Una planta americana, cuya proliferación en España coincide con la construcción de la base naval de Rota, altera el sistema dunar de la costa atlántica

RAÚL LIMÓN – 28 OCT 2020 – 00:30 CET

Cuando la base naval de Rota comenzó a convertirse en una de las principales instalaciones militares del Sur de Europa, fruto del Pacto de Madrid, firmado por los Gobiernos del dictador Francisco Franco y de Estados Unidos en 1953, se registró también la llegada a la zona de una rastrera indeseada de pálidas hojas verdes grisáceas y flores amarillas: la Oenothera drummondii. Esta planta, propia de la costa norteamericana y climas tropicales, gracias a una extraordinaria capacidad de adaptación y con la sorpresiva ayuda de liebres y conejos, que hacen de inesperados sembradores, ha colonizado el litoral atlántico, especialmente el golfo de Cádiz y zonas del País Vasco, hasta el punto de alterar el sistema dunar y el ecosistema que de él depende. “Es un problema grave y hay que actuar ya”, afirma Juan Bautista Gallego-Fernández, investigador del grupo de Ecología Funcional de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos de la Universidad de Sevilla.

El origen de la invasión no se conoce con precisión, pero la hipótesis de que llegara con la flota americana a Rota se fundamenta en que, en Australia, donde también es invasora, al igual que en Sudáfrica, China e Israel, su colonización coincidió con la actividad de buques carboneros norteamericanos que soltaban su lastre en esa costa.

Hace 25 años, una compañera de Gallego-Fernández le mostró un ejemplar de esta planta, que entonces era aún minoritaria. La especie llamó la atención del investigador y, finalmente, emprendió un estudio con la colaboración del instituto mexicano de ecología Inecol y de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha culminado el pasado año y se ha publicado en Plant Physiology and Biocheistry, según ha difundido la Universidad de Sevilla y la Fundación Descubre. La conclusión es que esta planta, singular hace unas décadas, ha llegado a invadir el este y el sureste del golfo de Cádiz, con especial presencia en las costas gaditanas de Chiclana y Chipiona así como en el litoral de Huelva. En esta última provincia, en la zona del Espigón Juan Carlos I, se han llegado a observar más de tres millones de ejemplares.

En la zona del Espigón Juan Carlos I de Huelva se han llegado a observar más de tres millones de ejemplares

La invasión de la Oenothera drummondii cuenta con armas eficientes. Pese a ser propia de climas húmedos tropicales, se ha adaptado bien a la sequía del sur de España con estrategias como aprovechar las escasas precipitaciones y altos niveles de radiación solar mejor que algunas plantas autóctonas, como la Achillea marítima,perder las hojas durante el verano para recuperarlas en otoño, disponer de un 0,6% de semillas capaces de sobrevivir flotando en el agua del mar hasta que el viento y las mareas las arrastran a la arena o una alta capacidad de fotosíntesis, entre otras habilidades.

Pero la más singular de las tácticas invasoras ha sido inesperada y la ha encontrado en animales locales. La planta, que tiene por sí una capacidad de extensión limitada, sirve de alimento a conejos y liebres, que ingieren las semillas y las defecan en condiciones óptimas para su reproducción. Entre el 63% y el 73% de estos frutos excretados pueden germinar. Esta colaboración ha facilitado la conquista.

“La planta ha ocupado el espacio de otras nativas y ha alterado la diversidad, reduciendo el número de especies singulares y facilitando la presencia de otras vulgares”, explica Gallego-Fernández, que añade que la proliferación de la Oenothera drummondii también modifica los microorganismos del suelo y termina afectando no solo a la cubierta vegetal sino también a la fauna y flora propia de los frágiles ecosistemas dunares españoles.

