Publicado: Viernes, 04 Octubre 2024 11:26 Escrito por Antonio J. Candón / Jesús M. López
La Asociación Amigos de la Naturaleza (ANA) celebra este 4 de octubre su 46º aniversario desde su fundación en 1978 en Medina Sidonia. El colectivo, originalmente formado por diez jóvenes entre 18 y 23 años, surgió a partir de su interés compartido en la protección del medioambiente y se ha consolidado como una de las organizaciones ecologistas más representativas de la comarca de La Janda.
En sus inicios, el grupo adoptó el nombre de Grupo de Amigos de
la Naturaleza y comenzó a realizar actividades en Medina Sidonia y municipios
cercanos como Alcalá de los Gazules, Paterna de Rivera, Vejer de la Frontera y
Barbate. Estos municipios conformaban lo que la agrupación denominó como la
‘comarca natural de La Janda’, un territorio de aproximadamente 1.500 kilómetros
cuadrados que sufrió el impacto ambiental de la desecación de la laguna de La
Janda.
Un año después de su creación, en 1979, el colectivo se vinculó
a AGADEN (Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza) y, en
1980, se constituyó oficialmente como la Agrupación Asidonense de Amigos de la
Naturaleza, siendo registrada por el Gobierno Civil de Cádiz. A lo largo de los
años, ANA ha colaborado con varias organizaciones ecologistas a nivel andaluz,
español e internacional, como la Federación Amigos de la Tierra y la Federación
Andaluza de Asociaciones para la Defensa de la Naturaleza.
En su 46º aniversario, ANA sigue trabajando de manera independiente tras su salida de Ecologistas en Acción en 2012, manteniendo su compromiso con la defensa de los ecosistemas locales.
El artículo está publicado y sigue en este enlace:
Nueva ley para restaurar el 20 % del suelo y el mar de la
UE
Notas de prensa – 27-02-2024 – 12:31
La UE se ha fijado el objetivo de restaurar al menos el 20 % de sus zonas terrestres y marinas para 2030 y todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050
Los Estados miembros deben
restaurar al menos el 30 % de los hábitats deteriorados para 2030, el 60 % para
2040 y el 90 % para 2050
Las disposiciones sobre áreas
agrícolas pueden suspenderse temporalmente en circunstancias extraordinarias
Más del 80 % de los hábitats europeos
están en mal estado
La Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE,
consensuada con los Estados miembros, busca regenerar los ecosistemas
degradados de sus territorios, contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y
de biodiversidad de la UE y mejorar la seguridad alimentaria.
A fin de alcanzar estos objetivos generales, los
Estados miembros deben restaurar al menos el 30 % de los hábitats contemplados
en la nueva ley (desde bosques, pastizales y humedales hasta ríos, lagos y
lechos coralinos) para que pasen de un estado deficiente a uno bueno en 2030,
porcentaje que aumentará al 60 % en 2040 y al 90 % en 2050. De acuerdo con la
posición del Parlamento, los países de la UE deben dar prioridad a las zonas de la Red Natura 2000 hasta 2030. Cuando un área se encuentre en
buenas condiciones, los países de la UE velarán por que no se deteriore de
manera considerable. Los Estados miembros también tendrán que adoptar planes
nacionales de restauración que detallen cómo pretenden alcanzar estos
objetivos.
Ecosistemas agrícolas
Con vistas a mejorar la biodiversidad de los
agroecosistemas, los países de la UE habrán de avanzar en dos de los tres
indicadores siguientes: el índice de mariposas de los
pastizales; la proporción de tierras
agrícolas con características paisajísticas muy
diversas, y las reservas de carbono
orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. Además, deben tomarse
medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a
medios agrarios, ya que estos animales son
buenos indicadores del estado general de la biodiversidad.
Dado que la restauración de las turberas drenadas es
una de las formas más rentables de reducir las emisiones en el sector agrícola,
los países de la UE deben reparar al menos el 30 % de las mismas (como mínimo
deberá rehumedecerse una cuarta parte), el 40 % de aquí a 2040 y el 50 % para
2050 (donde habrá que rehumedecer al menos una tercera parte). El proceso de
rehumidificación seguirá siendo de carácter voluntario para los agricultores y
propietarios particulares.
A petición del Parlamento, la ley incluye un «freno de
emergencia» que permitirá suspender los objetivos para los agroecosistemas en
circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias
para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE.
Otros ecosistemas
Por otro lado, la ley exige una evolución positiva de
varios indicadores en los ecosistemas forestales y que se planten 3 000
millones de árboles más. Los Estados miembros también tendrán que convertir al
menos 25 000 km de ríos en cauces libres y garantizar que no se produzca una
pérdida neta de la superficie nacional total de espacios verdes urbanos y
de cubierta arbórea urbana.
Declaración del ponente
Tras la votación, el ponente César Luena (S&D, España), declaró: «Hoy es un día
importante para Europa: de la protección y conservación de la naturaleza
pasamos a la restauración. La nueva ley nos ayudará a cumplir muchos de
nuestros compromisos internacionales en materia medioambiental. El reglamento
servirá para recuperar los ecosistemas degradados al tiempo que respetará al
sector primario al dar flexibilidad a los Estados miembros. Debemos dar las
gracias a la comunidad científica por luchar contra el negacionismo climático y
aportar las evidencias, y a la juventud por recordarnos que no hay planeta B ni
plan B».
Próximos pasos
El acuerdo alcanzado con los Estados miembros se adoptó
con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. Antes de publicarse en
el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor veinte
días después, el Consejo debe adoptarlo.
Contexto
Más del 80 % de los hábitats europeos están en mal
estado. La Comisión propuso el 22 de junio de 2022 una Ley de Restauración de la
Naturaleza para favorecer la
recuperación a largo plazo de los ecosistemas terrestres y marinos
deteriorados, alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE y cumplir sus compromisos
internacionales, en particular el Marco Mundial de Biodiversidad de
Kunming-Montreal. Según la Comisión, la nueva ley reportaría importantes beneficios
económicos, ya que cada euro invertido se traduciría en al menos ocho euros de
beneficios.
Esta legislación responde a las expectativas de la ciudadanía en cuanto a la protección y restauración de la biodiversidad, el paisaje y los océanos, según se expresan en las propuestas 2(1), 2(3), 2(4) y 2(5) de las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Por Jordi Company – Publicado el: 30 de enero de 2024
La senda 1,5 °C compatible con la naturaleza precisa de
un despliegue ordenado de las energías renovables. El cambio climático es
actualmente la 2ª causa de pérdida de biodiversidad. Si la temperatura media
global se incrementa +1,5 °C, se convertirá en la causa dominante.
Los combustibles fósiles empleados en el sector
energético representan 3/4 partes de las emisiones globales. Su uso es el
principal responsable del cambio climático. La ciencia es clara al respecto: la
única forma de no sobrepasar un incremento de temperatura de 1,5 °C es
abandonando los combustibles fósiles más tarde del año 2040 (EEA, 2023). No
hacerlo supondría el peor escenario posible para la naturaleza.La transición
energética se encuentra en un proceso de cambio constante, por tanto el
presente informe se contempla como un trabajo sujeto a posible evolución en el
tiempo, siendo susceptible de recibir nuevas actualizaciones en función del
contexto variable en el proceso de descarbonización.
