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B.O.P. DE CADIZ NUM. 3 – 7 de enero de 2021
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 20 de febrero de 2020, se acordó la Aprobación del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Alcalá de los Gazules así como el DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO, sometiendo el documento a un período de información pública de 2 meses mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Provincia, así como en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma y en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
http://www.alcaladelosgazules.es
Durante este plazo, quedará el expediente de manifiesto en el Departamento de Urbanismo y a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, en horario de atención al público, de 9 a 14 horas, pudiendo los interesados formular las alegaciones, sugerencias y alternativas que estimen pertinentes y oportunas.
En Alcalá de los Gazules, a 23/12/20020. Fdo.: Javier Pizarro Ruiz, Alcalde.
Nº 82.188/20
BOJA número 205 de 22/10/2020
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Boletín número 205 de 22/10/2020
3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se somete a información pública la propuesta del plan especial de actuaciones de alerta y eventual sequía para la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate.
BOJA Núm. 125 – 1 de julio de 2020
Aves a la sombra
Aves a la sombra
12 junio, 2020 Raquel Benjumeda
Gobierno recuerda que la avalancha de parques solares proyectados en la provincia de Cádiz debe respetar las mermadas poblaciones de pájaros esteparios
Ecologistas piden ordenar el sector para evitar burbujas especulativas
Cada año, técnicos medioambientales de la Junta de Andalucía analizan la evolución de las poblaciones de aves endémicas vulnerables y en peligro de extinción cuyas vidas están ligadas a los suelos rústicos de pasto, trigo y girasol. Las estrategias diseñadas para conservar y recuperar especies, la mayoría carentes de planes nacionales de consolidación, lejos de mejorar con la despoblación del medio rural, regresan.
La provincia de Cádiz, con 240.000 hectáreas de espacio verde protegido, un tercio del territorio, es una de sus áreas de campeo. Podría considerarse que, dado el alto grado de protección del territorio, la viabilidad de estas aves goza de buena salud, pero no es así. Donde echan a andar sus pollos es suelo fértil de escaso valor ecológico y alto valor agrícola, como pastizales y fincas de cultivo herbáceo, un hábitat que sufre acoso sistemático en los últimos cuarenta años (regadío, cultivos leñosos, productos agroquímicos, cosechadoras, caza furtiva, tendidos eléctricos, aerogeneradores, edificaciones, cambio climático…).
En estos extensos canchos desprotegidos y expuestos a la radiación solar se proyecta el cultivo de la energía renovable: cerca de un centenar de parques solares instalarán paneles fotovoltaicos que cubrirán unas 25 mil hectáreas de suelo gaditano capaces de producir 12 mil megavatios (1 megavatio necesita entre 2 y 3 hectáreas de superficie), energía renovable suficiente como para vender excedentes.
La sombra que van a generar puede comprometer definitivamente el futuro de estas especies asustadizas pero ligadas a la actividad agrícola. El Ministerio de Transición Ecológica ha enviado a la Junta de Andalucía instrucciones ecológicas en las que se exponen los principales impactos ambientales asociados a la construcción de estas instalaciones, las deficiencias de proyectos evaluados y las medidas imprescindibles para autorizar plantas de energía solar, como la búsqueda de suelos alternativos a los terrenos que coinciden con los hábitats de avifauna esteparia en regresión. De momento, y pese a la solicitud de moratorias solicitadas por grupos ecologistas hasta la aprobación de un Plan de Ordenación Territorial y Tecnológico, según ha informado la delegación de Agricultura, los permisos solicitados para la puesta en marcha de las plantas solares se están autorizando.
Avutarda Común (Otis tarda)
Distribuida por el Valle del Guadalquivir, con un núcleo principal en las campiñas de Sevilla y otro de menor entidad entre las provincias de Córdoba y Jaén, la avutarda ha ido desapareciendo de territorios donde su presencia ha estado documentada, como Doñana, Jerez o la comarca de La Janda.
