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La transición energética necesita parar

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“La transición energética necesita parar y corregir el rumbo”: ALIENTE presenta alegaciones al nuevo Decreto anti apagón

La Alianza, energía y territorio, ALIENTE, colectivo al que pertenece ANA y que agrupa a más de 200 plataformas que luchan contra la especulación de proyectos de macro-renovables, ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un documento de alegaciones al Proyecto del nuevo Real Decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, en el que denuncia los graves fallos estructurales del actual modelo de transición energética en España. La organización reclama una moratoria inmediata y temporal en la tramitación de nuevas macro-instalaciones renovables hasta que se garantice una planificación ordenada, ambientalmente rigurosa y socialmente justa, además de la implantación de medidas para fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas que el Estado lleva años evitando.

En el documento, de más de 20 páginas, ALIENTE repasa los principales problemas derivados de una implantación acelerada de energías renovables que, desde 2020, “ha sido impulsada por un marco legal altamente desregulado y marcado por la urgencia. Lejos de responder a criterios de interés general, el modelo ha favorecido los intereses de grandes empresas y fondos de inversión, con impactos desproporcionados sobre el medio rural, la biodiversidad y la cohesión territorial.”

ALIENTE destaca que el MITECO ha retirado las medidas para el autoconsumo que incluía el decreto derogado, “medidas que eran insuficientes y a las que deberían añadirse otras más ambiciosas porque España tiene un potencial tremendo en sus tejados que beneficiaria a el conjunto de la sociedad y las pymes, y se está paralizando por las políticas del Gobierno”,

Del apagón al colapso: el 28 de abril como síntoma

El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 fue, para ALIENTE, un aviso grave sobre la fragilidad estructural del sistema eléctrico. “Lejos de ser un fallo puntual, puso en evidencia un sistema sobredimensionado en generación además de descoordinado con la red de transporte y distribución, sin planificación técnica ni control democrático”. El Real Decreto 7/2025, que no fue convalidado en el Congreso, consideran que pretendía continuar y profundizar ese modelo, lo que ha motivado una nueva propuesta del Gobierno que está hasta el día 11 de agosto en fase de alegaciones.

“La respuesta no puede limitarse a medidas técnicas o de emergencia”, sostiene ALIENTE. “Es urgente revisar el modelo de despliegue renovable, aplicar criterios de evaluación ambiental reales, garantizar la participación pública efectiva y priorizar el interés general”.

Una transición sin justicia ni planificación

Desde 2020, el Gobierno ha aprobado al menos diez normas para acelerar el despliegue de renovables, amparándose en la emergencia climática y geopolítica. Sin embargo, las plataformas siempre han denuncias que estas medidas han ido acompañadas de una “progresiva pérdida de garantías ambientales, ausencia de ordenación territorial y exclusión de la ciudadanía en los procesos de decisión.”

Entre los impactos ya documentados por ALIENTE destacan la fragmentación del territorio por miles de proyectos no coordinados, la ocupación de espacios de alto valor ecológico y agrícola, la saturación de zonas rurales sin evaluación acumulativa de impactos, una gran pérdida de biodiversidad y paisaje, además de la generación de conflictos sociales en los pueblos, desplazamiento de actividades económicas del medio rural y una creciente desconfianza institucional.

El modelo, denuncian, ha convertido la despoblación rural en “ventaja competitiva” para las grandes promotoras, según llegó a reconocer el propio Ministerio en una orden publicada en el BOE en 2023.

Europa, a conveniencia: se ignora lo esencial y no se aplica lo que interesa a la sociedad

Las alegaciones critican duramente la transposición parcial e interesada de las directivas europeas sobre renovables. ALIENTE denuncia que España aplica las disposiciones que permiten acelerar proyectos o eximir evaluaciones ambientales, y a su vez omite los requisitos clave de planificación, participación y protección ambiental.

En particular, recuerdan que no se han delimitado formalmente las “zonas de aceleración” renovable que exige la Directiva (UE) 2023/2413, que consideran que deberían ser solo las zonas antropizadas y con menos impacto, pero en la práctica se está tratando todo el territorio como si lo fuera. Tampoco se han implementado las directivas sobre comunidades energéticas, gobernanza participativa o transparencia de acceso a red, y con ello permiten que las empresas distribuidoras energéticas frenen las comunidades energéticas y bloqueen el vertido de excedentes en el autoconsumo de empresas.

“El resultado es un modelo desequilibrado que fomenta la especulación, la concentración de poder y la exclusión social, contraviniendo el derecho europeo y degradando los fundamentos de la transición justa”, concluye el documento.

Una moratoria para corregir: no todo vale, ni a cualquier precio

ALIENTE propone una moratoria parcial o total en la tramitación de nuevos proyectos de renovables a gran escala, hasta que se cumplan al menos estas condiciones:

  • Delimitación pública y participada de zonas de aceleración renovable.
  • Evaluación ambiental estratégica del despliegue acumulado.
  • Mecanismos efectivos de participación y consulta vinculante.
  • Control institucional del cumplimiento de condiciones y retorno social.
  • Impulso real al autoconsumo en la ciudadanía, pymes y administraciones, y a las comunidades energéticas.

“No se trata de parar la transición, sino de reorientarla con justicia, transparencia y sostenibilidad. Una moratoria es una herramienta democrática para frenar un modelo que ha perdido legitimidad y que pone en riesgo los propios objetivos climáticos”, afirma la plataforma.

ALIENTE denuncia también que, durante la tramitación del Real Decreto-ley 7/2025, el Gobierno ha promovido un relato de consenso ambiental apoyándose solo en determinadas organizaciones ecologistas afines, excluyendo a las más críticas y a los colectivos afectados. Esta estrategia, a juicio de la asociación, ha generado una fractura en el movimiento ecologista y ha servido como “coartada política” para justificar una norma profundamente desequilibrada. Alertan de que con esta transición energética “se está produciendo el mayor daño al medioambiente de la historia en nuestro país”, y que según el IPCC evitar la pérdida de biodiversidad es una de las principales herramientas para frenar la emergencia climática.

El documento de las alegaciones ALIENTE incluye propuestas técnicas y jurídicas para reformular artículos clave del proyecto normativo. Algunas de las medidas destacadas incluyen:

  • Cómputo real de la potencia instalada para evitar fraude y fragmentación de proyectos.
  • Evaluación ambiental obligatoria para instalaciones de almacenamiento, incluso en zonas previamente intervenidas.
  • Revisión ambiental y social en casos de repotenciación de instalaciones existentes.
  • Control riguroso en el paso de explotación provisional a definitiva.
  • Regulación específica para prototipos de I+D+i con nuevas tecnologías.
  • Planificación participativa y evaluación acumulativa de las infraestructuras de red.

Transmiten que todas las propuestas están orientadas a “recuperar el control público, evitar la especulación y asegurar que la transición energética beneficie a las personas y al territorio, no solo a los grandes inversores”.

Consulta Previa del Avance del nuevo PGOM de Medina Sidonia

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El Ayuntamiento de Medina Sidonia ha hecho pública la “Consulta Previa del Avance del nuevo PGOM de Medina Sidonia”, asunto este tratado en el Pleno Ordinario del pasado 17 de julio.

