ANA apoya y participará en este acto, el próximo domingo 1 de febrero, con motivo del Día Internacional de los Humedales que se celebrará el lunes 2 de febrero en todo el mundo.
Las organizaciones Asociación de Amigos de
la Laguna de La Janda, AGADEN, Ándalus, Ecologistas en Acción, Fundación Savia,
Greenpeace, Ríos con Vida, Iniciativa Natura, Nueva Cultura del Agua y
SEO/BirdLife invitan a la ciudadanía a participar en una marcha reivindicativa
y un funeral simbólico de la Laguna de La Janda.
El objetivo de la convocatoria es
denunciar la alarmante degradación y pérdida de valores naturales de este
ecosistema milenario, que en los últimos años está muriendo víctima de la
expansión de cultivos intensivos de olivos y aguacates que grandes empresas
agrícolas están implantando a ritmo vertiginoso sobre las antiguas cubetas
lagunares y su entorno, contando, para ello, con la complicidad
del Gobierno de España y la Junta de Andalucía, administraciones que no están
ejerciendo sus competencias en la defensa y recuperación de unos terrenos cuya
titularidad pública fue ratificada por sentencia del Tribunal Supremo.
Tras años de reivindicaciones, estas
organizaciones conseguimos que el pasado año el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico organizara en Vejer de la Frontera una reunión con
distintos agentes del territorio para crear una Mesa para la Recuperación de la
Laguna de La Janda. Lamentablemente, dicha mesa no ha llegado a
constituirse ante la negativa a participar de la Junta de Andalucía y la
pasividad del Gobierno de España, por lo que sigue la parálisis
administrativa frente a la intensiva alteración del humedal que encarece y
dificulta cada día más su posible restauración.
La marcha y el funeral simbólico,
consistente en una performance con la participación de
artistas asentados en la comarca de La Janda, tendrán lugar a las 11 h.
del domingo 1 de febrero, en el camino de servicio del canal colector de La
Janda, que tiene su entrada por el p.k. 47 de la carretera nacional 340,
en el término municipal de Barbate en las cercanías de la Sierra del
Retín.
La marcha, que recorrerá aproximadamente
un kilómetro a lo largo del camino de servicio del canal colector, permitirá a
los asistentes observar la intensa transformación que está sufriendo este
territorio por la implantación de cultivos intensivos de olivos y aguacates
sobre las antiguas cubetas lagunares y sus terrenos colindantes, hasta hace
pocos años ocupados por arrozales y pastizales que permitían la presencia de
numerosas aves y otras especies silvestres que, lamentablemente, hoy
van desapareciendo.
Finalizada la marcha se oficiará el
funeral simbólico por la laguna en las inmediaciones de la boca del túnel que
bajo la carretera N-340 permite el desagüe de La Janda hacia las marismas
del Barbate.
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Acuerdo de 13 de enero de 2026, de la Secretaría General del Agua, por el que se abre el periodo de información y consulta pública de los esquemas provisionales de temas importantes correspondientes a los procedimientos de revisión de la Planificación Hidrológica de las Demarcaciones Hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras y del Guadalete y Barbate para el período 2028-2033.
El XIX Foro de Conservación de la Naturaleza del Comité Español de la UICN se celebrará en Burgos del 29 al 31 de enero de 2026 bajo el lema “Participar para conservar y restaurar”.
Esta nueva edición, organizada en colaboración con la Fundación Oxígeno, la Fundación Círculo y el Ayuntamiento de Burgos, con el apoyo del MITECO, reunirá a administraciones públicas, entidades conservacionistas, universidades, empresas y ciudadanía para reflexionar sobre cómo fortalecer la implicación social en la restauración de los ecosistemas.
A lo largo de tres días se presentarán proyectos y estrategias que muestran cómo la acción conjunta —entre lo rural y lo urbano, lo público y lo privado— puede contribuir a recuperar la naturaleza y a construir una sociedad más comprometida con la sostenibilidad.
Los acontecimientos se suceden a tal velocidad que lo que
ayer era oportuno hoy es necesario y mañana será imprescindible. Os hablo de
esta convocatoria en la que vamos a reflexionar sobre el papel de la sociedad
civil en una encrucijada política, económica, geoestratégica y ambiental de
enorme trascendencia. Y lo haremos con Cristina Monge, en el CICUS de Sevilla.