Sin estrategia nacional para su conservación, la avutarda cuenta con un plan de actuación europeo que tiene como objetivo devolver las poblaciones existentes a niveles de 1979. Los objetivos establecidos recogen un incremento de la población de La Janda en un 4 por ciento para 2020 pero tras la desaparición de Jorge, el último ejemplar avistado en Tahivilla (Tarifa), no ha vuelto a anidar ninguno de su especie.
Pese a su volumen y envergadura -es una de las aves voladoras más grandes de la península Ibérica, 190-260 centímetros-, son extremadamente silenciosas y vulnerables, pues la naturaleza las ha situado al límite de la capacidad de volar. En la nota informativa del Gobierno se recuerda que uno de los principales elementos en la instalación de un huerto solar, la línea de alta tensión que conecta la planta fotovoltaica con la red eléctrica, supone también uno de los principales impactos sobre la biodiversidad, pues «implica la pérdida y destrucción de hábitats de flora y fauna y la fragmentación del territorio».
Sisón común (Tetrax tetrax)
Agregado en bandos que pueden ser numerosos, ocupa hábitats abiertos: cultivos cerealistas, pastizales y dehesas. Amenazado durante los últimos años por el incremento del cultivo del olivar, el regadío y la reducción de barbechos, necesita terrenos despejados para alimentarse y desarrollar el cortejo.
Hasta la fecha no se ha aprobado una estrategia nacional para su conservación, aunque existe un plan de acción europeo que persigue reducir la amenaza de la especie y evitar extinciones locales. Sin embargo, el grupo de Ecologistas en Acción Andalucía, que considera «innegable la consolidación de la energía descarbonizada», denuncia que los efectos negativos de las plantas solares no pueden ser ignorados y teme que finalmente el modelo «beneficie a los grandes inversores y especuladores nacionales y extranjeros en detrimento del acceso a las energías limpias por parte de la ciudadanía, contradiciendo de esta forma los planteamientos de una transición justa», ha explicado para este medio Daniel López Marijuán, responsable del Área de Residuos y Cambio Climático.
En 2018 en Andalucía se habían instalado 900 megavatios, distribuidos en pequeñas instalaciones de entre tres y doce megavatios. En 2019 se conectaron a la red otros 900 megavatios. En solo un año se ha puesto en producción más potencia que en la última década, según datos de la Agencia de la Energía. Se da por hecho que la energía fotovoltaica en España, que según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pasará de los actuales 4,8 GW a 36 GW en 2030, aunque hay analistas que pronostican llegar hasta 46 GW.
Ganga ibérica (Pterocles alchata)
Especie prácticamente circunscrita en Andalucía, ligada a los arenales y marismas, los estudios señalan que la concentración en un solo núcleo es un riesgo para las poblaciones, dado que cualquier evento catastrófico podría enterrar la especie en la región.
Las comunidades autónomas carecen de instrumentos para regular esta irrupción de parques fotovoltaicos y restringen su intervención a los aspectos ambientales o paisajísticos. Para Ecologistas solo hay dos opciones: «dejar que la iniciativa privada elija los suelos donde ubicar las plantas solares o establecer una mínima planificación con criterios de sostenibilidad ambiental y mayor seguridad jurídica». Entre las recomendaciones establecidas por la UNEF, Unión Española Fotovoltaica, se recoge mejorar la integración de las especies locales y proteger su hábitat natural «pero dejan al margen el cogollo del problema: la necesidad de regular la implantación de este imprescindible recurso energético para que no se nos vaya de las manos».
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Otra de las indicaciones recogidas por la UNEF son los cerramientos de seguridad de plantas fotovoltaicas para proteger los materiales de las instalaciones de rateros. Campos de cultivos que ahora no tienen fronteras pasarán a convertirse en fincas valladas con mallas metálicas permeables de 2 metros de altura y pasos de 20×20 centímetros cada 20 metros para promover el tránsito de la fauna terrestre de la que se alimenta, por ejemplo, el aguilucho común, ave cuya viabilidad está estrechamente ligada a las grandes extensiones cultivadas de trigo y cebada, donde, a falta de los grandes herbazales que conforman en otros lugares su hábitat predilecto, instala los nidos. A cambio de alojarse en los cultivos, el aguilucho cenizo elimina grandes cantidades de topillos, ratones, langostas y aves granívoras, que constituyen sus presas habituales.
