Consulta Pública Restauración de la Naturaleza

El Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza establece un marco vinculante para que los Estados miembros restauren los ecosistemas degradados, obligando a estos países a elaborar Planes Nacionales de Recuperación. Su objetivo es restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE de aquí a 2030, y todos los ecosistemas que lo necesiten antes de 2050.

Con este motivo el Gobierno de España ha puesto en marcha un proceso participativo por medio de una consulta pública consistente en una encuesta en la que podemos plasmar nuestras inquietudes y preferencias a la hora de acometer proyectos de recuperación de espacios naturales.

Nos invitan a manifestar cómo percibimos la restauración de la naturaleza y qué prioridades consideramos más importantes.

Cumplimentar esta encuesta puede representar una oportunidad para que puedan llegar a La Janda proyectos que ayuden a restaurar y recuperar ecosistemas en peligro o degradados que nos son cercanos y cuya restauración nos beneficiará.

Desde ANA os animamos a participar masivamente en este proceso. Cumplimentar la encuesta solo os llevará unos tres minutos.

La última pregunta es: ¿Hay algún espacio natural cercano a ti que consideres prioritario restaurar o proteger?

Es aquí donde puedes responder con algo así:

  • – La Laguna de La Janda (Cádiz).
  • – La restauración del monte de alcornocales.

Mientras más seamos mejor. Te pedimos que difundas este mensaje entre tus amigos y contactos. Gracias por tu colaboración.

La encuesta está en el siguiente enlace:

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/6759bef7-6823-4bab-8a9e-b4107480a023/UuIl

BENALUP-C.V. EL DESPUÉS 05 02 2026

BENALUP-C.V. EL DESPUÉS 05 02 2026

PILOTODRON J. J. Jodar

Video grabado con DJI, después de las lluvias en BENALUP-CASAS VIEJAS, en la presa del río Celemín, La Laguna de la Janda y el Rio Álamo a su paso por el puente de los Ahijones.

PRESA DEL PANTANO DEL CELEMÍN está ubicada en la cuenca del río de su mismo nombre. Su construcción ha respondido a un doble objetivo: como abastecimiento de agua a la zona agrícola y como protección de posibles inundaciones de las zonas desecadas de la antigua laguna de La Janda.

  • Datos generales
  • Tipo de presa: Materiales sueltos homogenea
  • Fase vida presa: Explotación
  • Titular: JUNTA DE ANDALUCÍA
  • Proyectista: SANTIAGO SERRANO
  • Categoría riesgo potencial: A
  • Fecha finalización obras: 01/01/1972
  • Usos infraestructura: Riego
  • Datos técnicos
  • Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): 95 km2
  • Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): 598 m3/s
  • Cota coronación (m): 35 m
  • Altura desde cimientos (m): 34 m
  • Longitud de coronación (m): 430 m
  • Cota cimentación (m): 1 m
  • Cota del cauce en la presa (m): 10 m
  • Volumen del cuerpo presa (1000 m3): 590,00 1000 m3
  • Superficie del embalse a NMN (ha): 473 ha
  • Capacidad a NMN (hm3): 43 hm3
  • Cota del NMN (m): 30 m
  • Número total de aliviaderos en la presa: 1
  • Regulación aliviaderos: No, Labio fijo.
  • Capacidad aliviaderos (m3/s): 598 m3/s
  • Número total de desagües en la presa: 1

EL RÍO CELEMÍN es el segundo cauce en importancia y afluente del Río Barbate por su margen izquierdo. Vertía sus aguas en la Laguna de La Janda.

El río Celemín, uno de los ejes vertebradores del Parque Natural Los Alcornocales en Medina Sidonia, nace al norte de la sierra Blanquilla, a 400 metros, y desciende en dirección noroeste hacia el embalse homónimo. En Los Charcones, a unos 5 km de Benalup-Casas Viejas, desemboca en el río Barbate. Tiene un recorrido de unos 25 kilómetros, y sus principales afluentes son, por la derecha, los arroyos del Carpio y de los Charcones; y, por la izquierda, el arroyo de San Fernando y la Garganta de la Cañada del Valle. Tiene dos cursos totalmente diferenciados el alto y el medio y bajo. Una parte del curso medio del río Celemín esta hoy ocupado por el pantano, a los pies de Sierra Momia, sierra que alberga el conocido “Tajo de Las Figuras”.

LA LAGUNA DE LA JANDA

La Laguna de la Janda fue hasta su desecación en la década de los 60 del siglo XX el humedal interior más extenso de España y uno de los de mayor relevancia ecológica de Europa por su ubicación estratégica al borde del Estrecho de Gibraltar, lugar de paso obligado para cientos de miles de aves que anualmente realizan sus migraciones entre Europa y África.

Se encuentra situada en el sector suroccidental de la provincia de Cádiz, términos municipales de Tarifa, Barbate, Vejer de la Frontera y Medina Sidonia, en el extremo meridional de Europa y muy próxima al continente africano, formaba un puente vital entre las marismas del Guadalquivir y los humedales de Marruecos.

Una laguna de algo más de 4.000 hectáreas de extensión y con una profundidad media de 1 metro, con zonas donde se llegaban a alcanzar los 5 metros de máxima, fue en su día la mayor de la península ibérica. También se desecaron una serie de lagunas menores a ella asociadas como eran la de Espartinas, Jandilla, El Torero, Rehuelga y Tapatanilla, que en su conjunto sumaban unos 50 kilómetros cuadrados constituyendo el humedal interior más importante de toda Europa.