ANA ya ha descargado todos los documentos y estamos leyéndolos, tenemos sugerencias que hacer y las haremos dentro del plazo dado, pedimos a nuestros socios, simpatizantes y seguidores que también hagan sus sugerencias y ofrecemos la posibilidad de incorporarlas al documento que hagamos desde nuestra asociación.

El Ayuntamiento, en su anuncio, dice: “se habilitarán medios para atender a las personas interesadas en realizar consultas o resolver dudas sobre el documento”, nosotros en ANA también ofrecemos esta posibilidad de atender consultas y resolver dudas, para ello se puede contactar con nosotros a través del correo electrónico analajanda@live.com

Repetimos nuestro comentario de una publicación anterior donde pedimos al Ayuntamiento que la Consulta Previa del Avance se pueda acompañar de algún tipo de  actividades complementarias, que consideramos como imprescindibles, para la difusión, la información detallada y el debate sobre las alternativas propuestas, que puedan incentivar la participación, y la posterior presentación de Alternativas o Sugerencias.

Reproducimos a continuación la imagen y el texto publicado por el Ayuntamiento de Medina Sidonia, y aprovechamos para dar nuestra opinión sobre el poco acierto que han tenido las personas responsables del diseño de la imagen, a nuestro entender incluir una grúa de obra no solo no tiene sentido alguno sino que además puede confundir bastante a la ciudadanía, este Plan no es un plan de obras, este Plan es un plan de ordenación del territorio, es decir, de todo el término municipal, mayoritariamente suelo rústico.

Consulta Previa del Avance del nuevo PGOM de Medina Sidonia

Informamos a la ciudadanía que, desde hoy 1 de agosto y durante un plazo de dos meses, estará abierta la consulta previa del avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

Durante este periodo, se podrán presentar aportaciones y sugerencias a través del Registro General del Ayuntamiento. Además, se habilitarán medios para atender a las personas interesadas en realizar consultas o resolver dudas sobre el documento.

Toda la información está disponible en los siguientes enlaces y en el tablón de edictos del Ayuntamiento:

https://www.medinasidonia.es/…/261-consulta-previa-pgom

https://gobiernoabierto.dipucadiz.es/catalogo-de…

¡Tu participación es fundamental para construir el futuro de Medina Sidonia!

#MedinaSidonia #PGOM #ParticipaciónCiudadana #Urbanismo #GobiernoAbierto

Inclusión de la Janda en el Life Humedales

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ANA solicita a los ayuntamientos de: Barbate, Benalup Casas Viejas, Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, que se dirijan formalmente y por escrito al Secretario de Estado de Medio Ambiente – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, SOLICITANDO la inclusión de la Janda en el Life Humedales.

Esta petición ya se ha realizado por parte de José Manuel López Vázquez (presidente de la Asociación Amigos de la Laguna de La Janda), en representación de la plataforma de organizaciones en defensa de la recuperación de los humedales de la Janda.

En su escrito, José Manuel López dice “las organizaciones ambientales que llevamos años trabajando con este objetivo, solicitamos formalmente a ese Ministerio la incorporación de los humedales de la Janda a la lista de espacios a considerar dentro del Proyecto LIFE Integrado de Humedales, recientemente aprobado por la Unión Europea.”

José Manuel López en su escrito aprovecha para hacer otras peticiones y clarificar nuestra postura, textualmente dice:

“Sin duda, la inclusión de la Janda en dicho proyecto supondría un avance significativo por su simbolismo, pero consideramos que esta medida resulta claramente insuficiente para conseguir la necesaria recuperación del dominio público a restaurar. Esta valoración se basa tanto en la postura, expresamente manifestada por los actuales ocupantes de los terrenos durante la citada reunión, como en la Resolución que dio fin al expediente de investigación patrimonial instruido por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía. En ambos casos se sostiene la inexistencia de dominio público, la titularidad privada de los terrenos y la ausencia de voluntad para restaurar los humedales en su día desecados.

Por todo lo anterior, consideramos imprescindible que la Administración del Estado se implique más activamente en este proceso, marcando objetivos más ambiciosos que los contemplados en el proyecto LIFE.

El Estado, como titular de los terrenos de dominio público hidráulico, no puede ni debe permanecer impasible ante lo que consideramos una manifiesta dejación de funciones por parte de la Junta de Andalucía respecto a la defensa y protección del dominio público hidráulico en la demarcación hidrográfica del Guadalete y Barbate. En este sentido, y en cumplimiento de lo textualmente recogido en el punto tercero de la Resolución que puso fin al referido expediente de investigación patrimonial instruido por la Junta de Andalucía, el Estado debe “resolver sobre la existencia de dominio público hidráulico estatal en la zona” y comunicar oficialmente su resolución a la Junta, aportando para ello la documentación cartográfica actualizada y georeferenciada que delimite, con la mayor precisión técnicamente posible, los terrenos en su día deslindados como dominio público en la Janda.

Consideramos que solo una respuesta oficial inequívoca por parte del Estado que reafirme el dominio público, impulsará a la Junta de Andalucía a ejercer sus competencias en defensa y protección de dicho dominio. Solo entonces podrá abrirse una vía realista de restaurar humedales en la Janda. En nuestra opinión, si no se produce tal pronunciamiento, la Junta de Andalucía seguirá considerando los terrenos como de titularidad privada, lo que, sumado a la oposición de los actuales ocupantes de los terrenos, hará totalmente inviable la restauración de una sola hectárea de humedal.

Asimismo, reiteramos la necesidad de que el marco de participación de la sociedad y las administraciones para la restauración de los humedales, así como los instrumentos financieros necesarios para conseguir dichos fines, trasciendan el ámbito del proyecto LIFE.

Es imprescindible que el Ministerio asuma el liderazgo del proceso y designe, dentro de su organigrama, una persona o un equipo responsable que actúe como interlocutor y encargado de coordinar y catalizar todos los expedientes y acciones necesarias para la recuperación del dominio público y la restauración de humedales de la Janda. Esta restauración se ve cada vez más comprometida y resulta progresivamente más costosa, debido al acelerado ritmo de transformación de los antiguos lechos lagunares en cultivos superintensivos de aguacates y olivos, que además amenazan gravemente la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos.

Confiamos en que este Ministerio sabrá valorar la urgencia de actuar con decisión y eficacia para garantizar la recuperación de la laguna de La Janda. Quedamos a su disposición para colaborar en cuantas acciones sean necesarias y reiteramos nuestra voluntad de contribuir, desde la sociedad civil, a un proceso que consideramos esencial para la restauración de uno de los humedales más emblemáticos y degradados del sur peninsular.

Tarifa a 28 de julio de 2025”

Tumbar un Decreto y destapar una olla

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OPINIÓN

Tumbar un Decreto y destapar una olla

El “No” ganó la votación en el Congreso, con una diferencia de 18 votos. Pero la derogación del decreto antiapagones no se puede entender sin el activismo de varios cientos de asociaciones, plataformas, miles de voluntarios y campañas.