Te dejamos a continuación las principales ideas de cada
una de las seis principales soluciones que proponemos para la transición
energética en este informe. Puedes consultarlas con mayor profundidad
descargando el pdf del informe.
Recomendaciones
de WWF para el despliegue ordenado de las energías renovables en España:
Desde WWF piden: que no más tarde del año 2030, la
energía producida en el sector eléctrico en España provenga en su totalidad de
fuentes renovables; y que no más tarde del año 2040, el país haya alcanzado la
neutralidad climática. Para ello, desde WWF proponen las siguientes soluciones:
Ahorro y eficiencia energética
La energía más limpia es aquella que no se consume y que no es necesario
producir. La reducción del consumo de energía y la eficiencia energética se
presentan como unas de las medidas más efectivas para reducir emisiones de
gases de efecto invernadero durante la presente década (IEA, 2021; IRENA,
2021). A mayor reducción y eficiencia, menor necesidad energética y menor
impacto sobre la biodiversidad.
Desde WWF piden reducir la demanda final de energía, en línea con un
escenario climático que limite el incremento de temperatura a 1,5 °C. Asimismo,
consideramos necesario incrementar la tasa anual de rehabilitación de
edificios, acelerar las medidas de cambio modal y de electrificación, perseguir
un modelo de generación y consumo distribuido y de cercanía, y fomentar los
cambios necesarios en los hábitos de consumo de la ciudadanía.
Despliegue de las energías renovables: priorizar el
autoconsumo y las comunidades energéticas locales
La transición energética brinda la oportunidad de democratizar la energía,
convirtiendo al usuario final en el productor de la energía que consume. El
autoconsumo favorece la mejora de la eficiencia energética y reduce la cantidad
necesaria de energías renovables en territorio, disipando su potencial impacto
en zonas naturales. En España existe todavía un gran potencial que debe ser
explotado durante la presente década.
Desde WWF piden que, para el año 2030, al menos un 30 % de la energía
renovable instalada en el país provenga del autoconsumo, así como la aplicación
de un marco normativo que simplifique y acelere la puesta en marcha de estos
proyectos y que facilite su integración y participación en el mercado
eléctrico. Asimismo, para aprovechar el potencial real de estas nuevas
modalidades, deben eliminarse las barreras técnicas, administrativas,
económicas y sociales que todavía existen en la actualidad.
Impulso a la repotenciación en instalaciones de
energía renovable de mayor antigüedad
Esta alternativa se presenta como una herramienta eficaz para dar
cumplimiento a los objetivos climáticos, mientras contribuye a contener la
expansión de nuevos proyectos de energías renovables hacia nuevos territorios.
Durante la presente década, más de la mitad de los parques eólicos en España
superarán los 20 años de vida, haciéndolos susceptibles de repotenciación.
Desde WWF proponen la elaboración de una estrategia nacional de
repotenciación con medidas concretas y objetivos vinculantes, así como el uso
de mecanismos de fomento para aprovechar su potencial y lograr una mayor
penetración de esta modalidad durante los próximos años. Asimismo, consideramos
que debe existir un marco normativo para garantizar, siempre que sea posible,
la repotenciación de parques renovables una vez alcanzado su fin de vida útil.
Energías renovables para sustituir a los combustibles
fósiles y llegar a tiempo al escenario 1,5 °C
A pesar de que un escenario basado en energías renovables es la mejor
alternativa para la naturaleza (Luderer, 2019; Gibon, 2017; Berrill, 2016;
Bennun, 2021; Bergesen, 2016), y que su desarrollo será necesario para cumplir
con los objetivos de descarbonización, la transición energética debe
desarrollarse evitando y minimizando, al máximo posible, sus potenciales
impactos sobre la biodiversidad y las personas.
Desde WWF reclaman una planificación territorial vinculante a escala
regional y local, con amplia participación social y sujeta a evaluación
ambiental estratégica, que garantice la ubicación prioritaria de proyectos de
energía renovable en zonas de baja sensibilidad ambiental y social.
Asimismo, piden una ordenación del espacio marítimo que emplee un enfoque
ecosistémico, capaz de reconocer el valor y servicios que ofrece el medio
marino y su capacidad limitada frente a la presión de los desarrollos humanos.
Piden que sean zonas de exclusión para los proyectos, al menos, los siguientes:
Espacios Naturales Protegidos, espacios Red Natura 2000 (ZEC, ZEPA, LIC), AMP,
principales corredores migratorios de aves y otras especies, otras áreas de
alta sensibilidad ambiental (Anexo I) y sistemas de alto valor natural agrario.
Piden que no se debiliten los procesos de evaluación de impacto ambiental
para proyectos de energías renovables (RD 20/2022) y que, por el contrario, se
refuercen para mejorar la evaluación de alternativas y considerar siempre los
impactos acumulativos o sinérgicos de los proyectos ubicados en zonas cercanas.
Consideramos que, de tener que acelerar la tramitación de proyectos
renovables, dicha medida se implemente únicamente en las zonas que hayan sido
identificadas como prioritarias en el mencionado proceso de planificación
territorial.
Además, pedimos que se destinen mayores fondos y recursos a la elaboración
de estudios más exhaustivos, completos y actualizados que permitan complementar
y mejorar los mapas de sensibilidad actuales, así como reforzar la capacidad de
las Administraciones para hacer frente a la evaluación del creciente número de
proyectos de energía renovable.
Almacenamiento, gestión, innovación y diversidad
tecnológica de las energías renovables
Todas ellas serán imprescindibles para avanzar en la descarbonización del
sistema energético y poder abandonar los combustibles fósiles. No sólo son
estas variables necesarias para cumplir con los objetivos climáticos, si no que
además otorgan mayor seguridad energética al sistema (seguridad de suministro,
precios bajos y precios estables), y ayudan a contener la expansión del mismo
en el territorio.
Desde WWF proponen una revisión de la estrategia actual de almacenamiento
para potenciar un modelo basado en la gestión de la demanda, que facilite el
despliegue de la generación distribuida, y desarrolle un marco favorable para
la participación de la ciudadanía en el mercado energético; considerando el
potencial de esta modalidad para lograr un despliegue de respaldo a gran escala
y en poco tiempo, mientras contribuye a otros objetivos sociales y ambientales
de la transición energética.
Asimismo, a pesar de considerar necesario un incremento en el nivel de
interconexiones eléctricas para fomentar una mayor cooperación energética entre
países de la UE, consideramos que el uso del hidrógeno renovable (obtenido
mediante excedentes de energías renovables) debería estar destinado,
principalmente, a descarbonizar sectores que no pueden ser electrificados en
nuestro país, y no a la configuración de un modelo energético dirigido a la
exportación del mismo a gran escala; ya que esto supondría sobredimensionar la
infraestructura necesaria en el territorio, y la construcción de grandes redes
de transporte en ecosistemas que ya se encuentran muy afectados (como el
propuesto corredor de hidrógeno en el Mediterráneo).
Economía circular para afrontar de forma sostenible el
reto de los minerales críticos necesarios en las renovables
La transición energética hacia tecnologías bajas en carbono, como las energías
renovables y otra infraestructura asociada, está disparando la demanda de
nuevos materiales que son necesarios para su implementación.