Por si fuera poco, allí donde llega, esta planta invasora ocupa la mayor parte del espacio de la zona de la duna con cubierta vegetal y, al ser rastrera, altera los movimientos naturales que origina el viento sobre la arena. La especie autóctona Ammophila arenaria o carrizo crece en terrenos arenosos gracias a un sistema de raíz muy profundo que ayuda a fijar las dunas litorales, que crecen en altura por la presencia de este obstáculo. Lo mismo sucede con la Otanthus maritimus, una planta rizomatosa con tallos que alcanzan hasta medio metro de altura.

Las investigaciones de Gallego-Fernández demostraron que la presencia de estas plantas propias del Atlántico europeo se reduce significativamente ante la invasión de la Oenothera drummondii y queotras especies nativas son eliminadas. Sin estos ejemplares propios, las dunas pierden altura y se convierten en suaves montículos arenosos, desprotegiendo así las áreas situadas detrás y, según explica el científico, “reduciendo un tipo de hábitat exclusivo para especies nativas muy abundantes y con un papel muy relevante en la dinámica sedimentaria”.

“El cambio en la estructura y composición de la comunidad podría tener un efecto dominó en la biodiversidad de las dunas costeras y debe ser cuidadosamente monitoreado y mitigado”, concluye el investigador de la Universidad de Sevilla.

Consumada la invasión, Gallego-Fernández cree que es el momento de organizar las defensas. “No se puede perder de vista a esta planta”, advierte. Para controlar su expansión propone establecer un sistema de alerta y contener dónde está. La vigilancia del personal del Parque Nacional de Doñana, con una franja litoral situada justo entre las zonas ya colonizadas, ha permitido erradicarla en los pocos lugares donde fue localizada. Además, sugiere la introducción de especies de plantas leñosas propias que resistan y limiten la expansión de la planta americana.

De los 7.880 kilómetros de costa de España, según una publicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un 45% cuenta con sistemas dunares. A la presencia de plantas invasoras hay que añadir amenazas que ya vienen sufriendo, como las extracciones de arenas y agua freática, los usos agrícolas, ganaderos y forestales, las urbanizaciones y obras y las actividades recreativas no autorizadas.

Según una investigación publicada en Ibis por Miguel Ángel Gómez-Serrano, del departamento de Microbiología y Ecología de la Universidad de Valencia, la presencia de personas, y en especial cuando van acompañadas de perros, tiene un fuerte impacto en la fauna de las dunas. El estudio detecta que los caminantes, al cruzar la playa a través de estas zonas, asustan al 47% de las aves que están incubando en el área, mientras que solo ahuyentan al 13% cuando lo hacen en los caminos autorizados. Cuando van acompañados de sus mascotas, el comportamiento de las aves cambia drásticamente y el 94% huye.

https://elpais.com/ciencia/2020-10-27/invasion-en-el-golfo-de-cadiz.html

Biodiversidad, ¿la gran perdedora de la transición energética?

• El lector puede preguntarse si la urgencia de luchar contra el cambio climático no merece sacrificar biodiversidad para evitar un desastre mayor. El dilema no es renovables sí o no. La cuestión es cómo, cuánto y dónde

Luis Bolonio

22 de octubre de 2020 06:30h

El Gobierno de España ha presentado varias propuestas para luchar contra el cambio climático, entre las que cabe destacar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que recoge actuaciones previstas hasta 2030. Esta actitud proactiva es inédita y sin duda loable. Sin embargo, la lucha contra el cambio climático no puede basarse sólo en conseguir que el 100% de la electricidad provenga de energías renovables, como explica la Plataforma ciudadana para una Transición Ecológica Justa. Dicho propósito es insuficiente para conseguir la descarbonización y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la medida necesaria para cumplir con el Acuerdo de París y con las recomendaciones que marca el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Observamos además con preocupación que no se están considerando de manera adecuada los impactos negativos e irreversibles que el desarrollo masivo y no planificado de centrales de energía renovable a gran escala puede provocar sobre la biodiversidad. Por ello, la citada Plataforma ha lanzado una propuesta que identifica puntos que necesitan mejoras evidentes para garantizar la conservación de la biodiversidad durante el desarrollo de la necesaria transición energética a las energías renovables.