Tractorada en Baza (Granada) contra los megaproyectos de energía renovable | Foto cedida por ‘Di no a las torres’


Sandra Bettina Ferrante

29 jul 2025 06:30

Para sorpresa de algunos, y esperanza de muchos, el popularizado como decreto antiapagones (Real Decreto-ley 7 / 2025) no fue convalidado en el Congreso el pasado 22 de julio. Había sido aprobado en Consejo de Ministros un mes antes y voces aparentemente dispares, como las de Greenpeace y las de la patronal energética coincidían en el llamado a votar a favor. Pero no alcanzó.

El “No” ganó la votación en el Congreso, con una diferencia de 18 votos. Pero la derogación del decreto antiapagones no se puede entender sin el activismo de varios cientos de asociaciones, plataformas, miles de voluntarios y campañas como “Pedimos paralización y decretan aceleración” de MACROrenovablesNO y “Sean responsables, voten NO al RDL” de ALIENTE. Las voces de quienes habitan los territorios de sacrificio llegaron, por fin, a sus señorías. Incluso hablando en primera persona y en ruptura con mandatos partidarios. Y así, por una vez, la acumulación de decretos con que se “gestiona” la transición energética corporativa fue tímidamente interrumpida.

El intento de debate sobre si el decreto estaba escrito a medida del lobby energético o no, todavía no se cierra. Quienes defienden el decreto (y preparan su resurrección) dicen que el rechazo a la norma perjudicaría al autoconsumo y a las comunidades energéticas. Lo cierto es que quienes perdieron luego de la votación la friolera de 6,500 millones de euros, fueron las energéticas del Ibex 35.

También hubo lamentaciones, como las de Greenpeace, y argumentarios tan contradictorios como difíciles de comprender. En el mismo artículo que afirmaron que el rechazo al decreto antiapagones es un obstáculo para la transición energética y “una pérdida de oportunidad vergonzosa”…“para acercarnos a un sistema 100% renovable, descentralizado, justo y eficiente”, reconocían que es “urgente minimizar los impactos sobre la biodiversidad y el territorio” ¿Se puede acelerar la expansión de macro proyectos relajando los requisitos ambientales y minimizar los daños? ¿Se puede lograr un sistema 100% renovable sólo aumentando la potencia instalada, cuando la electricidad ronda la quinta parte del consumo eléctrico? ¿Qué clase de transición justa resulta de expandir los territorios de sacrificio?

Pareciera que para algunos, incluidas muchas de sus señorías, es muy difícil diferenciar una transición de una burbuja especulativa, Sandra Bettina.

Pareciera que para algunos, incluidas muchas de sus señorías, es muy difícil diferenciar una transición de una burbuja especulativa. Algo tan obvio como que una transición implica pasar de un estado a otro permanece oculto, innombrable. Lo mismo que la idea de que en una burbuja no hay ningún cambio de estados y que las posibilidades son inflar (más o menos rápido) o explotar (más o menos estrepitosamente).

Polémico y agudo como siempre, el investigador del CSIC Antonio Turiel señaló hace unas semanas “que este modelo de transición es una enorme burbuja especulativa, es básicamente la burbuja del ladrillo 2.0”, algo que no es novedad sino que se sabe desde hace muchos años. En esa misma entrevista, también puntualizó que el apagón del 28 de abril debería alertarnos sobre el fracaso del modelo de transición actual y las consecuencias de haber permitido “un exceso de sistemas de producción no estabilizados de renovables instaladas de cualquier manera”. Es una voz experta pero no traspasa la sordera de quienes gobiernan.

Y así el simulacro de transición continúa, se expande. A pocos les importa que se llame descarbonización a producir en China los módulos solares o extraer en Chile el cobre del mallado electrico. Como si las emisiones de gases frenaran ante fronteras atmosféricas. El modelo de transición actual no se distingue del simple agregado de potencia eléctrica (eso sí “renovable”) sin considerar que el consumo de electricidad permanece estable y es mínimo dentro del total de usos energéticos. Y mucho peor aún, desestimando que España ya cuenta con 130 GW de potencia instalada, mientras que el consumo medio ronda los 26,5 GW. No se está transitando, se está inflando la burbuja.

La burbuja especulativa crece al ritmo de las demandas de la patronal del sector eléctrico y de la de los centros de datos. La primera reclama que se construya infraestructura en redes para agregar 60 GW de potencia que esperan conexión. La segunda poco dice de que además de energía requerirá agua en cantidad suficiente para generar nuevos conflictos. Parece surrealista. Y mientras tanto, en algunos nudos del sistema eléctrico se “desperdicia” (vía curtailments) más del 30% de la generación renovable. Pero frenar es de irresponsables o negacionistas y hay que seguir instalando.

Según los ofendidos por el rechazo al decreto antiapagones, hay que seguir adelante sin importar el sacrificio territorial (que si no se nombra parece que no existe). Y da igual que haya más de trescientas mil hectáreas disponibles para instalaciones renovables que permitirían cubrir toda la demanda sin afectar un sólo bancal ni arrancar un sólo olivo más. Lo importante es que las eléctricas ahorren costos (o querrán decir que los externalicen impunemente). De tanto ahorrar no instalaron los sistemas de estabilización que hubieran podido evitar el apagón. Pero de eso no se habla.

“Si acaso sobra electricidad, se agrega almacenamiento. Y así se puede saltar de burbuja en burbuja. ¿Qué podría ser más ecológico que ante la sobre oferta, agregar demanda?”, Sandra Bettina.

Si acaso sobra electricidad, se agrega almacenamiento. Y así se puede saltar de burbuja en burbuja. ¿Qué podría ser más ecológico que ante la sobre oferta, agregar demanda? Y para acelerar, las leyes son lentas pero los decretos cuando no se derogan son muy útiles para eximir de evaluación ambiental a cualquier proyecto de baterías que se ubique junto a instalaciones eólicas o fotovoltaicas. Y si hace falta se expropia, faltaba más. Del riesgo de incendios hablamos otro día.

Por enésima vez, a muchas de sus señorías, a las energéticas del IBEX35, a la patronal renovable y sorprendentemente a las bien intencionadas grandes ecologistas, se les vio el plumero. Deja un sabor amargo que se usaran las demandas de decenas de comunidades energéticas agrupadas en la Alianza por el Autoconsumo para intentar dotar de sentido social un decreto que en gran parte pretendía rescatar al sector macrorenovable y al modelo fallido de Renovable Eléctrica Industrial. Si el apoyo al autoconsumo doméstico y colectivo fuera genuino, ¿no sería mejor ofrecer legislación específica en vez extorsiones?

¿Tan difícil es diferenciar una transición de una burbuja? La ceguera es profunda y permea la mayoría de las instituciones. Y para peor, a veces sólo se escuchan las voces de quienes son incapaces de reconocer que, como afirmó el catedrático Federico Aguilera Klink, los megaproyectos “verdes” están “secuestrando la democracia, saqueando lo público y agravando la actual crisis civilizatoria”. Nada empeora tanto los problemas como la aceleración de simulacros de soluciones.