La excesiva centralización geográfica en la extracción de recursos
críticos, la decreciente calidad de los minerales, o los diversos impactos
ambientales y sociales asociados a su suministro, ponen de manifiesto la
necesidad de considerar esta variable como una prioridad en el proceso de
descarbonización de la economía mundial.
Por ello, desde WWF piden implementar un sistema de economía circular que
reduzca la demanda de recursos primarios en favor de aquellos de segunda vida,
y establecer criterios mínimos que mejoren la gestión de materiales durante
todo su ciclo de vida y que incrementen las tasas (actualmente muy bajas) de
reciclaje y reutilización de materiales y componentes. Asimismo, consideramos
imprescindible implementar sistemas de buena gobernanza que garanticen una
trazabilidad efectiva y aseguren que los recursos han sido obtenidos de forma
ética y limitando los impactos sociales y ambientales desde su origen.
El gato doméstico en libertad supone un problema para la biodiversidad
Más allá del tranquilo, elegante e independiente animal con el que muchos compartimos nuestras vidas, el gato doméstico es mucho más que un animal de compañía.
Actualizado a 15 de diciembre de 2023, 10:00
Héctor Rodríguez –EDITOR Y PERIODISTA ESPECIALIZADO EN CIENCIA Y NATURALEZA
Si hablamos de depredadores, concretamente de los depredadores más temibles del planeta, es probable que de forma intuitiva se dibujen en nuestra mente animales como el tigre, el león, el lobo o el oso. Si abarcáramos también los océanos de la Tierra, el puesto estaría francamente discutido entre dos de las especies que ocupan la cúspide de la cadena alimentaria marina, las orcas y el temible tiburón blanco.
Sin embargo, obviando el papel del ser humano como depredador entre los depredadores, uno de los animales aspirantes al título de mayor depredador del mundo es uno con el que compartimos el día sin el mayor atisbo de percepción de amenaza; no nos referimos a otra especie que el gato doméstico.
Y es que más allá del tranquilo, elegante e independiente animal con el que muchos compartimos nuestras vidas, el gato doméstico –Felis silvestris catus- es mucho más que un animal de compañía.
Un gato es un equilibrista en las alturas y un escalador de gráciles movimientos. Un acechador silencioso e implacable. Un depredador de instintos irreprimibles y reflejos sin parangón. Una criatura esquiva si es necesario, pero de espíritu inquebrantable cuando se trata de irremediablemente hacer frente a otro depredador mayor, del que se defenderá con sus pequeños pero afilados colmillos y garras.
Sus sentidos, altamente desarrollados, entre los que destacan una visión adaptable a la oscuridad, un agudo oído o unos sensibles bigotes, les permiten detectar y rastrear presas de la manera más efectiva. De hecho, los gatos domésticos son animales generalistas, y pudiendo cazar mamíferos como ratones y conejos, todo tipo de reptiles y anfibios, e incluso peces, es muy posible que el abanico de presas de los gatos sea el mayor de entre todos los depredadores del mundo. Una máquina casi perfecta de supervivencia.
EL RETORNO AL ESTADO SALVAJE DEL GATO DOMÉSTICO
Después de la domesticación del gato hace varios miles de años, este pequeño felino acompañó al ser humano en su expansión por todo el mundo, llegando a prácticamente cada rincón del planeta.
Sin embargo, tras 5.000 años dudosos años de esfuerzos de domesticación, los gatos siguen conservando un fuerte instinto cazador y, en la mayoría de ocasiones, una extrema independencia de los seres humanos para sobrevivir en estado salvaje.
Debido a la ausencia de depredadores autóctonos, algunos de los lugares donde el papel como depredador del ápice de los gatos toma especial relevancia son las islas y archipiélagos. Y este es precisamente el objeto de la tribuna firmada por 5 investigadores adscritos al CSIC, quienes, con las Islas Canarias como escenario, informan de la amenaza silenciosa que encarnan los gatos para la biodiversidad local.
Se estima que la llegada de Felis silvestris catus a las Islas Canarias tuvo lugar aproximadamente sobre el siglo XV, poco después de la conquista europea del archipiélago. En la actualidad, la mayoría de las personas están habituadas a ver gatos domésticos con dueño, o bien callejeros que son alimentados por buenos samaritanos con el beneplácito de los ayuntamientos.
Sin embargo, muy al contrario, la inmensa mayoría de las personas ignoran, e incluso rechazan en ocasiones, la existencia de gatos asilvestrados, es decir, aquellos que han revertido su forma de vida al estado salvaje, comportándose como cualquier especie silvestre, con total independencia de los cuidados humanos.
DAVID. P PADILLA Un gato transporta un ejemplar de Gallotia stehlini, especie endémica de Gran Canaria.
Como decíamos, muchos de estos gatos son sigilosos y actúan con nocturnidad, por lo que su presencia suele generalmente ser detectada por sus huellas, excrementos o restos de presas. Muestran una gran versatilidad para adaptarse a distintos hábitats naturales, y como especie generalista depreda sobre una gran variedad de especies de reptiles, aves, mamíferos e invertebrados, pudiendo capturar incluso algunos peces y anfibios.
GATOS SILVESTRES, UNA AMENAZA PARA LA BIODIVERSIDAD
A nivel mundial, los gatos se relacionan con la extinción de 63 especies de vertebrados. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature ha realizado un análisis global de las especies consumidas por el gato asilvestrado, identificando 2.084 especies de las cuales 347 (16,65%) son de interés para la conservación.
En los ecosistemas insulares han estado involucrados en el 14% de todas las extinciones de aves, mamíferos y reptiles y en el declive del 8% de las especies catalogadas en peligro crítico.
Entre estas especies se encuentra el chochín de Stephens –Traversialyalli-; la tórtola de Socorro –Zenaida graysoni-, de la que aún quedan algunos ejemplares en cautividad; el paíño de Guadalupe –Oceanodroma macrodactyla-, o el ratón de la isla de Estanque –Peromyscusguardia-, extinguido por un único gato.
A nivel mundial, los gatos se relacionan con la extinción de 63 especies de vertebrados
Los gatos constituyen una de las principales amenazas a la biodiversidad, especialmente en ambientes insulares. Tanto es así, que la UICN -Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza- incluye a estos felinos entre las 100 peores especies invasoras del mundo, motivo por el que gobierno de Canarias la cataloga como especie invasora en su Banco de Datos de Biodiversidad.
En este sentido, y aunque no está explícitamente recogida como tal en la lista del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, los gatos son considerados una especie invasora en dos casos diferentes: cuando se reproducen en islas deshabitadas del litoral o si han resultado asilvestrados en el medio natural.
EL PROBLEMA EN CANARIAS
En Canarias, los gatos asilvestrados están presenten en todas las islas y ocupan una gran variedad de hábitats, desde la costa hasta las zonas de alta montaña, a más de 2.000 metros de altitud. En el pasado también habitó en los islotes de Alegranza (al norte de Lanzarote) y Lobos (al norte de Fuerteventura), pero fueron erradicados hace unas pocas décadas. En este archipiélago su dieta es una de las más conocidas del mundo y ha sido estudiada en diversas islas y en distintos hábitats.
Aunque existen variaciones, la base de su dieta la constituyen en general mamíferos introducidos como el conejo –Oryctolagus cuniculus-, la rata negra –Rattus rattus- y el ratón (Mus musculus). Sin embargo, también depredan sobre una gran cantidad de reptiles, aves e insectos.