La ciencia demuestra que los parques eólicos y las centrales solares pueden producir un impacto severo sobre la biodiversidad por mortalidad directa y por ocupación y destrucción de hábitats de alto valor ecológico. Existen ejemplos muy contundentes en España, principalmente en aves y quirópteros y la evidencia actual sólo es la punta del iceberg de lo que puede suceder con el inminente desarrollo masivo y desordenado de proyectos de energía renovable a gran escala.

Consideramos masivo tal desarrollo porque supone un exceso desorbitado de oferta. En 2019 el pico de demanda eléctrica, el momento de mayor consumo, fue de 40 GW, siendo un 11% menor al máximo histórico registrado en 2007. A fecha de 31 de agosto de 2020, según datos de Red Eléctrica Española, la potencia instalada de energía eólica y solar fotovoltaica ascendía a 35,4 GW. Además ya se ha concedido derecho de conexión a 130 GW nuevos, y otros 60 GW más se encuentran a la espera de dicho derecho. El PNIEC tiene como objetivo que en 2030 haya instalados 87 GW. Es decir, sólo en 2021 ya tendremos dos veces y media más GW que los objetivos marcados por el Gobierno. Si traducimos de forma aproximada dichos GW a hectáreas, nos encontramos con que las centrales de renovables ocuparán al menos 425.000 hectáreas, frente a las alrededor de 87.000 hectáreas que preveía el PNIEC. Por lo tanto, sólo con esos proyectos se ocupará casi 5 veces más territorio de lo que se había previsto y evaluado. Todo ello está enmarcado en una gran burbuja especulativa, que el Real Decreto 23/2020 del 23 de junio de 2020 pretende frenar, pero que no parece conseguir al no poner coto a la compra-venta de proyectos.

El PNIEC reconoce en su Estudio de Impacto Ambiental Estratégico los potenciales efectos negativos sobre la biodiversidad del desarrollo de las energías renovables. No obstante, las soluciones que propone para evitar el daño (evaluación rigurosa de los proyectos dentro de la Red Natura 2000, las Estrategias de Conservación y Gestión de Especies Amenazas, los Estudios de Impacto Ambiental y las medidas compensatorias y de restauración) son absolutamente insuficientes.

La carencia más importante del PNIEC y su Estudio Ambiental Estratégico (EAE) es la ausencia de una planificación general, indispensable para evaluar y paliar el impacto del desarrollo masivo de energías renovables sobre la biodiversidad. El PNIEC no concreta áreas de alto valor ecológico que deban ser excluidas del desarrollo de centrales de energía renovable a gran escala. Existe el agravante de que gran parte de la información disponible sobre la distribución y situación poblacional de muchas especies de fauna y flora silvestre está desactualizada debido al desplome en la financiación de los programas de seguimiento en los últimos años, tanto a nivel autonómico como nacional. En estrecha relación con esto se encuentra el hecho de que el diseño de la Red Natura 2000 actual es claramente escaso para garantizar la conservación de los valores naturales para los que fue planteada, principalmente por dos motivos. En primer lugar, la planificación se hizo en muchos casos sin disponer de la información necesaria para realizar un diseño adecuado. En segundo lugar, la distribución y abundancia de los seres vivos es un proceso dinámico en el tiempo, especialmente bajo el marco del cambio global al que nos enfrentamos. Esto ha provocado que actualmente existan áreas críticas para la conservación de diversas especies que no cuentan con ninguna figura de protección. Todos estos problemas podrían en cierta medida verse contrarrestados por los planes de manejo de especies amenazadas catalogadas. Desafortunadamente, en la actualidad existen estrategias de conservación y gestión para sólo el 5% de ellas pese a que dichas estrategias son legalmente obligatorias. Asimismo, los catálogos nacionales y autonómicos de especies amenazadas han quedado en muchos casos obsoletos. Por ejemplo, gran parte de las aves ligadas a estepas naturales o cereales de secano en extensivo, uno de nuestros grupos faunísticos más singulares en el contexto europeo y principales afectadas por las plantas solares, no cuentan con categorías de protección que hagan justicia a la dramática situación que atraviesan. En el caso de otras aves y muchos murciélagos es necesario recabar criterio experto y elevar la categoría, tal y como proponen los especialistas. Urge acelerar estos procesos de modo que las especies cuenten con un nivel de protección legal y unas estrategias de gestión y conservación coherentes con su grado de amenaza.