Reservad fecha y hora (viernes 23, 19 horas).
A partir de hoy, 12 de enero de 2026, los países miembros de la Unión Europea están obligados a monitorear y controlar los niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en el agua potable, según establece la Directiva (UE) 2020/2184 sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
Estas
sustancias, conocidas como «químicos eternos» por su persistencia en
el medio ambiente y su capacidad para acumularse en el organismo, representan
un riesgo significativo para la salud pública debido a sus posibles efectos
tóxicos, como impactos en el sistema inmunológico, reproductivo y endocrino,
así como en el medio ambiente al contaminar fuentes de agua de manera duradera.
La normativa
requiere que los Estados miembros cumplan con valores paramétricos específicos:
la «suma de PFAS» (que incluye 20 sustancias concretas, como ácidos
perfluoroalquil carboxílicos y sulfónicos con longitudes de cadena de 4 a 13
carbonos) no debe exceder los 0,10 μg/l, mientras que el «total de
PFAS» (que abarca todas las PFAS, incluidas las de cadena ultracorta como
el TFA) se limita a 0,50 μg/l. Los métodos de monitoreo deben cumplir con
límites de cuantificación (LOQ) inferiores al 30% de estos valores, utilizando
técnicas validadas como la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de
masas (LC-MS) para la suma de PFAS, y enfoques indirectos como el análisis TOP
o EOF-CIC para el total de PFAS.
Además, se
insta a los países a realizar evaluaciones de riesgo en cuencas y sistemas de
suministro, y a informar públicamente sobre los resultados analíticos,
incluyendo el método utilizado y la contribución de sustancias como el TFA. Los
Estados pueden adoptar valores nacionales más estrictos o parámetros
adicionales para reforzar la protección.
La frecuencia
de muestreo dependerá del volumen diario de agua distribuida, con posibles
ajustes basados en evaluaciones de riesgo. Estas nuevas normas establecen
límites armonizados en toda la UE y requieren un monitoreo sistemático de los
PFAS por primera vez, obligando a los Estados miembros a informar a la Comisión
Europea sobre los resultados de las mediciones, las excedencias de límites, los
incidentes relevantes y cualquier derogación concedida.
En caso de
que se superen los límites, los países deben tomar medidas inmediatas para
reducir los niveles de PFAS, como cerrar pozos contaminados, implementar
tratamientos adicionales o restringir el uso del agua, al tiempo que protegen
la salud pública e informan a los consumidores afectados.
Esta
iniciativa forma parte de la Estrategia de Resiliencia del Agua de la UE, que
garantiza el derecho a un agua potable segura y responde a la urgencia de
actuar contra contaminantes que amenazan las fuentes hídricas europeas. En
2024, la Comisión Europea publicó directrices técnicas (C/2024/4910) sobre
métodos analíticos para medir el ´PFAS Total´ y la ´Suma de PFAS´ en el agua
potable, desarrolladas en consulta con los Estados miembros para asegurar una
implementación uniforme.
La Directiva
fue adoptada en 2020 y transpuesta al derecho nacional en enero de 2023,
alineándose con el Plan de Acción de Cero Contaminación y la mencionada
Estrategia de Resiliencia del Agua. Según la comisaria de Medio Ambiente,
Océanos y Pesca, Jessika Roswall, «estas normas proporcionan a los Estados
miembros reglas y herramientas claras para detectar y abordar rápidamente la
contaminación por PFAS, protegiendo así la salud pública».
Acuerdo de 23 de diciembre de 2025, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública sobre el proyecto y la valoración de impacto de la salud, con el fin de obtener autorización ambiental integrada, en los términos municipales de Jerez de la Frontera y Paterna de Rivera (Cádiz).
ALIENTE DENUNCIA LA CORRUPCIÓN ASOCIADA AL SISTEMA DE IMPLANTACIÓN MASIVA DE RENOVABLES EN ESPAÑA
La implantación masiva de renovables continúa en nuestro país mientras se desperdicia un porcentaje considerable de la electricidad generada.