Sin estrategia nacional de conservación, la Unión Europea apuesta por incrementar sus poblaciones reproductoras existentes y mantener las campañas de salvamento de pollos mediante acuerdos con propietarios de fincas, lo que choca con la Política Agraria Común de promover cultivos alternativos al hábitat de las esteparias y, sobre todo, con el precio del alquiler de la hectárea a las empresas de energías renovables, que oscila entre 1.500 y 1.800 euros anuales.
Alondra ricotí (Chersophilus duponti)
En el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias como la alondra ricotí, pájaro pequeño y estilizado, restringido a la Península Ibérica y el norte de África, se han definido una serie de medidas enmarcadas en varias líneas de trabajo, como la catalogación que permita determinar en qué momento una especie puede disminuir de categoría en el Catálogo Andaluz de especies amenazadas, la gestión del hábitat orientada a mejorar los territorios que las especies requieren y la reducción de la mortalidad no natural, principalmente, electrocución y colisión con aerogeneradores y tendidos eléctricos.
La Agencia de la Energía ha calculado que en Andalucía hay disponibles 809.000 hectáreas para parques solares, un espacio similar a la provincia de Almería, que podrían producir 273.000 megavatios (el doble de toda la energía que se produce actualmente en España.
En la actualidad, en la región se están desarrollando 13.000 megavatios, producción suficiente para evacuar energía. El reciclaje del empleo de aceites minerales necesarios para el funcionamiento de los transformadores y que suponen un riesgo para la contaminación del subsuelo, así como el método de extracción de agua necesaria para limpiar la superficie de las células fotovoltaicas son datos que se desconocen, aunque según estudios ecologistas, el consumo por megavatio es de 20 toneladas de agua, muy por debajo del consumo en plantas termosolares (500 toneladas por megavatio).
En los términos municipales de Jerez, Vejer, Arcos y Medina Sidonia han puestos sus intereses los inversores y promotores de las energías renovables. El alcalde de Medina Sidonia, Manuel Fernando Macías, que reconoce haber atendido numerosas consultas desde que ocupa el cargo, ha manifestado que «en la actualidad no existe ninguna planta solar pendiente de establecerse en nuestro territorio», un municipio que ingresa importantes cantidades económicas en concepto del impuesto de bienes especiales que reporta la instalación de aerogeneradores para la producción de energía eólica. «Entiendo que siempre y cuando se respeten los requisitos de impacto ambiental y paisajístico no debe haber problema para su puesta en funcionamiento per, la realidad, es que a día de hoy no tenemos ninguno».
Algunos de los proyectos de planta solar fotovoltaica en la provincia de Cádiz
- Planta fotovoltaica Patría 1 (26 MW), subestación de seccionamiento y línea aérea de interconexión (Chiclana).
- Planta fotovoltaica Patría 2 (26 MW), subestación de seccionamiento y línea aérea de interconexión (Getares, Algeciras).
- Planta fotovoltaica Navavuelos-Parralejos (Medina Sidonia y Vejer).
- Planta fotovoltaica Arcos 1 (49.990,00 KWP, 40.200,00 KWN) (Medina Sidonia).
- Planta fotovoltaica Arcos 1 (50 MW) (Vejer).
- Planta fotovoltaica Arcos 1 (50 MW) (Alcalá de los Gazules).
- Planta fotovoltaica Arcos 2 (Medina Sidonia).
- Planta fotovoltaica (45 MW), subestación y línea de evacuación aérea (Chiclana, Puerto Real y Medina Sidonia).
- Planta fotovoltaica Puntalejo (25 MW) (Vejer).
- Planta fotovoltaica Alya (41 MW) (Alcalá de los Gazules).
- Planta fotovoltaica Puntalejo (49 MW) (Alcalá de los Gazules).
- Planta fotovoltaica Los Alcornocales 1 (Tarifa).
- Planta fotovoltaica Señora de La Oliva (Vejer).
- Planta fotovoltaica El Zumajo (Nuevo Parralejo) (220 KV) (Vejer).
- Planta fotovoltaica Zumajo 1 (Vejer).
