Movilización contra la fragmentación de proyectos de parques solares
La plataforma Aliente denuncia la argucia de promotores, como Repsol, para eludir la tramitación del Gobierno, más estricta, en favor de la autonómica
PROVINCIA DE CÁDIZ
Publicado: 16/07/2021
Si la proliferación sin control de parques solares en el conjunto del territorio nacional ha hecho saltar las alarmas en el mundo rural y entre colectivos conservacionistas, la argucia que han encontrado los promotores para facilitar la tramitación en el ámbito autonómico ha llevado a organizar finalmente una respuesta coordinada para poner freno a un modelo energético “centralizado, invasivo y especulativo”.
La Alianza Energía y Territorio Aliente, integrada por más de 140 organizaciones, ha puesto en marcha una campaña en contra de la fragmentación de los megaproyectos, con un requerimiento dirigido a los gobiernos regionales a disposición de cualquier ciudadano para que se inhiban de tramitar dichos expedientes
Luis Bolonio, portavoz de la organización, explica que, “si la potencia de una planta supera los 50 megavatios, la competencia para su autorización corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; si no los supera, la competencia para su tramitación es de la comunidad”, cuyos controles son menos estrictos. De manera que, “para acceder a la lluvia de licencias y subvenciones millonarias”, numerosas empresas están presentando subproyectos por debajo del límite para llevar a cabo el procedimiento con la administración autonómica y camuflar el impacto medioambiental, en lo que consideran un presunto fraude de ley.
Esta misma semana, Francisco C. Aleu advertía en las páginas de VIVA JEREZ que solo dos firmas, Repsol y Magtel, se reparten por igual dos tercios del negocio de las plantas fotovoltaicas que se están desarrollando actualmente en el municipio. Concretamente, citaba hasta tres sociedades propiedad de Magtel y con idéntico domicilio fiscal (Odin Solar, Hermod Solar o Loki Solar) con proyectos previstos para la localidad por debajo de los 50 megavatios. En el caso de Repsol, la compañía tramita, por medio de la filial Arco Energía 1 S. L, hasta cinco instalaciones, según la documentación facilitada por Mariano Maestu, representante de la Asociación Amigos de la Naturaleza (Analajanda).
Maestu explica que, en el conjunto de la provincia de Cádiz, hay muchos más ejemplos con empresas como Solar Century Holding España S. L, con cinco plantas entre San José del Valle y Jerez; o Abei Energy CSPV TWO S. L, con otras cinco entre Arcos y El Puerto de Santa María. En el caso de Alcalá de los Gazules, los proyectos Alamak y PSF Alya Solar, ambos de 49,93 megavatios inicialmente, están promovidos por Alamak solar S. L. y Alya Solar S. L, con el mismo domicilio fiscal; PSF Gazules I y PSF Gazules II, también rozando los 50 megavatios, están impulsados por Fotovoltaica S. L, y Gazules II Solar S. L, con idéntica dirección; y también teme que se haya troceado un proyecto de cien megavatios en dos con el nombre PSF OPD Gazules I y PSF OPD Gazules II.
El patrón se repite en el resto de provincias andaluzas. Especialmente, apunta Bolonio, en Málaga o Granada. Aunque Almería es una de las zonas más calientes por la incidencia mediambiental de los planes de las grandes empresas.
Francisco Valera, científico titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, explica que “la notable riqueza de la flora y la fauna del Campo de Tabernas y su riqueza arqueológica” están amenazadas por la ocupación de placas en una extensión de hasta 2.700 hectáreas. “Es un cambio de uso del suelo brutal en muy poco tiempo -advierte- con serias consecuencias para el ecosistema”, que sufre desde hace unos años igualmente con la implantación de cultivos de regadío. Precisamente, se hacen necesarios cuantiosos recursos hídricos: por cada metro cuadrado de paneles fotovoltaicos es necesario gastar un litro de agua de buena calidad en su limpieza al menos tres veces al año; en Tabernas harán falta 80 millones de litros de agua al año.
Por otro lado, si bien el área afectada, poco productiva de llanura, con terrenos agrarios de baja productividad y zonas esteparias, podría ser considerada marginal, lo cierto es que “alberga valores naturales únicos, con comunidades de aves esteparias” exclusivas en Europa y el mundo que podrían verse mermadas a causa de los accidentes provocados por las instalaciones de las líneas de alta tensión o las corrientes cálidas generadas por las placas solares.