En lo referente a los Estudios de Impacto Ambiental, la capacidad que tienen para anticipar el impacto real de los proyectos ha sido cuestionada en diversas ocasiones desde ámbitos científicos. Por ello, el PNIEC en ningún caso debe simplificar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tal como propone, sino que se debe aumentar la exigencia en la calidad, duración e intensidad de los trabajos de campo. En caso de duda sobre los efectos de un proyecto, debería siempre aplicarse el principio de precaución, establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) e introducido en el Derecho Comunitario como principio orientador de su política ambiental (art. 174.2 del Tratado CEE). Cuando las infraestructuras puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000, el proyecto debería ser denegado siempre que el promotor no demuestre que es inocuo sobre los valores que motivaron su inclusión en la Red Natura 2000. Así lo establecen la Directiva Hábitats y la famosa “sentencia Wadden”. Finalmente y de manera general, debe reflexionarse sobre cómo se realizan los estudios de impacto ambiental que actualmente ejecutan o contratan los promotores directamente y que en la práctica tienen en demasiadas ocasiones escaso control administrativo.

Observamos también con preocupación que muchas autorizaciones y Declaraciones de Impacto Ambiental pretenden sortear daños ambientales severos con la aplicación de medidas compensatorias. Compensar la biodiversidad perdida en un lugar restaurándola en otro distinto es lo que se conoce como “ausencia de pérdida neta de biodiversidad” y supone una tentación para no bloquear las actividades económicas. Sin embargo, la realidad es que esa compensación es poco ambiciosa y la mayor parte de las veces ineficaz, como atestiguan numerosas experiencias realizadas en España en los últimos años. El PNIEC ha de garantizar la conservación de la biodiversidad existente y no pretender restaurar el daño causado por el plan mediante medidas compensatorias, que deben ser la última opción, ante impactos ambientales residuales, y siempre en casos muy concretos tras un análisis de alternativas honesto que incluya la alternativa de no ejecutar el proyecto.

El Real Decreto 23/2020 provocará que antes de finales de 2020 se presenten cientos de proyectos en todo el territorio español. Si el desarrollo masivo de estas centrales continúa sin una planificación y evaluación integral adecuadas, los efectos sobre la biodiversidad de nuestro país, la más importante de Europa occidental, pueden ser desastrosos e irreversibles. El lector puede preguntarse si la urgencia de luchar contra el cambio climático no merece sacrificar biodiversidad para evitar un desastre mayor. El dilema no es renovables sí o no. Sin duda renovables sí, la cuestión es cómo, cuánto y dónde. Para responder a estas preguntas tenemos una hoja de ruta marcada por las Directivas Europeas del paquete de invierno que son de obligado cumplimiento y que apuestan por la eficiencia energética que reduciría las necesidades energéticas, por el desarrollo de un modelo distribuido que acerque los centros de generación de energía a los centros de consumo, y por energía generada con autoconsumo de renovables, es decir, con fotovoltaicas en nuestros tejados o en los polígonos industriales, no en el medio natural. Este modelo evitaría por completo los efectos devastadores que uno centralizado de energías renovables a gran escala puede provocar sobre nuestra biodiversidad y paisaje. No podemos olvidar que el paisaje es un recurso imprescindible para un sector estratégico y en alza como el turismo rural. Además, el autoconsumo con renovables podría tener muchos otros efectos positivos, como el abaratamiento de la factura de la luz y conseguir de manera eficaz los objetivos de descarbonización.

