica y en la alteración de los ciclos naturales de los seres vivos.
Protección de espacios naturales y observatorios astronómicos
Se refuerza la protección en zonas sensibles, como parques naturales y reservas de la biosfera, donde la iluminación artificial puede afectar a la fauna nocturna.
Se declaran zonas de influencia con máxima protección lumínica en torno a los observatorios astronómicos de Calar Alto y Sierra Nevada, garantizando condiciones óptimas para la observación del cielo nocturno.
Regulación del alumbrado público y privado
Se establecen requisitos técnicos para nuevas instalaciones de alumbrado público, incluyendo la obligación de utilizar luminarias eficientes con sistemas de regulación.
Se promueve la sustitución progresiva del alumbrado obsoleto por soluciones más sostenibles y de menor impacto lumínico.
Se establecen criterios específicos para la iluminación ornamental y comercial, evitando el uso innecesario de luces brillantes o intermitentes durante la noche.
Concienciación y mecanismos de control
Se prevén campañas de sensibilización dirigidas a ciudadanos, empresas y administraciones públicas para fomentar buenas prácticas en el uso del alumbrado exterior.
Se refuerzan los mecanismos de inspección y sanción para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar el uso inadecuado de la iluminación en espacios públicos y privados.
En ANA nos sentimos muy identificados con las respuestas dadas por el extremeño Francisco José Vaquero Robustillo al periodista Guillermo Albarrán.
Reproducimos algunas preguntas / respuestas de la entrevista realizada, para SevillaelDiario.es, por el periodista Guillermo Albarrán, a Francisco J. Vaquero director de la película documental “Vidas irrenovables”, entrevista completa que se puede leer en:
El
subtítulo de la película es Naturaleza o miseria. ¿Es una pregunta o es un
aviso?
Claramente es un aviso. En la naturaleza, donde están
los recursos ricos de verdad, de donde parte todo, está la clave para la
prosperidad. Además, la naturaleza hay que gestionarla. Por eso digo que es un
aviso, porque la naturaleza no se gestiona sola, hay que entender la
importancia de gestionarla de forma responsable, con conocimiento. Si no,
ocurre lo que está ocurriendo con la industria de las energías renovables, lo
que se ve en el documental, que es muy paradójico. Es la industria que viene a
salvar el medioambiente, pero lo que hace es agravar más todavía el problema.
Implanta estructuras de forma masiva en territorios donde no se tienen en
cuenta riesgos gravísimos.
Para
los que no hayan visto el documental, ¿podría explicar qué es el colonialismo energético?
El colonialismo energético es lo que estamos sufriendo
por culpa de una actuación irresponsable de empresas e industrias extranjeras.
Se están saqueando los recursos naturales y avasallando el territorio para
colocar este tipo de infraestructuras, ya sean fotovoltaicas o eólicas. Se
destruye el subsuelo para hacer proyectos de minería, se contamina el agua con
los proyectos de hidrógeno verde y, al fin y al cabo, se abusa de la
naturaleza.
La cuestión es que el beneficio de estas actividades no
se queda en España, sino que sale y se va al bolsillo de la gente de estas
empresas. Es el caso de las patrocinadas por fondos extranjeros. Y por eso es
un colonialismo. Es lo mismo que ha sufrido el Congo desde hace mucho tiempo,
lo que han sufrido Perú, Bolivia y tantísimos países muy ricos, pero que han
saqueado desde fuera para dejarlos sin nada. Será lo que nos pase a nosotros,
seguramente: que cuando nos vengamos a enterar y a dar cuenta ya no quedará
nada.
¿Cree
que la cosa cambiaría si nos enteramos de lo que está pasando?