Además, los proyectos tienen un considerable impacto paisajístico, muy especialmente en el entorno del yacimiento arqueológico de Los Millares. Sin embargo, los estudios de impacto ambiental elaborados por la administración autonómica al respecto“son muy deficientes y demasiados sesgados”, lamenta. Y, al hilo, plantea que la Junta tampoco considera el efecto acumulado de cada proyecto entre sí y con los ya realizados.
En un reciente artículo, Valera apuntaba que “dada la cantidad de proyectos que pretenden desarrollarse en el Campo de Tabernas (y otras zonas peculiares de España), el problema al que nos enfrentamos se puede resumir entonces en la conocida frase la dosis hace el veneno”. Y añade: “Queda preguntarse, ¿tienen los responsables de la ordenación del territorio una planificación previa? ¿Se tendrá en cuenta el espacio dedicado ya a cultivos y a otras infraestructuras? ¿Se ha previsto dejar algo de nuestro paisaje natural?”.
“No”, responde a todos estos interrogantes el portavoz de Aliente, razón por la que la entidad, adelanta Luis Bolonio, pedirá al Gobierno andaluz una moratoria. La plataforma la ha cursado ya en Castilla-La Mancha para “paralizar la autorización de mega parques fotovoltaicos (en un único proyecto o fragmentados) hasta que no dispongamos de un marco regulatorio global que redirija la transición energética y sus instalaciones, estudiando las medidas de reducción, localización, generación comunitaria e impactos ambientales y económicos”. Se trata, en definitiva de poner freno a una burbuja que “mantiene el actual monopolio de las grandes energéticas y grupos de inversión”, que favorece la especulación, tal y como advirtió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dado que “hay empresas que piden licencia sin intención de instalar nada”, y que todo el empleo que genera “se puede contar con los dedos de una mano”.
Frente a todo ello, propone la transposición de las directivas europeas de energía limpia, denominada Paquete de Invierno, que obligan a desarrollar un modelo energético que prime el ahorro y eficiencia energéticos y el autoconsumo, regulando la capacidad máxima de producción e incluyendo la integración de las energías renovables en la ordenación y planificación del territorio.
REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA
COMUNICADO DE PRENSA
Pacto Verde Europeo: la Comisión propone una nueva estrategia para proteger y restaurar los bosques de la UE
Bruselas, 16 de julio de 2021
La Comisión Europea ha adoptado hoy la nueva Estrategia forestal de la UE para 2030, una iniciativa emblemática del Pacto Verde Europeo que se basa en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030. La estrategia se incluye en el paquete de medidas propuesto para lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55 % de aquí a 2030 y la neutralidad climática en 2050 en la UE. También ayuda a la UE a cumplir su compromiso de aumentar las absorciones de carbono a través de los sumideros naturales de conformidad con la Ley del Clima. Al abordar conjuntamente los aspectos sociales, económicos y medioambientales, la estrategia forestal pretende garantizar la multifuncionalidad de los bosques de la UE y destaca el papel fundamental que desempeñan los silvicultores.
Los bosques son aliados esenciales en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Funcionan como sumideros de carbono y nos ayudan a reducir las repercusiones del cambio climático, por ejemplo, enfriando las ciudades, protegiéndonos de inundaciones importantes y reduciendo los efectos de la sequía. Desgraciadamente, los bosques europeos están sometidos a un gran número de presiones diferentes, incluido el cambio climático.
Protección, restauración y gestión sostenible de los bosques
La estrategia forestal establece una visión y unas acciones concretas para aumentar la cantidad y la calidad de los bosques en la UE y reforzar su protección, su restauración y su resiliencia. Las acciones propuestas aumentarán la captura de carbono gracias a la mejora de los sumideros y las reservas, contribuyendo de este modo a la mitigación del cambio climático. La estrategia se compromete a proteger estrictamente los bosques primarios y maduros, a restaurar los bosques degradados y a garantizar su gestión sostenible, con el fin de preservar los servicios ecosistémicos esenciales que ofrecen los bosques y de los que depende la sociedad.
La estrategia promueve las prácticas de gestión forestal más respetuosas con el clima y la biodiversidad, hace hincapié en la necesidad de mantener el uso de la biomasa leñosa dentro de los límites de la sostenibilidad y fomenta una utilización eficaz de la madera como recurso en consonancia con el principio de explotación en cascada.