- Planta fotovoltaica Zumajo 2 (Vejer).
- Planta fotovoltaica Basir (Medina Sidonia).
BOJA Núm. 103 – 1 de junio de 2020
El Gobierno declara la emergencia climática
Acuerdo del Consejo de Ministros
21/01/2020
El Ejecutivo declara la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica, que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadaníaEl Gobierno muestra así el compromiso y la prioridad otorgada a esta agenda en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático, como acaba de reconocer el informe anual del Foro de Davos o la Comisión EuropeaMediante este acuerdo, el Ejecutivo se compromete a desarrollar 30 líneas de acción, cinco de ellas en los 100 primeros días, para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológicaEl objetivo de la Declaración es lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas públicas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en el que se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales.
El Ejecutivo declara la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Con ello, muestra además el compromiso y la prioridad otorgada a esta agenda en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático, como acaba de reconocer el informe anual del Foro de Davos, que cita la falta de ambición en mitigación y adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como la dos amenazas de mayor magnitud para la economía global, o el Nuevo Pacto Verde que pondrá en marcha la Comisión Europea.
El Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días de Gobierno. Entre ellas, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.
El acuerdo responde, además, a la voluntad expresada por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados que, el pasado mes de septiembre, instó al Ejecutivo a declarar la situación de emergencia climática.
PROYECTO DE FUTURO EN COMÚN, MÁS JUSTO Y EQUITATIVO
La Declaración se inicia constatando el consenso generalizado de la comunidad científica sobre el impacto “sin precedentes” que el actual modelo de desarrollo ha tenido sobre el sistema climático. Ante este desafío, el acuerdo marca como “único camino posible” alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad.
Se trata, tal y como la define el acuerdo, de un “proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política”. De esta manera, se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de nuestra sociedad, que se basa en la ciencia y en el principio de prudencia económica, contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales.
En este sentido, la Declaración subraya que la emergencia climática promoverá respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.
COMPROMISOS PARA LOS PRIMEROS CIEN DÍAS
Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros cien días de acción de Gobierno. Se trata del marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración. Cumpliendo este plazo, el Ejecutivo se compromete a:
– Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
– Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
– Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
– Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
– Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
LÍNEAS PRIORITARIAS FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA
La Declaración recuerda que la región mediterránea, en la que se incluye a España, está considerada uno de los “puntos calientes” globales en materia de cambio climático, que incide directa e indirectamente sobre un amplio conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Todo ello obliga a aprovechar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y supervivencia de la humanidad.
Con este espíritu, y junto a las primeras medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo en sus primeros cien días, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental. Se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. En concreto, en estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
El acuerdo destaca la necesidad de implementar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética. De igual modo, el acuerdo pone énfasis en fortalecer sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre Administraciones.
Otra parte de las medidas está centrada en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal. En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas. En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracking.
La Declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050. También la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.
Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030.
LOS PRIMEROS PASOS YA SE HAN DADO
El acuerdo destaca que los primeros pasos de esta transformación ya se han activado. En particular, hace referencia al PNIEC 2021-2030, que sitúa a España en la “senda correcta” para lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050, eliminando, en la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas actualmente. Para ello, en 2030 se habrá duplicando el consumo final de energía renovable y, en el caso de la electricidad, el 74% será de origen limpio. Se trata de un esfuerzo coherente con el aumento de ambición a 2030 anunciado por la Comisión Europea: incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones a 2030, un 40% para el conjunto de la Unión Europea (UE), a una horquilla entre el 50% y el 55%.
Documentos
El Tajo de las Figuras suma once años cerrado a las visitas
PATRIMONIO
El Tajo de las Figuras suma once años cerrado a las visitas
Ecologistas en Acción demanda la adecuación de los accesos y su reapertura al público, mientras que la Junta contempla un plan de acción de cara a una futura musealización en el que se trabaja «lentamente»
VIRGINIA LEÓN 06 Noviembre, 2019F
El Tajo de las Figuras suma ya once años de cierre al público. Considerado como una de las joyas de la pintura rupestre de la provincia y la tercera de toda la península, tras Cogul y Altamira, este enclave colmado de cientos de representaciones seminaturalistas y esquemáticas de la vida cotidiana y sobrenatural sigue dejando un hueco en el itinerario turístico y cultural que protagonizan los importantes abrigos de la provincia. Y así lo denuncian desde Ecologistas en Acción, que claman por su reapertura.