Desafortunadamente, al mismo tiempo llevamos semanas conociendo datos alarmantes sobre los posibles casos de corrupción en Aragón, que se unen al que salió a la luz en Castilla y León hace ya diez años, y a ciertos favores otorgados en el entorno del exministro Cristóbal Montoro en beneficio de determinados proyectos de renovables.
En las últimas semanas de 2025 se han conocido las investigaciones de la UCO (Unidad Central Operativa del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil) sobre FORESTALIA respecto al controvertido parque eólico del Maestrazgo, y sobre otras empresas como ACCIONA. En ellas se revelan las relaciones corruptas en los sistemas de evaluación, asignación y ejecución de proyectos de implantación de renovables en España. Esta corrupción se ha ido extendiendo en el tiempo y en el espacio. Recordemos que la “trama eólica” desarrollada en Castilla y León hace ya 10 años, es el caso más grave de corrupción en esa comunidad autónoma, que actualmente está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Valladolid y que están comprometidos en la causa cientos de millones de euros. También está abierto el caso del exministro Cristóbal Montoro, que presuntamente favorecía la aprobación de ciertos proyectos de renovables si se encargaban a su propio despacho, Equipo Económico y, lo que es incluso más alarmante, se beneficiaba supuestamente a esas empresas de renovables con cambios normativos a medida, que posteriormente se publicaban en el BOE (Boletín Oficial del Estado).
Toda esta información pone de manifiesto que el sistema actual de tramitación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas adolece de una serie de defectos que, de una manera u otra, es preciso eliminar. Desde la plataforma ALIENTE, Alianza Energía y Territorio, consideramos que para erradicar cualquier atisbo de corrupción es necesaria la mayor transparencia posible en todas las fases de tramitación.
Esta corrupción en la implantación masiva de macroproyectos renovables se compone de tres variables íntimamente relacionadas entre sí. Por una parte, la corrupción técnica. Se han valorado positivamente, considerándolos como casos con mínimo impacto ambiental, proyectos que en realidad tenían un impacto grave en el medio ambiente, maquillándolos a sabiendas con medidas compensatorias completamente inútiles. Para poder sacar adelante estas anómalas valoraciones ambientales se prescinde del criterio de los técnicos críticos, funcionaros públicos, que se oponen a las mismas, y cuyos informes desfavorables basados en datos objetivos son modificados o anulados por cargos jerárquicamente superiores, sometidos a presiones políticas, para atender a los deseos de los promotores. Por desgracia, la sombra de esta mala praxis afecta ya tanto a las administraciones autonómicas y provinciales como al mismo MITECO. Conviene recordar aquí que la denominada “externalización de las evaluaciones ambientales” está prohibida por ley. Son incontables también las ocasiones en las que se ha recurrido al muy denunciado procedimiento de fraccionar los proyectos para eludir la evaluación ambiental ordinaria.
Otra práctica permitida ha sido la creación por parte de los mismos propietarios de una pléyade de pequeñas empresas, una por cada proyecto, para eludir controles en la presentación, en la tramitación y en las posibles responsabilidades posteriores que pudieran generarse en los mismos. Y porque, no nos engañemos, el fin último de los mismos no es otro que el de ser vendidos, puesto que estamos hablando de un negocio de naturaleza abiertamente especulativa.
Como resultado de este contexto permisivo, no se ha impedido que se instalaran proyectos en zonas con protección ambiental o de alto valor agrícola, ecológico y/o paisajístico, y se ha hecho una interpretación espuria de la figura de utilidad pública, tanto como herramienta de presión para que los propietarios de las tierras accedieran a la firma de los contratos de arrendamiento, como para ejecutar de facto expropiaciones que favorecen intereses estrictamente privados con el argumento de una más que dudosa utilidad social.
Los datos recientemente publicados muestran que los vertidos de la eólica y la solar, “en conjunto supondrían un 12% del consumo de electricidad del año”; o explicado de otra forma, que “se ha reducido la capacidad de producción anual casi un 25% en fotovoltaica y del 20% en eólica” por los excesos de producción. A pesar de ello, sigue el proceso masivo de instalación de proyectos renovables, muchos de ellos con importantes impactos ecológicos y sociales. No se puede justificar ya de ninguna manera que se sigan autorizando cada vez más macroproyectos de esta forma tan acelerada, y acompañada además de tal cantidad de irregularidades.