Garantizar la multifuncionalidad de los bosques de la UE
La estrategia también prevé el desarrollo de sistemas de pago a los propietarios y gestores forestales a cambio de la prestación de servicios ecosistémicos alternativos, por ejemplo el mantenimiento de algunas partes de sus bosques intactas. La nueva política agrícola común (PAC), entre otras, brindará la oportunidad de prestar un apoyo más específico a los silvicultores y al desarrollo sostenible de los bosques. La nueva estructura de gobernanza de los bosques creará un espacio más inclusivo que permitirá a los Estados miembros, a los propietarios y gestores forestales, a la industria, al mundo académico y a la sociedad civil debatir sobre el futuro de los bosques en la UE y ayudará a mantener estos valiosos activos para las generaciones venideras.
Por último, la estrategia forestal anuncia una propuesta legislativa para intensificar la vigilancia de los bosques, la transmisión de informes y la recopilación de datos forestales en la UE. La recopilación armonizada de datos a escala de la UE, junto con una planificación estratégica a nivel de los Estados miembros, proporcionará una visión global del estado, la evolución y las perspectivas de desarrollo futuro de los bosques en la UE. Esto resulta fundamental para garantizar que los bosques puedan cumplir sus múltiples funciones en favor del clima, la biodiversidad y la economía.
La estrategia va acompañada de una hoja de ruta para la plantación de tres mil millones de árboles adicionales en toda Europa de aquí a 2030, respetando plenamente los principios ecológicos; el árbol adecuado en el lugar adecuado para el fin adecuado.
Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios:
Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, ha declarado lo siguiente: «Los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad que encontramos en la Tierra. Para que nuestro agua sea limpia y nuestros suelos ricos, necesitamos bosques sanos. Los bosques europeos están en peligro. Por ello trabajaremos para protegerlos y restaurarlos, mejorar la gestión forestal y apoyar a los silvicultores y a los guardianes forestales. A fin de cuentas, todos formamos parte de la naturaleza. Lo que hacemos para luchar contra la crisis climática y de biodiversidad, lo hacemos por nuestra propia salud y nuestro futuro».
Janusz Wojciechowski, comisario de Agricultura, ha declarado lo siguiente: «Los bosques son los pulmones de nuestro planeta: son esenciales para nuestro clima, nuestra biodiversidad, nuestro suelo y para la calidad de nuestro aire. Los bosques son también los pulmones de nuestra sociedad y nuestra economía: garantizan medios de subsistencia en las zonas rurales, proporcionan productos esenciales a nuestros ciudadanos y tienen un valor social inestimable por su naturaleza. La nueva estrategia forestal reconoce esta multifuncionalidad y muestra cómo la ambición medioambiental puede ir acompañada de prosperidad económica. A través de esta estrategia, y con el apoyo de la nueva política agrícola común, nuestros bosques y nuestros silvicultores darán vida a una Europa sostenible, próspera y climáticamente neutra».
Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha manifestado lo siguiente: «Los bosques europeos son un valioso patrimonio natural que no puede darse por sentado. La protección, la restauración y el aumento de la resiliencia de los bosques europeos no solo es esencial para luchar contra las crisis climática y de biodiversidad, sino también para preservar las funciones socioeconómicas de los bosques. La fuerte participación en las consultas públicas pone de manifiesto que los europeos se preocupan por el futuro de nuestros bosques, por lo que debemos cambiar la forma en que los protegemos, los gestionamos y los cultivamos con el fin de obtener beneficios reales para todos».
Contexto
Los bosques son aliados esenciales en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad gracias a su función como sumideros de carbono, así como a su capacidad para reducir las repercusiones del cambio climático, por ejemplo, enfriando las ciudades, protegiéndonos de inundaciones importantes y reduciendo los efectos de la sequía. También son ecosistemas valiosos que albergan una parte importante de la biodiversidad europea. Sus servicios ecosistémicos contribuyen a nuestra salud y bienestar a través de la regulación del agua, el suministro de alimentos, medicamentos y materiales, la reducción y el control del riesgo de catástrofes, la estabilización del suelo y el control de la erosión, y la purificación del aire y del agua. Los bosques son lugares de ocio, relajación y aprendizaje, así como parte de los medios de subsistencia.
Más información
Nueva Estrategia forestal de la UE para 2030
Preguntas y respuestas sobre la nueva Estrategia forestal de la UE para 2030
Ficha informativa sobre la naturaleza y los bosques
Ficha informativa – 3 000 millones de árboles adicionales
Sitio web 3 000 millones de árboles
El viernes 9 de julio tres miembros del Secretariado de ANA se reunieron con el arquitecto municipal, y al mismo tiempo encargado de la redacción del nuevo PGOU de Alcalá de los Gazules que está tramitando el Ayuntamiento.