Cercana a la costa y separada de ella por pequeños accidentes montañosos, se ubica en una gran depresión de origen tectónico, provocada por un conjunto de fallas alineadas en las direcciones NE-SW y NW-SE. Los límites de esta depresión son los siguientes: los piedemonte de las sierra y lomas que desde Vejer de la Frontera, y en dirección sureste, la separan del mar por una pequeña estribación de sierras y lomas desde el altiplano de Caños de Meca, sierra de El Retín, sierra de La Plata, Picacho de San Bartolomé, hasta llegar a la sierra de Fates; por el interior, la depresión tectónica lagunar queda definida por un conjunto de sierras de naturaleza areniscosa, sierras de El Niño, Sequilla, Blanquilla y Momia, de edad oligocena y caracterizada por una disposición casi vertical de los estratos y un sentido de buzamiento hacia la depresión, cuyo fondo está constituido por margas de edad eocena.

Hoy, sumida en un lamentable abandono y olvido, su restauración aportaría unos servicios ecosistémicos únicos para el continente europeo y contribuiría de forma relevante a la transición ecológica de esta comarca gaditana hacia un modelo de sociedad más justa y ambientalmente sostenible.

RÍO ÁLAMO, afluente del río Barbate, en la provincia de Cádiz, con 28,6 km. de longitud, forma parte de la cuenca alta que abarca los municipios de Paterna de Rivera y Alcalá de los Gazules, es un río mineralizado mediterráneo de baja altitud, en estado natural. ​Se ubica en el oeste del término municipal de Alcalá de los Gazules, es la segunda cuenca con mayor ocupación en el municipio y recoge las aguas de la vertiente sur de la Sierra del Valle y la Sierra Labrada. El río del Álamo en cabecera recoge los aportes de los ríos del Pajarete, del Chorrito, del Chopo y de los Llanos de la Higuera. Por su margen izquierda fluye la garganta Labrada, que recoge las aguas sierra homónima a través del arroyo del Mojón Alto, arroyo de las Cabrillas, garganta de las Viñas de la Alquería, arroyo de los Ballesteros, Garganta de la Labrada, Arroyo de Pajarete. En el tramo medio, la red fluvial se simplifica al paso por la campiña de margas y yesos del trías, recibiendo las aportaciones del arroyo del Gato, el arroyo del Brecial y el arroyo del Yeso por la margen derecha, y de los Granijale, la Maina y del Asperín por la izquierda. Desemboca en el río Barbate después de su paso por el puente de los Ahijones en el municipio de Benalup Casas Viejas.

XIX Foro de Conservación de la Naturaleza

El XIX Foro de Conservación de la Naturaleza del Comité Español de la UICN se celebrará en Burgos del 29 al 31 de enero de 2026 bajo el lema “Participar para conservar y restaurar”.

Esta nueva edición, organizada en colaboración con la Fundación Oxígeno, la Fundación Círculo y el Ayuntamiento de Burgos, con el apoyo del MITECO, reunirá a administraciones públicas, entidades conservacionistas, universidades, empresas y ciudadanía para reflexionar sobre cómo fortalecer la implicación social en la restauración de los ecosistemas.

A lo largo de tres días se presentarán proyectos y estrategias que muestran cómo la acción conjunta —entre lo rural y lo urbano, lo público y lo privado— puede contribuir a recuperar la naturaleza y a construir una sociedad más comprometida con la sostenibilidad.

Más información en: https://www.uicn.es/foros/foroceuicn2026/

Alegaciones a los proyectos eólicos «Chicuco» y «Chiquera»

ANA ha presentado alegaciones y reparos a las solicitudes de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental, de los proyectos eólicos «Chicuco» de 57 MW y «Chiquera» de 52,66 MW, EXPDTE. PEol-928 y EXPDTE. PEol-930.

Los Anuncios fueron publicados el Boletín Oficial del Estado Núm. 228 y 229, de 22 y 23 de septiembre de 2025, por parte del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por el que se sometían a información pública ambos expedientes que fueron admitidos por la Dirección General de Política Energética y Minas, que también será el órgano sustantivo competente para resolver las solicitudes de autorización administrativa previa, mientras que el órgano competente para resolver las declaraciones de impacto ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ambas pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las características de los proyectos son:

– P.E. CHICUCO – Expediente número: PEol-928. – Peticionario: Manzanilla Wind, S.L. – Finalidad del proyecto: La generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables. – Términos municipales: Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules. Formado por 9 aerogeneradores repartidos en dos módulos: Chata (31,8 MW) y Chicuco (25,20MW).

– P.E. CHIQUERA – Expediente número: PEol-930. – Peticionario: Chiquera Wind, S.L. – Finalidad del proyecto: La generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables. – Términos municipales: Paterna de Rivera, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, San José del Valle y Jerez de la Frontera. Formado por 9 aerogeneradores repartidos en tres módulos: Chido (7,6 MW), Chicuela (6,2 MW) y Chiquillo (39,2 MW).

En ambos proyectos los aerogeneradores llegarían hasta una altura de 220 metros sobre el nivel del terreno, con fustes de 135 metros y palas de 170 metros de diámetro.

Además, y en proyectos tramitados en paralelo, se incluye una Subestación (SE) Concentradora denominada LIMPIZUL (30/132 KV), común a ambos parques, situada en Medina Sidonia, y conectada mediante líneas subterráneas de 30 KV. Desde allí parte una línea de evacuación subterránea de 21,442 km hasta la denominada SE concentradora JANDALO (30/132/220), objeto de otro proyecto tramitado anteriormente, que discurre íntegramente por el municipio de Medina Sidonia. En otros proyectos se desarrolla la conexión subterránea de 220 KV con la SE compensadora LA MARCHENILLA, situada en Jerez de la Frontera y su conexión a la Red en la SE CARTUJA.