Sabemos (porque lo anunciaron, con rabia y entre descalificaciones) que lo volverán a intentar después del verano. Dan por descontado que no es necesario contar la participación de quienes defienden el territorio frente al sacrificio, la especulación y el greenwashing. Posiblemente, estén cambiando cromos a cambio de promesas de apoyo. Lo que aún no ven es muchos más ojos los están viendo. Y que tumbar este decreto ha servido para destapar la olla donde se cuecen las mentiras sobre una “transición energética” que cada vez es menos verde, menos justa y menos sostenible.

https://www.elsaltodiario.com/granada/tumbar-un-decreto-destapar-una-olla

El apagón del pasado 28 de abril de 2025

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El apagón del pasado 28 de abril de 2025 NOS PASA FACTURA A TODOS LOS ESPAÑOLES

El RDL 7/2025 fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 24 de Junio de 2025.

El actual Consejo de Ministros en España está presidido por el Presidente del Gobierno y 22 Ministros: 17 Ministros del PSOE y 5 Ministros de SUMAR.

Este Real Decreto Ley se hace, una vez más y como venimos denunciando ya años contra otros Decretos, a medida de la patronal de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos en nuestro país: cerca de 5 GW corrían peligro de perder avales y toda la tramitación, ya que la autorización administrativa de explotación vencía el pasado 26 de junio. Es decir, un día después de que entrara en vigor este Real Decreto. https://elpais.com/economia/2025-06-23/el-gobierno-plantea-un-balon-de-oxigeno-a-las-renovables-en-su-decreto-antiapagones.html

El nuevo RDL 7/2025 anula la pérdida de avales y de hitos temporales establecidos por el propio Ministerio de Transición Ecológica, por las suspensiones temporales de las medidas cautelares en procesos judicializados, así como en los administrativos. https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-06-26/el-gobierno-ofrece-un-salvavidas-a-los-parques-eolicos-y-solares-atrapados-por-los-recursos-judiciales.html

Además, sigue permitiendo la coacción por medio de la EXPROPIACIÓN, esta vez extendiéndose a las instalaciones de almacenamiento de baterías, dejando indefensos a los legítimos propietarios de terrenos. https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13449751/07/25/goldman-sachs-pide-limitar-la-generacion-renovable-para-evitar-apagones.html?fbclid=IwY2xjawLZDdxleHRuA2FlbQIxMQABHuOZej97LI9l49CsrIvjRDdjZKbjnjoZGYe9MRtqzJU31ffIssEq4Iemiwd0_aem_gpUMjmvgwzrnEksniN7hgw

Recordemos que la EXPROPIACIÓN es una táctica habitual de estos fondos de inversión para “negociar” con propietarios de terrenos, que les permite la ley de 1954 de expropiación forzosa. Una ley que no ha sido modificada.

Aunque sí se ha modificado la ley de 1955, para beneficio de las promotoras y sus hitos temporales, extendiendo los plazos https://ejaso.com/conocimiento/claves-del-real-decreto-ley-72025-de-24-de-junio-por-el-que-se-aprueban-medidas-urgentes-para-el-refuerzo-del-sistema-electrico

Siguiendo con la “ilusión” de la creación de puestos de trabajo: https://www.xataka.com/movilidad/catl-prometio-generar-miles-empleos-aragon-fabrica-baterias-desembarcara-2-000-trabajadores-chinos

O como en el caso de la repotenciación, aumentada según este RDL hasta el 25%, pero que reducen a la mitad los plazos de los procedimientos de autorización y de evaluación ambiental https://ejaso.com/conocimiento/claves-del-real-decreto-ley-72025-de-24-de-junio-por-el-que-se-aprueban-medidas-urgentes-para-el-refuerzo-del-sistema-electrico

Mientras tanto, las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore), que antes recibían ayudas en forma de primas por su producción, ahora cuentan con una rentabilidad garantizada por ley, ligada a la inversión realizada. Si lo que ingresan los megaproyectos industriales de “renovables” por la venta de su electricidad no alcanza el mínimo para asegurar esa rentabilidad establecida, se les da un complemento con cargo al recibo de la luz. El año pasado la factura del Recore fue de casi 4.400 millones de euros (a pagar por los consumidores). https://www.elperiodico.com/es/economia/20240906/renovables-precio-luz-ayudas-gobierno-recore-precios-negativos-107811574

Así pareciera que el “apagón” del pasado 28 de abril, con sus consecuencias de pérdidas de vidas humanas y económicas, nos trajera un nuevo Real Decreto, que lejos de acercarnos a conocer a día de hoy las causas oficiales que lo provocaron https://elpais.com/economia/2025-07-10/iberdrola-pide-al-supremo-que-invalide-el-comite-creado-por-el-gobierno-que-le-responsabiliza-del-apagon.html, más bien se podría entender como un “rescate” a la patronal fotovoltaica y eólica https://elpais.com/economia/2025-06-23/el-gobierno-plantea-un-balon-de-oxigeno-a-las-renovables-en-su-decreto-antiapagones.html

Porque las garantías procesales, legales y judiciales que tiene la sociedad para defenderse, HAN SIDO, UNA VEZ MÁS, MERMADAS. https://www.eia.es/nota-de-prensa-sobre-real-decreto-ley-7-2025/

Ni estamos en una “crisis de electricidad”, ni existe ninguna urgencia para aprobar medidas como la gestión privada de nuestros datos, como pretende este Real Decreto en su Artículo 3: “Habilitación al operador del sistema para la gestión de datos y su suministro a los clientes finales”. https://www.linkedin.com/posts/miquelgirones_vis%C3%B3n-personal-rdl-72025-refuerzo-del-sistema-activity-7348306021968179201-8zUb/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAPEdQcBkfCCfz52ushdv7Asw4U-D926l68

Sin ningún pudor, el LOBBY ENERGÉTICO PRESIONA a los grupos parlamentarios para que el Real Decreto Ley 7/2025, sea ratificado en el Parlamento el próximo 22 de julio. https://elpais.com/economia/2025-07-04/las-renovables-se-movilizan-para-evitar-que-el-congreso-tumbe-el-decreto-energetico-del-gobierno.html

https://elperiodicodelaenergia.com/el-sector-energetico-presiona-al-maximo-al-pp-para-que-se-abstenga-en-lavotacion-del-decretazo-antiapagones

Sin olvidarnos, de las puertas giratorias, que también pesan a la hora de la toma de decisiones:

https://cincodias.elpais.com/companias/2025-05-12/junts-y-erc-buscan-un-hueco-en-la-cupula-de-redeia-en-plenatormenta-por-el-apagon-y-el-pulso-nuclear.html

CIUDADANOS, VOLUNTARIOS, DEFENSORES DEL TERRITORIO, DECIMOS NO AL RDL 7/2025

NO ES UN “DECRETAZO ANTIAPAGONES”:

ES UN DECRETAZO CONTRA LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS

Hemos elaborado un documento para entender

LO QUE NO TE CUENTAN del Real Decreto Ley 7/2025.

https://macrorenovablesno.org/2025/07/15/no-al-rdl-7/

Este Real Decreto Ley se hace, una vez más y como venimos denunciando ya años contra otros Decretos, a medida de la patronal de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos en nuestro país.

El próximo 22 de julio, se lleva al Congreso para su ratificación.

Instamos a todos los partidos políticos a la NO aprobación del RDL 7/2025.