Entre las aves cazadas se encuentran especies endémicas como el pinzón azul de Gran Canaria –Fringilla polatzeki-, el pinzón vulgar canario –Fringilla canariensis-, el mosquitero canario –Phylloscopus canariensis-, la tarabilla canaria –Saxicola dacotiae- y el petirrojo tinerfeño (Erithacus superbus). Además, también depreda sobre aves marinas como el paíño europeo –Hydrobates pelagicus-, el petrel de Bulwer –Bulweria bulwerii- o la pardela cenicienta (Calonectris borealis).
DAVID. P PADILLA Restos de aves marinas cazadas por gatos asilvestrados en las Islas Canarias
Y entre los reptiles, sobre lagartos, lisas y perenquenes endémicos, siendo de especial preocupación su efecto sobre los escasísimos lagartos gigantes de El Hierro –Gallotia simonyi-, de la La Gomera –G. bravoana- y de Tenerife –G. intermedia- los tres en peligro de extinción. De hecho, en este último caso, los gatos constituyen la principal amenaza para estas tres especies endémicas críticamente amenazadas.
CONFLICTOS CON LA NUEVA LEY DE BIENESTAR ANIMAL
Con el fin de minimizar su efecto sobre la fauna nativa, en Canarias se han realizado diversas iniciativas de control de gatos asilvestrados en zonas de gran interés para la conservación de las especies más amenazadas. Sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, donde no se distingue entre los gatos domésticos y los asilvestrados, a todos los efectos será prácticamente imposible llevar a cabo estas acciones de control con el consiguiente perjuicio para numerosas especies autóctonas.
Además, no se debe olvidar que la protección de la flora y fauna silvestre es uno de los principales objetivos tanto a nivel de la legislación nacional como de la Unión Europea. Así, las principales normas de la Unión sobre conservación de la Biodiversidad (Directivas Aves y Hábitats) obligan a los estados miembros a conservar y restituir a un estado favorable de conservación a las especies amenazadas, controlando sus amenazas. Por ello, resulta imprescindible que la ley sea modificada lo antes posible en lo que se refiere a los gatos asilvestrados del archipiélago.
Finalmente, no hay que olvidar que los gatos domésticos también afectan a la fauna de los núcleos urbanos y rurales, por lo que el establecimiento de las colonias de gatos en lugares abiertos a través del método de captura, esterilización y suelta (CES) no solo no acabará con los gatos callejeros, sino que actuarán de imán atrayendo nuevos gatos, y agravando el problema.
Además, estás prácticas constituyen un riesgo para la salud pública. Por lo que es imprescindible establecer recintos cerrados para albergar estas colonias y lograr así un adecuado control de estos animales y el descenso de su número.
Este artículo es una adaptación de la tribuna firmada por los investigadores adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): Aurelio Martín, profesor jubilado de la Universidad de La Laguna; Juan Carlos Rando, Profesor de la Universidad de La Laguna; Félix M. Medina, Biólogo del Cabildo de La Palma; Juan Luis Rodríguez Luengo, Biólogo del Gobierno de Canarias y Manuel Nogales, Investigador del IPNA-CSIC.
La UE logra un acuerdo sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza
Por Euronews en Español & EFE
Publicado 10/11/2023
La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca recuperar el 20 % de ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea para 2030, y todos ellos para mitad de siglo.
La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca recuperar el 20 % de ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea para 2030, y todos ellos para mitad de siglo.
«Hemos logrado un acuerdo para recuperar aquello que nos genera no solamente vida, también servicios económicos y sociales, que impacta en el bienestar de las personas y en la viabilidad de la mayor parte de nuestras actividades, incluida, cómo no, la seguridad alimentaria», señalaba la ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.
En representación de la presidencia española del Consejo de la UE, Ribera se desplazó a Bruselas para liderar la negociación final entre los Estados miembro y el Parlamento Europeo, que tuvo como ponente al eurodiputado español César Luena (PSOE).
«Después de setenta años de iniciar el proyecto europeo, vamos a tener una política común de restauración de la naturaleza, que es importantísima porque no solamente resuelve el estado de los ecosistemas que están degradados, sino que además sirve para luchar contra los efectos del cambio climático», declaró Luena tras el pacto.
La Ley de la Restauración de la Naturaleza parte de una propuesta lanzada en diciembre de 2022 por la Comisión Europea para acompasar el paso con los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15 de Naciones Unidas.
Como complemento de otros instrumentos legales de la UE, como las Directivas Hábitas y Aves o la Red Natura 2000, la nueva normativa busca reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030 y todos ellos para el 2050 a través de objetivos vinculantes.
El acuerdo final contempla que, hasta 2030, se priorice la restauración de los espacios de la red Natura 2000, una de las muchas flexibilidades que se han introducido para forjar un pacto difícil.
Además, los países tendrán requisitos específicos para corregir la disminución de polinizadores y el objetivo de restaurar para 2030 el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola; mantener madera muerta en los bosques para mejorar la biodiversidad de los ecosistemas forestales; no reducir espacios verdes urbanos y eliminar barreras artificiales de los ríos.
Para superar el controvertido escollo de la financiación, se acordó que la Comisión presente un informe sobre los recursos financieros disponibles a nivel comunitario, de las necesidades y, si procede, que haga una propuesta para aumentar la dotación en el presupuesto de la UE.
Y en un guiño a los agricultores, el texto acordado permite suspender las medidas del reglamento hasta un año «por razones de emergencia no esperadas no sea posible cumplir con algunos de estos objetivos en el plazo previsto», explicó Ribera.
No se esperaba que fuera un expediente polémico, pero la ley de la naturaleza, a la que se opusieron desde el principio las grandes explotaciones agrarias, representadas por la plataforma Copa-Cogeca, se envenenó políticamente ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo a mediados de 2024. Una carrera de obstáculos
El líder del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, convirtió la futura normativa en un arma arrojadiza contra la agenda verde de la Comisión, acercándose a los postulados de la extrema derecha en busca del voto agrícola, en un momento en que cobran fuerza partidos o asociaciones agrarias en Países Bajos, Polonia o Austria.
Los populares aseguraban que la ley amenaza la seguridad alimentaria, obliga a los campesinos a ceder parte de sus tierras para preservar la biodiversidad y compromete el despliegue de infraestructuras de energías renovables, mientras que la extrema derecha asegura que es producto del «fanatismo climático».
En el campo contrario, socialdemócratas, verdes, izquierda y mayoría de los liberales defendieron el texto, así como las oenegés ecologistas, otras plataformas agrícolas, la comunidad científica, los cazadores, las empresas de energías renovables, un amplio surtido de multinacionales y cerca de un millón de ciudadanos, que han firmado una petición a favor de la ley.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se puso de perfil para esquivar el fuego amigo mientras que los democristianos hacían todo lo posible por impedir que la Eurocámara tramitase el texto, sometiéndolo a varias votaciones agónicas en las comisiones parlamentarias y en el pleno para rechazar la negociación y forzar a que el Ejecutivo hiciera una nueva propuesta.
Finalmente, el PPE fracasó y el Parlamento Europeo logró dotarse de un mandato negociador por un estrecho margen -336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones- gracias a un pacto entre socialistas, liberales, verdes e izquierda, y a 21 de los 178 europarlamentarios del PPE que rompieron la disciplina de voto.