Las alegaciones se han presentado a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado, Subdelegación del Gobierno en Sevilla – Área Funcional de Industria y Energía. Para ambos proyectos hemos presentado las mismas alegaciones que, de forma muy resumida, han sido las siguientes:

Alegación 1.- Sobre los Acuerdos Plenarios del Ayuntamiento de Medina Sidonia de 16 de Septiembre de 2021 y de 19 de mayo de 2022, en los que entre otras cuestiones se solicitó una moratoria temporal en la tramitación, aprobación y construcción de los proyectos de Energías Renovables en tanto no se apruebe un marco de planificación en el ámbito territorial autonómico y se establezca un Plan de Transición Energética en Andalucía. Hemos dicho que en estas circunstancias, por ahora, no se debería tramitar ningún proyecto de estas características en el término municipal de Medina Sidonia, hasta que no se cumplan las condiciones acordadas.

Alegación 2.- Falta de Planificación Territorial y Tecnológica. Es necesario disponer de una normativa para la correcta ordenación e implantación de estas instalaciones de Energía Renovables, la ausencia de planificación y ordenación puede dar al traste con el apoyo a esta energía limpia y generar un sentimiento de rechazo en las poblaciones afectadas.

Alegación 3.- Se debería tramitar como una actividad industrial; sería necesario realizar un cambio en la clasificación urbanística de los terrenos afectados, de Suelo No Urbanizable común a Suelo compatible con instalaciones Industriales, o directamente como suelo industrial.

Alegación 4.- Sobre el Convenio Europeo de Florencia. Hay que cumplir el Convenio Europeo de Florencia en su totalidad, la instalación de macro-plantas fotovoltaicas o eólicas incumplen los Art.1 y siguientes, incluyendo el preámbulo del antedicho Convenio y ratificación del mismo.

Alegación 5.- Impacto sobre el paisaje. Calidad visual. El paisaje contribuye a la formación de las culturas locales, siendo un componente fundamental del patrimonio natural y cultural, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad.

Alegación 6.- Calidad de vida de la población y patrimonio cultural. La calidad de vida de la población es un parámetro de difícil cuantificación, pues influyen parámetros subjetivos y variables dependientes del individuo. Para evaluar la calidad de vida se tomaran como indicadores: los efectos sobre la salud, los cambios en la percepción del entorno, molestias asociadas a los parques eólicos, y los cambios socio económicos. Estas afecciones están relacionadas directamente con el ruido, la calidad del paisaje y las sinergias que se produzcan con otras industrias.

Alegación 7.- Vías Pecuarias. En ANA entendemos que es necesario darle la máxima protección a las vías pecuarias que pudieran resultar afectadas por estos proyectos, ya sea por ocupaciones temporales, más o menos duraderas, como a las vías pecuarias que puedan servir como accesos.

Alegación 8.- Impacto considerable sobre el medio natural. En el escenario actual de desarrollo de la energía eólica se ha de tener en cuenta la importancia que tiene una adecuada planificación y la adopción de criterios ambientales para decidir el número, la ubicación y el diseño de las instalaciones eólicas que se pueden instalar en un ámbito territorial concreto al objeto de evitar impactos ambientales innecesarios.

Alegación 9.– Conservación de la Biodiversidad. Transición energética y biodiversidad forman un binomio indisoluble, de manera que procurar la primera sacrificando la segunda, con todas sus evidentes implicaciones hacia la salud y calidad de vida de las personas, es un objetivo peligroso e irresponsable. Más aún, en un momento en el que la comunidad científica ha establecido una relación directa entre la destrucción y el empobrecimiento de los ecosistemas naturales.

Alegación 10.- Biodiversidad. La instalación de proyectos eólicos debe regirse por el principio de no afectar a la pérdida de biodiversidad. Como indicadores de la afección producida sobre la fauna, aves y los murciélagos, las afecciones más frecuentes son las colisiones, las molestias, los cambios en los patrones de vuelo y desplazamientos a otras zonas, el efecto barrera y la destrucción de hábitat en los casos más extremos.

Alegación 11.- Murciélagos. Todos los murciélagos se encuentran legalmente protegidos, por ello es necesario que este grupo se tenga en cuenta de forma rigurosa en los estudios de impacto ambiental en las distintas fases del desarrollo del proyecto, especialmente en las fases previa y de explotación. Se deben de realizar estimas del uso que hacen los murciélagos durante la noche de la zona seleccionada para la localización del parque, zonas de caza y vías de desplazamiento.

Alegación 12.- Repercusiones sobre Especies se Avifauna Esteparia. Estas comunidades de aves se encuentran actualmente en una situación muy preocupante, con importantes declives poblacionales en los últimos años, y se considera uno de los grupos más amenazados a escala nacional, como lo atestiguan numerosas publicaciones científicas.

Alegación 13.- Indicadores de Salud Ambiental. Estos aerogeneradores van a ocasionar la mortandad de aves y murciélagos. Hay varias razones por las cuales es legalmente obligatorio proteger a las especies en peligro de extinción respetando su área de caza y vuelo: En resumen, proteger a la fauna en peligro de extinción es esencial para mantener la salud de los ecosistemas, preservar los beneficios que brindan a los seres humanos y conservar los valores culturales.

Alegación 14.- Repercusiones Ambientales. En estas circunstancias resulta del todo inadecuado proceder a evaluar las repercusiones ambientales de estos proyectos, de manera aislada y segregada de otros muchos proyectos que afectan a estos municipios, a otros municipios limítrofes, y al resto de la provincia de Cádiz.