Resulta que la pequeña cueva, a la vez inmensa en todo cuanto encierra en esos pocos metros cuadrados, se nombra en todos los libros de prehistoria, todos quieren verla, pero en octubre 2008 cerró definitivamente y nada más se ha vuelto a saber. Aparentemente se argumentaron problemas de seguridad en el acceso, pero lo cierto es que la clausura también respondía a otra serie de obstáculos como el terreno pedregoso que conduce al Tajo, su ubicación en una propiedad privada, y la falta de iniciativa por parte de todas las administraciones competentes.
En este apartado, Ángel Muñoz, jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, explicaba a este medio que desde esta delegación se están planteando una serie de acciones para musealizar el Tajo de las Figuras, que se ubica en Benalup, y la Cueva de Bacinete, en Los Barrios. «Una vez que realicemos el Plan de Arte Rupestre son los dos focos que se abrirán al púbico con unas condiciones y características concretas».
Para ello se están dando algunos pasos, afirmó en una entrevista. «Se está trabajando con medio ambiente, propietarios, la UCA, el Instituto de El Instituto de Estudios Campogibraltareños, así como colectivos y asociaciones con los que crearemos una comisión para poner en marcha ciertos programas, estudio de catalogaciones de los entornos de las cuevas y los paisajes». El fin es concentrar «todo este uso público con la garantía de la conservación de las pinturas rupestres para promociones futuras».
Pero todo va lento, a base de «pequeños pasos dentro de nuestras posibilidades económicas», puntualizaba.
La suspensión de las visitas a este enclave BIC fue decretada por la entonces Delegada de Cultura, Yolanda Peinado, «sin motivos importantes que justificaran una decisión de este tipo», denuncian desde Ecologistas en Acción, quien señala que los problemas de seguridad eran los mismos que hace 30 años y que, 11 años después de su cierre, «la gestión de la Delegación de la Consejería de Cultura, antes y ahora, no puede más que calificarse de nefasta y auténtica tomadura de pelo a la ciudadanía».
De hecho, entienden que «las causas que justificaron un cierre que se anunció temporal son fácilmente subsanables a través de la adecuación del sendero de acceso y la firma de las personas que visiten El Tajo de un compromiso de responsabilidad ante accidentes». «También es imprescindible la expropiación del camino de acceso y de todo el conjunto de pinturas y tumbas, que actualmente están en una finca privada», añaden.
Recordar que el Tajo de Las Figuras es el conjunto más sobresaliente del ingente conjunto de arte rupestre disperso por todas las sierras del sur de la provincia de Cádiz, por lo que atrae la atención de investigadores de todo el mundo y sería interesante actuar cuanto antes.
Por todo, Ecologistas en Acción exige públicamente a la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo Fernández, que explique las actuaciones que va a adoptar para garantizar la conservación y la apertura al público de este ingente patrimonio cultural e histórico de que dispone la provincia de Cádiz.
https://www.diariodecadiz.es/ocio/Tajo-Figuras-cerrado-visitas_0_1407459394.html
BOJA Nº 109 – 10 de junio de 2019
BOJA Número 233 – 3 de diciembre de 2018
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número 233
Lunes, 3 de diciembre de 2018 – página 224
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se regula la recogida de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales de la provincia de Cádiz.
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre recogida de hongos en los terrenos forestales de la provincia de Cádiz.
La recogida de setas en la provincia de Cádiz es una actividad que ha despertado un interés creciente en las poblaciones locales, y eventualmente en las foráneas, haciendo necesaria una regulación que evite episodios de recogida incontrolada y abusiva que pueda ocasionar daños al medio ambiente, y en particular a nuestras poblaciones de hongos. De esta manera queda garantizada su persistencia y capacidad de regeneración y se mantiene en un estado favorable el medio ambiente en general.