Desde luego creo que si nos enteráramos la cosa
cambiaría. Por eso hago este documental también. El problema es que somos muy
pocos los que estamos hablando de esto, pero en los sitios en los que la gente
consigue unirse y luchar todos juntos por el territorio se está consiguiendo,
al menos, parar la situación temporalmente. De hecho, al terminar muchas de las
proyecciones del documental en los distintos pueblos y ciudades se nos acercan
muchas personas preocupadas, personas que no tenían ni idea de esto y que no
quedan indiferentes al descubrir estas injusticias. Si nos unimos, podríamos
hacer mucho más, desde luego.
Hablando
de esa unión, ¿qué opina de esta frase que se dice en el documental?: “El campo
lo tiene que luchar la gente del campo, porque los urbanitas se piensan que hay
que echar cemento a todo y ya está”
Bueno, aunque yo, como director, no tengo que estar de
acuerdo con todo lo que digan cada uno de los 47 testimonios de la película,
entiendo que Rodolfo quiere hacer referencia a la desconexión y a esa
diferencia en las concepciones de la gente de la ciudad respecto a la de los
pueblos. Por mucho que vayamos los fines de semana de vacaciones al campo, la
realidad de los ecosistemas y el funcionamiento del sistema rural es mucho más
compleja, y en el documental se demuestra. Hay muchos chavales a los que les
preguntas que de dónde sale el tomate y te dicen que del frigorífico. Creemos
que sabemos qué pasa en el campo, pero no tenemos ni idea. Así, a esta gente de
los pueblos le encantaría poder tirar con toda la fuerza que darían los de la
ciudad; cuantos más seamos, mucho mejor. Pero esa desconexión de la que habla
Rodolfo nos pone las cosas más difíciles, y en eso sí estoy de acuerdo.
De
toda esta investigación realizada para el documental, ¿ha obtenido alguna
solución?
Yo creo que lo más importante ahora mismo sería parar
ipso facto. Que no se destruya ni un solo metro cuadrado más de tierra. Hay más
sitios para poner estas infraestructuras. Las fotovoltaicas, por ejemplo,
pueden ponerse en los tejados de las casas, y que cumplan ahí su función de
abastecimiento. También en las empresas, las naves industriales, todos los
sitios donde se consume energía. Y sobre todo, planificar, empezar a valorar la
importancia medioambiental de los sitios en los que se implantan estas
estructuras y valorar dónde se perjudica menos el espacio, y no dónde saldría
más rentable para algunos. Creo que es de cajón.
ANA ha presentado ante la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Delegación en Cádiz, un documento de dieciséis Alegaciones al proyecto de una planta solar denominado “PSFV LAS VEGAS HÍBRIDO”, hibridación de Parque Eólico existente “PE LAS VEGAS”, en el término municipal de Medina Sidonia.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 2, de
03/01/2025, aparece el anuncio de la Delegación Territorial de Economía,
Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, por el que
se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa previa de la instalación eléctrica de alta tensión Planta Solar
“PSFV LAS VEGAS HÍBRIDO” de 9 MW de potencia instalada, 10,01 Mwp de potencia
máxima y 22 MW de potencia de evacuación (AT-15226/22), hibridación del Parque
Eólico existente “PE LAS VEGAS” de 22 MW de potencia instalada. Expediente:
AT-15755/24 en el término municipal de Medina Sidonia, con objeto de AUTORIZAR
la instalación eléctrica cuyo peticionario es la empresa Al-Andalus Wind
Power S.L., para la producción de energía eléctrica mediante tecnología
fotovoltaica.
Gran parte de las ALEGACIONES repiten las que desde hace tiempo
ANA está presentando a este tipo de proyectos de energías renovables en varios
municipios de la Comarca de La Janda
– FALTA DE PLANIFICACIÓN. La contribución de la
energía solar fotovoltaica a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y a la consolidación de un tejido productivo des-carbonizado es
algo muy necesario y que por tanto se debe fomentar. Sin embargo, las plantas
fotovoltaicas tienen algunas repercusiones negativas que no se pueden ignorar:
fragmentación del territorio, amplia ocupación de suelos, impactos
paisajísticos, consumo de agua, usos agrícolas, ganaderos y forestales en
conflicto. La ausencia de planificación y ordenación puede dar al traste con el
apoyo a esta energía limpia y generar un sentimiento de rechazo en las
poblaciones afectadas. Por ello, ANA viene pidiendo una moratoria hasta
en tanto y en cuanto no se apruebe por parte de la Junta de Andalucía un Plan
de Ordenación Territorial y Tecnológico.