Alegación 15.- Evaluación Ambiental Rigurosa. En ANA, pensamos que para estos tipos de proyectos es muy importante realizar estudios de impacto ambiental de calidad, objetivos y con consultores independientes por parte de los promotores.

Alegación 16.- Sobre Influencias Negativas. En primer lugar, consideramos el impacto visual ya que va alterar significativamente el paisaje natural, afectando la estética visual de áreas verdes agrícolas y ganaderas. Los aerogeneradores producen reflejos que alteren la percepción visual y sonora del entorno.

Alegación 17.- Afección Superficial. En general, el ritmo de la evolución biológica no permite a la fauna y la flora adaptarse a cambios tan bruscos como la implantación de murallas como las que suponen las alineaciones de aerogeneradores.

Alegación 18.– Contaminación Acústica. Los proyectos eólicos son instalados necesariamente en zonas afectadas por fuertes vientos y esto lleva consigo una, también elevada, contaminación acústica. El ruido es objeto de estudio desde la implantación de proyectos eólicos debido a las afecciones y disturbios que puede producir en la vida de la población cercana a dichas explotaciones.

Alegación 19.- Impactos Acumulativos y Sinérgicos. Dentro del estudio de alternativas se deben analizar ampliamente las posibles sinergias u otros efectos que se puedan producir por la interacción con otros proyectos eólicos, ya implantados o proyectados para el futuro, con actividades económicas de la zona, ya sean explotaciones agrícolas, ganaderas u otro tipo de industrias.

Alegación 20.- Programa de Vigilancia Ambiental. Estudios científicos aconsejan la necesidad de realizar programas continuados de seguimiento y vigilancia ambiental de las instalaciones eólicas, con seguimiento y control por parte de las administraciones ambientales, cuyos resultados deben de ser públicos.

Alegación 21.– Fase de Restauración Ambiental. Una vez finalizado el periodo de vida útil de la planta industrial eólica, será obligatorio el desmantelamiento de todas las infraestructuras, así como la restauración ambiental y paisajística de la zona, restableciendo las condiciones iniciales o mejorándolas.

Alegación 22.- Sobre Alternativas. Estos proyectos deben de considerar la ALTERNATIVA CERO, es decir la posibilidad de su NO construcción, la cual se menciona, pero apenas se ha estudiado, y se rechaza sin suficientes argumentos. Sin embargo, y dada la acumulación de Parques Eólicos y Solares en esta zona, con numerosas  instalaciones en funcionamiento, y varios proyectos en tramitación, puede ser la MEJOR DE LAS ALTERNATIVAS POSIBLES.

Alegación 23.- Defensa de la Energía Renovable. Aun así, defendemos la energía renovable, siempre que se instale en el lugar adecuado y de la forma correcta, dando preferencia al autoconsumo y a las comunidades energéticas. Consideramos que existen suficientes alternativas en suelo urbano e industrial para instalar plantas y Comunidades Energéticas Locales (CEL), alternativas a las que no se está dando respaldo.

Alegación 24.- Petición de Avales. Solicitamos que antes de otorgar una licencia se exija a las compañías promotoras, presenten aval, con una cuantía suficiente en base a una proyección de un costo razonable y razonado del momento en que se realice el desmontaje de la misma. Si no se hace, así se ocasionará un grave perjuicio de la que la Administración tendrá responsabilidad patrimonial.

En base a todo lo anteriormente expuesto ANA HA SOLICITADO:

1º). Que se proceda a la paralización de la tramitación de la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto ambiental, de los dos proyectos eólicos, en base a los diferentes motivos contenidos en las alegaciones y reparos que se han hecho.

2º). Que se protejan los bienes básicos que pueden estar amenazados: el suelo y el paisaje. Una pérdida de diversidad en los usos del suelo y una disminución de la calidad paisajística pueden ser los efectos colaterales de una inadecuada o inexistente planificación. Por ello pedimos una moratoria hasta en tanto y en cuanto no se aprueben los imprescindibles Planes de Ordenación Territorial y Tecnológico.

3º). Que se incorpore el escrito de ALEGACIONES a los expedientes.

4º). Que se considere a la Asociación Amigos de la Naturaleza, como parte interesada en todo el procedimiento administrativo.

Y, finalmente, y como siempre hacemos, ANA se ha ofrecido al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Andalucía en Sevilla para cualquier aclaración o explicación complementaria sobre las Alegaciones y Reparos expresadas en los apartados anteriores.

SALVEMOS EL MUNDO RURAL AGREDIDO

Manifiesto “SALVEMOS EL MUNDO RURAL AGREDIDO”
Manifestación 5 de octubre en Madrid

En los últimos años asistimos a una colonización sin parangón de los territorios rurales y al desembarco del gran capital y de fondos especulativos con proyectos extractivistas en una carrera frenética por el control de sus recursos, sin ningún respeto al medio ambiente y ajenos por completo a las necesidades de la gente que habita en pueblos y comarcas amenazados cada vez más por la despoblación.

Desde 2019, cuando la sociedad lanzó un grito de auxilio en una gran concentración en Madrid, no hemos mejorado en la situación de la España vaciada, no se ha adoptado un plan de medidas coherentes y efectivas que revierta el proceso de pérdida de población de amplios territorios, ni se han aprovechado los fondos de la Unión Europea para hacer frente al desequilibrio territorial y a las desigualdades del mundo rural. Al contrario, esos fondos se han utilizado en proyectos extractivistas, disfrazados como exigencias de la transición energética o de interés estratégico, y que solo contribuyen a la despoblación, la desigualdad, y la destrucción del espacio natural y nuestra soberanía alimentaria. Desde 2019, el mundo rural es, cada vez más, un territorio de sacrificio, y no lo vamos a permitir.

