Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente
Acuerdo de 23 de diciembre de 2025, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública sobre el proyecto y la valoración de impacto de la salud, con el fin de obtener autorización ambiental integrada, en los términos municipales de Jerez de la Frontera y Paterna de Rivera (Cádiz).
ALIENTE DENUNCIA LA CORRUPCIÓN ASOCIADA AL SISTEMA DE IMPLANTACIÓN MASIVA DE RENOVABLES EN ESPAÑA
La implantación masiva de renovables continúa en nuestro país mientras se desperdicia un porcentaje considerable de la electricidad generada.
Desafortunadamente, al mismo tiempo llevamos semanas conociendo datos alarmantes sobre los posibles casos de corrupción en Aragón, que se unen al que salió a la luz en Castilla y León hace ya diez años, y a ciertos favores otorgados en el entorno del exministro Cristóbal Montoro en beneficio de determinados proyectos de renovables.
En las últimas semanas de 2025 se han conocido las investigaciones de la UCO (Unidad Central Operativa del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil) sobre FORESTALIA respecto al controvertido parque eólico del Maestrazgo, y sobre otras empresas como ACCIONA. En ellas se revelan las relaciones corruptas en los sistemas de evaluación, asignación y ejecución de proyectos de implantación de renovables en España. Esta corrupción se ha ido extendiendo en el tiempo y en el espacio. Recordemos que la “trama eólica” desarrollada en Castilla y León hace ya 10 años, es el caso más grave de corrupción en esa comunidad autónoma, que actualmente está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Valladolid y que están comprometidos en la causa cientos de millones de euros. También está abierto el caso del exministro Cristóbal Montoro, que presuntamente favorecía la aprobación de ciertos proyectos de renovables si se encargaban a su propio despacho, Equipo Económico y, lo que es incluso más alarmante, se beneficiaba supuestamente a esas empresas de renovables con cambios normativos a medida, que posteriormente se publicaban en el BOE (Boletín Oficial del Estado).
Toda esta información pone de manifiesto que el sistema actual de tramitación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas adolece de una serie de defectos que, de una manera u otra, es preciso eliminar. Desde la plataforma ALIENTE, Alianza Energía y Territorio, consideramos que para erradicar cualquier atisbo de corrupción es necesaria la mayor transparencia posible en todas las fases de tramitación.
Esta corrupción en la implantación masiva de macroproyectos renovables se compone de tres variables íntimamente relacionadas entre sí. Por una parte, la corrupción técnica. Se han valorado positivamente, considerándolos como casos con mínimo impacto ambiental, proyectos que en realidad tenían un impacto grave en el medio ambiente, maquillándolos a sabiendas con medidas compensatorias completamente inútiles. Para poder sacar adelante estas anómalas valoraciones ambientales se prescinde del criterio de los técnicos críticos, funcionaros públicos, que se oponen a las mismas, y cuyos informes desfavorables basados en datos objetivos son modificados o anulados por cargos jerárquicamente superiores, sometidos a presiones políticas, para atender a los deseos de los promotores. Por desgracia, la sombra de esta mala praxis afecta ya tanto a las administraciones autonómicas y provinciales como al mismo MITECO. Conviene recordar aquí que la denominada “externalización de las evaluaciones ambientales” está prohibida por ley. Son incontables también las ocasiones en las que se ha recurrido al muy denunciado procedimiento de fraccionar los proyectos para eludir la evaluación ambiental ordinaria.
Otra práctica permitida ha sido la creación por parte de los mismos propietarios de una pléyade de pequeñas empresas, una por cada proyecto, para eludir controles en la presentación, en la tramitación y en las posibles responsabilidades posteriores que pudieran generarse en los mismos. Y porque, no nos engañemos, el fin último de los mismos no es otro que el de ser vendidos, puesto que estamos hablando de un negocio de naturaleza abiertamente especulativa.
