En 2024, España sigue impulsando las energías renovables insostenibles basadas en la especulación y en el desarrollo masivo de instalaciones a gran escala realizadas con mínimas garantías ambientales, sin el consenso social necesario y buscando el máximo desarrollo en el mínimo tiempo.
El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca objetivos para los próximos seis años que incurren nuevamente en los mismos errores, en un contexto de disminución de la demanda energética.
Es necesario acabar con las burbujas especulativas que ponen en riesgo tanto nuestro futuro como país como nuestro planeta, con megaproyectos poco sostenibles, obviando los verdaderos problemas como son el empobrecimiento de nuestros suelos, la necesidad de un cambio agroalimentario, la escasez y contaminación del agua, el avance de la desertificación, la dramática crisis de biodiversidad y la escasez de recursos naturales por la sobreexplotación de los mismos.
Insistimos en realizar un cambio radical en la política energética y ambiental, con el conocimiento de las universidades y el ámbito científico, basado en los siguientes diez puntos:
1. Establecer una moratoria sobre la instalación de renovables de todos los proyectos que provocan especial alarma social y/o un evidente impacto ambiental, social y de empleo, como los que actualmente se están ejecutando en Andalucía, que destruyen valiosos ecosistemas agrarios como vegas y espacios de campiña, cerealistas o de olivar, u otros proyectos con gran impacto en el medioambiente y sobre espacios de la Red Natura 2000, como sucede en el Maestrazgo (Teruel).
2. Detener el despliegue de renovables en zonas agrarias y forestales mientras no se tengan los estudios científicos necesarios que permitan conocer realmente los impactos de estas instalaciones industriales en la biodiversidad. Es imprescindible realizar las modificaciones necesarias en la ley de evaluación medioambiental y en los estudios de impacto y de vigilancia ambiental, estudios que no deben dejarse en manos de las empresas y entidades privadas promotoras de dichas instalaciones.
3. Planificar el despliegue de renovables teniendo en cuenta el conocimiento y los estudios científicos, y respetando la biodiversidad y las poblaciones rurales. No se pueden seguir ignorando los dramáticos datos de mortalidad de especies amenazadas y, en teoría, protegidas por nuestra legislación. Esta planificación de las renovables también precisa siempre de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para cumplir con la legislación de la UE.
4. Realizar un seguimiento detallado de la implantación realizada hasta ahora de las renovables, con transparencia y rendición de cuentas. Eliminar las megainstalaciones de producción de energía renovable que presentan un gran impacto paisajístico, sobre la biodiversidad y/o sobre el medio productivo primario. Por otro lado, es fundamental restaurar los ecosistemas locales.
5. Dimensionar la instalación de renovables acompasada con la demanda energética real para evitar que el exceso de producción eléctrica se pierda, como está sucediendo actualmente, dado que se está generando dicho exceso al mismo tiempo que disminuye la demanda de electricidad.
6. Impulsar el desarrollo de superficies solares en zonas antropizadas con el mínimo impacto ambiental, económico y social: superficies comerciales, polígonos industriales, parkings, y todo tipo de infraestructuras existentes, áreas ferroviarias, zonas de autopistas y demás infraestructuras terrestres, zonas mineras de mínimo impacto, canteras, vertederos cerrados, invernaderos, canales de riego, zonas degradadas, etc., para evitar ocupar ecosistemas agrícolas o forestales que tienen mucho mayor valor ecológico.
7. Analizar los problemas asociados al funcionamiento diario de las instalaciones, en el corto y medio plazo, y a su desmantelamiento: degradación de los suelos, erosión, contaminación, generación de residuos industriales, reciclaje y limpieza de palas, aceites, restos de instalaciones, etc. El análisis de los problemas debe incluir los efectos de estas instalaciones industriales sobre la salud humana y los posibles efectos sobre ellas mismas de los fenómenos meteorológicos extremos. Hay que realizar un análisis completo del ciclo de vida y su huella de carbono (minería de las materias primas, transporte, construcción e instalación, mantenimiento y desmantelación, etc.) tanto en la producción por grandes aerogeneradores como en las instalaciones masivas de placas fotovoltaicas.
8. Evitar la desigualdad de implantación de megaproyectos tanto en comunidades autónomas como en municipios con condiciones similares. Actualmente las comunidades autónomas que más consumen son las que menos producen, mientras otras comunidades (zonas de sacrificio) son ya exportadoras de energía y aun así se siguen implantando proyectos de energía renovable en sus territorios.
9. Promover y fomentar con ayudas públicas que todos los hogares puedan instalar en sus tejados o fachadas hasta 3,5 kW sin ningún tipo de permiso, respetando siempre las figuras de protección del patrimonio que puedan existir, para conseguir un desarrollo masivo de las instalaciones de autoabastecimiento. Fomentar asimismo las comunidades energéticas, haciendo que lleguen al máximo número de habitantes en zonas rurales y urbanas. El autoconsumo y las comunidades energéticas son la mejor herramienta para impulsar el desarrollo de las zonas rurales y para luchar contra la pobreza energética, muy presente también en las áreas urbanas. Es urgente eliminar las trabas al vertido de excedentes en las instalaciones de autoconsumo de las PYMES, lo cual facilita mejorar su competitividad.
10. Aumentar la participación pública e informar adecuadamente en las poblaciones rurales sobre las oportunidades reales de desarrollo que ofrecen las instalaciones masivas de producción renovable: no crean empleo en el lugar de su ubicación, no ayudan a fijar población (de acuerdo con los informes del Banco de España), y por tanto no favorecen el desarrollo sino la despoblación. Controlar el uso abusivo que se está haciendo de la figura de “declaración de interés público” con el fin único de expropiar a los legítimos propietarios de la tierra para la obtención de un beneficio económico totalmente privado.
En definitiva, la transición energética debe guiarse por los principios de:
- Eficiencia y sobriedad; la transición energética debe ahondar en el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía, incluyendo el decrecimiento como variable macro en la ecuación.
- De solidaridad; la transición energética debe contribuir a solucionar la pobreza energética, y también a disminuir las desigualdades entre territorios, y no a exacerbarlas.
- De sostenibilidad; la transición energética no puede realizarse a costa de la destrucción de la biodiversidad y de los recursos naturales.
- Y de participación democrática; la ciudadanía tiene el derecho de participar en la toma de decisiones y de elegir libremente qué modelo energético quiere.
En Sevilla a 25 de octubre de 2024