Dado que encima de la mesa ya tenemos una oferta de potencia renovable que duplica la planificada por el PNIEC para 2030, parece lógico realizar una moratoria temporal en la autorización de megacentrales de energías renovables hasta que se subsanen todas las debilidades que hemos señalado. Como en el escenario actual esto parece muy poco probable, consideramos imprescindible y muy urgente realizar al menos una adecuada planificación, estudio y evaluación integral del PNIEC que, más allá de los marcos normativos vigentes, contemple sus efectos sobre la biodiversidad y paisaje. Resulta indispensable además que el modelo incorpore las Directivas Europeas de obligado cumplimiento. Creemos firmemente que es posible conseguir una transición energética a las energías renovables preservando el bien común que representan la biodiversidad y el paisaje y los servicios que nos brindan.

Firmantes

Luis Bolonio. Técnico en Conservación de la Biodiversidad y Cooperación al desarrollo.

David Serrano. Científico Titular. Estación Biológica de Doñana (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Su actividad se centra en la ecología aplicada a la conservación de aves, especialmente rapaces y aves esteparias.

Francisco Valera. Científico Titular. Estación Experimental de Zonas Áridas (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Su principal interés es el estudio de la conservación de la biodiversidad en el marco de las interacciones entre organismos y de éstos con el hombre.

Diana Osuna. Licenciada en Ciencias Ambientales. Técnica de Recursos Naturales, agroecología y Educación para el Desarrollo.

Esperanza Ursúa. Doctora en Biología. Consultora ambiental. Entre sus líneas de actividad figuran los estudios dirigidos a la conservación de la biodiversidad, en especial aves esteparias y rapaces

Eugenio Montelío. Licenciado en Biología. Consultor ambiental especializado en el impacto sobre la biodiversidad generado por las energías renovables.

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En Cádiz, con un centenar de proyectos, colectivos medioambientalistas advierten del impacto en suelos de especial protección y agropecuario y en la avifauna

Autor en Andalucía Información

Daniel Barea   CAMPO DE GIBRALTAR – Publicado: 25/09/2020 · 10:18

La avalancha de parques solares proyectados en la provincia de Cádiz ha hecho saltar las alarmas de colectivos medioambientalistas y ecologistas. Según los datos aportados por la periodista Raquel Benjumeda en un reciente artículo publicado en www.horsepress.es, está pendiente de tramitación un centenar de proyectos que instalarán paneles fotovoltaicos en una extensión de 25.000 hectáreas y con una producción de 12.000 megavatios.

El Ministerio de Transición Ecológica ha enviado a la Junta instrucciones sobre los principales impactos ambientales asociados a estas instalaciones y medidas imprescindibles para autorizar las plantas de energía solar, como la búsqueda de suelos alternativos a los terrenos que coinciden con los hábitats de avifauna esteparia en regresión. Pero la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está dando luz verde, sostiene Benjumeda.

La sociedad Desarrollos Renovables Eólicos Solares S. L, perteneciente al grupo Acciona, promueve la construcción de siete plantas fotovoltaicas en Tahivilla, Tarifa, compartiendo instalaciones de evacuación con parques eólicos en fase de operación y mantenimiento. Un auténtico despropósito para Francisco Montoya porque, advierte, Acciona ocupará todo un pasillo migratorio entre dos parques naturales, El Estrecho y Los Alcornocales, Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Espacios protegidos de la Red Natura 2000 (UE), que afectará numerosas especies amenazadas, como alimoches o el ave que da nombre al Colectivo Ornitolígico Cigueña Negra, de la que es en la actualidad coordinador de Proyectos y voluntario ambiental.

“No estamos en contra de este tipo de energía, al contrario, pero sí de la ubicación de las plantas”, puntualiza. “Las placas solares alteran las corrientes térmicas, de manera que aves y también murciélagos no podrán volar o volarán más bajo, lo que incrementará el número de impactos”, explica, disparando la mortandad en el entorno. Los aerogeneradores se han cobrado ya casi un millar de animales. Concretamente donde se prevén las plantas fotovoltaicas, en el Cortijo Iruelas y La Herreria, han muerto 439.