Como resultado de este contexto permisivo, no se ha impedido que se instalaran proyectos en zonas con protección ambiental o de alto valor agrícola, ecológico y/o paisajístico, y se ha hecho una interpretación espuria de la figura de utilidad pública, tanto como herramienta de presión para que los propietarios de las tierras accedieran a la firma de los contratos de arrendamiento, como para ejecutar de facto expropiaciones que favorecen intereses estrictamente privados con el argumento de una más que dudosa utilidad social.
Los datos recientemente publicados muestran que los vertidos de la eólica y la solar, “en conjunto supondrían un 12% del consumo de electricidad del año”; o explicado de otra forma, que “se ha reducido la capacidad de producción anual casi un 25% en fotovoltaica y del 20% en eólica” por los excesos de producción. A pesar de ello, sigue el proceso masivo de instalación de proyectos renovables, muchos de ellos con importantes impactos ecológicos y sociales. No se puede justificar ya de ninguna manera que se sigan autorizando cada vez más macroproyectos de esta forma tan acelerada, y acompañada además de tal cantidad de irregularidades.
Por otra parte, está la posible corrupción económica, donde podría haber empresas a las que se beneficia con las políticas de implantación, tanto en la asignación de ofertas como con los sistemas de fijación de precios, adecuándolos a los intereses de las mismas a pesar de la falta de rentabilidad real de muchos de esos proyectos, algunos de los cuales se han regado generosamente con ayudas y subvenciones públicas procedentes de los fondos europeos. También se observa con excesiva frecuencia el efecto pernicioso de las denominadas “puertas giratorias”: políticos o altos cargos de la Administración que acaban en los consejos de administración o en los lobbies de las empresas energéticas; técnicos de organizaciones ecologistas o de ONGs ambientalistas que se incorporan igualmente a estos grupos de presión; contratos entre este tipo de organizaciones y las grandes eléctricas en una estrategia indisimulada de greenwashing, etc.
Está finalmente la posible corrupción política, donde determinados políticos, como es el caso de Aragón o de la trama eólica de Castilla y León, han podido supuestamente haber estado implicados en procesos de concesión de proyectos a ciertas empresas que no cumplían los necesarios criterios técnicos, presionando a funcionarios públicos que no eran partidarios de seguir esos procedimientos irregulares. Esas políticas no benefician al conjunto de la ciudadanía, sino a determinados colectivos, lo que se materializa en la persistencia de la pobreza energética a pesar del aumento de renovables y en la casi imposibilidad en la práctica de desarrollar de manera ágil las comunidades energéticas.
En su día, el “impuesto al sol” ralentizó la implantación de tejados solares por parte de ciudadanos particulares y empresas, pero incluso ahora, paradójicamente, no se incentiva de una forma adecuada el autoconsumo mientras se permite instalar renovables en zonas protegidas, o simplemente se es incapaz de zonificar el país para realizar un despliegue de una manera razonable.
Las lecciones del apagón de 2025 sobre la falta de estabilidad de sistema, con el que tanto tiene que ver este despliegue desordenado de las renovables, se ha traducido en un mayor uso del gas, un aumento de las emisiones de CO2 y un encarecimiento de la factura de la luz. ¿Era este el objetivo?. La única respuesta oficial ha sido el anuncio de más inversiones en la red que volveremos a pagar entre todos.
Por todo ello ALIENTE y sus asociados exigen:
En definitiva, que la transición energética sea de verdad democrática, ecológica y justa.
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda
Anuncio de 16 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica resolución del expediente sancionador por actos de parcelación urbanística en suelo rústico, en el término municipal de Paterna de Rivera (Cádiz).
Ayuntamiento de Barbate
Aprobación inicial de la 4ª modificación del PGOU para el Área de Oportunidad de Dinamización turística Trafalgar-San Ambrosio .
“Hay una coartada perfecta para arrasar con el modelo inicial, que era sostenible, que no buscaba rentabilidad sino buena gestión y por ello dependía de subvenciones, a otro modelo de biogás altamente industrial que obtiene su materia prima de actividades insostenibles”
Antonio Jorge San Vicente – Ecologistas en Acción de la Manchuela en Cuenca y Albacete
25 de diciembre de 2025 07:05 h
Recientemente Ecologistas en Acción ha lanzado el documento ‘biogás y biometano: ¿cómo evaluar los proyectos?‘, y no puedo por menos que aplaudir esta iniciativa que creo que es pionera entre los diferentes movimientos ecologistas en España y que era plenamente necesaria.