– VIABILIDAD AMBIENTAL. Debido a que resulta del
todo inadecuado proceder a evaluar las repercusiones ambientales de este proyecto
de manera aislada y segregada de los demás proyectos que afectan tanto al
municipio de Medina Sidonia, como a la comarca de La Janda, y al resto de la
provincia de Cádiz.
– SE DEBERÍA TRAMITAR COMO UNA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL. Para la implantación de este tipo de instalaciones de producción
eléctrica sería necesario realizar un cambio en la clasificación urbanística de
los terrenos afectados, de Suelo No Urbanizable común a Suelo compatible con
instalaciones Industriales, o directamente como suelo industrial. Como mínimo,
y en este caso concreto será necesario presentar en el Ayuntamiento un Proyecto
de Actuación en Suelo No Urbanizable, proyecto que deberá aprobar el Pleno
de la Corporación que es el competente.
– ACUERDOS PLENARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA
SIDONIA. El aprobado en el Pleno Municipal de fecha 16 de Septiembre de
2021, pidiendo a la Junta de Andalucía <<… que establezca una
moratoria en la concesión de autorizaciones para la instalación de parques
solares fotovoltaicos, hasta que desarrolle una planificación estratégica que
permita una implantación ordenada, evaluando el impacto global de estas
instalaciones en el territorio, en cuanto a la productividad de la tierra, las
afecciones a la biodiversidad y el conflicto de intereses entre municipios
vecinos.>>Y el de fecha 19 de mayo de 2022: <<Propuesta de
apoyo a la iniciativa legislativa municipal, a favor de una moratoria para los
mega-proyectos de energías renovables hasta la aprobación de un Plan de
Transición Energética en Andalucía>>. Por ello, ANA entiende, que por
ahora, no se debería tramitar ningún proyecto de estas características
en el término municipal de Medina Sidonia.
– AUSENCIA DE REFERENCIAS A LA NORMATIVA
TERRITORIAL Y MUNICIPAL Curiosamente en este proyecto se dice textualmente
<< Normas y Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento Jerez
de la Frontera>>, cuando se supone debería decir Normas y Ordenanzas
Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia. Este dato hace pensar
que las Normas y Ordenanzas Municipales de Medina Sidonia ni se han mirado, es
decir, una ausencia total de las determinaciones y afecciones del Planeamiento,
Y no se aporta certificado o informe de Compatibilidad
Urbanística, emitido por el Ayuntamiento.
– CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO DE ÁMBITO MUNICIPAL
de Medina Sidonia (NNSS/PGOU). ANA alega sobre de la necesidad de cumplir con todas y cada una de
las disposiciones fijadas en la normativa urbanística de ámbito municipal:
Normas Subsidiarias (NNSS) / Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de
Medina Sidonia, menciona algunas y recuerda la necesidad de incluir en
el proyecto que se procederá a arbolar perimetralmente toda la instalación de
la planta solar, mediante doble hilera de árboles. Necesidad esta que NO está incluida en el proyecto.
– SOBRE EL VALLADO PARA EL CERRAMIENTO DE LA
PARCELA. Igualmente
se recuerda la necesidad de cumplir con lo establecido en las NNSS/PGOU y en
concreto se pide que siempre haya permeabilidad a la fauna, por lo
que el vallado perimetral de las instalaciones debe ser altamente permeable a
la fauna silvestre y a los procesos ecológicos.
– VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS PÚBLICOS. Se alega que en el
proyecto, se dice textualmente: Página 44 <<Para las parcelas de la
planta fotovoltaica se accederá a través de los caminos públicos
(53020A06609002 y 53020A06609003)>> y en otras páginas se habla de la
necesidad de ocupar la Vía Pecuaria “Colada del Pradillo”. ANA ha pedido que se
garantice el cumplimiento de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y
que se obtengan los permisos para las ocupaciones de los caminos
públicos, recordando que no se podrá llevar a cabo <<mejoras en los
caminos>> sin las preceptivas licencias municipales que sean de
aplicación.
– NECESIDADES DE AGUA. El promotor debe de
especificar y concretar cuáles van a ser las necesidades de agua de la planta
en todo su periodo de vida útil y al mismo tiempo justificar desde dónde y de
qué forma se hará el suministro para cubrir las necesidades, así como contar
con los permisos y/o autorizaciones previas.
– CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. Los proyectos de energías
renovables deben regirse por el principio de no afectar a la pérdida de
biodiversidad. La instalación fotovoltaica debe compatibilizarse con la
conservación de la biodiversidad y los usos tradicionales, como el pastoreo
controlado y en especial permitir la recolección de espárragos, tagarninas,
caracoles, etc., por parte de la población local que desde tiempo inmemorial ha
estado realizado estas labores. Transición energética y biodiversidad forman un
binomio indisoluble, de manera que procurar la primera sacrificando la segunda,
es un objetivo peligroso e irresponsable.
– ESTRATEGIA DE PAISAJE DE ANDALUCÍA. Para poderautorizar
esta instalación eléctrica hay que tener en cuenta la Estrategia de Paisaje de Andalucía (ACUERDO
de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Estrategia de Paisaje de Andalucía) que pone un énfasis especial en el paisaje
como un activo para el desarrollo sostenible y la competitividad de Andalucía,
capaz de contribuir a la creación de renta y empleo. El paisaje
contribuye a la formación de las culturas locales, siendo un componente
fundamental del patrimonio natural y cultural, que contribuye al bienestar de
los seres humanos y a la consolidación de la identidad.
– REPERCUSIONES DE LAS INSTALACIONES SOLARES
SOBRE ESPECIES DE AVIFAUNA ESTEPARIA. Las aves esteparias, como elemento faunístico singular en el
contexto europeo, legado de un pasado en el que su coexistencia con los usos
agrarios era posible, constituyen un claro indicador del uso sostenible del
espacio y, teniendo en cuenta además que son especies protegidas legalmente por
la normativa estatal y comunitaria, deben ponerse todos los medios para su
conservación.
– Manifiesto de Sevilla (Universidad Pablo de Olavide, octubre de 2024) En 2024, España sigue impulsando las energías renovables insostenibles basadas en la especulación y en el desarrollo masivo de instalaciones a gran escala realizadas con mínimas garantías ambientales, sin el consenso social necesario y buscando el máximo desarrollo en el mínimo tiempo. Es necesario acabar con las burbujas especulativas que ponen en riesgo tanto nuestro futuro como país como nuestro planeta, con megaproyectos poco sostenibles, obviando los verdaderos problemas como son el empobrecimiento de nuestros suelos, la necesidad de un cambio agroalimentario, la escasez y contaminación del agua, el avance de la desertificación, la dramática crisis de biodiversidad y la escasez de recursos naturales por la sobreexplotación de los mismos.
– RECOMENDACIONES DE LA UNIÓN ESPAÑOLA
FOTOVOLTAICA. ANA ha pedido que, al menos, se cumplan todas y cada una de las
trece recomendaciones hechas públicas por la UNEF, Unión Española Fotovoltaica.
– Petición de avales. Se ha solicitado que
antes de otorgar una licencia se exija a las compañías promotoras, presenten
aval, con una cuantía suficiente, en base a una proyección de un costo
razonable y razonado del momento en que se realice el desmontaje de la misma.