Por todo esto, más de 400 plataformas que luchamos unidas en diferentes frentes defendiendo estos territorios, queremos sumar a toda la sociedad para exigir al Gobierno nacional y todas las comunidades autónomas en una gran manifestación el 5 de octubre que “SALVEMOS EL MUNDO RURAL AGREDIDO”.

Nuestra protesta se centra en tres grandes ejes:

  • A. Denunciar las agresiones que están sufriendo nuestros territorios rurales.
  • B. Exigir un cambio profundo en las políticas aplicadas al mundo rural (no queremos ser tierra de sacrificio).
  • C. Proponer medidas que amparen los ecosistemas naturales y sociales del mundo rural.

Sobre estos tres grandes pilares se sostienen muchas luchas:

  1. La ocupación de los territorios por las macrorrenovables, con centrales fotovoltaicas y eólicas de dimensiones descomunales que invaden los paisajes, al amparo de una supuesta transición ecológica que no respeta ni el patrimonio natural ni los sectores económicos del medio rural, como la agricultura, la ganadería o el turismo rural. A la vez, están paralizando y no fomentando el autoconsumo y las comunidades energéticas que son las soluciones que benefician a la sociedad en su conjunto.
  2. La avalancha de cientos de proyectos de fábricas de biogás y biometano que invaden la España vaciada y que nos sumergirá en un círculo vicioso: producir más residuos para obtener más energía destinada a la demanda extranjera. Esta actividad inundará nuestras tierras y aire con contaminación, hedores y pestilencias, afectando la calidad de vida y salud de la comunidad. Esta degradación del entorno fomentará el aislamiento y forzará el abandono de nuestros hogares y sustento.
  3. La proliferación de macrogranjas, modelo de producción agroindustrial dependiente del mercado global y altamente contaminante, pone en serio peligro nuestros recursos hídricos.
  4. Frente al modelo agroindustrial y mercantilista, reclamamos una Política Agraria Común (PAC) que respalde un modelo de agricultura y ganadería familiar y sostenible. Nuestro objetivo es generar alianzas entre el mundo rural y el urbano, apoyando a los pequeños agricultores y ganaderos. Este modelo de ganadería extensiva y familiar, crucial para el cuidado del monte y la prevención de incendios, nos permitirá garantizar una soberanía alimentaria de calidad.
  5. La presión sobre el agua: agotamiento de fuentes de agua, utilizadas en beneficio de producciones intensivas que destruyen los ecosistemas y contaminan los acuíferos, y también al servicio de nuevos usos industriales o tecnológicos (como los centros de datos) o de un modelo turístico insostenible.
  6. Los nuevos proyectos del extractivismo minero a gran escala para hacerse con el control de los minerales y tierras raras que necesitan las nuevas industrias tecnológicas y energéticas, que destruyen los paisajes, contaminan los acuíferos y esquilman los recursos, y no tienen consideración por la “minería urbana” como forma avanzada de reciclaje y recuperación de materiales.
  7. La falta de vías de comunicación en los territorios de la España vaciada, que dificulta su desarrollo en igualdad de condiciones y la condena al desequilibrio territorial. Seguimos asistiendo al desmantelamiento de vías de tren que vertebraban el territorio y a la supresión paulatina de líneas regulares de viajeros (autobús), que ya no llegan a muchos pueblos con los nuevos mapas concesionales del Ministerio de Transportes. No nos resignamos a una demora sine die de inversiones necesarias en vías de comunicación planificadas por el Estado hace décadas.
  8. Asimismo, reclamamos medidas que garanticen la movilidad de las personas para evitar el aislamiento y la exclusión social. Es fundamental asegurar el acceso a servicios y derechos básicos como la alimentación, medicinas, cultura, educación y ocio, especialmente para quienes no disponen de medios de transporte propios.
  9. Exigimos más inversión para el mantenimiento y mejora de servicios públicos, sobre todo los más esenciales como es la atención sanitaria y la educación, que den respuesta a las necesidades de la población que permanece, en su mayoría personas mayores, y favorezcan el asentamiento de nuevos pobladores, que difícilmente optarán por vivir en territorios carentes de servicios básicos.
  10. Reivindicamos políticas de vivienda para el territorio rural, en especial planes de rehabilitación y construcción de vivienda pública para alquiler social, que favorezcan el asentamiento de nuevos pobladores y la emancipación y retorno de población joven.
  11. Demandamos un incremento de presupuesto y dotaciones de los efectivos antiincendios, la no privatización de estos recursos y una planificación de prevención de incendios anual y estructurada.

El mundo rural está siendo agredido por un sistema económico depredador de los recursos, impuesto por un modelo de desarrollo urbano, que busca solo la especulación monetaria, la inversión internacional y el despilfarro de recursos. Sin embargo, es un espacio de oportunidades para afrontar la honda crisis global en que nos situamos y un lugar privilegiado para reconstruir lo comunitario y generar alternativas que pongan en el centro el bien común y a las personas. Toda la sociedad debe ser consciente de que el mundo rural proporciona cuidado del territorio y del medio ambiente, alimentos de calidad, oxígeno, salud y paz. Por eso, reclamamos políticas efectivas para un modelo de desarrollo rural justo, equilibrado y sostenible, que no destruyan ni esquilmen los recursos de la tierra y respondan a las necesidades de la gente que habita en los territorios rurales, habilitando cauces de participación de la ciudadanía en su diseño y puesta en marcha.