El documento hace, a modo de introducción, una reflexión impecable donde se aborda realmente la esencia de lo que se tiene que definir como un modelo sostenible y la reflexión de la necesaria reducción del consumo de energía por una parte, y de la necesidad de cambiar el modelo agroganadero por otra.
Pero luego en la definición que se hace de biogás-biometano creo que comete un error estratégico: se trata de definirlos como energía renovable, lo que podría interpretarse, por parte de la patronal, como un espaldarazo por parte de un movimiento ecologista a la evolución del sistema de obtención de energía por parte del capitalismo verde.
Aunque evidentemente sé que esa no era la intención, sí que voy a pedir, desde mi humilde posición del activismo de base, que el movimiento ecologista abandone estos términos para evitar la manipulación de los mismos por parte de los que solo tienen el interés de seguir haciendo caja.
Si nos alineamos con el discurso oficial del sector del biogás y a la vez con las tesis mantenidas, tanto en la ruta del biogás del ministerio como en todas las directivas europeas – que tratan al biogás biometano como fuente de energía renovable- estaremos justificando sin quererlo el desarrollo del modelo que estamos criticando.
Realmente, a estas alturas, nadie me ha explicado todavía a día de hoy en que se parece el biogás al sol o al viento y por qué meterlos en el mismo paquete.
Tanto la energía solar como la del viento fluyen de manera continua en el planeta fruto de la irradiancia, de la potencia de la radiación electromagnética del Sol sobre la superficie de nuestro planeta.
Por ello, mediante sistemas de captura de la radiación solar, espejos, paneles fotovoltaicos, intercambiadores de calor, etc, capturamos esta radiación y la convertimos en energía útil, bien en forma de calor bien como electricidad.
Lo mismo hacemos con el viento, en un proceso que se remonta al siglo VII o quizás más lejos: utilizamos el flujo del aire para crear un movimiento rotatorio que captura parte de la energía del empuje del aire en movimiento y lo puede convertir en trabajo. O mediante generadores, en electricidad.
Pero el biogás (y por tanto el biometano) es radicalmente diferente: se puede producir espontáneamente en los procesos de degradación de la materia orgánica, pero en la naturaleza no es aprovechable por lo que tenemos que acumular gran cantidad de residuos orgánicos procedentes de diferentes actividades humanas para que podamos usarlo.
Por tanto, no contamos con un flujo continuo ni estable (que sí que existe en la solar y fotovoltaica) si no producimos residuos de manera estable y continua. Esto supone un problema, un gran problema. Si nuestra razón de procesar los residuos no es hacer una buena gestión, sino obtener energía, vamos a necesitar previamente producir residuos, ya que si no, no dispondremos de esa energía. Por tanto, la energía que obtendremos va a depender proporcionalmente de la cantidad de energía fósil que hayamos invertido previamente en la generación de los residuos.
No va a haber por tanto una gran diferencia en el balance final de emisiones y estaremos haciendo puro y simple retardismo climático y greenwashing . Y si además nuestro consumo de energía llega a depender en una parte sustancial de la que obtengamos de los residuos, necesitaremos cada vez más residuos y seremos dependientes del sistema insostenible que los genera, con lo que difícilmente vamos a renunciar a él. Realmente por tanto, sólo aplicando unas sencillas reglas lógicas vemos que no se puede calificar el biogás como energía renovable.
Creo que es una gran falsedad la afirmación de que el biogás cierra el ciclo corto del carbono, ya que esto solo es cierto cuando se produce de manera espontánea en la naturaleza, pero nunca cuando se produce a nivel industrial porque ahí intervienen muchos otros factores.