CONSIDERACIONES SOBRE EL AVANCE DE PGOM EN MEDINA SIDONIA

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CONSIDERACIONES ANTE LA APROBACIÓN DEL AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PGOM) EN MEDINA SIDONIA Y LA APERTURA DE UN PERÍODO DE CONSULTAS PÚBLICAS

Se confirma que la aprobación del nuevo Avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), y la apertura de un período de consultas públicas, se va a llevar al Pleno Ordinario del próximo jueves 17 de Julio.

En las presentaciones del AVANCE del pasado día 18 de junio, hace ya casi un mes, se dijeron varias cosas que ANA tiene mucho interés en comprobar si van a estar suficientemente justificadas, y avaladas, por la documentación técnica elaborada, y que vaya a estar a disposición de la ciudadanía.

En aquellas presentaciones únicamente se enseñaron algunos planos, y se explicaron algunos conceptos de por dónde va a ir la revisión, sin entrar en muchos detalles, aunque se aclaró que se trata de un borrador, es decir un documento abierto. También se dijo que toda la documentación se iba a publicar en la web, incluso antes del acuerdo de Pleno, para que se pudiera ir consultando cuanto antes y con suficiente tiempo. De momento esto no se ha hecho.

ANA entiende que la justificación para la revisión, y los criterios para el nuevo planeamiento, se apoyan en un análisis y un diagnóstico exhaustivo del planeamiento vigente, y de la situación actual de Medina Sidonia, como base firme para definir cuáles pueden ser las mejores estrategias para afrontar tanto los actuales problemas, cómo los que puedan surgir en el futuro. Aunque la presentación nos dejó bastantes dudas, confiamos en que estas se podrán aclarar cuando tengamos acceso a la documentación técnica exhaustiva y completa de la que se ha hablado, esa que los técnicos llevan elaborando desde hace meses, según se dijo.

Confiamos en encontrar un completo análisis y diagnóstico de la situación actual lo más concreto posible, es decir «que vaya al grano» de la problemática a resolver, y se aleje de declaraciones genéricas o de frases grandilocuentes. Y que además sea capaz de hacer una mínima autocrítica por las habituales carencias de la gestión municipal en estas materias, y la casi ausencia de un suficiente control y disciplina urbanística durante demasiados años.

Sin embargo y de momento, pensamos que lograr una «Medina Sidonia más cohesionada, más verde, con más vivienda asequible y con más oportunidades de desarrollo económico e industrial», tal y como se dijo en las convocatorias del pasado 18 de junio, no se resuelve únicamente con una reforma del planeamiento vigente, sino que depende bastante más de la voluntad y de la capacidad de gestión, de una aplicación más estricta del control y la disciplina urbanística, y también de una mayor disponibilidad, y mejor aprovechamiento, de las fuentes de financiación. Si aún no se ha construido ninguna vivienda en los solares de titularidad pública del Barrio de Santa Catalina, o que no se hayan ocupado las parcelas en el casi totalmente vacío Polígono industrial del Machorro, no es culpa del vigente PGOU, sino que más bien se debe atribuir a problemas de ineficacia en la gestión pública (no solo del Ayuntamiento) y a una insuficiente financiación.

Por otra parte, nos tememos que, cuando se está hablando de la necesidad de revisar el planeamiento vigente «por su antigüedad», podría ser que en realidad lo que se está planteando es acometer la revisión de la planificación y la normativa urbanística, con otras intenciones no explicitadas, para encubrir otro tipo de decisiones muy diferentes, y que pudieran haber sido tomadas de antemano, y que, además de no estar suficientemente justificadas, desde el punto de vista ambiental y urbanístico, podrían ser muy negativas.

De momento, y a la espera de poder consultar la documentación completa, solo vemos una justificación clara para que sea necesario acometer una revisión global del planeamiento vigente, y es la adaptación a las leyes y reglamentos urbanísticos que se han ido aprobando con posterioridad a su entrada en vigor. Pero recordemos que las NNSS del año 1995 ya han sufrido numerosas modificaciones puntuales, algunas con efectos muy negativos que deberían ser analizadas para evitar volver a cometer errores, y además se tramitó, y en 2009 aprobó, una adaptación parcial a la entonces vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Por ello el planeamiento vigente en Medina no es tan antiguo y anticuado como se dice.

Confiamos en que el documento contenga los suficientes datos básicos, tanto numéricos como escritos y gráficos, sobre la situación real del término municipal y de los núcleos urbanos, incluyendo una mínima información sobre la evolución de Medina Sidonia en estas materias durante las tres últimas décadas, así como cuáles son las hipótesis que se están manejando sobre su evolución a corto y medio plazo.

También esperamos encontrar en el documento datos concretos sobre las causas de los retrasos o la total paralización del desarrollo de algunas unidades de ejecución en suelo urbano, de sectores de suelo apto para urbanizar de las NNSS, o de áreas de ordenación del PEPRICH, que ya tenían sus instrumentos de desarrollo aprobados.

Igualmente será necesario un análisis detallado para cada tipo de equipamiento, de las dotaciones e instalaciones existentes actualmente y de sus niveles de calidad, así como una evaluación de las necesidades y previsiones a medio plazo, de acuerdo con la evolución y la composición prevista para la población del municipio.

Esperamos que no se hayan olvidado datos concretos y actualizados sobre las parcelaciones y edificaciones ilegales que afectan a amplias zonas del término municipal. También sobre la no aplicación de algunos planes de desarrollo, aprobados y vigentes, donde no solamente se han ignorado las propuestas y condiciones de ordenación previstas, sino que incluso se han incumplido de forma flagrante en la gestión habitual del ayuntamiento durante más de 20 años. Es el caso especialmente de los planes de protección y puesta en valor del cerro de las Madres, del cerro de los Molinos, y de la llamada zona forestal del Prado de la Feria.

Y también nos preocupa que, dado que la apertura del periodo de consultas públicas o de participación pública se va a realizar a partir del Pleno del mes de julio (aunque desconocemos cual será la fecha en la que se empezará a contabilizar los plazos, si habrá publicación en BOP, o será una publicación en el Tablón de Edictos de la Web), el plazo podría coincidir de lleno con el final del mes de Julio y con el mes de agosto, meses poco adecuados para lograr una mayor participación, y donde será más difícil que se pueda acompañar de algún tipo de  actividades complementarias, que consideramos como imprescindibles, para la difusión, la información detallada y el debate sobre las alternativas propuestas, que puedan incentivar la participación, y la posterior presentación de Alternativas o Sugerencias.

En todo caso esperamos que, y como ya se dijo en el acto del 18 de junio, el periodo debería ser lo más amplio posible, buscando la mayor participación. Quizá no sea suficiente con los 45 días anunciados, sino que se debe llegar a los dos meses, o incluso tres, si se considera como inhábil el mes de agosto.

Si realmente existe una clara voluntad de que la consulta pública sea efectiva, el documento debe estar abierto a todo tipo de correcciones y nuevas incorporaciones, para recoger las aportaciones, sugerencias y propuestas constructivas que se puedan presentar por parte de colectivos y personas. 