La reunión tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, y se desarrolló durante algo más de dos horas. En ella se nos informó de la tramitación que hasta ahora ha tenido el nuevo proyecto de PGOU, y la intención del Ayuntamiento de abrir un nuevo periodo de información pública, aprovechando para contactar con varios colectivos, al objeto de justificar las propuestas y dar respuesta a interrogantes, así como recoger propuestas y sugerencias.
Para esta ronda de reuniones desde el Ayuntamiento se ha invitado a diversas entidades y colectivos como el GDR de Los Alcornocales, ASAJA, asociación de corcheros, asociación de comerciantes, Ecologistas en Acción, AGADEN y ANA, aunque, que sepamos, solo nosotros y Ecologistas en Acción habíamos presentado sugerencias en el correspondiente periodo de información pública del Avance del PGOU.
Se habló de que el actual PGOU tiene su base en las NNSS de 1999, con una adaptación parcial a la LOUA del año 2010, y que el documento ha tenido 24 modificaciones puntuales. Entre ellas la adaptación al POT de La Janda para recoger las áreas de oportunidad de La Sacristana, El Aljibe y el Polígono Agroalimentario. El municipio cuenta con dos núcleos urbanos: el casco histórico y su entorno, y el polígono industrial de La Palmosa. Con este nuevo PGOU se quiere aprovechar para legalizar algunos crecimientos fuera de ordenación situados en entorno próximo del núcleo, mediante pequeños ámbitos de suelo urbano no consolidado (SUNC), pero con condiciones restrictivas, o integrándolos en los suelos urbanizables no sectorizados (SUNS).
Se nos informó de cuestiones que preocupan al Ayuntamiento como la compleja problemática existente con el polígono La Palmosilla, terrenos que al parecer se encuentran en una especie de “limbo legal”, y también de la problemática que impide el desarrollo del polígono Agroalimentario. Igualmente se dedicó tiempo a tratar los asuntos relativos a los sectores económicos del municipio, hablándose del sector Primario (agricultura y ganadería), del turismo, del sector energético (parques eólicos y sobre todo los numerosos proyectos de plantas solares fotovoltaicas), del sector minero (canteras de áridos) y también de algunas infraestructuras que contempla el POT de La Janda.
Por nuestra parte pudimos, además de plantear toda clase de cuestiones y preguntas, exponer el modelo de urbanismo que, a nuestro entender, es el más adecuado para el municipio, un urbanismo cuyo principal objetivo debe ser los fines sociales de la actividad urbanística para conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de la ciudad y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, vinculando los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, subordinando los usos del suelo y de las edificaciones al interés general, garantizando la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, para la adecuada dotación de equipamientos urbanos y el acceso de toda la población a una vivienda digna, así como la necesidad de adoptar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, y de protección de la biodiversidad del municipio. Hay que destacar la reiteración de nuestra total oposición a la inclusión en el PGOU del proyecto turístico de la finca La Sacristana, por entenderlo no solo como innecesario y perjudicial para los intereses generales del municipio, sino además por su ilegalidad al contemplar desarrollos urbanísticos dentro de la Red Natura 2000. Según lo allí dicho, y aunque siga existiendo interés por parte de los promotores, no parece haber compromisos firmes que obliguen al Ayuntamiento a mantenerlo.
El arquitecto municipal no solo nos informó y respondió a las cuestiones planteadas, sino que se comprometió a mantener informada a ANA sobre todos los trámites que se vayan dando tanto para la corrección del documento de Avance, como para acometer los trabajos de elaboración de los sucesivos documentos del Planeamiento General, y que se responderá a todas las cuestiones planeadas en el documento de Sugerencias, Alegaciones, Alternativas y Observaciones presentado en el Ayuntamiento a principios de marzo de este año 2021.
Al terminar la reunión, y en la despedida, quedamos ambas partes con el compromiso de seguir en contacto, y por nuestra parte reiteramos nuestra disposición para colaborar con el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules en todo aquello que pueda necesitar de nosotros, y siempre en defensa del interés general y de la protección medioambiental.
ANA forma parte de ALIENTE y desde este colectivo hemos lanzado hoy 30 de junio, a nivel de toda España, la campaña #STOPFragmentación
Basta de ver cómo las empresas buscan atajos en la tramitación de megaproyectos renovables, presentándolos troceados para no superar los 50 MW y disimular su impacto ambiental.
Basta de callar mientras ocupan nuestros territorios con instalaciones a gran escala, que se llevan la energía y los beneficios sin dejar ninguna posibilidad de desarrollo en el entorno local.