Si algo necesita el capitalismo para seguir desarrollándose son dos cosas: materias primas y energía. De ahí que todo el despliegue de renovables se haya hecho de manera tan desordenada y con poco respeto por criterios ambientales. En el caso del biogás se ha pretendido convertir lo que es un buen sistema de gestión de residuos de proximidad en una fuente de energía, lo que realmente no es, sino su efecto secundario. Este afán de justificación y de buscar una coartada para seguir haciendo lo de siempre es lo que ha llevado a la Unión Europea a clasificar el biometano como gas renovable y a la vez como energía renovable, propiciando la aparición de un lobby subsidiario y cómplice del de las energías fósiles, que ahora lo utilizan como greenwashing.
Y finalmente esta ha sido la coartada perfecta para arrasar con el modelo inicial, que era sostenible, que no buscaba rentabilidad sino buena gestión y por ello dependía de subvenciones, a otro modelo de biogás altamente industrial que obtiene su materia prima de actividades insostenibles, industriales o ganaderas y cuya finalidad es mantener el desorbitado e imposible consumo de energía de un sistema económico que da muestras de estar dispuesto a morir matando.
Por ello, cuanto antes utilicemos la terminología de manera ajustada, antes empezaremos a hacer las cosas correctamente.
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda
Resolución de 16 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, por la que se acuerda la ampliación del plazo de información pública de la versión preliminar de la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el estudio ambiental estratégico y el proyecto de Decreto por el que se aprueba la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2025/245/BOJA25-245-00002-17064-01_00330662.pdf
El mundo necesita bits, pero sobre todo necesita suelo, agua y aire para los que vendrán después de los bits.
Fernando Prieto Director del Observatorio de Sostenibilidad
11 dic 2025
Los centros de datos son el corazón de la economía digital: almacenan, procesan y analizan la información. Hacen posible desde la investigación en ciencia, medicina, ingeniería o educación a la gestión de una consulta médica en la nube o un semáforo inteligente. Sin ellos, el mundo se paraliza. Pero también es cierto que una gran cantidad de información que se crea y se guarda en estos centros de datos es más que prescindible (desde la minería de las criptomonedas hasta gran parte de su almacén). La innovación verdadera ya no es acumular más bits, sino almacenarlos sin destrozar el mundo que los genera. El debate es cuántos centros de datos indispensables necesitamos, y dónde y cómo construirlos. Y ahí la respuesta es mucho menos brillante.
Construirlos “así” —como hasta ahora— significa réplicas al carbono de gigantes de hormigón y acero que además consumen ingentes cantidades de agua y de energía con, por supuesto, ninguna participación ciudadana. El informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) sobre Energía e Inteligencia Artificial (IA) prevé que el consumo energético de los centros de datos a nivel mundial se duplicará a 945 TWh para 2030, desde los 415 TWh de 2024. La IEA ya estima que los centros de datos representan alrededor del 1,5% del consumo eléctrico mundial y prevé algo menos del 3% del consumo total de electricidad mundial en esa fecha, y “algo más que el consumo total actual de electricidad en Japón”.
Según el citado informe, la demanda de centros de datos representará alrededor del 10% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad para 2030. Esto significa emisiones y, por supuesto, elevar la temperatura global mientras vendemos la ficción de que la nube es “inmaterial”. En Europa el consumo los centros de datos ya es entre el 1% y el 5% de la electricidad, según sea un país u otro. Las cifras que maneja Eurelectric indican que los centros de datos en Europa pueden alcanzar en 2030 el nivel de consumo eléctrico de toda España. Pero, a pesar de su importancia, estas decisiones se toman sin ningún tipo de participación.
España ha pasado de la ser periferia a convertirse en el hub del sur de Europa en menos tiempo del que tarda un servidor en quedarse obsoleto
Construirlos “donde hasta ahora” ha significado situarlos donde la legislación es más permisiva, el agua más barata y la electricidad más sucia, para luego tatuarlos con sellos de “carbono neutral” que olvidan la cuenta real de emisiones. Significa, en suma, repetir el mismo error de siempre: crecer primero y sostener después.