Alegaciones al Plan de Infraestructuras Verdes

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ANA ha presentado un documento de Alegaciones al <<Plan de Infraestructuras Verdes para la Conectividad de Andalucía. Cuidando las Vías Pecuarias del Futuro>>. Las Alegaciones se han presentado ante la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Enterados del Anuncio publicado en el BOJA Número 71 de fecha 25 de marzo de 2025, ANA ha desarrollado extensamente cuatro ALEGACIONES que podemos resumir en lo siguiente:

Primera.- Por la normativa sectorial se establece que los trazados y finalidades de las vías pecuarias tanto para el ejercicio de su función de uso principal, como su función para los usos compatibles y complementarios que regula la legislación de vías pecuarias, son de relevante importancia para articular la revalorización del uso medioambiental y de ocio ciudadano mediante el paseo, cabalgada y ciclo-turismo. Dispone  expresamente el art. 111 de la Ley 4/1986 que quienes tengan a su cargo la gestión de los Bienes o Derechos de Dominio Público o Privado de la Comunidad Autónoma están obligados a su custodia y conservación, entre otras obligaciones. Uno de los fines de la actuación competencial de las Comunidades Autónomas en relación con las vías pecuarias es el de “Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos ambientales o culturales valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adopción de las medidas de protección y restauración necesarias […]”, según señala el artículo 3.d) de la Ley estatal 3/1995

Segunda. – El Plan sometido a información pública, en su apartado “Actuaciones de adecuación y puesta en valor”, describe como actuaciones administrativas de adecuación y puesta en valor las labores de limpieza, plantaciones, restauración de infraestructuras trashumantes, equipamientos de uso público y señalización entre otras. A este respecto, afirma que el proyecto de Programa de Puertas Verdes elaborado por la Consejería se expone que se  encuentra finalizado en aquellos municipios andaluces de más de 50.000 habitantes. La anterior afirmación es incierta.

Tercera.- Respecto al programa de actuaciones, como recoge la Exposición de motivos de la Ley 3/1995) <…, las actuaciones de las comunidades autónomas como titulares del dominio público cañadiego deberán estar orientadas hacia la preservación y adecuación de la red viaria, así como a garantizar el uso público de las mismas>. Este deber expreso que incumbe a la Consejería de Desarrollo Sostenible incluye, pues, además de realizar el deslinde de las vías pecuarias, la obligación de la recuperación de oficio sobre la posesión de las vías pecuarias, en virtud de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de los art. 21 y 111 de la Ley 4/1986,  y especialmente de los artículos 8 y 27 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía aprobado por Decreto 155/1998.

        Nuestra doctrina reconoce que para las Administraciones Públicas, la conservación de sus bienes constituye no sólo un derecho, sino un deber (SSTS de 23 de septiembre de 1980, 13 de abril de 1981, 12 de febrero de 1986 entre otras muchas). Resulta indubitado que existe un deber expreso que incumbe a la Consejería de Agricultura, Pesca y desarrollo sostenible de la recuperación de oficio sobre la posesión de estas vías pecuarias, en virtud de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los art. 21 y 111 de la Ley 4/1986, y especialmente de los artículos 8 y 27 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía aprobado por Decreto 155/1998.

Y no está sujeto el ejercicio de esa competencia, de ese deber, a la consideración por la Administración competente de determinar ella cual es el momento adecuado en que se ha de iniciar el expediente para la defensa de los bienes de dominio público. La defensa y recuperación de los bienes de dominio público es una materia cuyo ejercicio está perfectamente prefigurado por el Ordenamiento Jurídico, y en concreto por la legislación sectorial existente para estos bienes, y específicamente en nuestro caso, para las vías pecuarias. Es claro y obvio que la Administración no dispone de discrecionalidad para decidir que bienes públicos defiende y cuáles no, y para decidir qué momento, fecha, o año es “adecuado” para ejercitar esa potestad de defensa de los bienes públicos

Cuarta.-  Deber de integrar en el Plan de Infraestructuras las actuaciones de recuperación a que ha sido condenada judicialmente la Consejería. La potestad sancionadora y de defensa de los bienes públicos tiene carácter reglado, no discrecional, y niega a la administración toda libertad para decidir la incoación o no del procedimiento y de acordar o no la sanción y la recuperación del bien público dañado o despojado. En esta línea ya se pronunciaba el T.S. en veteranas sentencias sobre la materia: sentencia de 24 de septiembre de 1976 (R1976-4564); de 25 de mayo de 1987 RJ 1987-5844), y la de 4 de febrero de 1992 (RJ 1992, 2245).

Por ejemplo: La Sentencia de 16 de noviembre de 2023 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede de Sevilla condena a la Consejería a proceder a la incoación y tramitación para la recuperación de la posesión de los terrenos ocupados de las vías pecuarias: Cañada Real de Lomopardo a Medina, Cañada de Los Arquillos y la Vereda de Patriste a Jimena.

Finalmente en el documento de Alegaciones presentado por ANA, se ha SOLICITADO

        1º). Que se proceda a las correcciones y modificaciones pertinentes en función de todas y cada una de las Alegaciones que se realizan en el escrito. 2º). Que se protejan los bienes básicos que pueden estar amenazados: la biodiversidad, el suelo y el paisaje. 3º). Que se incorpore el escrito de ALEGACIONES a los expedientes hasta su total tramitación. 4º).  Que se considere a la Asociación Amigos de la Naturaleza, cuyos datos constan en la primera página, como parte interesada en todo el procedimiento administrativo, solicitando expresamente la personación, y, a partir de ahora, se nos comunique cualquier incidencia que en el mismo se registre, así como se nos dé Trámite de Audiencia.

        Y, al igual que en otras ocasiones, desde ANA nos hemos puesto a disposición de LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD DE LA CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, para cualquier aclaración o explicación complementaria sobre las Alegaciones expresadas en el documento presentado.

Recuperar la salud de los diversos ecosistemas forestales

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5 de Junio: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

  • Joaquín Vega Padial
  • Vicente Jurado Doña

Recuperar la salud de los diversos ecosistemas forestales andaluces y aumentar su resiliencia frente al Cambio climático mejoraría la vida, el trabajo y el arraigo rural

Andalucía cuenta con un gran patrimonio forestal, más de 4,5 millones de hectáreas, que suponen la mitad de su territorio. Los bosques, en nuestra Comunidad Autónoma, albergan una gran biodiversidad vegetal y también faunística, acumulan agua, absorben gases de efecto invernadero, crean y protegen el suelo, facilitan alimento para el ganado y son fuente de bienestar material y psicológico para la población.

Recientemente se ha anunciado la redacción de la nueva Ley Forestal Andaluza que sustituirá a la de 1992, que deberá responder a los retos actuales de las zonas forestales, en íntima convivencia con las zonas rurales donde se encuentran. Nos parece que, dada la importancia del sector, la Junta de Andalucía no está facilitando los mecanismos de participación ciudadana adecuados. Desconocemos incluso el borrador de la misma. Por otro lado, la ya aprobada Adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2030 (noviembre de 2023) recoge las líneas maestras de lo que debe ser la política forestal andaluza. Esta Adecuación, largamente esperada y reivindicada, ha llegado con años de retraso y desconocemos año y medio después de su aprobación qué actuaciones se están llevando a cabo en el territorio. Nos preocupa además que en las previsiones de la nueva Adecuación se observa un decrecimiento de las inversiones en materia forestal año tras año en nada acorde con las necesidades existentes y previsibles.