Por otra parte, está la posible corrupción económica, donde podría haber empresas a las que se beneficia con las políticas de implantación, tanto en la asignación de ofertas como con los sistemas de fijación de precios, adecuándolos a los intereses de las mismas a pesar de la falta de rentabilidad real de muchos de esos proyectos, algunos de los cuales se han regado generosamente con ayudas y subvenciones públicas procedentes de los fondos europeos. También se observa con excesiva frecuencia el efecto pernicioso de las denominadas “puertas giratorias”: políticos o altos cargos de la Administración que acaban en los consejos de administración o en los lobbies de las empresas energéticas; técnicos de organizaciones ecologistas o de ONGs ambientalistas que se incorporan igualmente a estos grupos de presión; contratos entre este tipo de organizaciones y las grandes eléctricas en una estrategia indisimulada de greenwashing, etc.
Está finalmente la posible corrupción política, donde determinados políticos, como es el caso de Aragón o de la trama eólica de Castilla y León, han podido supuestamente haber estado implicados en procesos de concesión de proyectos a ciertas empresas que no cumplían los necesarios criterios técnicos, presionando a funcionarios públicos que no eran partidarios de seguir esos procedimientos irregulares. Esas políticas no benefician al conjunto de la ciudadanía, sino a determinados colectivos, lo que se materializa en la persistencia de la pobreza energética a pesar del aumento de renovables y en la casi imposibilidad en la práctica de desarrollar de manera ágil las comunidades energéticas.
En su día, el “impuesto al sol” ralentizó la implantación de tejados solares por parte de ciudadanos particulares y empresas, pero incluso ahora, paradójicamente, no se incentiva de una forma adecuada el autoconsumo mientras se permite instalar renovables en zonas protegidas, o simplemente se es incapaz de zonificar el país para realizar un despliegue de una manera razonable.
Las lecciones del apagón de 2025 sobre la falta de estabilidad de sistema, con el que tanto tiene que ver este despliegue desordenado de las renovables, se ha traducido en un mayor uso del gas, un aumento de las emisiones de CO2 y un encarecimiento de la factura de la luz. ¿Era este el objetivo?. La única respuesta oficial ha sido el anuncio de más inversiones en la red que volveremos a pagar entre todos.
Por todo ello ALIENTE y sus asociados exigen:
Que se paralicen de inmediato los proyectos directamente asociados a estos casos de posible corrupción.
Que se establezca una moratoria en la actual política de implantación desenfrenada de renovables hasta que no se solucionen todos estos casos de posible corrupción citados.
Que se revisen los procedimientos de toma de decisiones utilizados hasta ahora y no se cometan los mismos errores en los futuros proyectos, incluyendo los que afectan al biogás, al hidrógeno verde y a los centros de datos.
Que se establezcan unos protocolos de actuación muy claros ante los nuevos proyectos de renovables, incluido el biogás, así como en la gestión del agua para proyectos de hidrógeno verde y de centros de datos.
Que se exija a los proyectos incluir sistemas de almacenamiento y de estabilización de la tensión, seguros de responsabilidad civil y ambiental, garantías sobre la gestión de los residuos eléctricos y peligrosos durante la vida útil y tras el desmantelamiento de las plantas.
Que se gestionen las tramitaciones con la mayor transparencia posible en cada momento para que todos los interesados involucrados (vecinos, agricultores, plataformas medioambientales, etc.) puedan participar activamente en todos aquellos aspectos que les puedan concernir.
Que se modifique legalmente la figura de interés público en relación con el sector energético para evitar los abusos expropiatorios.
Que se eliminen los polígonos de renovables implantados en zonas protegidas y de alto valor agrícola, ecológico y/o paisajístico, salvaguardando realmente los ecosistemas naturales, los paisajes, la biodiversidad y las zonas forestales y agrarias.
Que se incentiven y prioricen los proyectos sobre tejados, fachadas, en zonas antropizadas, y las comunidades energéticas.
En definitiva, que la transición energética sea de verdad democrática, ecológica y justa.