No se pueden regalar kilómetros cuadrados de suelo fértil o derechos de un agua que ya escasea —recordemos el estado de los caudales ecológicos de los ríos—. Tampoco pueden tener energía renovable por el día y, sin embargo, quemar gas por la noche, lo que implicará aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es el modelo preferido de construcción del país de “construye-grande-ya, luego-veremos” en lugar de “modular-si-hace-falta, y-solo-si-es-sostenible”.
España ha pasado de la ser periferia a convertirse en el hub del sur de Europa en menos tiempo del que tarda un servidor en quedarse obsoleto. En los últimos dos años la potencia instalada se ha sextuplicado: ya roza los 600 MW, un 275% más que en 2022. Las previsiones son que lidere el mercado de centros de datos en el Sur de Europa.
Madrid concentra el 55 % de esa capacidad y ha crecido al 23,5% anual, duplicando el ritmo de Londres o Ámsterdam. La Comunidad de Madrid acumula 46 centros en funcionamiento y prevé 1,7 GW adicionales de aquí a 2030, lo que movilizará 23.400 millones de euros de inversión directa e indirecta. Aragón, por su parte, puede tener en torno a un 30%: ha pasado de ser anecdótica a proyectarse con más de 1.800 MW en la próxima década: Microsoft (2.900 millones de euros), Amazon (15.700 millones de euros hasta 2033) y el fondo Azora con su “Tillión” (2.000 millones de euros) han convertido el desierto de los Monegros en la nueva meca digital. Finalmente, Catalunya se quedaría con un 13%.
Esta asimetría en la situación de los centros de datos tiene mucho que ver con la saturación posterior que se da en las redes. Pero esto no se ha tenido en cuenta, a pesar de que esta en la prensa todos los días. Madrid no produce prácticamente nada de energía: tan solo un 5% a pesar de tener un consumo de 27GWh. Ni renovables ni no renovables, por lo que seguirá consumiendo la de otras comunidades autónomas. Catalunya solo produce un 19% de energías renovables respecto al total de lo que consume, una de las proporciones más bajas de España, por lo que usara las renovables de Aragón. Y, finalmente, habrá territorios sacrificados como el ya citado Aragón.
Construir “así” es más barato a corto plazo, pero externaliza costes que pagaremos en sequías, huracanes y migraciones climáticas
Una vez más la administración ha permitido un crecimiento desordenado y exponencial proporcionando suelos baratos y prometiendo energía asequible y renovable (recordemos que por la noche no funcionan las fotovoltaicas) en un país extraordinariamente árido, con escasez de agua y con sequías periódicas, poniendo en valor la posición geoestratégica de cables submarinos que conectan Europa con EE UU y América Latina. Todo dentro del marco “Proyecto de Singular Interés”, que no es más que una iniciativa gubernamental diseñada para acelerar la aprobación y el desarrollo de proyectos de gran envergadura e impacto, como los data centers.
El pelotazo es tal que “el país cuenta, además, con un “horizonte de crecimiento sin precedentes”: la demanda de este tipo de infraestructuras de datos se incrementará un 90% hasta 2028, y España multiplicará por diez su capacidad instalada en los próximos siete años. El resultado: 8.000 millones de euros previstos de inversión directa solo en 2026 y un impacto estimado en el PIB que podría alcanzar los 60.000 millones en tres años.
Sin embargo, el 85% de los nodos de la red eléctrica está saturado y el 92% de la capacidad de acceso a potencia ya está adjudicada. Cada vez más proyectos reciben un “no” a su conexión: la red no da más de sí y la demanda por inteligencia artificial triplica o quintuplica la densidad energética por rack. Mientras tanto, Barcelona crece al 38% interanual y Aragón al 24%, pero Madrid se estanca precisamente por el cuello de botella energético.
Merlin Properties ha anunciado 260 MW refrigerados sin agua y 100% renovable, pero admite que los permisos de la fase 2 van retrasados. Blackstone invertirá 7.500 millones en Aragón, pero el proyecto “Rodes” partirá con 150 MW que podrán escalar a 300 MW si la red aguanta.