La enfermedad denominada la “seca” sigue haciendo estragos en encinas y alcornoques, mientras vemos que algunos Equipos de Diagnóstico de la Seca que han llevado adelante un gran trabajo, han sido desmantelados. Es cierto que la Junta de Andalucía ha sacado un Decreto de ayudas (20 millones) dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 para combatir la seca y desde luego nos parece acertado y esperamos que se lleve a cabo una evaluación de esas actuaciones por los técnicos de la Consejería para comprobar la efectividad de las enmiendas calizas en el vigor del arbolado.

En algunas provincias parte de los terrenos forestales pasan a agrícolas de forma ilegal sin evaluación previa de impacto ambiental, agravando los problemas del agua y las plantaciones de eucalipto en la provincia de Huelva siguen usurpando espacio a los bosques autóctonos con aterrazamientos con maquinaria pesada y destrucción del matorral mediterráneo en claro incumplimiento del artículo 46. 2 de la vigente Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/92 de 15 de junio, BOJA nº 57 de 23 de junio de 1992) que dice textualmente:

“La implantación de especies forestales de crecimiento rápido sólo podrá hacerse sobre terrenos agrícolas marginales o forestales de escaso valor ecológico, siempre que se justifique su rentabilidad económica o social y cuando no existan riesgos graves de erosión, de degradación del suelo y de los recursos hídricos”.

Nos preguntamos si los técnicos de la Delegación de Huelva y el propio Delegado Territorial se han leído este artículo de la Ley Forestal en vigor antes de conceder las autorizaciones administrativas.

Nuestras dehesas que tradicionalmente han sido fuente de trabajo y riqueza rural, necesitan apoyo a la regeneración, minimizando los problemas de herbivoría por ganado doméstico y salvaje. El sector del corcho necesita ayuda inmediata y la puesta en marcha de un Centro de investigación y Desarrollo tecnológico que realice innovaciones e inversiones, fomentando el conocimiento de los oficios relacionados con la dehesa y el corcho.

Gran parte de los extensos pinares de repoblación de Almería, Granada, Jaén y Málaga que se repoblaron para proteger sus desnudos suelos, facilitar la posterior colonización de vegetación autóctona y generar riqueza maderera, han sido abandonados a su suerte, y ahora necesitan intensas y urgentes labores de cuidado y regeneración para evitar que sean pasto de plagas y puedan ser consumidos por las llamas.

Los incendios forestales son cada vez más intensos y conllevan consecuencias ecológicas y sociales sin precedentes que se agravan ante la actual situación de emergencia climática. Sin descuidar la extinción, las inversiones deben de ir fundamentalmente dirigidas a la prevención. Hace falta además replantear las actuaciones post-incendio evitando la corta de arbolado y la entrada de maquinaria pesada que provoca enormes destrozos y acelera los procesos de erosión y solicitamos a la Junta de Andalucía que cambie los protocolos de actuación y se favorezcan los procesos de regeneración natural de matorrales y arbolado tras el incendio.

En este sentido apostamos por las ayudas a la ganadería extensiva, tan útil a su vez para mantener a raya el exceso de material combustible y evitar los grandes incendios. Desde la Plataforma por el Monte Andaluz apostamos por una planificación del territorio que promueva un paisaje menos combustible, más heterogéneo y menos susceptible de propagar los grandes incendios.

En este Día Mundial del Medio Ambiente nos sumamos también a la preocupación de la instalación de grandes superficies de placas fotovoltaicas en terrenos importantes para la conservación de ecosistemas y también de secano donde habitan especies de aves protegidas. Hay que proceder a una planificación territorial que incluya zonas de exclusión de estas actividades industriales a pesar de reconocer por supuesto la importancia de las energías renovables en nuestra sociedad actual.

Recuperar la salud de los diversos ecosistemas forestales andaluces y fomentar sus múltiples beneficios, algunos inimaginables y totalmente inéditos, mejoraría la vida, el trabajo y el arraigo de las personas en las zonas rurales. Cuidando nuestros bosques invertimos en salud, bienestar y felicidad.

SOS Tendidos Eléctricos reclama al gobierno

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La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos reclama al gobierno la aprobación urgente de un nuevo decreto que regule la corrección de líneas eléctricas para proteger a las aves y reducir la mortalidad de fauna causada por colisiones con aerogeneradores y electrocuciones en tendidos. Esta plataforma, con la que colabora ANA, considera que la normativa actual es insuficiente y que es necesario medidas más ambiciosas para proteger la fauna

La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos reconoce el avance que supone el borrador del nuevo real decreto que regulará la corrección de tendidos eléctricos para la protección de la avifauna, así como la reducción de la mortalidad de fauna por colisión con aerogeneradores, difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Sin embargo, considera que se necesitan medidas más ambiciosas para garantizar la mínima incidencia sobre la fauna de estas infraestructuras que se encuentran repartidas por toda España

En concreto, la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, considera que la nueva normativa prometida por el MITECO desde el comienzo de la legislatura debe añadir algunas mejoras para reducir de manera eficaz la muerte de millones de ejemplares de fauna, incluidas especies amenazadas, causadas por las líneas eléctricas (electrocución y colisión) y los aerogeneradores (colisión y barotrauma). Estas muertes no son accidentales, sino sucesos previsibles y esperables que ocurren cuando la instalación es peligrosa para la avifauna y no dispone de las apropiadas soluciones técnicas que garanticen su total inocuidad.

En las alegaciones que han presentado durante el periodo de información pública del nuevo real decreto, que se cerró el pasado 12 de abril, las entidades pertenecientes a la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, ven imprescindible extender la obligación de aplicar las medidas de corrección en los tendidos eléctricos peligrosos para las aves a todo el territorio nacional. 

Actualmente, esta obligación se centra en las llamadas Zonas de Protección, una figura legal ya prevista en el real decreto de 2008 sobre avifauna y líneas eléctricas actualmente vigente, que se mantiene en el borrador que ha salido a información pública y que incluye a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, a los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación de las aves amenazadas y, en general, a las áreas prioritarias para estas especies catalogadas. Sin embargo, las aves se mueven por todo el territorio, por lo que limitar la adopción de medidas a las Zona de Protección deja fuera de la cobertura del futuro real decreto a un número inasumible de tendidos eléctricos que representan una grave riesgo para la avifauna. 

Además, la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos considera que la creación de Zonas de Protección entra en contradicción con La Ley de Responsabilidad Ambiental, norma de rango superior al real decreto, que establece la obligación a los operadores, ante una amenaza inminente, de adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia previa medidas preventivas apropiadas. Una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2021 indica expresamente que el riesgo de electrocución de aves es siempre inmediato, independientemente de que la línea se encuentre fuera o dentro de las Zonas de Protección.

En cualquier caso, las entidades que integran la plataforma consideran que no basta con aplicar medidas correctoras a posteriori y todos los nuevos tendidos eléctricos deben construirse ya con criterios de diseño seguro para las aves, minimizando el riesgo desde el primer momento. 

En el nuevo real decreto se excluyen expresamente las líneas eléctricas que suministran energía a trenes u otros medios de transporte electrificados. Sin embargo, se ha comprobado una importante mortalidad de aves en este tipo de líneas, por lo que la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos considera que no deben quedar excluidas y se propone la inclusión de la nueva norma de la obligación de aplicar las medidas técnicas para la protección de avifauna ya establecidas por ADIF. 