Si así no se hace, se ocasionará un grave perjuicio en el que la Administración
tendrá responsabilidad patrimonial.
– SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS DOCUMENTOS SOMETIDOS A INFORMACIÓN PÚBLICA EN ESTE Y EN OTROS PROYECTOS. Se ha criticado que se están tramitando numerosos proyectos de plantas solares, redactados casi en serie, aunque sean para localizaciones muy diversas, evidenciándose en muchos de ellos, como es este caso, que es habitual realizar un COPIA y PEGA de documentos aportados en otros proyectos, y en otros municipios, lo que ANA considera que no es serio. En las alegaciones se citan algunos ejemplos concretos referentes a este proyecto.
Y se concluye el documento de ALEGACIONES SOLICITANDO:
– La paralización de la tramitación del proyecto Planta Solar “PSFV
LAS VEGAS HÍBRIDO” en base a los diferentes motivos contenidos en las
alegaciones, ya que no es posible autorizar esta instalación eléctrica con sus
actuales contenidos y circunstancias.
– La protección los bienes básicos que pueden estar amenazados: el
suelo y el paisaje. Y la petición de una moratoria hasta en tanto y en
cuanto no se apruebe por parte de la Junta de Andalucía un Plan de Ordenación
Territorial y Tecnológico.
– Considerar a la Asociación Amigos de la Naturaleza como parte
interesada en todo el procedimiento administrativo, solicitando expresamente la
personación.
Y como siempre, ANA se ha puesto a disposición de la Junta de
Andalucía en Cádiz para cualquier aclaración o explicación complementaria sobre
las Alegaciones expresadas.
La cartera de proyectos de hidrógeno verde en España ya casi cuadruplica el objetivo del Gobierno
Ya hay proyectos de hidrógeno verde de 43 GW, el 22% de los 190 GW proyectados en Europa, frente al objetivo de 12 GW de Gobierno para 2030; tras España figuran Países Bajos, Dinamarca y Alemania
La cartera de proyectos de hidrógeno verde en España para los próximos años ya casi multiplica por cuatro el objetivo del Gobierno para 2030. El último Green Transition Index de Oliver Wyman, presentando este jueves, señala que en hidrógeno verde “la capacidad de proyectos de España es de 43 GW”, frente al objetivo de 12 GW que contempla para 2030 la última revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Anara Willendorf, Senior
Practice Research Expert del área de Clima Sostenibilidad Energía y Recursos
Naturales de Oliver Wyman, cifra la cartera total en Europa a 190 GW, por lo
que un 22,6% de esa cartera estaría en España. La consultora utiliza las
estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Hasta el año
pasado, la hoja de ruta del Gobierno contemplaba tener 4 GW para 2030, diez
veces menos de lo que se proyecta.
Según
explicó Willendorf, tras España la mayor cartera de proyectos de hidrógeno
verde en Europa está en Países Bajos, con 30 GW, seguida de Dinamarca, con 24
GW, y Alemania, con 22 GW. El informe sitúa a los daneses como líderes en
hidrógeno si se pone en relación el PIB con su cartera de proyectos. El país
nórdico se ha convertido en “líder”, según esta consultora, porque ha multiplicado
por cinco su capacidad desde 2022, de forma que el ratio respecto a PIB en ese
país nórdico es 2 veces superior al de España.
España
ha hecho una gran apuesta por este vector energético. El hidrógeno verde se
vislumbra como la gran esperanza para descarbonizar los sectores en los que más
difícil es sustituir los combustibles fósiles, como la industria pesada o el
transporte de largo recorrido, tras unos años en los que Europa ha prometido
desengancharse totalmente del gas ruso para 2027. No obstante, en el seno de la
UE se está debatiendo volver a importar gas por gasoducto como parte de un
eventual acuerde paz en Ucrania, según afirmaba Financial Times este jueves.