Todo ello generó «una situación inusual», según la describen fuentes europeas, ya que los Estados miembros llegaron a la negociación final con una posición más ambiciosa que la Eurocámara, que en cuestiones medioambientales suele llevar la delantera.
El acuerdo político alcanzado en la negociación aún tendrá que ser validado tanto por los Estados miembros a través del Consejo de la UE como por el pleno de la Eurocámara.
La nueva e importante Ley de Residuos, un recurso para el cambio
La nueva Ley de Residuos aporta mejoras, como la ampliación de responsabilidades de los productores, aunque no incide lo suficiente en lo fundamental: la reducción y prevención de residuos en origen.
Acumulación de residuos. Imagen bajo licencia Creative Commons Zero (CC0)
Ángel Encinas Carazo Coordinador del área de Consumo de Ecologistas en Acción 29 AGO 2022
De los residuos, como de la muerte, en esta sociedad de hiperconsumo suicida no se quiere hablar. Se mira para otro lado o, los más conscientes, nos lavamos la mala conciencia separándolos y llevándolos al contenedor correspondiente. Del resto del proceso, el antes y el después, nos desentendemos: «no está en nuestras manos».
Y así nos va. Muchos analistas y ciudadanos se preguntan con las manos en la cabeza dónde estaría nuestro país en materia medioambiental si no fuese por la Unión Europea y sus directivas de obligado cumplimiento. Incluso así, España está siempre en el punto de mira por sus incumplimientos. Es más, según un informe de SEO/BIRDLIFE, en 2018 nuestro país se situaba a la cabeza de los expedientes abiertos por infracciones en este terreno. Con los Gobiernos que siguieron a partir de entonces las cosas han mejorado notablemente, pero no deja de ponerse en evidencia que nuestro país sigue evolucionando a rastras a partir de directivas que, por otra parte, nada tienen de revolucionarias.
Su propia existencia. Contar por fin con una ley de referencia fundamental para el desarrollo de normativas.
Prohibición de 10 productos de plástico de un solo uso como vasos, cubiertos, platos, pajitas, bastoncillos, etc.
Prohibición de los principales disruptores endocrinos en los envases.
Fomento de la venta a granel y aceptación de recipientes reutilizables de los consumidores.
Prohibición de la destrucción de excedentes no perecederos como textiles, juguetes y electrónica.
Fomento del consumo de agua no embotellada. Bares y restaurantes deberán ofrecerla de manera gratuita.
Se obliga a los ayuntamientos a implantar el contenedor marrón de restos orgánicos (antes del 30 de junio de 2022 para municipios de más de 5000 habitantes; para el resto, hasta del comienzo de 2024)
Organización urgente de la retirada del amianto por parte de los ayuntamientos.
Se abre la puerta, por fin, al sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), lo que antes conocíamos como «devolución del casco», aunque no incluye, atención, los cascos de vidrio, el origen del término.
Se avanza en la responsabilización de los productores, que se verán obligados a asumir los costes del tratamiento de residuos que generan, lo que supone que la ciudadanía, por fin, dejará de asumir estos costes. Desafortunadamente se dejan fuera sectores importantes (higiene íntima, monodosis, juguetes, etc.)
Aumenta la fiscalidad ambiental de los vertidos, incineración, etc. con un nuevo impuesto que desanime estas prácticas.
LO MEJORABLE DE LA LEY
No incide lo suficiente en lo fundamental: la reducción y prevención de residuos en origen. Sin esto, la insistencia en el reciclaje es un error porque no garantiza un uso eficiente de los recursos y la energía. No se contempla siquiera el fomento de los envases reutilizables.
La implantación del SDDR se dilata demasiado en el tiempo, seguramente hasta 2027. Ecoembes se encargará de que sea así.
RETOS QUE DEBERÁN ASUMIR LOS AYUNTAMIENTOS
Resulta muy habitual en los medios, cuando tratan sobre consumo y gestión de residuos, dejar caer todo el peso de la culpa sobre una ciudadanía descuidada que consume en exceso, derrocha energía, no recicla y desperdicia mercancías y alimentos sin control. Es una falaz manera de lavarle las manos a las grandes empresas y a un sistema que incitan como horizonte de felicidad y deseo a un hiperconsumo derrochador, y a unas Administraciones que les dejan hacer. Y es que tenemos que subrayar siempre que son las instituciones públicas democráticas las que con sus leyes y normativas pueden encauzar la responsabilidad y obligaciones de unos y otras.
La nueva Ley de Residuos, con sus luces y sombras, es un buen punto de partida para el cambio, empezando, como tiene que ser, por el de los productores que causan y fomentan la destrucción del medio ambiente.
La urgencia aprieta porque el balance de la gestión de residuos municipales en nuestro país es desastroso y no alcanza los objetivos establecidos por la UE: no llegamos al 50% de recuperación en 2020, y si no aplicamos con rigor la nueva Ley, tampoco conseguiremos la reutilización y el reciclado del 55% en 2025, ni del 60% en 2030. Y entonces seguirán viniendo las sanciones.
La correcta aplicación de la nueva Ley en cada territorio, dependerá en gran medida de los ayuntamientos, a los que ésta asigna las siguientes nuevas obligaciones:
Establecimiento de las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de un 50% en peso de reutilización, reciclado y valoración de residuos. En 2025 el 55%; en 2030 el 60% y en 2035 el 65%.
Adopción de los principios de la economía circular para que productos y materiales duren el mayor tiempo posible y se limiten los daños al medio.
Aprobar planes y nuevas ordenanzas municipales adaptadas a la nueva ley.
Adaptar todos los contratos de prestación de servicios a la nueva normativa.
Establecer un sistema de recogida separada de los residuos orgánicos domésticos priorizando modelos de éxito comprobados (puerta a puerta o contenedor cerrado). En municipios de más de 5.000 habitantes a partir del 1 de julio 2022 y en pequeños municipios antes del comienzo de 2024.
Promoción del compostaje doméstico y comunitario en especial en poblaciones con menos de 1000 habitantes.
Elaboración, antes de 2025, de un calendario para la implantación de nuevas recogidas separadas de residuos: textiles, aceites de cocina, voluminosos, etc.
Recogida de envases en el contenedor de restos y en las calles a cargo de los productores (Ecoembes).
Establecimiento de una tasa municipal de residuos que refleje el coste real de la gestión. Antes de abril de 2025.
Nuevo impuesto de 40€ por tonelada llevada al vertedero y de 20 € por tonelada incinerada.
Elaboración de un inventario de instalaciones con amianto y establecimiento de un plan de retirada del mismo antes de abril de 2023.
¿Y LA CIUDADANÍA?
La correcta separación de residuos es fundamental para lograr su adecuada reutilización y reciclaje, aunque la clave para reducir las consecuencias ambientales de nuestro consumo está en la reducción, haciendo hincapié en que éste se debe basar en aquellos bienes que realmente necesitamos, y a ser posible mediante productos duraderos.
Pese al limitado impacto que pueden tener nuestros cambios de conducta, como bien nos hace ver Luis González Reyes, el cambio de los hábitos individuales es fundamental porque no hay cambios estructurales sin cambios personales, porque nos sirve de gimnasia ciudadana para empoderarnos frente a la deriva consumista, y porque comunicamos más con los actos que con los discursos.