Basta de permanecer impasibles ante la complicidad de las administraciones, que hacen la vista gorda mientras las grandes empresas trampean la legislación a su antojo.
La fragmentación es un fraude de ley y ha llegado el momento de ponerle freno.
En ALIENTE estamos uniendo los territorios rurales, para evitar que acaben troceados, empobrecidos y despoblados. Defendemos las energías renovables, pero según un modelo distribuido, justo y adaptado a las necesidades energéticas reales en cada territorio, como alternativa al modelo actual centralizado, invasivo y especulativo, en manos de pocas y poderosas empresas, junto a grupos de inversión internacionales, que sólo buscan mantener el control del mercado y el máximo beneficio en el menor plazo, sin considerar el daño ambiental ni los perjuicios para las personas.
#RenovablesSíPeroNoAsí
¡¡SE ACABÓ LA TRAMPA DE FRAGMENTAR MEGAPROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES!!
Presentar subproyectos por debajo de 50 MW, con el fin de eludir su tramitación ante el Ministerio, de camuflar el impacto ambiental y facilitar la tramitación en el ámbito autonómico, es un presunto fraude de ley que tiene los días contados.
Desde ALIENTE denunciamos esta situación y disponemos de la herramienta legal para exigir a la Administración y a los promotores que sigan los cauces correctos, midan de forma adecuada los efectos acumulados en el entorno y cumplan rigurosamente la normativa europea.
En ALIENTE estamos uniendo los territorios rurales, para evitar que acaben troceados, empobrecidos y despoblados.
Defendemos las energías renovables, pero en un modelo distribuido, justo, sostenible y adaptado a las necesidades energéticas reales en cada territorio.
Es la alternativa al modelo actual centralizado, invasivo y especulativo, en manos de pocas y poderosas empresas, junto a grupos de inversión internacionales, que sólo buscan mantener el control del mercado y el máximo beneficio en el menor plazo, sin considerar el daño ambiental ni los perjuicios para las personas.
Link de youtube:
Decálogo sobre energías renovables a gran escala
Dirigido a ciudadanos preocupados y alcaldes bienintencionados pero desinformados
Francisco Valera Hernández
Luis Bolonio
3 de junio de 2021 20:38 h
La actual transición energética desde los combustibles fósiles a las energías renovables es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La instalación de plantas de producción de energías “verdes”, como la eólica o la solar, es por tanto necesaria. Sin embargo, el desarrollo de estas energías en nuestro país está siendo tan rápido que el ciudadano medio carece de información básica que le permita evaluar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de plantas. De forma similar, los ayuntamientos de las zonas afectadas (los primeros responsables de otorgar informes de compatibilidad a los proyectos presentados por las empresas) pueden tomar decisiones no adecuadamente estudiadas que pueden tener importantes consecuencias para los vecinos del municipio. Por ello, y de forma muy resumida, resaltamos aquí 10 puntos que consideramos de especial interés para ciudadanos y para alcaldes bien intencionados, pero posiblemente desinformados.
1.- Renovable, no significa necesariamente sinónimo de sostenible ni de “verde”. Las plantas de producción de energía renovable a gran escala tienen un gran impacto sobre la biodiversidad, el paisaje, y los recursos hídricos.
La comunidad científica española ha mostrado de forma clara y unánime su gran preocupación por cómo se está realizando la implantación de plantas eólicas y fotovoltaicas a gran escala, y ha alertado de que este proceso puede suponer una pérdida de biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles. Lamentablemente, esta clara advertencia no ha sido escuchada por las autoridades ambientales ni a nivel estatal ni autonómico. Estas grandes instalaciones introducen gran cantidad de elementos antrópicos en una matriz con alto grado de naturalidad. De hecho, la mayoría de ellas se localizan en terrenos no urbanizables, convirtiendo los paisajes naturales en polígonos industriales. A mayor tamaño y mayor número de plantas, más difícil es implementar medidas correctoras y, por tanto, más impacto.
Respecto al consumo de agua, se estima que las plantas fotovoltaicas pierden en torno a un 5% de producción cada 3 meses por culpa de la suciedad, el polvo… Por cada metro cuadrado de paneles fotovoltaicos es necesario gastar un litro de agua de buena calidad en su limpieza, al menos 3 veces al año. Por ejemplo, para las 2700 hectáreas actualmente proyectadas en el Campo de Tabernas (Almería), serían necesarios 80 millones de litros de agua al año. Con las previsiones del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, estaríamos hablando de 2 billones de litros de agua al año en toda España.