La Asociación Amigos de la Naturaleza (Analajanda) también ha alertado sobre dos proyectos en Medina, otros dos en Alcalá de los Gazules y uno más en Vejer. Mariano Maestu, representante de la organización, expresa su preocupación por la amenaza a la biodiversidad de este fenómeno tal y como se está desarrollando.

Por una parte, indica que “la  instalación  fotovoltaica  debe  compatibilizarse en todo caso  con  la  conservación  de  la biodiversidad  y  los  usos  tradicionales,  como  el  pastoreo  controlado  y  en especial  permitir la  recolección  de espárragos,  tagarninas o caracoles por parte  de  la  población  local  que  desde  tiempo  inmemorial  ha  estado  realizado estas labores”.

Por otro lado, defiende el mantenimiento  de  zonas  con  especies  silvestres  de  interés para la conservación de especies polinizadoras, la instalación de zonas de refugio y cría, por ejemplo para aves escasas o de especial interés como el aguilucho cenizo, cernícalo, rapaces o murciélagos, y el aprovechamiento de algunas  parcelas para la ganadería extensiva.

En este sentido, teme que la comarca pierda actividad agropecuaria por el uso de suelos para fines industriales y cita estudios como el llevado a cabo por Sergi Saladié, profesor de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, quien sostiene que la energía renovable “no fija población, sino lo contrario”, y tampoco crea puestos de trabajo.

Saladié analizó la repercusión en censo y en empleo de las 43 centrales eólicas en funcionamiento, con 812 aerogeneradores diseminados por 43 municios catalanes. En sus conclusiones apunta que el porcentaje de trabajadores eólicos empadronados en estas localidades representa únicamente el 0,7% y entre 2008 y 2018 la comarca de la Terra Alta, en la que se concentra especialmente la actividad, ha perdido el 10,7% de la población, siendo la comarca de Cataluña con mayor porcentaje de pérdida demográfica en ese periodo.

Maestu advierte de la gran burbuja de proyectos renovables en España después de que el Gobierno socialista anunciara el cierre de todas las centrales térmicas de carbón. De hecho, Red Eléctrica de España (REE) afronta actualmente el proceso de planificación de inversiones para el periodo 2021-2026 y tramita los permisos de acceso a la red. Las peticiones de los promotores exceden en mucho las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030: REE habría concedido permiso de acceso a proyectos renovables que suman 81,8 gigavatios, muy por encima de los 50 de incremento previsto para los próximos diez años.

“Hay empresas que están pidiendo licencia sin intención de instalar nada”, afirma. El objetivo es especular. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha declarado que “existe el riesgo de que algunos de los titulares de estos permisos no tengan interés real en el desarrollo y puesta en marcha de las instalaciones, sino en obtener un beneficio con la transmisión de los permisos”. Para los ayuntamientos, por otro lado, la proliferación de las plantas fotovoltaicas es una fuente de ingresos a la que no parece que vayan a renunciar.

“Pedimos una moratoria”, explica el portavoz de Analajanda. Equo Cádiz Verdes reclama igualmente un plan integral para la implantación de paneles solares. Rosmarie Hennecke, miembro de la formación, lamenta que “el actual Gobierno autonómico vuelve a cometer los fallos de los antecesores” al no tener en cuenta “la combinación de las infraestructuras realizadas y las pretendidas, necesaria e implícita por las directivas ambientales europeas”. Y plantea algunas otras alternativas como la que ofrece un reciente análisis realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad: España podría tener capacidad para desplegar de aquí a 2025 hasta un millón de paneles solares en tejados, lo que supondría la instalación de 17.603 hectáreas, que podrían producir hasta 15.400 gigawatios, con los que se podría abastecer a una población de 7,5 millones de personas.

El responsable de Cigüeña Negra da por buenas todas estas ideas, pero recuerda que “el megavatio más verde es el que no se consume” y aboga por llevar a cambio todos las modificaciones normativas necesarias y se apueste por incentivos para un consumo eficiente y responsable de energía.