Además, la ciudadanía es la que vota a los que hacen las leyes y a los que tienen que aplicarlas. La concienciación y el cambio personal y familiar es el necesario punto de partida para asumir actitudes de vigilancia y exigencia de prontitud en los compromisos que suponen la nueva ley.
El discurso del colapso divide a los ambientalistas
La corriente más radical considera inviable una transición con renovables y defiende que la única forma de evitar el desastre es reducir el consumo de forma drástica. Voces del mundo ecologista advierten de los peligros de esta visión
El incendio forestal de Boiro, que ha quemado más de 2.200 hectáreas en A Coruña este pasado fin de semana. ÓSCAR CORRAL
Las malas previsiones ante la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania, los actuales apuros en diferentes países del planeta o la desesperante falta de avances frente al cambio climático no dan para mucho optimismo. Pero para la corriente de los colapsistas muchos de estos problemas de hoy no son coyunturales, sino evidencias del agrietamiento de un sistema que realmente se derrumba. Si bien esta visión no es nueva y lleva años asentada en una parte del ecologismo, algunos de sus planteamientos están produciendo ahora un choque entre ambientalistas en España por su discurso catastrofista y por avivar el rechazo al actual despliegue de las energías renovables.
“Mi diagnóstico es que nos vamos al carajo”, afirma Antonio Turiel, investigador del CSIC y la cara más visible de los colapsistas en España. Según el autor de Petrocalipsis, “si colapsamos es porque queremos, no es obligatorio”, pero para evitarlo hay que transformar por completo el sistema: “Si no abandonamos el capitalismo entonces sí que colapsaremos, es simple”, lleva años alertando.
Una de las tesis principales de esta corriente es que resulta inviable sustituir todos los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) utilizados en la actualidad por renovables, debido a la escasez de materiales y la propia dependencia de estas tecnologías verdes de las energías convencionales. “Nadie ha conseguido montar un aerogenerador o un panel fotovoltaico sin que en el proceso de extracción de materiales, fabricación de componentes, transporte, instalación o mantenimiento haya acabado interviniendo energía fósil”, enfatiza Turiel.
Así pues, como defiende este divulgador, para evitar el desastre, hay que dejar de empeñarse en la transformación energética (con renovables o el coche eléctrico) y ponerse a decrecer, para reducir la necesidad de energía y otros materiales de forma drástica. “No es verdad que haya que volver a las cavernas o a la Edad Media, hay estudios que aseguran que se puede reducir el consumo energético en España un 90% sin cambiar de nivel de vida”, asegura este físico de formación que investiga en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. “No se trata de hacer las cosas más eficientes, sino de hacer mucho menos. A lo mejor hay que plantearse que se tiene que eliminar la automoción privada”, sostiene Turiel.
Antonio Turiel, investigador en el Institut de Ciències del Mar del CSIC, en Barcelona. MASSIMILIANO MINOCRI
Aunque el mundo ambiental comparte la defensa de los límites planetarios, algunos de los planteamientos más extremos de los colapsistas han empezado a ser criticados en público por activistas ambientales y expertos en energía. Según el ambientalista y político Héctor Tejero, de Más Madrid, “el problema es que, involuntariamente, están alimentando la percepción de que no hay nada que hacer, cuando en realidad sí es posible hacer una transición ecológica hacia un mundo mejor”. El divulgador climático Andreu Escrivá no pone en duda que haya que reducir el consumo o prestar mucha atención a la escasez de minerales, pero también considera que este discurso del colapso “desincentiva y desmotiva”. “Declaraciones tan tajantes nos llevan a flirtear con una especie de ecofascismo que puede llevarnos por derroteros muy peligrosos, porque cuando damos mensajes tan bestias lo que vamos a hacer es que la gente sea refractaria, al pensar que les queremos quitar libertad, que les queremos quitar su estilo de vida”, comenta este ambientólogo. “Si la alternativa es reducir un 90% el consumo energético o el colapso, a lo mejor elijo el colapso, lo que quiera que sea eso”, ironiza Eloy Sanz, profesor de ingeniería energética en la Universidad Rey Juan Carlos, que asegura que los colapsistas utilizan de forma sesgada los datos científicos.
El periodista Juan Bordera, que firma junto a Turiel el libro El otoño de la civilización, no se considera colapsista, pero cree que el colapso “es bastante probable, teniendo en cuenta la inercia y que no seríamos tampoco la primera civilización en colapsar: hay 26 civilizaciones que han colapsado antes que la nuestra”, afirma. “Si no reconocemos el problema no vamos a poder enfrentarnos a él y no se está reconociendo porque hacerlo obligaría a cambiar muchas cosas, no solo de la manera de vivir a nivel individual. Como sistema deberíamos estar haciendo una transformación muy seria, muy rápida, que no se quiere o no se sabe hacer”.
No está de acuerdo con esto el ambientólogo Escrivá, que defiende que “la vía más exitosa de transformación no pasa por dibujar horizontes apocalípticos y culpabilizar a los ciudadanos, sino por establecer estrategias colectivas, políticas de transformación y, sobre todo, con una cuestión clave que es la redistribución”. Según recalca, “hay una cita de Raymond Williams que dice que ser verdaderamente radical es hacer que la esperanza sea posible, más que la desesperación sea convincente”.
En lo que respecta a la cuestión de los minerales y las energías renovables, una de las especialistas más cercanas a los círculos colapsistas es Alicia Valero, investigadora del Instituto Circe de la Universidad de Zaragoza, que asegura que “con las reservas actuales, es decir, con los yacimientos en marcha hoy, no se pueden sustituir los combustibles fósiles por renovables a escala planetaria”. “Hemos hecho estudios y no dan los números para más de una docena de materias primas que son esenciales para transición ecológica”, incide la investigadora. Esto se limita a las reservas conocidas hoy en día, no tiene en cuenta los recursos minerales que puedan encontrarse en el futuro. Sin embargo, según Valero, “abrir un yacimiento implica una media de 15 años, con lo cual aquí hay un problema, porque lo necesitamos urgentemente”.
Entre las voces más críticas con algunos de los planteamientos colapsistas está Pedro Fresco, experto en energías renovables y director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, que subraya que la cantidad de reservas de litio en 10 años se ha multiplicado por dos, según ha aumentado su búsqueda. “¿Cuánto hay? No lo sabemos”, señala. “Tú te puedes quedar sin litio, vale, pero no hay ningún predeterminismo tecnológico que diga que el almacenamiento de energía tenga que hacerse con baterías de litio”. En su opinión, “cada vez que algo nuevo ha aparecido, los seres humanos han pensado que no era posible que lo nuevo sustituyese lo viejo”. “Uno de sus argumentos típicos contra las renovables es que estas se hacen con energías fósiles. Pues claro, y las vías del tren en el siglo XVIII se hacían con caballos”. Según Fresco, “el problema es que los movimientos antirrenovables han encontrado en las ideas colapsistas una excusa para sostener su posición, sin caer en el negacionismo climático o en el NIMBY [Not In My Backyard (no en mi patio trasero)]. Como estos señores me dicen que no vale para nada y que es una mentira de la industria, pues yo rechazo las renovables en mi territorio y no me siento inmoral, por decirlo así”.