2.- El procedimiento de Estudio y Evaluación Ambiental no garantiza la independencia de los consultores ni la eficacia y rigor de la supervisión de las administraciones participantes.
El proceso administrativo para la instalación de plantas de energías renovables requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Desgraciadamente, éstos suelen ser muy deficientes en algunos aspectos y a menudo omiten información importante, tal y como ha señalado entre otros, el colectivo científico antes mencionado. Por ejemplo, ninguno de los proyectos presentados en el Campo de Tabernas informa del origen del agua para limpiar los paneles fotovoltaicos, algo fundamental para que las plantas sean productivas. Desafortunadamente, tampoco se puede asegurar una evaluación adecuada de estos estudios por parte de las administraciones ambientales autonómicas y estatal, ya sea por saturación de trabajo (cientos de proyectos presentados) o por presiones políticas y económicas. Buen ejemplo de esto último es la retirada por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de una guía para el análisis de la ubicación de estas grandes instalaciones de energías renovables. Esta guía pretendía poner cierto orden en la implantación, pero tras presiones de la patronal andaluza de energía fotovoltaica ha sido retirada.
3.- Colonialismo energético: los riesgos del sobredimensionamiento y concentración de proyectos energéticos en un mismo territorio.
Uno de los aspectos peor abordados por los EsIA es la evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos de las sucesivas plantas. Éstas suelen concentrarse en ciertas zonas en función de la existencia de subestaciones eléctricas, relieves llanos, tierras baratas… Al impacto de cada planta construida en una zona ha de sumarse el de las plantas vecinas. Pero, además, el impacto final puede ser mayor (y a menudo lo es) que la suma de los impactos individuales de cada planta. Son muy pocas las empresas que presentan estudios adecuados de los impactos sinérgicos, con lo que no se informa de las consecuencias reales de la concentración de plantas. Toda esta falta de rigor en la evaluación de impactos sinérgicos incumple la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (Artículo 35, punto 1c).
Como ejemplo de desmesura de la acumulación de proyectos en un solo territorio pongamos el Campo de Tabernas. El PNIEC tiene como objetivos instalar en España 39 GW de energía fotovoltaica hasta 2030, de los cuales 9 GW ya están instalados, y otros 10 GW se instalarán en autoconsumo. Por lo tanto, quedan 20 GW de fotovoltaica a gran escala. En el Campos de Tabernas están ya planeados 1084 MW, lo que supone que el 5,42% de la potencia fotovoltaica de toda España se instalará en esta comarca, que alberga el 0,01% de la población española y un 0,13% de la superficie del país. La energía renovable a gran escala se convierte así en una nueva forma de colonialismo energético que aprovecha las debilidades de aquellos territorios rurales, periféricos, menos poblados y con mayor vulnerabilidad socioeconómica, y los somete a un modelo extractivista que los reduce al papel de producir bienes y servicios baratos (energía) para los grandes centros de consumo urbanos, sufriendo las consecuencias e impactos sociales, económicos y ambientales que de ello se derivan.
4.- El fraccionamiento de proyectos, presunto fraude de Ley.
La Ley del Sector Eléctrico, en su artículo 3 establece que las instalaciones de más de 50 MW deben ser evaluadas y autorizadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) y no por las Comunidades Autónomas. La fragmentación de proyectos es práctica habitual de muchas empresas para eludir la tramitación de permisos por parte del Ministerio, en principio más estricto que las autoridades ambientales autonómicas. Por lo tanto, esta fragmentación intencionada puede suponer un evidente fraude de Ley y expone estos proyectos a denuncias, con lo que puede que nunca sean terminados.
5.- Las grandes plantas fotovoltaicas no son una gran fuente de puestos de trabajo.
Como señala el Director General de la Unión Española Fotovoltaica: “Es una actividad muy intensiva en mano de obra durante el proceso de construcción, pero genera poco empleo en operativa, mantenimiento y seguridad. Nunca vamos a ser una gran fuente de generación de empleo directo, y quien diga lo contrario miente, por lo que el impacto viene por otro lado”.
De hecho, las plantas fotovoltaicas de menos de 10 MW son las que más trabajo producen tanto durante la fase de construcción como de operatividad y mantenimiento. A este respecto la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) cree esencial considerar la dimensión óptima de las instalaciones fotovoltaicas en cuanto a generación de empleo y beneficios para las economías locales. Por ejemplo, la instalación de los 20 GW previstos por el PNIEC mediante parques de menos de 5 MW, generaría 820.000 empleos en los dos años de construcción y 20.800 empleos fijos en operación y mantenimiento en los 30 años de vida útil de las instalaciones. En cambio, las plantas fotovoltaicas a gran escala que se están implantando actualmente generarán unos 120.000 puestos de trabajo en la construcción, empleo coyuntural durante dos años, y 2.600 puestos de trabajo fijos en la operación y el mantenimiento.