III Jornada de escucha a la Ciencia y al Territorio

¿Transición ecológica o especulación energética? Renovables Sí, pero no Así

6 de octubre de 2025 · Congreso de los Diputados · Sala Campoamor · Madrid

La Alianza Energía y Territorio – ALIENTE – junto a la Fundación SAVIA y el Observatorio de la Sostenibilidad, organizan esta III Jornada de “Escucha a la Ciencia y al Territorio: ¿Transición ecológica o especulación energética? Renovables Sí, pero no Así” en el corazón de nuestra democracia, el Congreso de Diputados de Madrid.

El objetivo de la Jornada es demostrar el actual proceso del despliegue de energías renovables en nuestro país y los daños que está ocasionando al mundo rural y natural. Así, se pretende hacer oír la voz de la ciencia (científicos y técnicos) y de los territorios (asociaciones, plataformas, ayuntamientos y de ciudadanos de la España rural). Distintos colectivos de los “territorios de sacrificio” tendrán voz para exponer sus problemas y propuestas.

En las mesas se abordará una amplia gama de problemas relativos al impacto ambiental, el deterioro del paisaje, el empleo, las expropiaciones, la producción y la eficiencia energética. Posteriormente, se explorarán propuestas de soluciones mostrando casos de éxito que van desde la planificación/ordenación del territorio, a las ubicaciones en suelos degradados/humanizados y el desarrollo de comunidades energéticas.

Las jornadas se llevarán a cabo de forma presencial en el Congreso de Diputados, Sala Campoamor, desde las 09:30 h hasta las 15:00 h. La jornada terminará en el Ateneo de Madrid donde a las 16:30 h, se hará un coloquio entre todos los asistentes (ciudadanos, plataformas y asociaciones) para ver los próximos pasos a seguir y las herramientas para lograr un despliegue renovable democrático y justo.

SUGERENCIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE AGUA

Nota de Prensa  04-09-25

SUGERENCIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE AGUA EN BENALUP CASAS VIEJAS

ANA PRESENTA ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la  Junta de Andalucía, Delegación Territorial en Cádiz, SUGERENCIAS e información de carácter ambiental que deben ser tenidas en cuenta en la autorización ambiental unificada simplificada, para la CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE REGULACIÓN DE AGUAS EN FINCA PICAZO, parcela 3 del polígono 7, en el término municipal de BENALUP-CASAS VIEJAS, promovido por la empresa REINA MARIN, S.L.

Entre otras cuestiones desde ANA hemos dicho:

1ª.- No queda suficientemente clara desde las primeras páginas de las Memorias de ambos documentos (Proyecto Técnico y Estudio de Impacto Ambiental), la ubicación de la proyectada balsa dentro del ámbito del Parque Natural Los Alcornocales lo que le coloca en la categoría de Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido.

2ª.- Se habla de una ocupación de 1,629 has que se puede entender que se refiere a la ocupación total una vez terminada la balsa, pero no queda suficientemente claro si es así. Además, no se aporta ninguna información sobre la posible ocupación temporal de suelos colindantes fuera de ese ámbito.

3ª.- Se habla con cierta ligereza de la necesidad de talar una cierta cantidad de acebuches y de lentiscos, pero no se cuantifica qué cantidad de árboles y arbustos van a estar afectados, a la vista de la propia documentación gráfica aportada, se puede observar que la afección a la vegetación existente va a ser importante. El alcance de esta importante afección ni se cuantifica, ni apenas se valora por su impacto muy negativo. En ninguno de los dos documentos disponibles se aporta el más mínimo dato sobre la cantidad y cualidad de la vegetación afectada, número de árboles, tamaño, situación, etc., información que sería imprescindible que figurara tanto en el Proyecto Técnico como, sobre todo, en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Otra carencia importante es que tampoco se aporta apenas información en el Proyecto sobre las labores de revegetación, además se comprueba que el Presupuesto no contempla ninguna partida para estas labores.

4ª.– Es incomprensible que la introducción de este tipo de infraestructura, con eliminación de arbolado y vegetación, con taludes artificiales que pueden llegar a los 10 metros, con apertura de nuevos caminos, en medio de una ladera poblada de acebuches y lentiscos, se pueda considerar en el Estudio de Impacto Ambiental  como de Impacto Paisajístico positivo.

5ª.- Se deberían haber estudiado algunas alternativas más para la mejor ubicación de la balsa, incluyendo alguna que permitiera situarla fuera de los límites del Parque Natural, o sobre suelos con una menor cantidad de vegetación arbórea y arbustiva afectada.

6ª.- Mientras en el Proyecto queda claro que la justificación de la necesidad de esta balsa se basa más en cuestiones económicas, que en cuestiones de ahorro energético, en el Estudio de Impacto Ambiental se quiere hacer pasar como una gran mejora ambiental, por una importante reducción del uso de combustibles fósiles, y de las correspondientes emisiones. Parece haber una cierta contradicción que debería aclararse. 

Y en base a estas sugerencias e información ambiental desde ANA se ha solicitado: 

1º). Que se proceda a realizar las correcciones y modificaciones pertinentes en el proyecto en función de todas y cada una de las Sugerencias que realizamos en este Documento. 2º). Que se incorpore el escrito de SUGERENCIAS a los expedientes hasta su total tramitación. 3º). Que se considere a la Asociación Amigos de la Naturaleza como parte interesada en todo el procedimiento administrativo, solicitando expresamente la personación.

Finalmente, ANA ha quedado a disposición de la Junta de Andalucía en Cádiz para cualquier aclaración o explicación complementaria sobre las Sugerencias expresadas en los apartados anteriores.