El
pasado miércoles, durante la inauguración del Día del Hidrógeno de Enagás, el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se van a destinar otros 400
millones de euros en ayudas a proyectos de hidrógeno en España que, pese a
tener evaluación positiva de la Comisión Europea, quedaron fuera de la primera
subasta del Banco Europeo de Hidrógeno, en la que tres de los siete proyectos
elegidos fueron españoles.
Sánchez,
que contrapuso la apuesta por las renovables al trumpismo con un elocuente
“Green, Baby Green”, también anunció que en las próximas
semanas se dará a conocer la propuesta de resolución provisional de la
convocatoria del Programa Valles del Hidrógeno por 1.320 millones de euros,
tras haberse ejecutado ya más de 1.500 millones de euros del PERTE de Energías
Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA).
El mayor
proyecto de hidrógeno verde en marcha en España son los 2 GW del futuro “Valle
Andaluz del Hidrógeno Verde” de Moeve (la antigua Cepsa), con dos centros de
producción de hidrógeno verde en los ‘energy parks’ de Palos de la Frontera
(Huelva) y San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz), una inversión estimada en
3.000 millones y la creación de unos 10.000 empleos directos, indirectos e
inducidos durante los tres años de construcción del proyecto.
Las
obras van a comenzar antes del verano, según anticipó el miércoles el consejero
delegado de la compañía, el holandés Maartsen Weetselar. Tras decaer
definitivamente el impuesto a las energéticas, la energética que controlan el
emirato de Abu Dhabi y el fondo estadounidense Carlyle anunció este jueves que
desarrollará 30 plantas de biometano en España con una inversión acumulada de
600 millones de euros.
De esos
más de 40 GW de proyectos de hidrógeno verde en España y 190 GW a escala
europea, está por ver cuántos se convierten en realidad, ya que se trata de una
tecnología todavía inmadura. La última estimación de BloombergNEF cifra en
5,947 dólares el coste de generar un kilo de hidrógeno de origen renovable en
España en actualidad, frente a los entre 1,11 y 2,35 dólares por kilo del gris,
que se obtiene del gas natural.
Hace
unas semanas, esta firma advirtió de que habrá que esperar hasta 2050 para ver
costes del hidrógeno verde por debajo de los 3 dólares en España. Según sus
estimaciones, solo será más competitivo que el tradicional el generado en China
e India a partir de 2040. En Estados Unidos se cree que la vuelta de Donald
Trump a la Casa Blanca puede impulsar la apuesta del hidrógeno por otras
alternativas como el gas y las tecnologías de secuestro de carbono (el conocido
como hidrógeno azul).
“Por debajo de la media”
La
segunda edición del Índice de Transición Verde de Oliver Wyman, tras el
realizado en 2022, clasifica 29 países por su desempeño en la descarbonización
en función de 28 indicadores clave repartidos en siete categorías: naturaleza,
economía, residuos, edificios, transporte, energía e industria manufacturera.
España
se sitúa “por primera vez por debajo de la media en su progreso hacia la
sostenibilidad” y cae cinco posiciones, hasta el puesto 19, pese a mejorar en
la mayoría de indicadores, “pero no tan destacado como el de nuestros homólogos
europeos”.
Uno de
los motivos es la baja posición en el sector del transporte, donde están “las
peores noticias”, en palabras de Pepa Chiarri, directora de Sostenibilidad y
Clima de Oliver Wyman para España. En esta categoría España cae de la posición
22 a la 24 y está por debajo de la media en todos los indicadores. En coches de
bajas emisiones la cuota de España es “la mitad de Europa”, destacó Chiarri: de
un 11-12% frente al 20% de Europa. En eléctricos, la cuota es de apenas el
5,6%, cuando Europa está en torno al 13%.