Así mismo, ya existen investigaciones universitarias que demuestran que, a largo plazo, las grandes instalaciones de plantas de energía no han creado empleo ni fijado población allí donde se han instalado.
6.- Los proyectos de renovables a gran escala y los tendidos eléctricos favorecen el despoblamiento, hacen que disminuya el valor inmobiliario de viviendas y fincas y perjudican las actividades económicas locales.
El crecimiento descontrolado de plantas fotovoltaicas supone, de facto, la pérdida de suelo agrícola y de actividades económicas que producen riqueza a nivel local. Las consecuencias sociales y económicas de la instalación masiva de grandes plantas son, entre otras: la dificultad de arrendamientos o trasmisiones de parcelas agrícolas para su cultivo, la dificultad de incorporación de jóvenes agricultores por el motivo anterior, el incremento de los precios de las tierras agrícolas, la destrucción del paisaje y las posibilidades de un turismo sostenible asociado a la actividad agraria. Por otro lado, quienes perciban rentas por el arrendamiento de parcelas para generación de energía solar, no van a trabajar la tierra ni tienen por qué vivir en el territorio y los vecinos que no alquilen sus tierras se verán rodeados por grandes extensiones de placas, viendo reducida su calidad de vida y provocando el éxodo hacia otros lugares.
Estudios de la Universidad de Granada indican que estas grandes infraestructuras energéticas disminuirían en un 34,7% el valor de las viviendas y afectarían muy negativamente al turismo rural. Todo ello agravará aún más la despoblación de las zonas rurales.
7.- Las grandes plantas de energías renovables no redundan en la economía local.
ANPIER indica que, en función de la tipología de parque, los ingresos por la actividad serían para grandes fondos de inversión, que suelen tener la propiedad de las mega-instalaciones, mientras que las Pymes y autónomos locales se beneficiarían si se tratara de plantas pequeñas, accesibles para este tipo de empresas locales. La apuesta en España por las grandes plantas fotovoltaicas contrasta con la realizada en el resto de Europa, donde asistimos a una revolución fotovoltaica mejor dimensionada, distribuida en pequeñas y medianas potencias, que se integran mejor en los entornos rurales y están en propiedad de iniciativas locales. Los grandes proyectos bloquean el acceso a las iniciativas fotovoltaicas locales, de tal manera que buena parte del patrimonio solar de nuestro país se aprovechará por entidades foráneas sin dejar riqueza ni empleo en nuestros municipios.
8.- El riesgo de apostarlo todo a las renovables a gran escala: la inversión en el actual modelo especulativo puede acabar en fracaso.
La implantación de las renovables a gran escala enmarcada en la burbuja especulativa actual hace que hipotecar territorios y grandes porcentajes de algunos municipios a esta actividad, perjudicando al resto de actividades económicas y posibilidades de futuro, sea un gran riesgo cuando la burbuja estalle y las empresas promotoras se arruinen, se acojan a concursos de acreedores y dejen de pagar rentas a los particulares e impuestos municipales. Respecto a la energía fotovoltaica ya existen casos de este tipo en Extremadura y Castilla-La Mancha, a pesar de que la implantación de este tipo de plantas es muy reciente.
Las recientes dudas del mercado sobre las renovables y los malos resultados en la salida a Bolsa de algunas empresas indican que los valores de estas compañías están sobrevalorados y auguran un próximo estallido que puede suponer un gran fiasco para los municipios que hayan hipotecado su territorio en esta apuesta por las renovables a gran escala.
9.- Los ayuntamientos tiene mucho que decir y decidir sobre la implantación de estos proyectos en su territorio.
Si bien los ayuntamientos no son el órgano sustantivo (el que decide la viabilidad de los proyectos), sí tienen herramientas a su alcance para poder ordenar de manera adecuada el desarrollo renovable en sus municipios. Aunque las leyes de ordenación urbana prevén la instalación de este tipo de proyectos en suelo no urbanizable, los ayuntamientos pueden establecer suspensiones temporales sobre estos proyectos para realizar estudios de ordenación que permitan una implantación armónica de estas plantas. También pueden emitir informes de incompatibilidad urbanística. De hecho, es cada vez más frecuente que los alcaldes de distintas localidades aúnen fuerzas para «defenderse ante una posible implantación masiva» de huertos solares.