Alternativas limitadas
Otra referente de la visión colapsista es Margarita Mediavilla, investigadora del Grupo de Energía, Economía y Dinámica del Sistema (GEEDS) de la Universidad de Valladolid, que lleva casi 10 años trabajando en estas cuestiones. Según dice, “las alternativas de transición, tanto energéticas como ecológicas, en un sentido amplio, son mucho más limitadas de lo que se piensa. El problema básico es que tenemos una sociedad y una economía diseñados para el crecimiento, la economía capitalista es muy buena cuando tiene recursos abundantes, porque tiene esa capacidad de explotarlos al máximo, pero cuando se encuentra con límites materiales es incapaz de adaptarse”. “Yo coincido con Turiel en que si no somos capaces de cambiar esta dinámica socioeconómica, pues sencillamente vamos a colapsar, incluso en un colapso que puede ser duro”, señala Mediavilla, que aboga por organizar un “buen decrecimiento”, porque “el mal decrecimiento ya lo tenemos asegurado: que vamos para abajo está claro”.
“Es verdad que vamos a enfrentar un periodo histórico muy turbulento en el que el riesgo de fracaso social es alto. Yo creo que el colapso es una posibilidad, pero en ningún caso es un destino ni podemos dar por hecho que estamos colapsando, si definimos colapso de un modo riguroso”, replica a su vez Emilio Santiago Muiño, que se dedica a la investigación en transformaciones antropológicas de la crisis climática del CSIC. “Donde yo debato con los compañeros colapsistas con más fuerza es en la hipótesis política de pensar que necesariamente las turbulencias que vienen van a desembocar en algo así como una especie de Estado fallido. De hecho, suele ser muy común en las posiciones colapsistas un cierto desentendimiento del Estado y una apuesta por lo que llaman las soluciones de la resiliencia comunitaria, de la autogestión. Como dando por hecho que nuestro orden político se va a descomponer porque energéticamente no va a ser funcional y que las soluciones políticas van a tener que venir a través de un retorno a las comunidades, al mundo rural, a la autogestión desde lo local. Ahí es donde yo creo que falla el diagnóstico, pues pensar así nos hacen incomparecer en la batalla política que se va a dar y por lo tanto los resultados van a ser mucho peores”.
Este antropólogo estuvo ligado en el pasado al colapsismo, pero hoy en día rechaza esta corriente. “A veces el discurso colapsista tiene unos ciertos tics deterministas que son muy comunes cuando gente que tiene formación de ciencias naturales se pone a especular sobre lo social, pues lo social es mucho más complejo”, señala Santiago Muiño. “Es verdad que estamos enfrentando una crisis sistémica fuerte, con una componente energética central, y que tenemos limitaciones geológicas. Todo eso es verdad. Pero con algo más de margen de maniobra de lo que yo pensaba”. “Y luego además me di cuenta que tú no puedes hacer política de mayorías desde un discurso así. La mezcla de estas dos cuestiones me llevaron a alejarme un poco de los círculos colapsistas”, señala.
Almáciga es una de tantas joyas literarias que se
encuentran dispersas a lo largo del habla andaluz procedentes del legado árabe.
Interesantemente, según la RAE, almáciga tiene dos definiciones – ambas
justificadamente aplicables cuando se habla de La Asociación La Almáciga de
Medina-Sidonia; asociación que sirve como semillero de hoy para los frutos de
mañana sin olvidarse del lentisco Mediterráneo de dónde vienen.
La Almáciga de Medina-Sidonia actúa de apoyo a la comunidad Asidonense con un enfoque destacado en la seguridad alimentaria y la transición agroecológica. Una de las prácticas que emplean para concientizar a la población es el intercambio de cestas de productos agrícolas variados (agri-cajas) por medio de un grupo de consumo, lo que se le conoce como Agricultura Apoyada por la Comunidad o CSA por sus siglas en inglés.
La práctica de CSA tiene una amplia gama de beneficios
tanto para el consumidor como para el productor, pero sobre todo para el
medioambiente; pues cortando los canales de comercialización se ahorra tanto en
consumo de combustibles fósiles como en la emisión de gases de efecto
invernadero. Mientras que, por una parte, al productor se le valoriza más ya
que se le incentiva la producción por medio de un apoyo estratégicamente diverso
y altamente proactivo–al consumidor se le garantiza un producto
contundentemente más fresco con un valor nutricional considerablemente más
alto.
De este modo, se crea una sinergia saludable entre productor y consumidor que sirve para promover una armonía alimentaria retroactiva y sana entre ambos.
Con la asociación como agente dinamizador,
Medina-Sidonia junto a los pueblos próximos busca liderar la Comarca de la
Janda hacia una transición agroecológica socialmente eficiente y ambientalmente
sana a lo largo de toda la provincia de Cádiz. No obstante, para que la
transición agroecológica sea socialmente eficiente este tipo de proyecto debe
ser transparente, inclusivo y resiliente. ¿Cómo se logra esto? Se logra con
normativas como la SIVDA que a su vez son apoyadas por iniciativas como el
Eco-Mercado de Los Toruños en el Puerto de Santa María desde la Red
Agroecológica de Cádiz (RAC) y con la colaboración de cooperativas como La
Buena Siembra y La Reverde.
Esta colección de agentes dinámicos lo que hacen es
fortificar entonces el tejido social económico de un sistema agroalimentario
que exige un cambio inminente, especialmente para un sector que define la
economía de una comunidad autónoma entera.
JP Pérez Ortiz – Socio y Estudiante de Máster
Universitario en Agricultura y Ganadería Ecológicas – Universidad Pablo de
Olavide
Los grupos ecologistas reclaman una actividad agraria más sostenible
Resulta prioritario reducir el uso de fertilizantes sintéticos, favorecer la ganadería extensiva, optimizar los sistemas de riego y detener la contaminación por nitratos
Vacas en un prado asturiano (Foto: Jose Luis Gallego)
Las principales ONG ambientales a nivel estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, alertan de los aspectos negativos para el medio ambiente y para la salud ) del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para España en el periodo 2023-2027.
En su opinión el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), debe corregir numerosos puntos para que el cumplimiento de la Política Agrícola Común (PAC) resulte verdaderamente justo con los agricultores, promueva la sostenibilidad de la actividad agraria y del desarrollo rural preservando el medio ambiente y la biodiversidad, y garantice la producción de unos alimentos saludables y asequibles para todos.
Las oenegés critican que se sigan destinando fondos públicos a modelos productivos con un impacto ambiental negativo
Entre los principales retos que debe afrontar el sector agrario los ecologistas destacan la puesta en marcha de medidas efectivas de mitigación y adaptación al cambio climático, recordando que es el único sector que incrementó sus emisiones de gases de efecto invernadero un 2,3 % entre 2019 y 2020. El freno a la contaminación del agua por nitratos, por la que se mantiene abierto un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, y el impulso de una necesaria y urgente transición agroecológica hacia sistemas alimentarios sostenibles, en cumplimiento de lo que señalan el Pacto Verde y las estrategias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030.