En la
categoría de Economía, “España mejora”, explicó Sofía Cruz, socia de la firma,
con una mejora “absoluta” en emisiones, que retroceden un 13%, aunque en el
anterior ranking las había recortado un 20%.
Chiarri relativizó no obstante las consecuencias de este retroceso de España en el ranking: “El problema es que hubiera empeorado cuando miramos aisladamente en los ratios. Pero la realidad es que ha mejorado, aunque a menor velocidad que en otros países. Hay que esperar a ver cómo evolucionan las medidas adoptadas ahora y en el último año”.
ANA ha presentado ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Cádiz un conjunto de alegaciones al expediente: A1/62/1997/M1. Promovido por: Enel Green Power España, S.L. en el término municipal de Vejer de la Frontera, con el fin de obtener: Autorización ambiental unificada.
Se tramita la obtención de la Autorización
ambiental unificada para una Planta Solar Fotovoltaica de 14,52 MW de potencia
instalada (12,3 MW de capacidad de acceso), que pretende hibridar con
una Planta Eólica en funcionamiento desde el año 2011, con una potencia de
24 MW, situada en el término municipal de Vejer de la Frontera, para la que se
ha abierto un nuevo periodo de información pública.
Sobre este mismo proyecto ANA ya presentó Alegaciones, con fecha 22 de julio de 2024, a la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, en aquel caso ante la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz. Pero ahora, en el nuevo plazo de alegaciones que se ha abierto, tras realizar modificaciones en el proyecto y una reformulación del Estudio de Impacto Ambiental, en tiempo y forma, hemos vuelto a presentar Alegaciones, con aproximadamente el mismo contenido, aunque con algunos cambios y nuevas peticiones.
En las Alegaciones ya presentadas por ANA en julio de 2024 destacan los siguientes temas:
– La necesidad de disponer de una
normativa para la correcta ordenación e implantación de estas instalaciones
solares, y por ello desde ANA pedimos una moratoria, hasta en tanto y en cuanto
no se apruebe por parte de la Junta de Andalucía un Plan de Ordenación
Territorial y Tecnológico.
– En estas circunstancias resulta del todo
inadecuado proceder a evaluar las repercusiones ambientales de este proyecto de
manera aislada y segregada de los demás proyectos que afectan tanto al
municipio de Vejer de la Frontera, como a la comarca de La Janda, y al resto de
la provincia de Cádiz.
– La necesidad de que para la implantación
de este tipo de instalaciones de producción eléctrica habría que realizar un
cambio en la clasificación urbanística de los terrenos afectados, de Suelo No
Urbanizable común a Suelo compatible con instalaciones Industriales, o
directamente como suelo industrial.
– Hemos observado AUSENCIA DE REFERENCIAS
a las determinaciones y afecciones del Planeamiento Territorial vigente – Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y Plan de Ordenación del
Territorio de la Janda (POT La Janda), así como de las correspondientes al
Planeamiento Municipal vigente (PGOU) del municipio de Vejer de la Frontera.
– La necesidad de que el vallado perimetral
de la Planta cumpla con lo establecido en el PGOU sobre cerramientos de fincas
rústicas, además debe ser altamente permeable a la fauna silvestre y a los
procesos ecológicos.
– La necesidad de especificar y concretar
cuáles van a ser las necesidades de agua de la planta en todo su periodo de
vida útil, y al mismo tiempo justificar desde dónde, y de qué forma, se hará el
suministro para cubrir estas necesidades, así como contar con los permisos y/o
autorizaciones previas para que el suministro de esta cantidad de agua sea
posible; ANA sigue preguntando cómo se hará la limpieza de los módulos
fotovoltaicos que formarán parte de la planta fotovoltaica.
– La instalación de proyectos de
energías renovables debe regirse por el principio de no afectar a la pérdida de
biodiversidad. Se ha mencionado la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyos principios se centran en el
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales
básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética, de
poblaciones y de especies, la variedad, singularidad y belleza de los
ecosistemas naturales, y la diversidad geológica y del paisaje.