La premisa es simple: la digitalización no puede ser la excusa para la desdigitalización del planeta
Así que tenemos el crecimiento más explosivo de Europa, con ninguna participación ciudadana y, al mismo tiempo, el riesgo de repetir el modelo antiguo: campus de hormigón y acero en suelo rural, refrigeración por evaporación que consume millones de litros de agua potable, y compensaciones de CO₂ en papel mientras la generación eléctrica real se apoya en el gas cuando baja el viento o simplemente es de noche.
La premisa es simple: la digitalización no puede ser la excusa para la desdigitalización del planeta. Construir “así” es más barato a corto plazo, pero externaliza costes que pagaremos en sequías, huracanes y migraciones climáticas. Construir bien es más caro hoy, pero amortiza el futuro que queremos habitar.
Hay que recordar otras “grandes ideas transformadas en burbujas por la codicia inmediata y la falta de planificación”. Es el caso de las granjas de cerdos (somos el tercer productor mundial), que han supuesto una gran cantidad de acuíferos y aguas superficiales contaminadas —por no hablar de los riesgos de la Peste Porcina Africana—; la producción de eucaliptus globulus (tenemos más extensión de estos árboles que la propia Australia) que posicionan y posicionarán a España como lugar récord de incendios forestales; o el reciente boom de las renovables, de cualquier forma y en cualquier sitio, ocupando paisajes prodigiosos, zonas protegidas o tierras fértiles en un escenario de bajos precios y disminución de la demanda.
A estas hay que añadir la ultimísima burbuja de las plantas de biometano, también llevada a cabo de cualquier forma y en cualquier sitio. No dejemos que vuelva a pasar.
España puede ser el Silicon Valley de los datos del sur, pero también puede convertirse en el Desierto de los Datos del sur
Los monocultivos suelen presentar bastantes riesgos, ya sean de placas solares, eucaliptos, cerdos, plantas de biometano o centros de datos. Seamos serios. Estudiemos casos a caso, veamos lo que hacen países mas avanzados y tomemos decisiones que no impliquen caer en “cuanto más grande, mejor” y en “cuanto antes tomemos la decisión, mejor”. Y no se trata solo de exigir transparencia real, sino de transparencia en la planificación: ¿de dónde va a salir el agua en un escenario de cambio climático? ¿Cuál es la prioridad en el uso del agua? ¿Primero la agricultura, el estado ecológico de las aguas, los caudales ecológicos o los centros de datos? ¿Cuál es la energía renovable que se utilizará? Y cuando no haya energía renovable, ¿se quemará gas? ¿Cuáles son las estimaciones de aumento de emisiones del país por los centros de datos? ¿Afectará el aumento de precio de la energía a los ciudadanos? ¿Va a haber algún tipo de participación ciudadana en las decisiones?
La alternativa es idéntica que en el resto de los sectores: planificación, planificación y planificación basada en la mejor ciencia disponible, lo que se podría traducir en una moratoria temporal y no en la codicia de unos cuantos fondos de inversión internacionales y basado en las condiciones de abaratar suelo y olvidar los impactos ambientales, unido a enormes subvenciones, para luego permitir el “laisse faire” de los fondos e inversión mientras la administración mira hacia otro lado.
Existen otros entornos donde los impactos son menores, zonas con mucha más agua disponible y menores temperaturas donde las necesidades de refrigeración serán menores y las posibilidades de utilizar el calor residual mas grandes. Sin embargo, se venden las condiciones de agua ilimitada y disponibilidad de energía para refrigeración olvidando que tiene sus impactos en suelos, biodiversidad, paisajes y comunidades y en más emisiones de cambio climático.
España puede ser el Silicon Valley de los datos del sur, pero también puede convertirse en el Desierto de los Datos del sur si repetimos los errores de los data-center parks de Virginia o Singapur: crecer primero y preguntar después.
Centros de datos sí, (y solo algunos), pero no así. Porque el mundo necesita bits, pero sobre todo necesita suelo, agua y aire para los que vendrán después de los bits.