10.- Beneficios económicos
Un Ayuntamiento recibirá de media unos 10.000 euros por MW y año. Para la mayoría de los municipios unas pocas plantas de pequeño tamaño serían suficientes para sanear sus cuentas y poder ofrecer servicios a los vecinos, generando más empleo y beneficios económicos de manera local sin hipotecar su paisaje y biodiversidad por varias decenas de años, y sin correr el riesgo de apostar todo el futuro del municipio a un negocio especulativo que, en caso de ruina de los promotores, supondrá que esa hipoteca será a cambio de nada.
En definitiva, podemos concluir que a mayor tamaño y concentración de plantas de energías renovables, mayor impacto en la biodiversidad y en el paisaje, menores garantías de una adecuada evaluación ambiental de los proyectos, menos trabajo y oportunidades para los residentes y economía local, más despoblamiento y más riesgos por apostar a todo a un solo recurso, que además es fruto de una especulación desmesurada de grandes fondos de inversión que aprovechan las debilidades de nuestras administraciones y la falta de información del ciudadano. Todo esto provocará que el patrimonio solar de nuestro país sea aprovechado por empresas foráneas sin dejar empleo ni riqueza en nuestros municipios.
Obviamente, ciudadanos y sus representantes pueden no estar de acuerdo en las ventajas e inconvenientes de un proyecto dado. Conviene saber que cualquier residente en la zona afectada puede tener acceso a la información sobre el proyecto en los boletines oficiales de la Comunidad Autónoma o del Estado, dependiendo del proyecto. Los Ayuntamientos deberían facilitar esta información a los vecinos interesados. Y si se puede acreditar que se es parte interesada, los vecinos pueden realizar alegaciones. A este respecto, la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) ha elaborado un protocolo de actuación administrativo que puede ser de gran utilidad para la ciudadanía y corporaciones locales.
Esperamos que con esta información ciudadanos y regidores puedan evaluar más precisamente las ventajas e inconvenientes de la instalación de plantas de energías renovables a gran escala en sus territorios.
La Junta prohíbe usar fuego y la circulación de vehículos en espacios forestales andaluces
31 de mayo de 2021 – (Noticias, Incendios Forestales)
Desarrollo Sostenible aplicará esta medida durante el período de alto riesgo de incendios forestales, que abarca del 1 de junio al 15 de octubre
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible recuerda que durante el período de alto riesgo de incendios forestales, comprendido desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre, está prohibido el uso del fuego y la circulación de vehículos a motor en los espacios forestales y de influencia forestal; es decir, en aquellos terrenos ubicados en una franja de 400 metros alrededor de estas zonas. En cuanto al fuego, la prohibición incluye tanto las quemas agrícolas como la realización de barbacoas, incluso en las áreas recreativas.
Entre las excepciones a esta orden, que deben contar siempre con la aprobación previa de la delegación territorial de la provincia correspondiente, pueden encontrarse la preparación de alimentos en campamentos infantiles y el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo. Asimismo, también podrían realizarse barbacoas en establecimientos de alojamientos turísticos y en restaurantes rurales que, en ambos casos, estén previamente autorizados para ello.
Respecto al tránsito de vehículos a motor, entre los pocos casos contemplados como excepcionales se encuentran, por ejemplo, el uso de las servidumbres de paso, los servicios de emergencia o extinción de incendios y las actividades ecoturísticas autorizadas.
Las altas temperaturas registradas en Andalucía durante las últimas semanas, especialmente entre el 16 y el 22 de mayo, han elevado el estrés hídrico de la vegetación y, por consiguiente, han aumentado el riesgo de incendio forestal.
Desde la dirección operativa del dispositivo Infoca, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se solicita la colaboración ciudadana, además, en la importante labor de extinción de incendios que lleva a cabo este equipo del Gobierno andaluz. Para ello, ante cualquier avistamiento de humo o llama es conveniente informar a los servicios de emergencias a través del teléfono único de emergencias 112 para, de esta manera, cooperar en la puesta en marcha del operativo de la forma más rápida posible desde la detección del fuego.
Asimismo, desde la Junta se hace un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de la ciudadanía durante su estancia en el medio natural y se le solicita una actitud responsable cuando se encuentren en contacto con la masa forestal. De esta forma, podrán evitarse incendios que puedan poner en peligro a núcleos urbanos, a la naturaleza y a los propios equipos de extinción.