La transición energética necesita parar

“La transición energética necesita parar y corregir el rumbo”: ALIENTE presenta alegaciones al nuevo Decreto anti apagón

La Alianza, energía y territorio, ALIENTE, colectivo al que pertenece ANA y que agrupa a más de 200 plataformas que luchan contra la especulación de proyectos de macro-renovables, ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un documento de alegaciones al Proyecto del nuevo Real Decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, en el que denuncia los graves fallos estructurales del actual modelo de transición energética en España. La organización reclama una moratoria inmediata y temporal en la tramitación de nuevas macro-instalaciones renovables hasta que se garantice una planificación ordenada, ambientalmente rigurosa y socialmente justa, además de la implantación de medidas para fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas que el Estado lleva años evitando.

En el documento, de más de 20 páginas, ALIENTE repasa los principales problemas derivados de una implantación acelerada de energías renovables que, desde 2020, “ha sido impulsada por un marco legal altamente desregulado y marcado por la urgencia. Lejos de responder a criterios de interés general, el modelo ha favorecido los intereses de grandes empresas y fondos de inversión, con impactos desproporcionados sobre el medio rural, la biodiversidad y la cohesión territorial.”

ALIENTE destaca que el MITECO ha retirado las medidas para el autoconsumo que incluía el decreto derogado, “medidas que eran insuficientes y a las que deberían añadirse otras más ambiciosas porque España tiene un potencial tremendo en sus tejados que beneficiaria a el conjunto de la sociedad y las pymes, y se está paralizando por las políticas del Gobierno”,

Del apagón al colapso: el 28 de abril como síntoma

El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 fue, para ALIENTE, un aviso grave sobre la fragilidad estructural del sistema eléctrico. “Lejos de ser un fallo puntual, puso en evidencia un sistema sobredimensionado en generación además de descoordinado con la red de transporte y distribución, sin planificación técnica ni control democrático”. El Real Decreto 7/2025, que no fue convalidado en el Congreso, consideran que pretendía continuar y profundizar ese modelo, lo que ha motivado una nueva propuesta del Gobierno que está hasta el día 11 de agosto en fase de alegaciones.

“La respuesta no puede limitarse a medidas técnicas o de emergencia”, sostiene ALIENTE. “Es urgente revisar el modelo de despliegue renovable, aplicar criterios de evaluación ambiental reales, garantizar la participación pública efectiva y priorizar el interés general”.

Una transición sin justicia ni planificación

Desde 2020, el Gobierno ha aprobado al menos diez normas para acelerar el despliegue de renovables, amparándose en la emergencia climática y geopolítica. Sin embargo, las plataformas siempre han denuncias que estas medidas han ido acompañadas de una “progresiva pérdida de garantías ambientales, ausencia de ordenación territorial y exclusión de la ciudadanía en los procesos de decisión.”

Entre los impactos ya documentados por ALIENTE destacan la fragmentación del territorio por miles de proyectos no coordinados, la ocupación de espacios de alto valor ecológico y agrícola, la saturación de zonas rurales sin evaluación acumulativa de impactos, una gran pérdida de biodiversidad y paisaje, además de la generación de conflictos sociales en los pueblos, desplazamiento de actividades económicas del medio rural y una creciente desconfianza institucional.

El modelo, denuncian, ha convertido la despoblación rural en “ventaja competitiva” para las grandes promotoras, según llegó a reconocer el propio Ministerio en una orden publicada en el BOE en 2023.

Europa, a conveniencia: se ignora lo esencial y no se aplica lo que interesa a la sociedad

Las alegaciones critican duramente la transposición parcial e interesada de las directivas europeas sobre renovables. ALIENTE denuncia que España aplica las disposiciones que permiten acelerar proyectos o eximir evaluaciones ambientales, y a su vez omite los requisitos clave de planificación, participación y protección ambiental.

En particular, recuerdan que no se han delimitado formalmente las “zonas de aceleración” renovable que exige la Directiva (UE) 2023/2413, que consideran que deberían ser solo las zonas antropizadas y con menos impacto, pero en la práctica se está tratando todo el territorio como si lo fuera. Tampoco se han implementado las directivas sobre comunidades energéticas, gobernanza participativa o transparencia de acceso a red, y con ello permiten que las empresas distribuidoras energéticas frenen las comunidades energéticas y bloqueen el vertido de excedentes en el autoconsumo de empresas.

“El resultado es un modelo desequilibrado que fomenta la especulación, la concentración de poder y la exclusión social, contraviniendo el derecho europeo y degradando los fundamentos de la transición justa”, concluye el documento.

Una moratoria para corregir: no todo vale, ni a cualquier precio

ALIENTE propone una moratoria parcial o total en la tramitación de nuevos proyectos de renovables a gran escala, hasta que se cumplan al menos estas condiciones:

  • Delimitación pública y participada de zonas de aceleración renovable.
  • Evaluación ambiental estratégica del despliegue acumulado.
  • Mecanismos efectivos de participación y consulta vinculante.
  • Control institucional del cumplimiento de condiciones y retorno social.
  • Impulso real al autoconsumo en la ciudadanía, pymes y administraciones, y a las comunidades energéticas.

“No se trata de parar la transición, sino de reorientarla con justicia, transparencia y sostenibilidad. Una moratoria es una herramienta democrática para frenar un modelo que ha perdido legitimidad y que pone en riesgo los propios objetivos climáticos”, afirma la plataforma.