– La necesidad de que para poder autorizar
esta instalación eléctrica se ha de tener en cuenta la Estrategia de Paisaje de
Andalucía (ACUERDO de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba la Estrategia de Paisaje de Andalucía), que pone un énfasis especial
en el paisaje como un activo para el desarrollo sostenible y la competitividad
de Andalucía, capaz de contribuir a la creación de renta y empleo.
– Las repercusiones de las instalaciones
solares sobre especies de avifauna esteparia, con base en el conocimiento
científico y técnico aplicables a la compatibilización del desarrollo de
plantas solares en el territorio español y la conservación de la biodiversidad
de los medios esteparios y agrarios, que actualmente se encuentra en claro
declive y se enfrenta a procesos de extinción local y regional.
– La petición de que, al menos, se cumplan
todas y cada una de las recomendaciones (son trece) hechas públicas por la
UNEF, Unión Española Fotovoltaica, ya que estamos viendo que ni eso siquiera se
cumple.
En esta ocasión ANA ha incorporado a su
documento de alegaciones dos
nuevas cuestiones:
– La referencia al Manifiesto de
Sevilla, acordado en las jornadas celebradas en la Universidad Pablo de
Olavide, en octubre de 2024, en cuyo preámbulo, y antes de detallar los diez
puntos que constan, entre otras cosas, se dice: En 2024, España sigue
impulsando las energías renovables insostenibles basadas en la especulación y
en el desarrollo masivo de instalaciones a gran escala realizadas con mínimas
garantías ambientales, sin el consenso social necesario y buscando el máximo
desarrollo en el mínimo tiempo. Es necesario acabar con las burbujas
especulativas que ponen en riesgo tanto nuestro futuro como país como nuestro
planeta, con megaproyectos poco sostenibles, obviando los verdaderos problemas
como son el empobrecimiento de nuestros suelos, la necesidad de un cambio
agroalimentario, la escasez y contaminación del agua, el avance de la
desertificación, la dramática crisis de biodiversidad y la escasez de recursos
naturales por la sobreexplotación de los mismos.
– Una alegación solicitando que, antes de
otorgar una licencia, se exija a las compañías promotoras que presenten
aval, con una cuantía suficiente en base a una proyección de un costo
razonable y razonado del momento en que se realice el desmontaje de la misma,
ya que, si no se hace así, se ocasionará un grave perjuicio de la que la
Administración tendrá responsabilidad patrimonial. Todo ello porque la mecánica
operativa de las empresas que actúan con los dueños de los terrenos, consiste
en que las primeras abonan durante 30 o 35 años a los segundos una renta, y
como los titulares de las instalaciones pueden cederlas sin límite a otras
compañías, se podrá dar el caso que la final de la concesión, la empresa
titular de la instalación sea insolvente, por lo que quedarán elementos no solo
inservibles en los terrenos, además con componentes cancerígenos que podrían
potencialmente contaminar los suelos y acuíferos, y le tocará desmontarlo al
propietario del terreno o a la Administración en su caso, situación dudosa, y
que en cualquier caso costaría años de procedimientos judiciales.
Y como siempre ANA, ha
solicitado:
1º). Que se proceda a la paralización de
la tramitación del proyecto «PSFV Hibridación PE Granujales» en base a los
diferentes motivos contenidos en las alegaciones realizadas.
2º). Que se protejan los bienes básicos
que pueden estar amenazados: el suelo y el paisaje. Una moratoria hasta en
tanto y en cuanto no se apruebe por parte de la Junta de Andalucía un Plan de
Ordenación Territorial y Tecnológico.
3º). Que se incorpore el escrito de
ALEGACIONES a los expedientes hasta su total tramitación.
4º). Que se considere a la
Asociación Amigos de la Naturaleza, como parte interesada en todo el
procedimiento administrativo, solicitando expresamente la personación.