Sobre los llamados ‘ecoesquemas’, los nuevos pagos verdes por la mejora de la sostenibilidad de las explotaciones, a las oenegés les preocupa especialmente el de siembra directa al implicar el uso de herbicidas de amplio espectro, con un impacto probado sobre la salud de las personas y la del medio ambiente. Tampoco les convence que los ecoesquemas aplicados en las tierras de regadío reciban tres veces más dinero por hectárea que los dedicados a las tierras de secano. Ni que sobre una misma hectárea sólo pueda cobrarse por una práctica, lo que desmerece a los sistemas de alto valor vatural en los que se aplican múltiples prácticas beneficiosas para la naturaleza. En concreto, esta versión inicial del PEPAC no garantiza que las producciones más intensivas auxiliadas (cebo de terneros, cultivo de remolacha, arroz y tomate de industria) reduzcan sus impactos, como la dependencia externa de recursos naturales procedentes de la deforestación (como la soja importada) o el excesivo consumo de agua, agroquímicos y energía.
Agricultores ecológicos. EFE Nacho Izquierdo
Para los ecologistas resulta igualmente prioritario reducir el uso de fertilizantes sintéticos y mejorar la gestión de los purines provenientes de la ganadería industrial, ante el elevado nivel que ha alcanzado la contaminación de los acuíferos en España. En su opinión faltan medidas agroambientales para retos transversales como la coexistencia con la conservación de los grandes carnívoros, el apoyo a la trashumancia, el control natural de plagas y enfermedades con predadores naturales, y el apoyo decidido con múltiples herramientas a la producción sostenible en la Red Natura 2000. Asimismo, se ha desaprovechado la oportunidad de implementar figuras novedosas, como los pagos por resultados, los contratos territoriales por explotación, los bancos de tierras y la acogida a las medidas agroambientales bajo figuras asociativas o colectivas, entre otras.
Por último critican que se sigan destinando fondos públicos a modelos productivos con un impacto ambiental negativo, en especial las ayudas bajo las que se enmascaran subvenciones a las plantaciones de leñosos en intensivo; al desarrollo incontrolado e insostenible de macrogranjas; o la modernización de regadíos sin atender al necesario ahorro de agua en el sector para adaptarse al cambio climático.
A pesar de todos los aspectos a mejorar, las oenegés medioambientales han destacado algunos puntos positivos, como la obligación de reservar un porcentaje mínimo de elementos no productivos en los campos de cultivo para potenciar la biodiversidad o el apoyo a la ganadería extensiva a través de diversas herramientas vinculadas con los pagos directos.
Protesta contra las macrogranjas en Castilla y León. EFE A. Alvarez
También señalan en buena dirección las ayudas al olivar tradicional para contribuir positivamente al mantenimiento de un agroecosistema que permita conservar la biodiversidad de especies en declive como el alzacola rojizo, declarada Ave del Año 2022 por SEO/BirdLife, con un descenso poblacional del 94,8 % en los últimos 15 años. Para estas organizaciones que velan por el cuidado del medio ambiente, aunque estos apartados no son suficientes para generar un cambio real en el modelo de aplicación de la PAC, indican el sentido correcto hacia el que deberíamos avanzar.
Acabar con la poda sistemática, vital para conservar el pulmón de las ciudades
Diversos expertos piden poner fin a estas prácticas, que reducen la capacidad que tienen los árboles de absorber contaminantes del aire y limpiarlo. Advierten de que muchas administraciones lo hacen sin comprender los mecanismos naturales
Acabar con la poda sistemática e indiscriminada de árboles que por norma se establece en los concursos municipales es, según los expertos, vital para asegurar la buena gestión del arbolado urbano, sin cuya existencia la vida en las ciudades sería impracticable por la elevada contaminación. «Llevo años trabajando para que los concursos no contemplen podas sistemáticas en calles cada x años«. La poda debe ser selectiva y solo cortar cuando exista peligro real de que caída,comenta el jefe de la unidad de Arboricultura delReal Jardín Botánico, Mariano Sánchez, que aboga también por plantar más separadamente para evitar tener que podar árboles porque se molestan o molestan.
Los árboles son el pulmón de la ciudad y muchos ayuntamientos no entienden que al meter la motorsierra «porque sí» se pierde la mitad de ese pulmón, pues las hojas son las que retienen los contaminantes, según Sánchez, codirector del Máster Arboricultura Urbana de laUniversidad Complutense de Madrid. En España, a nivel general, no hay suficientes árboles para compensar la contaminación debido, principalmente, a que en política prima decir que van a plantarse miles cuando lo que de verdad importa no es el número, si no su calidad.
«Debería existir una ‘ley de arbolado nacional básica’, que establezca detalles sobre marcos de plantación y el fin de las podas sistemáticas»
«Las hojas más grandes son las que retienen más contaminantes», ha subrayado Sánchez, que ha apuntado que, además, la falta de planificación hace que se plante sin dejar la suficiente separación entre los árboles, de forma que cuando crecen se molestan unos a otros o interfieren con el mobiliario urbano. Al podar y desaparecer la masa folial, no solo sube la contaminación, sino que, en los años siguientes se incrementan los niveles de alergénicos, pues la reacción del árbol al verse dañado es volver a florecer.
La poda reduce la capacidad del árbol de absorber contaminantes. (Unsplash)
Además, cuando se hace un corte grande en la rama entran hongos que provocarán pudrición de la madera y es ahí cuando comienza el riesgo de caída pasados los años, «un riesgo que nadie ve», ha advertido Sánchez, que ha subrayado que también habría que analizar qué árboles resistirán mejor elcambio climático porque muchos de los que hay actualmente en las ciudades desaparecerán.
En su opinión, debería existir una «ley de arbolado nacional básica«, que establezca detalles sobre marcos de plantación y el fin de las podas sistemáticas, así como un «arboreto nacional», un gran parque urbano en el que haya una colección de árboles para investigar qué especies aguantarán mejor el nuevo clima. Sin árboles, ha advertido, las ciudades no serían habitables y sería imposible pasear por la calle, ya que toda la contaminación que ahora retienen las hojas se quedaría en paredes y suelos y se «levantaría» continuamente.
De ornamento a servicios ecosistémicos
Los ciudadanos reclaman cada vez más espacios verdes y ha habido un cambio de paradigma: se ha pasado de una visión ornamental a tener que desarrollar proyectos que acerquen la naturaleza a los barrios, según Gabriel Dorado Martín, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Para Dorado, director del Máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la UPM, el diseño de estos proyectos de renaturalización debe estar basado en criterios de sostenibilidad y en su gestión adaptativa para su adecuación al cambio climático para maximizar los servicios para la ciudadanía.
Los ayuntamientos apuestan por tener muchos árboles e inaugurar espacios verdes, máxime en época electoral, cuando los ciudadanos no demandan cantidad sino que las infraestructuras verdes ofrezcan servicios como la mejora de la calidad del aire,, mejora de la salud física y mental o incremento de la biodiversidad. Las gestión de la infraestructura verde debe dar servicio a todos y eso implica no gastar dinero absurdamente en cosas como hacer podas sistemáticas «inútiles» todos los años, que no benefician ni a la propia infraestructura ni al ciudadano.
La poda solo se debe hacer cuando el árbol realmente lo necesita o si interfieren peligrosamente con otras infraestructuras y si queremos fomentar la biodiversidad «no podemos seguir pensando que tener un espacio verde limpio equivale a un espacio desbrozado porque estaremos eliminando gran parte de ella», ha aseverado. Las talas y desbroces mal gestionados implican, por ejemplo, la desaparición de flores y frutos, lo que conlleva que los polinizadores (insectos o pájaros) no puedan sobrevivir en esas zonas.