Parques eólicos: mejor prevenir

Una de las novedades más positivas en el borrador del real decreto es que aborda el enorme problema de la gran mortalidad actual de la fauna salvaje en los parques eólicos, tanto por colisión (por ejemplo, en muchas aves) como por barotrauma (en el caso de los murciélagos), a través de medidas como las paradas de aerogeneradores en situaciones de riesgo para estas especies y el desmontaje de los aerogeneradores. 

La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos aplaude la importancia concedida a este problema en la nueva normativa, aunque propone medidas adicionales. Así es preciso mejorar los sistemas de detección y parada, ya que hasta ahora no están resultando eficaces, en especial para prevenir la mortalidad de pequeñas aves y murciélagos que se está multiplicando por la masiva instalación de grandes aerogeneradores. Asimismo, es preciso extender el empleo de perros adiestrados para garantizar la detectabilidad de cadáveres y restos de animales víctimas de este problema. 

Al mismo tiempo, la plataforma reclama que se aplique el principio de prevención y evitar la instalación de aerogeneradores en zonas de alta sensibilidad ambiental. Para ello, reclama que se utilicen y actualicen los mapas de sensibilidad elaborados por el MITECO y organizaciones como SEO/BirdLife o SECEMU, garantizando que la ubicación de nuevos proyectos no ponga en riesgo poblaciones vulnerables de aves y murciélagos. 

Aprobación sin más demora

La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos reclama al Gobierno que se apruebe sin más demora este real decreto comprometido por el MITECO desde el principio de la legislatura, incluyendo en el texto definitivo los cambios propuestos en las alegaciones presentadas. 

Además, para una correcta y eficaz implementación de la nueva normativa, las entidades integradas en la plataforma reclaman criterios homogéneos de evaluación y actuación en todo el territorio estatal en cuanto al contenido del real decreto, ya que actualmente existen grandes diferencias en la interpretación y aplicación de las obligaciones en esta materia entre comunidades autónomas. Entre estos criterios piden que los titulares de las instalaciones, ya sean líneas eléctricas o parques eólicos, sean los responsables del mantenimiento y verificación periódica del estado de las medidas anti-electrocución y anticolisión aplicadas. 

5º Día de las VVPP y CCPP

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El próximo sábado 5 de abril de 2025, ANA participa en la celebración del 5º Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos con una ruta circular de senderismo en Medina Sidonia.

Esta iniciativa de la PICP, Plataforma de la que ANA forma parte, se coordina junto a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Ecologistas en Acción con el objetivo de poner el foco en estas arterias que conectan los pueblos y articulan el país, para garantizar el libre tránsito por estos bienes de dominio público, y para promover que las administraciones competentes se pongan en marcha conforme a la legalidad vigente en las labores de inventariado, deslinde, rehabilitación, mantenimiento y recuperación de trazados íntegros para su uso público.

En el Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos se propone hacer visible la situación del patrimonio caminero, con problemas de usurpación o abandono por acción u omisión de las administraciones competentes. Asimismo, se busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de las vías pecuarias y caminos públicos, y la necesidad de su catalogación, defensa y conservación.

La acción que haremos en la comarca de La Janda será una marcha reivindicativa del estado de algunos caminos públicos de la ladera Sur y Oeste de la ciudad de Medina Sidonia, con divulgación de sus valores medioambientales, paisajísticos, monumentales, patrimoniales, y fomento de las mismas para la práctica deportiva.

Con tal fin, este año, desde ANA, se ha elegido una ruta circular de dificultad baja, muy apropiada para realizar en familia tanto, como ruta de senderismo como ruta para bicicleta de montaña. Esta Ruta forma parte de las actuaciones propuestas para el curso 2024-2025 en el Convenio Marco de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia, la Asociación “Amigos de la Naturaleza” y el I.E.S. “San Juan de Dios” de Medina Sidonia, que tiene como objeto establecer un marco de colaboración en actividades de mutuo interés por su trascendencia educativa y la realización de acciones formativas de los ciclos de formación profesional que se imparten en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES).

El punto de salida y llegada será el aparcamiento de La Pedrera, avenida de La Janda de Medina Sidonia.

– Empieza el recorrido por un trazado urbano a través de calles del Barrio de Santa Catalina y Barrio de Santiago hasta llegar al camino público conocido como camino del Cerro Canelo, que empieza en la trasera de la urbanización Miramar (camino público 935), que es limítrofe con la finca La Flora. La ruta baja por este camino, de una longitud de 1.002 metros, hasta su encuentro con el Corredor Verde Dos Bahías (Vía Pecuaria, Cañada Real de Algeciras) que habrá que recorrer, dirección Sur y en paralelo a la carretera A-2235. La ruta pasa por delante de la Ermita de los Santos Mártires (declarada BIC) y sigue por el Corredor Verde hasta el enlazar con la Vía Pecuaria “Padrón de la Boca de la Pila” que nos permite subir hacia el casco urbano, se llega así a la carretera CA-203 que se cruza hacia la Fuente de La Canaleja y desde ahí hacia la Cruz de San Benedicto (Ejidos del Castillo) por el CAMINO 930 para llegar al pueblo por la avenida de La Janda hasta los aparcamientos de La Pedrera, el mismo punto de inicio. Tiene el recorrido un total de cinco kilómetros setecientos metros con un tiempo estimado de dos horas.

Es esta una zona típica de la huerta asidonense existente en las laderas del cerro, donde predominan las llamadas “haciendas”, fincas de pequeño tamaño dedicadas a la siembra de verduras y hortalizas que coexisten con árboles frutales (almendros, higueras, naranjos, limoneros, ciruelos, perales, granados, etc.) y con la cría de gallinas.

Entre los valores medioambientales hablaremos de la fauna y flora de esta zona del cerro donde se asienta la ciudad, donde entre otras especies se podría observar gran cantidad de distintas especies de aves insectívoras y otras especies asociadas a los setos de los caminos.

Entre los valores paisajísticos disfrutaremos de las vistas del cerro de Medina Sidonia por su cara sur y oeste, en el horizonte distintos cerros de la Zona de Especial Conservación “Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz”, Espacio Natural Protegido que forma parte de la Red Natura 2000, también se divisa la Bahía de Cádiz.

Entre los valores monumentales, destacaremos la Ermita de Los Santos Mártires, ermita visigoda que tiene su origen en una villa romana. Se trata de un monumento cuyo origen se remonta nada más y nada menos que al año 403 de nuestra era, una antigüedad superior a los mil seiscientos años.

Entre los valores patrimoniales no solo hablaremos de los caminos públicos municipales sino que también de las vías pecuarias, y de algunos de los cortijos cercanos dedicados a la ganadería y a cultivos de cereales.

Caminos públicos y vías pecuarias son bienes de dominio público y corredores de la biodiversidad que articulan el territorio y conectan a personas y municipios. La problemática principal es su pérdida y deterioro por la falta de su uso tradicional y la usurpación de estos trazados, problemas que en muchas ocasiones han tensionado el medio natural y suponen una amenaza para este patrimonio público.