R E S U E L V O
Que la recogida de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales de la provincia de Cádiz no precisa autorización de esta Delegación Territorial, siempre que se realice bajo el siguiente condicionado:
- Se entiende por pequeñas cantidades de setas, las recolectadas para autoconsumo que no superen los tres kilogramos de peso por persona y día.
- La recogida no conllevará alteración de la capa superficial del suelo. Se prohíbe expresamente durante la recolección portar y usar herramientas tales como rastrillos, escardillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo produciendo daños en el micelio de los hongos, lo que puede impedir la aparición de nuevos ejemplares en el futuro.
- No se permite la recolección de setas inmaduras y deberán respetarse las no comestibles, las que no se conozcan o no vayan a recolectarse por estar en mal estado o pasadas. No obstante lo anterior, podrán recogerse otras especies o ejemplares de las comestibles en otros estados y tamaños, con fines científicos, medicinales, divulgativos u otros relacionados con su conservación previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
- Se prohíbe la recogida de setas durante las horas nocturnas de acuerdo a los horarios de salida y puesta de sol indicados por el Instituto Geográfico Nacional para la Provincia de Cádiz que pueden ser consultadas en la página web http://astronomia.ign.es/hora-salidas-y-puestas-de-sol.
- El traslado y almacenamiento de las setas dentro del monte deberá ser realizado en cestas o recipientes de mimbre, paja, caña u otros materiales que por su estructura permitan la dispersión de las esporas, salvo en los casos de recogida de carácter científico, medicinal o divulgativo, en las que podrán transportarse en otro tipo de recipientes.
- La recogida en pequeñas cantidades será gratuita en los montes públicos de la provincia de Cádiz pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y no requerirá autorización salvo en las Zonas de Reserva de los Espacios Naturales Protegidos y cuando expresamente se advierta de lo contrario en el Plan Anual de Aprovechamientos y así se encuentre señalizado mediante carteles que se situarán de forma visible en los caminos, pistas forestales y senderos de uso público ofertados por esta Consejería.
- Los carteles indicados en el punto anterior serán metálicos de 29 x 42 cm, sobre poste de 1,5 a 2 m, con fondo blanco y la leyenda en color negro. El texto incluirá la leyenda: «Prohibida la recolección no Autorizada de Setas y Trufas», especificando el nombre y matrícula del monte y el término municipal.
- La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá restringir temporalmente el libre acceso a los montes públicos de titularidad de la Comunidad Autónoma para la recolección de hongos o cualquier otra actividad siempre que así lo acuerde mediante Resolución Motivada por razones de seguridad relacionados con condiciones climáticas adversas, la prevención o extinción de incendios forestales, la realización de obras y trabajos de mantenimiento, aprovechamiento y gestión de los montes, o la práctica de actividades cinegéticas.
- En los montes públicos de titularidad municipal serán de aplicación, además de las presentes, las regulaciones o limitaciones establecidas por las respectivas corporaciones municipales.
- En los terrenos particulares la recogida de hongos precisará la autorización de sus propietarios.
- A los montes públicos con aprovechamientos o cotos micológicos autorizados, no les será de aplicación esta resolución, rigiéndose por su normativa específica.
- A los aprovechamientos dentro de los Espacios Naturales Protegidos les será además de aplicación lo dispuesto en su normativa específica, siendo preceptivo contar con autorización previa para las Áreas de Reserva de los mismos.
- Las acciones y omisiones contrarias a lo dispuesto en la presente Resolución darán lugar a la exigencia de responsabilidad por la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sin perjuicio de las que pudieran generarse conforme a lo dispuesto en las leyes civiles, penales o de otra índole. Las infracciones conllevarán el decomiso inmediato de la totalidad de las setas recolectadas y el procedimiento sancionador aplicable será el previsto en la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y fauna silvestres y la Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Esta resolución se emite solo a efectos ambientales y no exime de obtener otros permisos o licencias que sean necesarios por razón de propiedad o de la aplicación de otras normativas sectoriales.
Su vigencia finaliza el 31 de mayo de 2019.
Cádiz, 27 de noviembre de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/233/BOJA18-233-00003-19659-01_00146905.pdf