ALIENTE denuncia también que, durante la tramitación del Real Decreto-ley 7/2025, el Gobierno ha promovido un relato de consenso ambiental apoyándose solo en determinadas organizaciones ecologistas afines, excluyendo a las más críticas y a los colectivos afectados. Esta estrategia, a juicio de la asociación, ha generado una fractura en el movimiento ecologista y ha servido como “coartada política” para justificar una norma profundamente desequilibrada. Alertan de que con esta transición energética “se está produciendo el mayor daño al medioambiente de la historia en nuestro país”, y que según el IPCC evitar la pérdida de biodiversidad es una de las principales herramientas para frenar la emergencia climática.

El documento de las alegaciones ALIENTE incluye propuestas técnicas y jurídicas para reformular artículos clave del proyecto normativo. Algunas de las medidas destacadas incluyen:

  • Cómputo real de la potencia instalada para evitar fraude y fragmentación de proyectos.
  • Evaluación ambiental obligatoria para instalaciones de almacenamiento, incluso en zonas previamente intervenidas.
  • Revisión ambiental y social en casos de repotenciación de instalaciones existentes.
  • Control riguroso en el paso de explotación provisional a definitiva.
  • Regulación específica para prototipos de I+D+i con nuevas tecnologías.
  • Planificación participativa y evaluación acumulativa de las infraestructuras de red.

Transmiten que todas las propuestas están orientadas a “recuperar el control público, evitar la especulación y asegurar que la transición energética beneficie a las personas y al territorio, no solo a los grandes inversores”.

Inclusión de la Janda en el Life Humedales

ANA solicita a los ayuntamientos de: Barbate, Benalup Casas Viejas, Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, que se dirijan formalmente y por escrito al Secretario de Estado de Medio Ambiente – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, SOLICITANDO la inclusión de la Janda en el Life Humedales.

Esta petición ya se ha realizado por parte de José Manuel López Vázquez (presidente de la Asociación Amigos de la Laguna de La Janda), en representación de la plataforma de organizaciones en defensa de la recuperación de los humedales de la Janda.

En su escrito, José Manuel López dice “las organizaciones ambientales que llevamos años trabajando con este objetivo, solicitamos formalmente a ese Ministerio la incorporación de los humedales de la Janda a la lista de espacios a considerar dentro del Proyecto LIFE Integrado de Humedales, recientemente aprobado por la Unión Europea.”

José Manuel López en su escrito aprovecha para hacer otras peticiones y clarificar nuestra postura, textualmente dice:

“Sin duda, la inclusión de la Janda en dicho proyecto supondría un avance significativo por su simbolismo, pero consideramos que esta medida resulta claramente insuficiente para conseguir la necesaria recuperación del dominio público a restaurar. Esta valoración se basa tanto en la postura, expresamente manifestada por los actuales ocupantes de los terrenos durante la citada reunión, como en la Resolución que dio fin al expediente de investigación patrimonial instruido por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía. En ambos casos se sostiene la inexistencia de dominio público, la titularidad privada de los terrenos y la ausencia de voluntad para restaurar los humedales en su día desecados.

Por todo lo anterior, consideramos imprescindible que la Administración del Estado se implique más activamente en este proceso, marcando objetivos más ambiciosos que los contemplados en el proyecto LIFE.

El Estado, como titular de los terrenos de dominio público hidráulico, no puede ni debe permanecer impasible ante lo que consideramos una manifiesta dejación de funciones por parte de la Junta de Andalucía respecto a la defensa y protección del dominio público hidráulico en la demarcación hidrográfica del Guadalete y Barbate. En este sentido, y en cumplimiento de lo textualmente recogido en el punto tercero de la Resolución que puso fin al referido expediente de investigación patrimonial instruido por la Junta de Andalucía, el Estado debe “resolver sobre la existencia de dominio público hidráulico estatal en la zona” y comunicar oficialmente su resolución a la Junta, aportando para ello la documentación cartográfica actualizada y georeferenciada que delimite, con la mayor precisión técnicamente posible, los terrenos en su día deslindados como dominio público en la Janda.

Consideramos que solo una respuesta oficial inequívoca por parte del Estado que reafirme el dominio público, impulsará a la Junta de Andalucía a ejercer sus competencias en defensa y protección de dicho dominio. Solo entonces podrá abrirse una vía realista de restaurar humedales en la Janda. En nuestra opinión, si no se produce tal pronunciamiento, la Junta de Andalucía seguirá considerando los terrenos como de titularidad privada, lo que, sumado a la oposición de los actuales ocupantes de los terrenos, hará totalmente inviable la restauración de una sola hectárea de humedal.

Asimismo, reiteramos la necesidad de que el marco de participación de la sociedad y las administraciones para la restauración de los humedales, así como los instrumentos financieros necesarios para conseguir dichos fines, trasciendan el ámbito del proyecto LIFE.

Es imprescindible que el Ministerio asuma el liderazgo del proceso y designe, dentro de su organigrama, una persona o un equipo responsable que actúe como interlocutor y encargado de coordinar y catalizar todos los expedientes y acciones necesarias para la recuperación del dominio público y la restauración de humedales de la Janda. Esta restauración se ve cada vez más comprometida y resulta progresivamente más costosa, debido al acelerado ritmo de transformación de los antiguos lechos lagunares en cultivos superintensivos de aguacates y olivos, que además amenazan gravemente la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos.

Confiamos en que este Ministerio sabrá valorar la urgencia de actuar con decisión y eficacia para garantizar la recuperación de la laguna de La Janda. Quedamos a su disposición para colaborar en cuantas acciones sean necesarias y reiteramos nuestra voluntad de contribuir, desde la sociedad civil, a un proceso que consideramos esencial para la restauración de uno de los humedales más emblemáticos y degradados del sur peninsular.

Tarifa a 28 de julio de 2025”