“La transición energética necesita parar y corregir el rumbo”: ALIENTE presenta alegaciones al nuevo Decreto anti apagón
La Alianza, energía y territorio, ALIENTE, colectivo al que pertenece ANA y que agrupa a más de 200 plataformas que luchan contra la especulación de proyectos de macro-renovables, ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un documento de alegaciones al Proyecto del nuevo Real Decreto de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, en el que denuncia los graves fallos estructurales del actual modelo de transición energética en España. La organización reclama una moratoria inmediata y temporal en la tramitación de nuevas macro-instalaciones renovables hasta que se garantice una planificación ordenada, ambientalmente rigurosa y socialmente justa, además de la implantación de medidas para fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas que el Estado lleva años evitando.
En el documento, de más de 20
páginas, ALIENTE repasa los principales problemas derivados de una implantación
acelerada de energías renovables que, desde 2020, “ha sido impulsada por
un marco legal altamente desregulado y marcado por la urgencia.
Lejos de responder a criterios de interés general, el modelo ha
favorecido los intereses de grandes empresas y fondos de inversión, con
impactos desproporcionados sobre el medio rural, la biodiversidad y la cohesión
territorial.”
ALIENTE destaca que el
MITECO ha retirado las medidas para el autoconsumo que incluía el decreto
derogado, “medidas que eran insuficientes y a las que deberían añadirse
otras más ambiciosas porque España tiene un potencial tremendo en sus tejados
que beneficiaria a el conjunto de la sociedad y las pymes, y se está
paralizando por las políticas del Gobierno”,
Del apagón al
colapso: el 28 de abril como síntoma
El apagón eléctrico del 28 de
abril de 2025 fue, para ALIENTE, un aviso grave sobre la fragilidad
estructural del sistema eléctrico. “Lejos de ser un fallo puntual, puso en
evidencia un sistema sobredimensionado en generación además de descoordinado
con la red de transporte y distribución, sin planificación técnica ni control
democrático”. El Real Decreto 7/2025, que no fue convalidado en el Congreso,
consideran que pretendía continuar y profundizar ese modelo, lo que ha motivado
una nueva propuesta del Gobierno que está hasta el día 11 de agosto en fase de
alegaciones.
“La respuesta no puede limitarse a
medidas técnicas o de emergencia”, sostiene ALIENTE. “Es urgente revisar el
modelo de despliegue renovable, aplicar criterios de evaluación ambiental
reales, garantizar la participación pública efectiva y priorizar el interés
general”.
Una
transición sin justicia ni planificación
Desde 2020, el Gobierno ha
aprobado al menos diez normas para acelerar el despliegue de renovables,
amparándose en la emergencia climática y geopolítica. Sin embargo, las
plataformas siempre han denuncias que estas medidas han ido acompañadas de una
“progresiva pérdida de garantías ambientales, ausencia de ordenación
territorial y exclusión de la ciudadanía en los procesos de decisión.”
Entre los impactos ya documentados
por ALIENTE destacan la fragmentación del territorio por miles de proyectos no
coordinados, la ocupación de espacios de alto valor ecológico y agrícola, la
saturación de zonas rurales sin evaluación acumulativa de impactos, una gran
pérdida de biodiversidad y paisaje, además de la generación de conflictos
sociales en los pueblos, desplazamiento de actividades económicas del medio
rural y una creciente desconfianza institucional.
El modelo, denuncian, ha
convertido la despoblación rural en “ventaja competitiva” para las grandes
promotoras, según llegó a reconocer el propio Ministerio en una orden publicada
en el BOE en 2023.
Europa, a
conveniencia: se ignora lo esencial y no se aplica lo que interesa a la
sociedad
Las alegaciones critican duramente
la transposición parcial e interesada de las directivas europeas sobre renovables.
ALIENTE denuncia que España aplica las disposiciones que permiten acelerar
proyectos o eximir evaluaciones ambientales, y a su vez omite los
requisitos clave de planificación, participación y protección ambiental.
En particular, recuerdan que no se
han delimitado formalmente las “zonas de aceleración” renovable que exige la
Directiva (UE) 2023/2413, que consideran que deberían ser solo las zonas
antropizadas y con menos impacto, pero en la práctica se está tratando todo el
territorio como si lo fuera. Tampoco se han implementado las directivas sobre
comunidades energéticas, gobernanza participativa o transparencia de acceso a
red, y con ello permiten que las empresas distribuidoras energéticas frenen las
comunidades energéticas y bloqueen el vertido de excedentes en el autoconsumo
de empresas.
“El resultado es un modelo
desequilibrado que fomenta la especulación, la concentración de poder y la
exclusión social, contraviniendo el derecho europeo y degradando los
fundamentos de la transición justa”, concluye el documento.
Una moratoria
para corregir: no todo vale, ni a cualquier precio
ALIENTE propone una moratoria
parcial o total en la tramitación de nuevos proyectos de renovables a
gran escala, hasta que se cumplan al menos estas condiciones:
- Delimitación pública y participada de
zonas de aceleración renovable.
- Evaluación ambiental estratégica del
despliegue acumulado.
- Mecanismos efectivos de participación y
consulta vinculante.
- Control institucional del cumplimiento
de condiciones y retorno social.
- Impulso real al autoconsumo en la
ciudadanía, pymes y administraciones, y a las comunidades energéticas.
“No se trata de parar la
transición, sino de reorientarla con justicia, transparencia y sostenibilidad.
Una moratoria es una herramienta democrática para frenar un modelo que ha
perdido legitimidad y que pone en riesgo los propios objetivos climáticos”,
afirma la plataforma.
ALIENTE denuncia también que,
durante la tramitación del Real Decreto-ley 7/2025, el Gobierno ha promovido un
relato de consenso ambiental apoyándose solo en determinadas organizaciones
ecologistas afines, excluyendo a las más críticas y a los colectivos afectados.
Esta estrategia, a juicio de la asociación, ha generado una fractura en el
movimiento ecologista y ha servido como “coartada política” para justificar una
norma profundamente desequilibrada. Alertan de que con esta transición
energética “se está produciendo el mayor daño al medioambiente de la historia
en nuestro país”, y que según el IPCC evitar la pérdida de biodiversidad es una
de las principales herramientas para frenar la emergencia climática.
El documento de las alegaciones
ALIENTE incluye propuestas técnicas y jurídicas para reformular artículos clave
del proyecto normativo. Algunas de las medidas destacadas incluyen:
- Cómputo real de la potencia instalada
para evitar fraude y fragmentación de proyectos.
- Evaluación ambiental obligatoria para
instalaciones de almacenamiento, incluso en zonas previamente intervenidas.
- Revisión ambiental y social en casos de
repotenciación de instalaciones existentes.
- Control riguroso en el paso de
explotación provisional a definitiva.
- Regulación específica para prototipos de
I+D+i con nuevas tecnologías.
- Planificación participativa y evaluación
acumulativa de las infraestructuras de red.
Transmiten que todas las
propuestas están orientadas a “recuperar el control público, evitar la especulación
y asegurar que la transición energética beneficie a las personas y al
territorio, no solo a los grandes inversores”.